BITACORA

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Tuesday, March 27, 2012

El concierto de los sueños de 11 millones

Por Rafael Prieto Zartha

Hace seis años, en plena primavera florida, Charlotte, la ciudad donde vivo, fue escenario de un evento extraordinario, que quedó imborrable en la mente de la comunidad latina de la ciudad.

El sábado 25 de marzo de 2006, más de 10 mil personas se congregaron en el parque Marshall, para protestar contra el proyecto de ley HR 4437 del congresista republicano James Sensenbrenner, que había sido aprobado en la Cámara de Representantes y que fundamentalmente criminalizaba a los indocumentados, con el aval de una normativa federal.

El día despuntó precioso y graneada la gente llegó al punto de encuentro, en el centro de la llamada Ciudad Reina, de forma organizada, con camisetas blancas, banderas de Estados Unidos en las manos y letreros abogando por una reforma migratoria integral.

En la tarde, en el parque, la multitud reverberó de emoción, con los cánticos del “Sí se puede” y las palabras de una mujer joven de rostro transparente.

Laura Ciudad, quien estaba vinculada a la Coalición Latinoamericana, una organización local de servicio a los hispanos, dijo a los asistentes: “ustedes están haciendo historia”.

Y se hizo historia, la ley Sensenbrenner fue enterrada en el Capitolio, tras las manifestaciones masivas, en las que participaron millones de personas a lo largo y ancho de todo el país.

Pero la ilusión murió, un año y dos meses después, el 28 de junio, al fracasar en el Senado el intento de legalizar a los indocumentados, mediante la ley de inmigración de 2007.

Desde ese tiempo, la presión antiinmigrante paso a paso fue más fuerte, como una epidemia se propagó el programa de deportaciones 297g y nació el de comunidades seguras.

Los antiinmigrantes comenzaron su ofensiva con regulaciones locales para impedir que los indocumentados pudieran tener acceso a vivienda en localidades de Pensilvania y Texas.

Posteriormente, produjeron como enlatadas para los estados las leyes antiinmigrantes que han sido firmadas por los gobernadores de Arizona, Alabama, Carolina del Sur, Georgia y Utah, cuya suerte ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Cerca de la Navidad de 2010, se hundió el Acta de los Sueños, que no pasó por la indolencia de senadores republicanos y demócratas, de los que el Consejo Nacional de La Raza, publicó en periódicos un anuncio con sus fotografías y sus nombres, con la aseveración de que la comunidad no debe olvidar lo que hicieron.

La administración del presidente Barack Obama, que no logró impulsar la reforma migratoria cuando tenía mayoría demócrata en ambas cámaras, tampoco pudo sacar adelante el Dream Act.

Dentro de menos de medio año la atención mundial estará centrada en Charlotte, porque la formalización del proceso de reelección del presidente se hará en la Ciudad Reina, durante la Convención Nacional Demócrata, que concluirá con las luces de los reflectores en el Estadio de las Panteras.

Para los días de la convención se han programado veintenas de fiestas en Charlotte, pero ninguna actividad referente al problema que subsiste para los que no tienen papeles, y han visto sus familias separadas con el volumen de deportaciones.

Algunos dirigentes locales de la comunidad latina han estado cavilando sobre qué hacer para recordarle al presidente, que tiene una cuenta pendiente con los hispanos del país, que es la de cumplir su promesa de campaña de lograr una reforma migratoria integral que legalice a los indocumentados.

Se ha sugerido volver a convocar a la gente en una explanada local, para que nuevamente se movilicen con sus camisetas blancas, sus banderas de Estados Unidos y sus cánticos y letreros ingeniosos.

Lo que quieren es que alguno o algunos de los principales artistas hispanos ¿Maná? ¿Juanes? ¿Shakira? ¿Arjona? se hagan presentes para realizar el concierto de los sueños de 11 millones. ¿Será posible?

