El síndrome de los cerdos salvajes
Por Rafael Prieto Zartha

Los epítetos infames que han estado usando funcionarios públicos para referirse a los indocumentados y las soluciones que proponen para resolver el problema migratorio develan vasta irresponsabilidad y exigua consideración por el género humano.
Se espera que quienes han tenido la ventura de ser elegidos a cargos oficiales por medio del voto popular traten de forma sensata un asunto tan delicado como el destino de 11 millones de personas, que en últimas depende precisamente del vaivén de la política.
Lo positivo de los dislates de los políticos que han soltado la lengua para expresar atrocidades acerca de los inmigrantes es que han proyectado públicamente lo que piensan realmente, aunque después tengan la desfachatez de retractarse diciendo que estaban “bromeando”.
La periodista de la agencia EFE, María Peña, trajo a colación en su análisis semanal de inmigración el caso del representante estatal republicano de Kansas, Virgil Peck, quien comparó a los indocumentados con “cerdos salvajes”.
Para Peck la solución al problema de la “inmigración ilegal” es dispararle a los indocumentados desde helicópteros. Por lo menos eso fue lo que sugirió durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Kansas, cuando se analizaban medidas para reducir la población porcina en ese estado.
La organización proinmigrante Presente, que apoyó a los caminantes soñadores en su aventura de Miami a Washington y que abogó por la salida de Lou Dobbs de CNN, no tomó como broma lo expresado por Peck y ha lanzado una campaña para impulsar la renuncia del legislador.
En noviembre del año pasado, el representante republicano a la Cámara Estatal de Tenesí, Curry Todd, comparó a los padres indocumentados con “ratas”.
Durante una sesión de un comité fiscal en la que se discutían los costos de atención prenatal para los futuros ciudadanos estadounidenses, dijo que podían multiplicarse como roedores.
La primera reacción de Todd, ni siquiera fue disculparse. En una entrevista con la estación de televisión KSAZ de Phoenix, dijo: “Tal vez mis palabras fueron un poco fuertes. Probablemente he debido utilizar (el termino) ‘bebes ancla’”. Esto, como si “bebés ancla” no fuera también una forma despectiva para referirse a infantes que son constitucionalmente ciudadanos de este país.
En octubre de 2010, el representante republicano a la Cámara Estatal de Georgia, John Yates, propuso dar licencia para matar a los agentes fronterizos, y así parar la “invasión” de los indocumentados.
Yates, veterano de la Segunda Guerra Mundial, expresó que la “inmigración ilegal” debería ser manejada de la misma manera como se frenó a Hitler y la Alemania nazi.
Como parte de su iniciativa, sugirió lanzar panfletos en todo el territorio mexicano con la advertencia: “dispararemos a matar” a quienes crucen la frontera.
En el verano de 2006, el representante republicano a la Cámara por el estado de Iowa, Steve King, comparó a los indocumentados con “ganado”, durante una sesión en el Capitolio en Washington.
King, quien pertenece a la Comité Judicial de la Cámara y al Subcomité de Inmigración, propuso que instalara una cerca eléctrica en la frontera como la que se usa para controlar a los bovinos.
King llegó a comparar la “inmigración ilegal” con un “holocausto en cámara lenta”.
En Carolina del Norte, en la primavera de 2008, el comisionado republicano a la Junta del Condado de Mecklenburg, Bill James, comparó a los indocumentados con “prostitutas y vendedores de drogas”.
Referirse a seres humanos como animales: “cerdos salvajes”, “ratas” y “ganado”, en el marco de un debate que cada día se pone más álgido es grave. Sugerir que el problema migratorio se resuelva a tiros es aún más grave. Darle la connotación de holocausto a la presencia de los indocumentados que han venido a trabajar duro a este país es una ignominia.
En su campaña contra Peck, Presente está recordando, que desde 2003, los crímenes de odio contra los latinos se han incrementado 40 por ciento. Yo quisiera recordar, guardadas las proporciones, que la locura del Holocausto arrancó con la cinta antisemita “El eterno judío”, del director Fritz Hippler, en la que se comparaba visualmente a los judíos con ratas.

