Los propósitos de Año Nuevo

Por Rafael Prieto Zartha

Mientras la mayoría de los habitantes del país están contando calorías para bajar de peso como objetivo en 2011 o evaluando métodos para dejar el cigarrillo en este nuevo año o haciendo cuentas para bajar los gastos y de ser posible ahorrar, los antiinmigrantes inician este ciclo de 365 días con la meta de aprobar leyes estatales que conduzcan eventualmente a negarle la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

Para la primera semana de enero programaron el anuncio de la legislación en el Club de Prensa de Washington DC, con la presencia del senador republicano estatal por Arizona, Russell Pearce, principal promotor de la ley SB 1070, que criminaliza a los indocumentados y de su copartidario, John Kavanagh, representante a la Cámara estatal arizoniana.

El modelo de la llamada ley de los “bebés ancla” previsto para ser develado en la capital contó con la asesoría del abogado y secretario de Estado electo de Kansas, Kris Kobach, quien ha estado ligado a la Federación Americana para la Reforma de la Inmigración (FAIR) y el Instituto para la Reforma a las Leyes de Inmigración (IRLI), dos prominentes organizaciones antiinmigrantes.

A Kobach se le considera como el arquitecto de la SB 1070 y el cerebro litigante tras las propuestas de prohibir alquilar vivienda a los indocumentados en localidades de Pensilvania, Texas y Nebraska e impedir que estudiantes sin papeles pagaran matrícula como residentes en instituciones de educación superior de Kansas y California.

Se anticipa que durante 2011 legisladores de al menos 13 estados, además de Arizona, presenten proyectos de ley proponiendo no reconocer los derechos absolutos constitucionales a la prole de progenitores indocumentados. Las iniciativas serían introducidas en Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan, Misisipí. Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Utah.

La embestida de los antiinmigrantes busca abrir varias batallas legales que encuentren algún vericueto para que la Corte Suprema de Justicia trate el tema y le dé una interpretación diferente a la Enmienda 14 de la Constitución, y determine que los hijos de los indocumentados están fuera de la jurisdicción del país y por lo tanto no tienen porque recibir el beneficio automático de la ciudadanía.

La enmienda 14, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas del país.

De esta forma, Estados Unidos adoptó hace más de 140 años la doctrina del “jus soli”, o el derecho al suelo, a la tierra que otorga la ciudadanía a todos los individuos que nacen en el territorio de un país, independientemente de la nacionalidad de sus padres, y que se aplica en 90 por ciento de los países del mundo.

El ex representante republicano a la Cámara y actual gobernador electo de Georgia, Nathan Deal, presentó en tres ocasiones, 2005, 2007 y 2009, proyectos de ley destinados a eliminar la ciudadanía de los hijos de indocumentados, en contra del criterio de “jus soli”.

El proyecto de Deal establecía que solo los hijos de por lo menos un progenitor ciudadano o residente legal podrían adquirir la ciudadanía al nacer en territorio estadounidense.

Durante la campaña electoral del año pasado el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham se pronunció a favor de cambiar el criterio de la Enmienda 14, y un selecto grupo de sus copartidarios se manifestaron prestos a sostener audiencias al respecto.

Lo único es que para modificar o suprimir una enmienda de la Constitución se requieren las dos terceras partes de los votos del Senado y la Cámara de Representantes y la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas estatales.

Esto es mucho más difícil que el propósito de año nuevo de los despechados de librarse de un maldeamores.