Tuesday, March 20, 2012

A Gabino Sánchez se le debe cumplir la promesa

Por Rafael Prieto Zartha

Sosteniendo firmemente en una mano el memorando que John Morton, director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) firmó en junio del año pasado, con las guías de discreción judicial para establecer prioridades respecto a la deportación de indocumentados, el congresista Luis Gutiérrez se paró en los terrenos exteriores de la Corte de Inmigración de Charlotte, Carolina del Norte, con el propósito de abogar para que se pare la expulsión del país de un padre de familia mexicano.

Lucido como nunca, Gutiérrez espetó que Gabino Sánchez encarna las injusticias de este sistema roto de inmigración que convierte en víctimas a los trabajadores honestos. Sánchez, quien llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, tiene una esposa indocumentada y dos hijos nacidos aquí en territorio estadounidense.

Como en el caso del protagonista de la película“Una vida mejor”, que interpretó el actor Demian Bichir, Gabino terminó en proceso de deportación por no poseer licencia de conducir.

Lo único es que la policía de la localidad de Ridgeland, en Carolina del Sur, se ensañó con el mexicano, al que paró en seis ocasiones y la última a la entrada del complejo de casas móviles que habita.

Gabino pagó cumplidamente más de 3 mil dólares en multas y gastos de corte, lo cual hizo que Gutiérrez enfatizara que se trató claramente de un caso de perfil racial. “Lo que sucede es que los policías, ya conocían a Gabino”, apuntó.

El abogado del mexicano, Marty Rosenbluth explicó que si se hubieran seguido las indicaciones del memorando de Morton, Gabino no estaría ad portas de una deportación.

El problema es que los oficiales de ICE consuetudinariamente se hacen de la vista gorda en relación a las órdenes de su jefe.

El memorando de Morton contiene 19 factores a considerar para ejercer la discreción judicial para evitar la deportación de gente que le está haciendo bien al país y para que los deportadores se enfoquen en la expulsión de extranjeros indocumentados criminales.

Entre las consideraciones está la edad en que llegó la persona a Estados Unidos, si alguno de sus familiares está en las fuerzas armadas estadounidenses, si tiene vínculos a la comunidad y aporta al bien común, si tiene hijos ciudadanos, si ha observado un buen comportamiento.

Pero tanto los agentes de ICE, como sus fiscales se pasan por la faja esas directrices.

Tras el memorando, la administración anunció la revisión de 300 mil casos de indocumentados a los que se les podría tener en cuenta para la discreción judicial.

Por eso en diferentes ciudades se están creando comités de las organizaciones de base para verificar si la acción administrativa prometida por el presidente para aliviar tanto dolor, tanta separación familiar se cumple, o es un fuego fatuo, que resulta trucho por la forma como la aplican los funcionarios de menor rango.

En Charlotte, la iniciativa la encabeza Jess George, una pelirroja, pecosa, de ojos verdes, con corazón hispano, que dirige la Coalición Latinoamericana.

Falta saber si los criterios ordenados por Morton, en el memorando, aplican para los programas de deportaciones 287g y Comunidades Seguras.

A Gabino le fijaron una nueva aparición en corte para el 15 de mayo. Si lo deportan, quedarán en entredicho las buenas intenciones del presidente, que recibirían la cachetada de la realidad.

Quejas sobre los “vaqueros de ICE” y sus prácticas fue las que recibió una delegación de la Casa Blanca, en Durham, también en Carolina del Norte, durante un foro, que impulsó la dirigente Andrea Bazán.

Entre las representantes de Washington estaba la abogada Esther Olavarría, quien trabaja ahora para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esther, un sol de persona, luchó denodadamente por la fallida reforma migratoria de 2007 y su desempeño se puede ver en la cinta “El Trato de los Senadores”, que presentó la cadena HBO.

Olavarría, junto a la nieta de César Chávez, Julie Chávez Rodríguez, quien trabaja en la Casa Blanca, escuchó pacientemente los lamentos derivados del más de millón de deportaciones realizadas durante la presidencia de Obama.

