En pie de oración contra las leyes antiinmigrantes

Por Rafael Prieto Zartha

El tate quieto que le puso el juez federal de distrito, Richard Gergel, a la ley antiinmigrante SB 20 de Carolina del Sur era algo que se veía venir desde el lunes 19 de diciembre, cuando escuchó los argumentos de las partes en el recinto de su corte en Charleston.
Lo digo porque estuve un rato en la audiencia y vi a Gergel interrogando al abogado André Segura, del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Gergel anotó ese día, antes de anunciar su decisión de bloquear los aspectos más severos de la ley, las complicaciones que la normativa traería para el estado al dar facultad a los agentes de la ley locales y estatales de preguntar por el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados, al obligar a la gente a portar papeles para probar su estatus y al castigar quienes alberguen o le den un “aventón” a un peregrino en necesidad.
Cuando Gergel hizo públicamente la observación de que hasta un ciclista que va a una tienda podría resultar perjudicado, supe que los abogados de la gobernadora Nikki Haley no tenían chance.
La parada que le dio Gergel a la draconiana legislación, que habría entrado en vigor el 1 de enero de 2012, marcó la constante de 2011, que las cinco leyes estatales antiinmigrantes aprobadas durante el año fueron frenadas en las cortes.
Eso ocurrió también con las iniciativas aprobadas por las legislaturas y los gobernadores de Alabama, Georgia, Indiana y Utah.
Eso también pasó con la madre de todas las leyes, la SB 1070 de Arizona, que se sancionó en 2010 y que finalmente terminará siendo decidida en la Corte Suprema de Justicia.
Lo malo es el ambiente de terror que han creado estas normativas contra la población más inerme del país, que son los indocumentados.
Muchos han salido despavoridos de Arizona, Alabama y Georgia, asustados por los maltratos de que han sido víctimas, al no poder siquiera pagar sus cuentas de energía y otros servicios básicos.
Otros han experimentado los abusos rampantes de funcionarios oficiales, como del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, a quien en su custodia se le murió el veterano de guerra hispano, Marty Atencio.
Atencio fue objeto de descargas eléctricas y acciones de fuerza bruta que fueron grabadas en video.
Entre tanto, la economía de Arizona se fue al garete, los tomates de Alabama se han podrido y la recolección de otros cultivos de Georgia y Carolina del Sur, también han resultado afectados, ante la ausencia de la mano de obra indocumentada.
En Carolina del Sur, los abusos igualmente han estado a la orden del día. En la iglesia Metodista Unida Midland Park de North Charleston una mujer me contó las vicisitudes de un familiar inmediato, al que también le aplicaron descargas eléctricas en la localidad de Richland, tras un arresto que ella alega como claro ejemplo de perfil racial injusto.
Es por eso que luciendo cintas anaranjadas, la comunidad de fe y las organizaciones de derechos civiles se lanzaron a las calles y los templos de Carolina del Sur para rechazar con oraciones, la ley estatal antiinmigrante SB 20.
Bajo la preciosa cúpula del Capitolio Estatal en Columbia, donde ondean las banderas estadounidense y la azul con la media luna y la palma de Carolina del Sur, la gente se congregó para escuchar a religiosos que evocaron pasajes de La Biblia, para recordar que Jesús fue un migrante perseguido, que fue llevado a Egipto a escondidas por María y José como un refugiado.
Frente a la bandera confederada, que aún permanece en los predios de la legislatura estatal surcarolina, dirigentes afroamericanos hicieron un paralelo de su lucha contra la discriminación y por los derechos civiles en la década de los sesenta, con la situación que afrontan ahora los inmigrantes hispanos.
“Quizás todos venimos en diferentes embarcaciones, pero ahora todos estamos en el mismo barco”, decía una frase de Martin Luther King Jr, registrada en una pancarta, que los activistas portaron cuando marcharon por las céntricas calles de Columbia.