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La consigna es: "regrésense a su hediondo, sucio y moreno país”

Por Rafael Prieto Zartha

Las frases pintadas en las paredes despidieron desprecio, aversión y hostilidad: “los ilegales roban trabajos”, “inmigración ilegal = Holocausto, terrorismo para su subsistencia”, “se regresan a su hediondo, sucio, moreno país, ahorita”, “remueva (el grafiti) arriesgándose al peligro, nosotros los mataremos”.
Las pintas aparecieron en el último fin de semana de febrero pasado en un vecindario hispano en la ciudad de Greenville, una de las principales de Carolina del Sur, un estado donde se han aprobado medidas severas contra los inmigrantes sin papeles y en cuya Legislatura avanza el proyecto SB 20, que tiene como modelo la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.
La preocupación por lo ocurrido se reflejó en los semanarios en español, que se publican en Greenville. El periódico Latino tituló en su portada “Sube clima de odio” y La Nación Hispana presentó el editorial: “Un estado más racista”, escrito por Jo Dell Pickens, quien fue integrante de la Comisión de Asuntos Minoritarios de Carolina del Sur.
El que se amenazara de muerte a quienes se atrevieran a borrar los letreros, se comparara la presencia de indocumentados con el genocidio judío, que se usara la palabra terrorismo, y que una de las pintas se haya hecho en uno de los muros de una iglesia cristiana devela como el debate migratorio se ha salido totalmente de contexto por parte de individuos y agrupaciones extremistas.
El pastor Alex Girón de la Iglesia Plenitud Cristiana contó a los medios de comunicación que es la cuarta ocasión en la que las paredes de su templo han sido objeto de vandalismo con frases ofensivas y que la primera vez fue en 2008. Esta vez la frase fue “váyanse al infierno”.
Pero el rechazo contra los indocumentados en Carolina del Sur no se ha dado solamente desde las sombras de la treintena de agrupaciones racistas, que según el Southern Poverty Law Center, existen en el estado.
Las acciones contra los inmigrantes sin papeles han sido efectuadas por entidades públicas que han oficializado su repudio.
En 2004, tres localidades de la costa surcarolina, Myrtle Beach, Hilton Head y el condado de Beaufort propusieron medidas para impedir que los indocumentados pudieran abrir negocios o industrias.
En 2006, se propuso en Hilton Head revocar las licencias de operación a las empresas que tuvieran trabajadores que carecieran de estatus migratorio.
El verano de 2008, en el Condado de Beaufort, en Carolina del Sur, las autoridades locales estrenaron un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con la Operación Oleada, que significó una temporada de pavor en la que fueron arrestados 300 indocumentados, que hacinaron la cárcel local.
Dado que en Charleston funciona la sede de la academia de entrenamiento de los agentes de ICE, de allí salen hacia los municipios y condados vecinos los experimentos de nuevos proyectos y operaciones migratorias contra los indocumentados.
Por ejemplo, Carolina del Sur fue uno de los primeros estados donde se aplicó el Programa de Criminales Extranjeros (CAP).
En junio de 2008, el ex gobernador Mark Sanford, famoso por sus intempestivos viajes secretos a Argentina, firmó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de Carolina del Sur.
Esa ley convirtió a ese estado en el primero del país en prohibir explícitamente el ingreso de estudiantes indocumentados a instituciones de educación superior.
La legislación estableció como delito mayor transportar o dar albergue a los indocumentados.
Ordenó a la División de Orden Público (SLED) realizar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que los agentes policiales implementen las leyes federales de inmigración.
Autorizó que la Comisión para Asuntos Minoritarios (CMA) opere un número de teléfono gratuito y un sitio de internet las 24 horas del día para denunciar a los que violan las leyes migratorias.
Prohibió las ciudades santuario y determinó que todas las empresas públicas y privadas utilicen el sistema E-Verify para evaluar el estatus migratorio de sus empleados.
Por eso no es extraño, que un informe del Centro Hispano Pew concluyera que población indocumentada de Carolina del Sur hubiera disminuido 21.4 por ciento, de 70,000 en 2007 a 55,000 en 2010.
No obstante, la sorpresa la van a dar los resultados del censo de 2010, que van a indicar que la población hispana en ese estado supera los 203,827 individuos.
De cualquier manera, es el colmo que además de todas las restricciones, se le añada un ambiente de terror a los casi cien mil hispanos que nacieron en el extranjero.