Tuesday, March 13, 2012

Defender lo indefendible y la realidad de los números

Por Rafael Prieto Zartha

Para defender lo indefendible algunas personas esgrimen argumentos que pueden tener valor en el debate de las ideas pero que desafortunadamente no cuentan con el soporte de los hechos y los datos reales.
Debido a la crítica que le hice al locutor conservador Rush Limbaugh por los epítetos que usó contra la estudiante de leyes Sandra Fluke y sus calificativos para los indocumentados, hubo lectores que se tomaron el tiempo de dejar sus comentarios en la red virtual.
Positivo que haya existido una reacción y que se cuestione lo que uno escribe, sin embargo, preocupa que se lancen afirmaciones y cifras en público que carecen de precisión.
En el portal de AOL Latino, el internauta identificado como “abrines” escribió: “Acuérdese que fueron los republicanos los que dieron amnistía a doce millones de ilegales... (Ronald) Reagan. ¡Sus amiguitos demócratas lo único que hacen es sacar impuestos a los que trabajan para dárselos a los flojos que miran a la gente ir al trabajo y a mujeres que no les alcanza ni para el pan y siguen teniendo hijos como conejos!”.
“Abrines” tiene razón en que fue el presidente republicano Ronald Reagan el que firmó el Acta de Reforma y Control de Inmigración de 1986, con un Senado de mayoría republicana (53 a 47) y una Cámara de Representantes controlada por los demócratas (253 a 182).
En lo que si hay un error de “abrines” es en aseverar que la legalización se otorgó a 12 millones de individuos, dado que la cifra de beneficiados por la ley de 1986 no alcanzó ni siquiera al guarismo de 3 millones.
El mismo Centro de Estudios de Inmigración (CIS), que se opone a legalización de los indocumentados, registra en sus informes que la cifra de legalizados por el programa de amnistía general fue de 1.7 millones.
A ese dato se tiene que añadir el número de individuos que se acogieron al programa de trabajadores del campo, que fueron 1.3 millones.
Así, que en la afirmación de “abrines” hay un error de 9 millones de individuos, y es importante aclararlo, para que no se confunda el número de amnistiados en 1986, con la cifra de indocumentados que había en el país a mediados de la década pasada, y se forje otro mito inexacto al respecto.
Pero, con lo que menos concuerdo con “abrines” en el campo del debate es que al intentar defender a Limbaugh, quien usó las palabras “prostituta” y “mujerzuela”, para descalificar a Fluke, el mismo compare de forma sexista a algunas mujeres con los conejos.
Por su parte, el internauta autodenominado como “cjoseluiscz”
consignó también en el sitio de AOL: “Este patán de Rafael Prieto, quien debe cómo demócrata sin disimulo odiar a Rush (Limbaugh) con toda su retorcida alma liberal, aprovecha un comentario suyo desafortunado del que ya se disculpó para atacarlo sin piedad”.
El problema con el comentario de “cjoseluiscz” es que Limbaugh lanzó 46 ataques personales, en días diferentes, contra la estudiante de derecho, utilizando “sin piedad” los calificativos más infames y haciendo las sugerencias más retorcidas.
Limbaugh ofreció disculpas, apenas, por ‘’dos palabras’’, que Fluke no merecía por haberse presentado en el Congreso a solicitar que las píldoras anticonceptivas sean cubiertas por los seguros de salud.
La lección para Limbaugh y para todos es que ser una figura pública y vivir de lo que se habla tiene consecuencias.
Ya son 98 anunciantes los que le han comunicado a la cadena Premiere Radio Networks, que sindicaliza el programa de Limbaugh, que se retiran de colocar comerciales en el espacio del comentarista ultraconservador.
En la lista del éxodo de anunciantes de Limbaugh figuran grandes corporaciones como Ford, General Motors, Toyota, Allstate, Geico, Prudential, State Farm, McDonald’s y Subway.
Las mujeres están logrando, lo que los proinmigrantes no intentaron respecto al locutor que ha insultado a los indocumentados con adjetivos de todo calibre.

