La luz de Utah

Por Rafael Prieto Zartha

El titular del diario “The Salt Lake City Tribune” no pudo ser más diciente: “Utah quiere que el mundo sepa que no es Arizona”. El encabezado salió impreso tras la aprobación en las dos cámaras de la Legislatura Estatal de un paquete de leyes migratorias, que incluye un programa de trabajadores huéspedes y una medida que autoriza que la policía verifique el estatus migratorio de los detenidos por delitos graves y crímenes mayores.

La serie de normativas debe pasar ahora al escritorio del gobernador republicano, Gary Herbert, quien se anticipa las firme como leyes estatales.

El acuerdo de legislación bipartidista, adoptado el viernes 4 de marzo, marca una distancia con las leyes antiinmigrantes sancionadas en el estado vecino del sur, Arizona, y de donde se desató la tendencia de otros estados de copiar normativas como la SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, que firmó la gobernadora Jan Brewer, que el gobierno federal retó y que aún se disputa en las cortes.

Y no es casualidad que algunos estados estén reevaluando la adopción de leyes como la de Arizona. Según el Center for American Progress, una institución de pensamiento de Washington DC, las pérdidas que tendrá ese estado en cancelaciones de conferencias y encuentros debido a la ley SB 1070 ascenderán en los próximos tres años a 388 millones de dólares.

A principios de este año, alrededor de 20 estados estaban contemplando seguirle los pasos a Arizona, pero al inicio del primer trimestre de 2011, en al menos seis estados los proyectos de ley tipo SB 1070 ya han sido descartados.

En Colorado, el proyecto murió en un comité judicial de la Legislatura. En Nebraska, la propuesta se halla empantanada. En Florida, algunos legisladores republicanos han expresado preocupación por el impacto económico que tendría pasar una ley similar a la SB 1070. En Maine, los comerciantes se han organizado para contrarrestar la propuesta de ley parecida a la de Arizona. Y en California, el proyecto impulsado por el asambleísta, exintegrante de los Minute Man, Tim Donnelly, tiene pocas probabilidades de ser aprobado.

Incluso, en Arizona, también el viernes 4 de marzo, el paladín en contra de los indocumentados, Russell Pearce, autor de la SB 1070, suspendió temporalmente la discusión del paquete de medidas antiinmigrantes de 2011, que incluían la negación de la ciudadanía para los hijos de indocumentados, exigir que los hospitales verifiquen el estatus migratorio de los pacientes, y que los maestros y los trabajadores sociales reporten a los inmigrantes sin papeles a las autoridades federales.

Lo ocurrido en Utah presenta una nueva perspectiva respecto a la adopción de leyes estatales que tocan el asunto migratorio, ante la ausencia de una solución federal.

La ley de Utah considera dar a los inmigrantes indocumentados permiso para vivir y trabajar en el estado, pero la expedición de esos permisos está sujeta a que el gobierno federal de luz verde a dispensas, exenciones y autorizaciones.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah cobraría a quienes no tengan papeles 2,500 dólares por el permiso y 1,000 para quienes hayan permanecido en el país después de vencer su periodo de visa.

Se calcula que en Utah estén radicados 110,000 indocumentados y el beneficio lo recibirían quienes hayan estado viviendo en el estado antes del 10 de mayo de 2011.

En lo concerniente al programa de trabajadores huéspedes, se contempla establecer un acuerdo con el estado mexicano de Nuevo León para importar trabajadores que podrían permanecer en el país durante dos años.

El concepto del permiso fue impulsado por la senadora demócrata Luz Robles y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, prevalente en Utah, abogó por la aprobación de las medidas.

Sin embargo, los opositores al paquete migratorio, respaldado por la iglesia mormona, ponen en tela de juicio la constitucionalidad de las medidas.

Cabe anotar, que Utah es único estado que ha creado licencias especiales de conducir para los indocumentados y que durante los seis años de vigencia se han expedido 42,000 de estos permisos de manejar.

Entre tanto, en Georgia y Carolina del Norte avanzaron proyectos de ley punitivos similares a la SB 1070, que para nada contienen la luz de lo aprobado por la Legislatura Estatal de Utah.