La luz de Utah

Por Rafael Prieto Zartha

El titular del diario “The Salt Lake City Tribune” no pudo ser más diciente: “Utah quiere que el mundo sepa que no es Arizona”. El encabezado salió impreso tras la aprobación en las dos cámaras de la Legislatura Estatal de un paquete de leyes migratorias, que incluye un programa de trabajadores huéspedes y una medida que autoriza que la policía verifique el estatus migratorio de los detenidos por delitos graves y crímenes mayores.

La serie de normativas debe pasar ahora al escritorio del gobernador republicano, Gary Herbert, quien se anticipa las firme como leyes estatales.

El acuerdo de legislación bipartidista, adoptado el viernes 4 de marzo, marca una distancia con las leyes antiinmigrantes sancionadas en el estado vecino del sur, Arizona, y de donde se desató la tendencia de otros estados de copiar normativas como la SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, que firmó la gobernadora Jan Brewer, que el gobierno federal retó y que aún se disputa en las cortes.

Y no es casualidad que algunos estados estén reevaluando la adopción de leyes como la de Arizona. Según el Center for American Progress, una institución de pensamiento de Washington DC, las pérdidas que tendrá ese estado en cancelaciones de conferencias y encuentros debido a la ley SB 1070 ascenderán en los próximos tres años a 388 millones de dólares.

A principios de este año, alrededor de 20 estados estaban contemplando seguirle los pasos a Arizona, pero al inicio del primer trimestre de 2011, en al menos seis estados los proyectos de ley tipo SB 1070 ya han sido descartados.

En Colorado, el proyecto murió en un comité judicial de la Legislatura. En Nebraska, la propuesta se halla empantanada. En Florida, algunos legisladores republicanos han expresado preocupación por el impacto económico que tendría pasar una ley similar a la SB 1070. En Maine, los comerciantes se han organizado para contrarrestar la propuesta de ley parecida a la de Arizona. Y en California, el proyecto impulsado por el asambleísta, exintegrante de los Minute Man, Tim Donnelly, tiene pocas probabilidades de ser aprobado.

Incluso, en Arizona, también el viernes 4 de marzo, el paladín en contra de los indocumentados, Russell Pearce, autor de la SB 1070, suspendió temporalmente la discusión del paquete de medidas antiinmigrantes de 2011, que incluían la negación de la ciudadanía para los hijos de indocumentados, exigir que los hospitales verifiquen el estatus migratorio de los pacientes, y que los maestros y los trabajadores sociales reporten a los inmigrantes sin papeles a las autoridades federales.

Lo ocurrido en Utah presenta una nueva perspectiva respecto a la adopción de leyes estatales que tocan el asunto migratorio, ante la ausencia de una solución federal.

La ley de Utah considera dar a los inmigrantes indocumentados permiso para vivir y trabajar en el estado, pero la expedición de esos permisos está sujeta a que el gobierno federal de luz verde a dispensas, exenciones y autorizaciones.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah cobraría a quienes no tengan papeles 2,500 dólares por el permiso y 1,000 para quienes hayan permanecido en el país después de vencer su periodo de visa.

Se calcula que en Utah estén radicados 110,000 indocumentados y el beneficio lo recibirían quienes hayan estado viviendo en el estado antes del 10 de mayo de 2011.

En lo concerniente al programa de trabajadores huéspedes, se contempla establecer un acuerdo con el estado mexicano de Nuevo León para importar trabajadores que podrían permanecer en el país durante dos años.

El concepto del permiso fue impulsado por la senadora demócrata Luz Robles y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, prevalente en Utah, abogó por la aprobación de las medidas.

