Osama, Obama y los inmigrantes indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Desde la mañana del 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió radicalmente. Las imágenes de la tragedia del ataque suicida a las torres gemelas en Nueva York con aeronaves comerciales secuestradas, repletas de pasajeros, y el posterior desplome de los edificios, fueron transmitidas a todos los puntos del planeta.
Igual vimos como un avión se estrellaba contra el Pentágono en Washington y las cámaras registraron los restos pulverizados de otro avión que cayó en un campo de Pensilvania, después de que los pasajeros se amotinaran e impidieran que siguiera su curso de terror.
Ese martes era uno de mis días libres en Univisión Online, pero de todas maneras me fui a la oficina donde bullía la adrenalina.
De ese día, lo que más me impactó fue ver como la gente se lanzaba al vacío desde los rascacielos consumidos por el fuego y recordé los centenares de veces, que a finales de los ochenta, hice transbordo en la estación subterránea del World Trade Center para tomar el tren Path rumbo a Nueva Jersey, donde vivía un amor.
Lo que nunca imaginé es que las acciones de terror, planeadas por Osama Bin Laden, terminaran perjudicando a los indocumentados radicados en Estados Unidos y dieran al traste con el arreglo migratorio que los presidentes George W. Bush y Vicente Fox estaban contemplando.
Menos de una semana antes de los ataques, los mandatarios de Estados Unidos y México intercambiaron impresiones sobre el tema y por su experiencia como gobernador de Texas la agenda internacional de Bush estaba orientada hacia el vecino del sur.
Pero el terrorista más buscado del mundo, abatido el pasado 1 de mayo por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán, lo había modificado todo.
Después del 11 de septiembre se desató en el país un ambiente antiinmigrante, que convirtió a los indocumentados en los chivos expiatorios de todos los problemas, dándole vuelo a la teoría de la invasión, que ha sido hábilmente aprovechada por los restriccionistas.
Es difícil hacerle entender a los antiinmigrantes que en ese martes fatal hubo latinos y un porcentaje de indocumentados que fallecieron víctimas de la acción suicida de los miembros de Al Qaeda.
Estadísticas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York concluyeron que cerca del diez por ciento de los 3,000 asesinados por los seguidores fanáticos de Bin Laden fueron hispanos, entre estos: mexicanos, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, hondureños, venezolanos, salvadoreños, argentinos y españoles.
La Asociación Tepeyac, organización comunitaria, con sede en Manhattan, documentó un centenar de casos de indocumentados muertos, entre los que se contaban cocineros, aseadores y proveedores de otros servicios.
Es casi imposible hacerle entender a los intolerantes, que los autores suicidas de la tragedia del 11 de septiembre ingresaron al país con visas legales estampadas en las misiones estadounidenses en el extranjero, y que entre sus víctimas están miles de latinos que participaron en las labores de limpieza de la Zona Cero, que han experimentado el dolor de que sus vías respiratorias se pudran como consecuencia del contacto con elementos tóxicos.
A la Asociación Tepeyac acudieron más de 2,000 afectados, de los cuales 70 por ciento eran indocumentados.
Por eso es inmoral que en Carolina del Norte, el exconcejal de Winston-Salem, Vernon Robinson, hubiera impulsado hace unos años una protesta contra los “ilegales” al frente al consulado mexicano en Raleigh, precisamente en un 11 de septiembre. O que la exsenadora estatal Fern Shubert hubiera adornado su fallida campaña para la gobernación en 2004, con imágenes del ataque a las torres gemelas para relacionarlo con el otorgamiento de licencias de conducir a los indocumentados.
Ahora que el presidente Barack Obama se ha reafirmado en su puesto, desvirtuando las teorías de conspiración sobre su lugar de nacimiento, y se ha apuntado el logro de eliminar a Bin Laden, sería tiempo para que le hiciera justicia a los indocumentados que se han sacrificado por este país.
Por el momento, para empezar a cumplir sus promesas, podría usar su poder de discreción para parar las deportaciones.