Tuesday, March 6, 2012

Rush Limbaugh: el precio de la grosería

Por Rafael Prieto Zartha

Todo indica que al locutor conservador de radio, Rush Limbaugh, se le fueron las luces con los comentarios que hizo acerca de la estudiante de leyes de la Universidad de Georgetown, Sandra Fluke, a quien calificó de “prostituta”, después de que la chica acudió al Capitolio para abogar que el gobierno de cobertura a los anticonceptivos que utilizan las mujeres.

Independientemente, de que el debate sobre el uso de la píldora es uno que lleva individualmente a las creencias de cada mujer, lo dicho por Limbaugh ante su vasta audiencia es repugnante.

“¿Qué se puede decir de la universitaria Susan Fluke [sic] que se presenta ante un comité del Congreso y básicamente dice que hay que pagarle por tener sexo? ¿En qué la convierte eso? La convierte en una mujerzuela, ¿no es cierto? La convierte en una prostituta. Quiere que le paguen por tener sexo. Está teniendo tanto sexo que no le alcanza el dinero para pagar los anticonceptivos. Quiere que usted y yo y los contribuyentes le paguemos para que ella tenga sexo”, fue la narrativa de Limbaugh.

Pero, no solo eso, Limbaugh instó a la estudiante de derecho que diera a conocer públicamente vídeos íntimos.

“Si vamos a pagar por sus anticonceptivos, y por tanto pagar para que (Fluke) tenga sexo, queremos algo en contraprestación. Queremos que publique los videos en internet para que todos podamos ver”.

Fluke cursa tercer año de derecho y fue presidenta del grupo Estudiantes de Derecho de Georgetown en Defensa de la Justicia Reproductiva. Su presencia en el Congreso se debió a una invitación a dar su testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

La condena a las palabras de Limbaugh ha provenido de todos los frentes. Del presidente Barack Obama, que se comunicó con la alumna de leyes para expresarle su solidaridad, de integrantes del Partido Republicano, que usualmente son áulicos de Limbaugh, y principalmente de las mujeres, que indignadas han decidido llamar a un boicot contra el comentarista radial.

Tal parece que la campaña está dando resultado y Limbaugh, ya reculó ofreciendo disculpas a Fluke. Pero esto solo pasó después de que varias corporaciones anunciaron el retiro de los comerciales de los que se sostiene Limbaugh.

Lo que está en juego para el locutor es la terminación de su contrato por 400 millones de dólares, que firmó en 2008 y culmina en 2016.

Limbaugh es la personalidad de la radio con mayor audiencia en el país, lo escuchan de lunes a viernes, durante tres horas del medio día, cada semana, más de 15 millones de personas.

El locutor reconoció una adición a las drogas, pero ha condenado el consumo de narcóticos.

En el tema de inmigración no ha podido ser más displicente y sarcástico.

En los noventa, antes de convertirse en uno de los paladines en contra de los inmigrantes indocumentados, dijo: “déjenles los trabajos que no requieren habilidades especiales, déjenles los tipos de trabajos que no requieren absolutamente ningún conocimiento - dejen que los mexicanos, estúpidos y no preparados, hagan esos trabajos”.

En 2006, Limbaugh llamó a los indocumentados “especies invasoras” y los comparó con “moluscos”. Ese mismo año dijo que “los inmigrantes mexicanos no tenían disposición para el trabajo”, agregando que son un “elemento renegado” y “potencialmente criminal”.

En 2009, falsamente afirmó que los indocumentados iban a estar cubiertos en plan de salud de Obama y en 2010, expresó que los indocumentados eran “un ejército invasor que usa nuestros servicios y toman nuestros trabajos”.