Sin embargo, los opositores al paquete migratorio, respaldado por la iglesia mormona, ponen en tela de juicio la constitucionalidad de las medidas.

Cabe anotar, que Utah es único estado que ha creado licencias especiales de conducir para los indocumentados y que durante los seis años de vigencia se han expedido 42,000 de estos permisos de manejar.

Entre tanto, en Georgia y Carolina del Norte avanzaron proyectos de ley punitivos similares a la SB 1070, que para nada contienen la luz de lo aprobado por la Legislatura Estatal de Utah.

Manejando con la licencia de Dios

Por Rafael Prieto Zartha

En agosto de este año expiran las últimas 19,732 licencias que fueron expedidas en Carolina del Norte con el respaldo del número de identificación tributaria (ITIN) o W-7, que permitió a 220,982 indocumentados conducir sin problemas por las autopistas del país desde 2002.
Es probable que este hecho genere un éxodo de los portadores de los permisos de manejar a los tres estados donde todavía otorgan licencias a indocumentados, Nuevo México, Washington y Utah o se trasladen a ciudades donde el transporte público facilita desarrollar las actividades de la vida cotidiana sin necesidad de desplazarse en un vehículo privado, como Nueva York, Chicago, San Francisco y Washington DC.
También es posible que los carentes de permiso de conducir se regresen a sus países de origen o simplemente se queden y conduzcan con el riesgo de ser arrestados y eventualmente deportados.
Conozco a una chica bella e inteligente, que se graduó de la secundaria hace cuatro años, pero que al ser indocumentada no pudo continuar sus estudios de educación superior. Sin embargo, actualmente administra exitosamente una oficina de una empresa comercial.
Esta muchacha participó en varios concursos de belleza locales y regularmente me la encuentro en las actividades públicas que se realizan a favor de una reforma migratoria integral y por la legalización de los estudiantes indocumentados.
Sabiendo que llegó de Centroamérica siendo adolescente y que no tiene estatus migratorio, le pregunté como hacía para manejar en Charlotte y me respondió mostrando picardía en los ojos negros y soltando con su dentadura blanca, una sonrisa nerviosa: “manejo con la licencia de Dios”.
Ella cuenta que nunca tuvo la oportunidad de tramitar su permiso de conducir y que esto ocurrió con muchos de sus amigos y conocidos.
La posibilidad de operar automóviles se ha convertido en un nudo gordiano para los indocumentados a los que se les fueron cerrando las puertas, estado por estado, para tener el privilegio de manejar.
La pesadilla se formalizó nacionalmente en mayo de 2005 con la aprobación de la ley federal Real ID, que se ideó contra el terrorismo, pero que en la práctica terminó afectando a los indocumentados.
La Real ID estableció requisitos de seguridad para la expedición de licencias de conducir e identificaciones por parte de los estados de la Unión Americana, lo cual era totalmente comprensible tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
No obstante, a esta ley, promovida por el representante James Sesenbrenner, que pasó en la Cámara con 368 votos a favor y 58 en contra, y que en el Senado tuvo una aprobación unánime, le agregaron medidas migratorias, que han dejando a los “ilegales” sin licencias.
Se suponía que todos los estados cumplieran con la Real ID en abril de 2008, pero el plazo se ha ido extendiendo hasta el actual 2011.
En Carolina del Norte el drama comenzó antes del Año Nuevo de 2005, cuando el Departamento de Transporte estatal anunció que cambiaba las reglas para emisión de las licencias, reduciendo los documentos requeridos para sacar el permiso. Y en julio de 2006 la Legislatura eliminó definitivamente el ITIN como respaldo para la expedición de la licencia.
En los tres estados donde los indocumentados todavía pueden sacar el permiso, se estudian medidas para abrogar la posibilidad de que obtengan el documento.
En Utah, 42,000 indocumentados conducen con licencias especiales que se empezaron a emitir hace seis años, pero en el Senado estatal cursa el proyecto SB 138, que propone abrogarles ese privilegio.
En el estado Washington, el Senado estatal controlado por los republicanos contempla el proyecto SB 5407 que impediría que los indocumentados obtengan la licencia.
Por fortuna en Nuevo México, donde se han expedido licencias a extranjeros desde 2003, los legisladores rechazaron una propuesta, apoyada por la gobernadora Susana Martínez, que le habría quitado la opción de tener permisos de manejar a quienes carecen de estatus migratorio. Así habrá 82,000 indocumentados menos que podrán presentar un documento en lugar de solo atenerse a “la licencia de Dios”.

