287g: La centrífuga de deportar indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Desde un principio estuve en contra del programa de deportaciones 287g porque anticipaba que se convertiría en una centrífuga para la deportación de los más inermes.

Lo consigné en una columna que publiqué a principios de 2006 en el semanario en inglés “Creative Loafing” de Charlotte, la ciudad donde radico.
En la pieza denominada “Libertad de información: ¿Quién es la gente que está siendo deportada?”, le reclamaba al alguacil local, Jim Penderdraph, los listados de las personas, que estaban siendo capturadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y que se alojaban en la cárcel central de Charlotte, que estaba bajo la jurisdicción del sheriff.
Mi pedido, que fue negado inicialmente y que después de la columna fue aceptado, se sustentaba en que deberíamos “tener una idea clara y trasparente del proceso de arresto, detención y remoción de extranjeros”.
La preocupación se ahondaba con el anuncio del sheriff, la congresista Sue Myrick y ejecutivos de ICE de darle a agentes locales facultades migratorias y estar “ad portas” de una deportación masiva.
“Sería terrible si los medios de comunicación en español locales y las organizaciones latinas de base no pudieran monitorear cómo y por qué son arrestados los inmigrantes indocumentados que terminan en las manos de ICE”, anotaba el suscrito.
“Revelar los nombres y cargos es la única manera de verificar que todas las agencias -- departamentos de policía, la Oficina del Sheriff e ICE -- juegan limpio en la implementación del programa piloto de Myrick para Carolina del Norte”, señalaba yo.
Antes del 287g, de acuerdo con los portavoces de ICE, de Charlotte eran deportados cada semana entre 8 y 10 indocumentados, pero las cifras dadas por el alguacil mostraban que el promedio de expulsados llegaba en febrero de ese año a 33 a la semana.
Durante 2005, un total de 8,413 hispanos habían sido víctimas de crímenes en Charlotte, pero 4,162 individuos de apellido hispano habían sido detenidos en Charlotte, lo cual daba una idea de la catástrofe que se avecinaba.
Lo que vino después de que en abril de 2006, al comenzar el procesamiento para deportación de los primeros detenidos, fue pavoroso.
El 287g ha generado la puesta en deportación de 11,480 inmigrantes desde Charlotte, de los cuales únicamente 235 han sido verdaderos criminales (aggravated felons).
A más de 7 mil individuos, incluyendo ciudadanos naturalizados, les han tomado las huellas dactilares y las fotografías.
Se estableció un doble estándar para tratar a los ciudadanos, violando claramente los derechos civiles y constitucionales de los estadounidenses nacidos fuera del territorio del país. Residentes legales, asilados, refugiados y amparados por el estatus de protección temporal (TPS) también resultaron afectados.
Una muestra de que el 287g si ha estado dirigido para sacar a latinos del país, son las cifras, que hablan por sí solas. De los 11,480 procesados para deportación, 11,061 han sido de países de habla hispana de los cuales 7,238 han sido mexicanos, 3,573 centroamericanos, 216 sudamericanos 31 caribeños y 3 españoles. No ha habido nacionalidad hispana que no haya sido afectada. De Brasil han sacado 71 y 348 de otros 55 países.
De los deportados, 9,677 fueron acusados de delitos menores y 3,440 de cometer infracciones de tráfico.
Pero Charlotte, es apenas un microcosmos de lo que ha ocurrido en las más de 60 jurisdicciones, donde ha operado el 297g.
Lo que es cierto, es que antes de que llegara a mi ciudad, solo funcionaba en cuatro lugares, y el exalguacil Pendergraph fue el encargado que hiciera metástasis en el país.
Jennifer Roberts, comisionada del condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, me dijo, después de que la enteré que el gobierno federal había decidido cortarle la financiación al 287g, y no aceptar nuevos contratos, que “el programa nunca ha sido el medio más adecuado para resolver el problema migratorio”.