En 2011, preguntó si las autoridades médicas habían publicado alguna vez una historia sobre de los peligros de adquirir enfermedades al acostarse con ilegales.

Dado que el sector proinmigrante no ha intentado callarlo, yo espero que la valentía de las mujeres lo logre.

Monday, February 27, 2012

287g: La centrífuga de deportar indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Desde un principio estuve en contra del programa de deportaciones 287g porque anticipaba que se convertiría en una centrífuga para la deportación de los más inermes.
Lo consigné en una columna que publiqué a principios de 2006 en el semanario en inglés “Creative Loafing” de Charlotte, la ciudad donde radico.
En la pieza denominada “Libertad de información: ¿Quién es la gente que está siendo deportada?”, le reclamaba al alguacil local, Jim Penderdraph, los listados de las personas, que estaban siendo capturadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y que se alojaban en la cárcel central de Charlotte, que estaba bajo la jurisdicción del sheriff.
Mi pedido, que fue negado inicialmente y que después de la columna fue aceptado, se sustentaba en que deberíamos “tener una idea clara y trasparente del proceso de arresto, detención y remoción de extranjeros”.
La preocupación se ahondaba con el anuncio del sheriff, la congresista Sue Myrick y ejecutivos de ICE de darle a agentes locales facultades migratorias y estar “ad portas” de una deportación masiva.
“Sería terrible si los medios de comunicación en español locales y las organizaciones latinas de base no pudieran monitorear cómo y por qué son arrestados los inmigrantes indocumentados que terminan en las manos de ICE”, anotaba el suscrito.
“Revelar los nombres y cargos es la única manera de verificar que todas las agencias -- departamentos de policía, la Oficina del Sheriff e ICE -- juegan limpio en la implementación del programa piloto de Myrick para Carolina del Norte”, señalaba yo.
Antes del 287g, de acuerdo con los portavoces de ICE, de Charlotte eran deportados cada semana entre 8 y 10 indocumentados, pero las cifras dadas por el alguacil mostraban que el promedio de expulsados llegaba en febrero de ese año a 33 a la semana.
Durante 2005, un total de 8,413 hispanos habían sido víctimas de crímenes en Charlotte, pero 4,162 individuos de apellido hispano habían sido detenidos en Charlotte, lo cual daba una idea de la catástrofe que se avecinaba.
Lo que vino después de que en abril de 2006, al comenzar el procesamiento para deportación de los primeros detenidos, fue pavoroso.
El 287g ha generado la puesta en deportación de 11,480 inmigrantes desde Charlotte, de los cuales únicamente 235 han sido verdaderos criminales (aggravated felons).
A más de 7 mil individuos, incluyendo ciudadanos naturalizados, les han tomado las huellas dactilares y las fotografías.
Se estableció un doble estándar para tratar a los ciudadanos, violando claramente los derechos civiles y constitucionales de los estadounidenses nacidos fuera del territorio del país. Residentes legales, asilados, refugiados y amparados por el estatus de protección temporal (TPS) también resultaron afectados.
Una muestra de que el 287g si ha estado dirigido para sacar a latinos del país, son las cifras, que hablan por sí solas. De los 11,480 procesados para deportación, 11,061 han sido de países de habla hispana de los cuales 7,238 han sido mexicanos, 3,573 centroamericanos, 216 sudamericanos 31 caribeños y 3 españoles. No ha habido nacionalidad hispana que no haya sido afectada. De Brasil han sacado 71 y 348 de otros 55 países.
De los deportados, 9,677 fueron acusados de delitos menores y 3,440 de cometer infracciones de tráfico.
Pero Charlotte, es apenas un microcosmos de lo que ha ocurrido en las más de 60 jurisdicciones, donde ha operado el 297g.
Lo que es cierto, es que antes de que llegara a mi ciudad, solo funcionaba en cuatro lugares, y el exalguacil Pendergraph fue el encargado que hiciera metástasis en el país.
Jennifer Roberts, comisionada del condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, me dijo, después de que la enteré que el gobierno federal había decidido cortarle la financiación al 287g, y no aceptar nuevos contratos, que “el programa nunca ha sido el medio más adecuado para resolver el problema migratorio”.