Deportación masiva mediante el “desgaste”

Por Rafael Prieto Zartha

La premisa del sector antiinmigrante que predomina en algunos sectores del país es que fastidiando a los indocumentados, con medidas que les cercene el oxigeno para el diario vivir, eventualmente hará que preparen maletas y se vayan de regreso a sus lugares de origen con sus vidas hechas trizas y sus ilusiones muertas.
La organización en pro de una solución migratoria responsable, America’s Voice, con sede en Washington, dio a conocer un análisis denunciando el concepto del “desgaste” que enuncia fundamentalmente el objetivo de hacerle la vida de cuadritos a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio para que se larguen de Estados Unidos y atribuye el despropósito al Partido Republicano.
El informe se refiere a las acciones de los congresistas republicanos que lideran el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (de Texas), Elton Gallegly (de California) y Steve King (de Iowa), quienes abogan por una deportación masiva mediante el “desgaste”.
De acuerdo con el informe de America’s Voice, la doctrina del “desgaste” fue articulada por primera vez en 2005 en un documento preparado por el antiinmigrante Centro de Estudios de Inmigración (CIS), de Washington, que esencialmente plantea tomar medidas para que los indocumentados se “autodeporten”.
La entidad antiinmigrante NumbersUSA, que comparte el criterio, ha señalado que no es necesario que los contribuyentes vean como el gobierno se gasta el dinero en expulsar a los “ilegales”, sino sencillamente concluye que mediante el “desgaste”: “Ellos (los indocumentados) compraran sus pasajes de avión o autobús para su regreso a casa”.
La meta de los antiinmigrantes mediante el “desgaste” es que los 12 millones de indocumentados se vayan del país.
Dos años antes de que el Centro de Estudios de inmigración esbozara la teoría del “desgaste” funcionarios de la administración del presidente George W. Bush delinearon un concepto similar.
La Operación Endgame o Final del Juego, concebida por la Oficina de Detención y Remoción del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), planteaba la deportación de todos los indocumentados entre 2003 y 2012 mediante acciones policiales y actividades dirigidas a aburrir a los “ilegales”.
El nombre de Endgame o Final del Juego deriva del nombre de una fase del juego de ajedrez, que se da cuando se alistan las piezas para darle jaque mate al enemigo, solo que en este caso los contrincantes son los inermes indocumentados.
Entre las medidas de “desgaste” para promover la autodeportación de los indocumentados están la verificación de estatus migratorio a través de sistemas como E-Verify, la suspensión de expedición de licencias de conducir, la prohibición de que puedan alquilar viviendas y el cierre de los caminos para que tengan acceso a la educación superior.
La expresión más palmaria del concepto de “desgaste” fue el proyecto de ley HR 4437, que fue aprobado en la Cámara de Representantes a finales de 2005, y que proponía criminalizar a los indocumentados.
La llamada ley Sesenbrenner fue derrotada por las marchas multitudinarias de 2006, y en el Capitolio decidieron abrogar la propuesta, pero el concepto de “desgaste” ha terminado propagándose por todo el país en forma de leyes y proyectos legislativos estatales y locales.
Yo trabajé durante medio año para America’s Voice como asesor de medios en español, y conozco la encomiable tarea que desarrolla la organización, pero respecto al reporte del “desgaste” disiento en que la responsabilidad sea enteramente republicana.
En 2008, como director del semanario Mi Gente, de Carolina del Norte, recomendé en las páginas de opinión que los lectores ciudadanos votaran por la hoy senadora demócrata Kay Hagan y por el hoy representante demócrata a la Cámara, Larry Kissell, con la esperanza de que apoyaran un alivio migratorio para los indocumentados. La actuación de los dos en el Capitolio ha sido desastrosa en el tema de inmigración, solo han estado contribuyendo al “desgaste”.
Entre tanto, la Casa Blanca no se ha atrevido a emitir una orden administrativa que frene las deportaciones de indocumentados que no son criminales y se gasta 12,500 dólares por cada indocumentado que expulsa del país. El año pasado se gastó 5,000 millones de dólares.

