El silencio de los indiferentes

Por Rafael Prieto Zartha

Estamos fregados. Mientras en el resto del país se alzan las voces para
desafiar y criticar el programa de deportaciones Comunidades Seguras, en
Carolina del Norte no hay quien se atreva a cuestionarlo.
Particularmente en Charlotte, el sheriff del Condado de Mecklenburg ha
decidido utilizarlo como un complemento de la otra cabeza del monstruo,
que es el 287g, mediante el cual ya se superó la cifra de diez mil
indocumentados deportados, desde su establecimiento en abril de 2006.
Ahora, el alguacil local también ha decidido que no publicará más en el
sitio de internet de la Cárcel Central de Charlotte las fotografías y
los datos de los detenidos que el Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE), aloje en ese centro de detención.
En la explicación que dio su portavoz se señala que los detenidos, al
ser procesados por ICE, no requieren pasar por el trámite de regular de
ingreso a la cárcel.
Es decir, como si entraran por una puerta trasera y su estadía la
pasaran de incognitos en el principal centro de reclusión de la ciudad
más populosa de Carolina del Norte.
Esto sin que las familias o los propios abogados puedan tener el acceso
a la información del paradero de sus parientes o clientes.
No obstante, el problema de fondo ha sido la livinidad conque se ha
tomado la implementación de los programas de deportación en Charlotte y
Carolina del Norte.
Desde Charlotte, en los tiempos del exsheriff, Jim Pendergraph, se lanzó
al estrellato, para todo el país, el programa de deportaciones 287g.
Después con el invento de Comunidades Seguras, Carolina del Norte fue
uno de los primeros estados de la nación en el que todos sus condados,
en este caso cien, se apuntaron para colaborar con el plan masivo de
expulsión de indocumentados.
El pasado miércoles 25 de mayo, varios alguaciles del país expresaron su
inconformidad con Comunidades Seguras, en un conferencia telefónica de alcance nacional.
El alguacil Patrick Pérez, del condado de Kane, en Illinois, dijo que
Comunidades Seguras era un fracaso.
Pérez contó que cuando empezó su la participación de su departamento en
el programa le explicaron que el propósito era explusar del país a los
criminales que se encuentran sin estatus migratorio.
Sin embargo, el sheriff dijo que ese no ha sido el caso y que a través
de Comunidades Seguras se ha estado deportando a individuos que han
cometido infraciones menores, como manejar un vehículo sin portar la
licencia de conducir.
El sheriff Ed Prieto, del condado de Yolo, en California, compartió la
opinión de Pérez, al señalar que gran parte de los deportados no han
cometido otro desacato a la ley que estar en situación irregular en
Estados Unidos.
Las propias estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
registran que 60 % de los deportados mediante Comunidades Seguras solo
cometieron infracciones menores.
Otros estudios, muestran que menos del 15 % de los expulsados han sido
delincuentes.
De acuerdo con datos recabados por la organización LEEI, que promueve el
concepto de una reforma migratoria entre los agentes de la ley, en
Virginia y California el 18 % de los deportados fueron criminales reales.
En California, el alguacil de San Francisco, Michael Hennessey, anunció
que desafiará a Comunidades Seguras, y que únicamente entregará a ICE a
los que han cometido delitos graves.
Y en el mismo estado, en Los Angeles, dos concejales han expresado que
desean que esa ciudad deje de participar en el programa.
El gobierno federal ha presentado a Comunidades Seguras como un proyecto
exitoso que ha sacado del país a más de 70,000 criminales, pero hay
quienes contradicen esa cifra.
Por el momento, en Carolina del Norte estamos esperando que alguien ose
poner en tela de juicio los programas de deportación.