Tuesday, February 21, 2012

Una vida mejor: A better life

Por Rafael Prieto Zartha

Ojalá la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tenga a su buen juicio otorgar al actor Demián Bichir el Oscar como mejor actor, en la octogésima tercera entrega de la estatuilla dorada en Los Angeles, por su papel como protagonista de la película: “Una vida mejor”.
Bichir ya fue nominado en la misma categoría en los premios del Sindicato de Actores (SAG) y en los Independent Spirit Awards, sin que se cristalizaran los galardones para el artista mexicano.
“Una vida mejor” presenta la historia del jardinero indocumentado Carlos Galindo, quien resulta deportado de Estados Unidos, después de vivir en el país durante más de 15 años.
La estancia de Galindo en la Unión Americana se trunca al intentar arriesgarse a alcanzar una pequeña porción del sueño americano.
El hombre refleja la historia de los millones de trabajadores que no cuentan con un estatus migratorio y experimentan la amarga realidad de estar en desventaja frente a los obstáculos que les presenta el sistema.
La trama tiene a Galindo, como un padre cabeza de familia, a quien su esposa lo abandonó y cría a un adolescente, Luis, quien es asediado por la presión de su entorno de convertirse en pandillero.
Hay escenas que muestran el choque cultural del muchacho, que no entiende las raíces de su padre, su oficio, e incluso el idioma español.
Comprar la “troca” de su patrón, para mejorar la vida de su hijo, se transforma en una tragedia para Galindo, quien sueña con su negocio propio y especialmente una mejor escuela y un ambiente más sano para su primogénito de 14 años.
Tras recobrar, después de muchas peripecias, el vehículo que le había sido robado, Galindo es detenido por la policía angelina por no portar la licencia de conducción.
Como centenares de miles, el jardinero resulta afectado por el criterio de los programas de deportaciones 287g y Comunidades Seguras.
Infortunadamente, la actual administración, del presidente Barack Obama, clasificó desde 2009 las infracciones de tráfico, como actos criminales, por lo que a trabajadores honestos, que se pasaron un señal de pare o tenían la calcomanía expirada, los han sacado del país como criminales.
A Galindo lo internan en la cárcel con los asesinos, ladrones, violadores, pandilleros y delincuentes violentos. No obstante, su uniforme anaranjado, presenta en letras grandes las siglas del Servicio de Inmigración y Aduanas: ICE.
Al irse del país, el jardinero y su hijo dialogan brevemente en el centro de detención. El padre aparece, como ocurre diariamente con los indocumentados a punto de salida, con las cadenas y las esposas metálicas en las cuatro extremidades.
El llora avergonzado de que su hijo lo vea en esa situación.
El ocaso del largometraje tiene una fuerza brutal, se trata del jardinero intentando cruzar la frontera por el desierto. Sus palabras suenan como pedradas al acercarse al borde: “vamos a casa”.
Y es que para millones de los deportados este país, donde se han quebrado el lomo trabajando, es su hogar y el de sus hijos.
Es el de los centenares de inmigrantes, que fueron deportados, pese a que la Corte Suprema de Justicia había emitido el concepto de que no deberían salir del país.
Los diarios Los Ángeles Times y Wall Street Journal. han reportado sobre la denuncia de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes (IRC) de la Universidad de Nueva York (NYU), acerca de la situación de inmigrantes que ganaron en las cortes la apelación de sus casos, pero no podrán retornar a Estados Unidos.
Este también es el país de los veteranos nacidos fuera, que después de arriesgar sus vidas en las guerras bajo la bandera de las barras y las estrellas, han sido expulsados de territorio estadounidense.
Sospecho, que también lo sea de José, el exnovio del sheriff del Condado de Pinal, Paul Babeu, expuntal de la campaña del candidato antiinmigrante Mitt Romney en Arizona.