¿Son los mexicanos mejores trabajadores?

Por Rafael Prieto Zartha

En medio del alud de proyectos de ley antiinmigrantes que se ha precipitado por todo el país a veces surgen sorpresas insólitas. El asombro lo generó recientemente el senador estatal de Carolina del Sur, Robert Ford, durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara Alta surcarolina, en la que se discutía una propuesta análoga a la SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.

Ford, afroamericano, de filiación demócrata, se atrevió a sugerir que los mexicanos son mejores trabajadores que los negros y los blancos, tomando como ejemplo el personal que eventualmente será contratado para la construcción de una planta de la empresa Boeing, al norte de la ciudad de Charleston.

“Yo sé que ‘hermanos’, estoy hablando de los hombres negros, no van a hacer el trabajo sucio”, afirmó Ford, agregando que buscarán la manera de tomarse descansos.

Ford puntualizó que los ‘hermanos’ (afroamericanos) no se desempeñarán como los mexicanos y posteriormente dijo que los “’hermanos’ de ojos azules y piel pálida”, tampoco.

Durante su exposición Ford aseveró que el progreso del país se ha basado en los inmigrantes, narró su experiencia de compartir la vivienda con una familia de escasos recursos en territorio mexicano y contó como un grupo de jardineros arregló el césped, las plantas y el exterior de su casa eficientemente en media hora.

Las palabras de Ford causaron un alboroto nacional, pero no impidieron que el Comité Judicial del Senado Estatal de Carolina del Sur votara a favor de avanzar la discusión al pleno de esa Cámara del proyecto S 0020, que autorizaría a los agentes de la ley a detener y entregar a las autoridades de inmigración a los “sospechosos” de ser “ilegales”.

Los cinco miembros afroamericanos del Comité y un blanco votaron en contra, mientras que los votos a favor fueron 13.

Pese a que el ambiente antiinmigrante está tenaz en Carolina del Sur y que se están contemplando otros cuatro proyectos de ley contra los indocumentados, Ford no ha reculado en su posición y tampoco ha accedido a los múltiples requerimientos de ofrecer disculpas por lo que dijo.

Por el contrario en declaraciones a la televisión aseguró: “La base, en este momento, para la industria va a estar en los trabajadores mexicanos. Eso es un hecho. Ahora, ¿algunas personas se molestan por eso? Mejor deberían aprender historia de América… Yo salgo todos los días a ver los trabajadores. Todos los que hacen el trabajo sucio, todos los que hacen excavaciones, todos los que cementan, son trabajadores mexicanos”.

En junio del año pasado, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) lanzó la campaña nacional “Tomen Nuestros Trabajos”, que retaba a los ciudadanos estadounidenses a ocupar los puestos de agricultores. Tres meses después, solo siete ciudadanos habían tomado empleos en un sector de la economía en la que la mitad de los trabajadores, más de un millón, son indocumentados y la mayoría mexicanos.

Una muestra del tesón de la fuerza laboral mexicana se presenta en el documental “La cosecha de la vergüenza de California” ("California's Harvest of Shame"), producido en 2008, que muestra a campesinos mexicanos pizcando cebolla en la oscuridad de la noche, utilizando linternas adheridas a sus frentes con bandanas.

Esta evidencia contrasta con el estereotipo del mexicano tomando la siesta con un sombrero y un sarape colorido a la sombra de un nopal.

En una encuesta, no científica, realizada por el sitio de internet del diario “The Post and Courier” de Charleston, 74 por ciento de los internautas se pronunciaron en contra de que Ford ofrezca excusas por decir que los mexicanos son los mejores trabajadores.

