A la espera del fallo de la Corte Suprema

Por Rafael Prieto Zartha

Se acabó mayo y quienes están interesados en el tema migratorio esperan con ansia cuál será el veredicto de la Corte Suprema de Justicia, en junio, acerca de la ley SB 1070 de Arizona, que permite los arrestos por sospechas de no tener papeles y criminaliza a los indocumentados.

¿Decidirá la Corte qué la legislación migratoria es una prerrogativa del gobierno federal? o determinará ¿qué los estados tienen la facultad de producir sus propias leyes inmigración?

Han pasado más de dos años, desde ese 23 de abril, cuando la gobernadora arizoniana Jan Brewer, después de firmar la ley, no supo responderle a los medios en español una pregunta simple: ¿cómo luce un indocumentado?

El argumento de los sectores proinmigrantes es que la ley promueve el perfil racial y los prejuicios contra los inmigrantes. Y en Arizona conocen de sobra lo que es discriminación por los abusos del alguacil Joe Arpaio, “el más duro del país”.

Pese a que la ley no entró en efecto en su totalidad porque los tribunales federales le pusieron un pusieron un pare antes de que entrara en vigencia, en julio de 2010, los ciudadanos de Arizona han experimentado las consecuencias de la intolerancia.

Medio año después de la proclamación de la ley, el estado había perdido más de 141 millones de dólares como resultado del repudio nacional a la normativa.

No obstante, el movimiento antiinmigrante se dedicó a promover la reproducción de la ley de Arizona en otros estados del país.

La promoción salió del grupo antiinmigrante Federación Americana para la Reforma de Inmigración (FAIR) y del escritorio del abogado Kris Kobach, actual secretario de estado de Kansas y asesor de inmigración del aspirante presidencial republicano Mitt Romney.

Por lo menos eso fue lo que anunció Romney, en enero, en un comunicado en el que elogió a Kobach, así como dos de los engendros del abogado: la ley de Arizona y una de sus hermanas subsiguientes, la de Carolina del Sur.

Aunque en los días de euforia por la aprobación de la ley de Arizona, los antiinmigrantes proyectaban que una veintena de estados establecieran normativas similares, lo cierto es que solo una minoría han expedido leyes como la SB 1070.

Hasta ahora solo Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Indiana y Utah, mientras que 26 estados rechazaron en sus legislaturas iniciativas como la de Arizona, en 2010 y 2011.

Este año se han presentado propuestas como la de Arizona, en Tenesí, Misisipi, Misuri, Virginia Occidental y Kansas.

Sin embargo, la suerte de estos proyectos de ley depende de la decisión que tome el tribunal supremo respecto a la SB 1070.

Durante una audiencia desalentadora para la causa proinmigrante, el pasado 25 de abril, los jueces de la Corte Suprema se mostraron favorables a la ley de Arizona.

Incluso, la jueza hispana, Sonia Sotomayor, cuestionó los argumentos del abogado que retó la SB 1070.

Bajo ese tenor, en Alabama, el gobernador Robert Bentley firmó, el pasado 19 de mayo, una versión maquillada de la ley HB 56, que había proclamado en junio del año anterior.

El afán por cambiar la ley HB 56 se dio tras protestas de los rancheros del estado, que vieron como sus cosechas se pudrieron, ante la ausencia de la mano de obra inmigrante y la vergonzosa detención de dos ejecutivos extranjeros de la industria automotriz, uno  de Mercedes-Benz y otro de Honda, por carecer de licencias de conducir válidas de acuerdo con la legislación de Alabama.

También se tuvo en cuenta que entre los efectos económicos de la ley antiinmigrante estaban una pérdida en el producto interno bruto del estado de más de 10 mil millones de dólares, una merma de 140 mil empleos y 264 millones de dólares menos en ingresos por impuestos.

Pero tercamente, los legisladores y el gobernador de Alabama, emitieron la HB 658, que mantiene provisiones durísimas contra los inmigrantes. Dios quiera que la Corte Suprema decida lo contrario con la SB 1070.