Tuesday, February 14, 2012

La matrícula consular mexicana no califica para sacar libros de la biblioteca

Por Rafael Prieto Zartha

A los niños ciudadanos, hijos de indocumentados, no solo les quieren despojar de la ciudadanía estadounidense, a la que tienen derecho por haber nacido en territorio de este país, o arrebatar les los mil dólares de crédito tributario, que les asigna la ley si sus padres presentan los impuestos con un número de identificación asignado por el Servicio de Rentas Internas (IRS).
Esas iniciativas malévolas, promovidas por los pesos pesados del movimiento antiinmigrante en Washington DC, no bastan.
También hay funcionarios de rangos inferiores, que aportan sus gotas de hiel para perjudicar a infantes indefensos.
La autora de un nuevo disparate es M.J. Wilkerson, directora del Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado de Alamance, ubicado en el estado donde vivo, Carolina del Norte.
La señora Wilkerson ha decidido excluir la matrícula consular mexicana como documento viable para obtener la credencial de las bibliotecas que administra, que es el aval para que los padres de familia saquen libros y materiales audiovisuales con los que sus retoños pueden ampliar sus conocimientos.
“No reconocemos la matrícula consular o las identificaciones internacionales como documento de identidad para obtener un carné de biblioteca”, consignó Wilkerson en un correo electrónico que le envió a la corresponsal de la agencia EFE en Carolina del Norte, quien la indagó sobre el tema.
La directora argumenta -para sustentar esa práctica- que la matrícula “no valida el estatus legal” de los solicitantes, con lo que asume funciones de juez de inmigración para suministrar un servicio para el que se debería tener un criterio de universalidad de acceso.
Para la señora del condado de Alamance la matrícula no es buena, así sea aceptada por Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), y por sistemas de bibliotecas de lugares mucho más cosmopolitas como el de Queens en Nueva York o el de Los Angeles en California.
Con su rechazo a las identificaciones de otros países diferentes a México, Wilkerson está vetando documentos que varias naciones impulsaron en la década pasada, como la matrícula consular argentina, la matrícula de ciudadano brasileño, la tarjeta de registro consular colombiana y la tarjeta de identificación consular guatemalteca.
La medida, que tomó Wilkerson, con el despegue de 2012, contrasta con las palabras con que se presenta este año la entidad que dirige en su sitio de internet: “El Sistema de Bibliotecas Públicas de Alamance provee un acceso gratuito y libre a conocimientos duraderos, recursos para el diario vivir y el placer de la lectura en un ambiente de bienvenida”.
Y agrega: “Nuestras colecciones, servicios y programas mejoran la calidad de la vida de individuos, familias y comunidades”.
Claro que en esa visión de la bibliotecaria mayor de Alamance, de servicio y bienvenida, no están incluidos los portadores de la matrícula consular mexicana o documentos similares de otros países, porque el acceso al saber requiere papeles que certifiquen un estatus migratorio.
Aunque parezca la movida baladí de una funcionaria local desorientada, lo ocurrido en Alamance encarna un sentimiento sórdido y mezquino contra un grupo nacional en particular.
Clarísimo que está dirigido contra los mexicanos y por añadidura contra los nacionales de otras patrias que han tenido que recurrir a identificaciones expedidas por sus consulados porque carecen de estatus migratorio en Estados Unidos.
Y los tipos no deben ser tan malos, porque quienes intentaban que se les expidiera del carné de la biblioteca, y se les negó, no tenían el propósito de cometer un ilícito, sino contribuir a la educación de sus hijos.
En su defensa, el Sistema de Bibliotecas del Condado de Alamance ha afirmado que no niega la expedición del carné a los menores de edad sino a los adultos, pero acaso: ¿un niño de 6 años está capacitado para tramitar el documento?