Tal vez los internautas le dieron la razón

El desafío de la reina Carlota

Por Rafael Prieto Zartha

Cuando los asistentes a la Convención Demócrata lleguen a Charlotte en septiembre de 2012 se encontrarán con una ciudad hermosa, que observada desde lo alto de cualquiera de sus edificios se ve como un extenso bosque encantado.
Bautizada como Charlotte, en 1762, como homenaje a la reina Carlota, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, la hoy próspera metrópoli ha sido testiga perenne de la historia de Estados Unidos.
Por el camino indígena, que la cruzaba antes del arribo de los europeos, pasaron los conquistadores españoles, rumbo a la actual localidad de Morganton, donde la expedición comandada por el capitán Juan Pardo estableció el Fuerte San Juan en 1567, cuarenta años antes de que los ingleses fundaran la colonia de Jamestown (Virginia).
Durante la Guerra de Independencia, los británicos le dieron a Charlotte el apodo de “Nido de Avispones”, por la resistencia bélica que sus pobladores exhibieron en contra de las tropas del imperio inglés.
En la Guerra Civil fue escenario de enfrentamientos entre los rebeldes confederados y las fuerzas oficialistas de la Unión.
Hoy su área metropolitana cuenta con dos y medio millones de habitantes y su centro está adornado por hermosos rascacielos, centros culturales, museos, el estadio del equipo de fútbol americano de las Panteras y la Arena de baloncesto de los Bobcats, donde se realizará la convención.
Para enfatizar está que la pujanza que la ciudad denota se debe a la mano de obra hispana indocumentada, que ha participado en todas las construcciones que se han erigido en Charlotte en las últimas décadas.
Ya en 1986, un despacho de la AP, registraba el disgusto de funcionarios del difunto Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) porque los “ilegales” estaban abandonando los campos agrícolas de las Carolinas para convertirse en obreros de construcción.
Además de los edificios del centro y los escenarios deportivos, incluyendo el inmueble del Salón de la Fama de NASCAR, los latinos sin papeles se han roto el lomo en el alzamiento de cada escuela, hospital, iglesia, tribunal, urbanización que se haya levantado recientemente en Charlotte.
La cárcel central, a donde van a dar los indocumentados que resultan detenidos para deportación por cometer infracciones de tráfico o no portar licencia de conducir, fue edificada con el aporte de albañiles hispanos.
“Nuestros antepasados construyeron las pirámides aztecas, ahora construimos las pirámides de Charlotte”, me dijo con sorna un obrero mexicano de piel cobriza durante una de las manifestaciones realizadas en Charlotte en pro de la reforma migratoria.
Y esa contribución ha tenido un costo de dolor. Las estadísticas del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte señalan que desde 2002 un total de 135 hispanos murieron en accidentes de trabajo en el estado, con la mayoría de las fatalidades en sitios de construcción, y con un número significativo de los incidentes en Charlotte.
Lo paradójico es que desde 2006 se desató una guerra contra esa gente que desgastó sus órganos vitales en erigir las maravillas que verán y disfrutarán los convencionistas.
Desde la primavera de ese año hasta hoy, alrededor de diez mil indocumentados, que habían estado radicados en la ciudad, fueron puestos en proceso de deportación por medio del programa 287g que da facultades a agentes locales de actuar como oficiales de inmigración.
Pero no solo eso, el alguacil local también tiene a su merced la posibilidad de utilizar Comunidades Seguras, el otro programa de expulsión de indocumentados.
Esto pese a que un reporte del Instituto de Política de Inmigración (MPI), con sede en Washington DC, concluyó lo que se sabe y no se quiere admitir: que el objetivo de expulsar criminales del 287g no se está cumpliendo.
Como tampoco está cumpliendo la misma meta Comunidades Seguras, según un informe del Centro de Periodismo Investigativo de la Florida (FCIR).
Lo que están haciendo los dos programas en todo el país es deportar a gente trabajadora como la que transformó a Charlotte.