Arpaio: el alguacil más duro del Lejano Oeste

Por Rafael Prieto Zartha

En el caso eventual de que el alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, el más duro del Lejano Oeste, termine sentenciado a prisión por la investigación que se le sigue por abuso de poder, la cual tiene consecuencias penales, yo tengo varias sugerencias para el juez.
Mi deseo es que le imponga los mismos castigos de ignominia con que ha infligido a los inmigrantes indocumentados.
El sheriff merece consumir varias tazas de su propio caldo y recibir dosis de su propia medicina.
Al juez le pido que lo sentencie a cumplir parte del tiempo de condena en la cárcel de carpas, que ha regentado, en el inclemente clima del desierto de Arizona.
Le solicito que lo obligue a lucir los trajes de preso que impuso en su centro de detención, con las rayas negras que lucen Pete y los Chicos Malos, en las historietas infantiles de Disney.
Le pido que lo force a ponerse la ropa interior de color rosado, que han utilizado los reos indocumentados en el infame sitio de reclusión, un lugar que en las fotografías y videos se asemeja a un campo de concentración.
Lo insto a que le ponga las esposas rosadas y que vestido con uniforme de recluso sea paseado encadenado por las calles de los barrios hispanos de Phoenix, como él lo ha hecho con los detenidos indocumentados, con el fin de humillarlos.
Lo exhorto a que imponga que su dieta diaria sea la comida insípida, carente de sal y condimentos, que le ha recetado a los confinados en su tan cacareada cárcel.
Le solicito que no se le permita ver televisión o películas como pasa con los internos de su campamento
Le imploro que le dé funciones de enterrador de la comarca e inhume a los fallecidos, como lo han hecho los inmigrantes que han caído en sus garras.
Al juez le pido que otra parte de la pena la escarmiente en una de las prisiones privadas federales para indocumentados, donde el gobierno federal desea que no rija una nueva normativa -que entrará en vigor en 2012- para proteger a los presos de las violaciones sexuales.
La cadena de radio, NPR, denunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha pedido que se excluya a los centros de detención de inmigrantes, de la medida que imperará en las demás penitenciarias, pese a que en los últimos cinco años se han presentado alrededor de 200 denuncias de abusos sexuales contra los indocumentados retenidos en las cárceles de Inmigración.
A Arpaio no le caería mal una temporada allí, teniendo en cuenta que su oficina no investigó más de 430 denuncias de delitos de tipo sexual, entre 2005 y 2007, situación por la que ofreció disculpas recientemente.
Al sheriff le cayó la roya después de la derrota de su compañero de aventuras antiinmigrantes Russell Pearce, el defenestrado expresidente del Senado Estatal de Arizona, cuyo mandato fue revocado en las elecciones del 8 de noviembre.
El 5 de diciembre se destapó la olla de su desidia con los casos de abuso sexual.
Y el 16 de diciembre, el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer un reporte de 22 páginas en las que se le acusa de discriminar sistemáticamente contra los hispanos, y practicar consuetudinariamente perfil racial contra los conductores latinos.
Thomas Pérez, fiscal asistente de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, señaló que la investigación duró más de tres años, con la participación de más de 400 personas.
A la Oficina de Arpaio se le retiró del programa de deportaciones 287g y se le restringió de Comunidades Seguras, confirmando que los dos programas federales abren las puertas para abusos infames contra los indocumentados.
Casi octogenario, con 18 años de ser el alguacil de Maricopa, Arpaio está en la mira del grupo Ciudadanos por una Mejor Arizona, que quieren como a Pearce, sacarlo de puesto mediante el voto popular. Y también le viene pierna arriba la investigación criminal por abuso de poder.
¿Será el adiós para el alguacil más duro del Lejano Oeste?

Que le caigan rayos los alguaciles mentirosos

Por Rafael Prieto Zartha

Yo no podía creer lo que estaba escuchando durante la primera reunión del Comité de Inmigración de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, que se realizó el pasado 7 de diciembre en el Edificio de la Legislatura en Raleigh, capital de ese estado.

“Usted tiene mayores posibilidades de que lo parta un rayo que ser deportado, siendo un inmigrante ilegal en este estado y en este país”, dijo el alguacil del condado de Rockingham, Sam Page, para defender el programa de deportaciones Comunidades Seguras, que ha sido cuestionado nacionalmente por no cumplir el propósito de expulsar criminales, sino humildes trabajadores que han dejado en este país la fuerza de sus músculos y el aliento de sus pulmones.

Siguiendo su analogía, durante la administración del presidente Barak Obama, los rayos habrían matado a más de un millón en este país, que ha sido el guarismo de indocumentados expulsados de Estados Unidos en los casi tres años de su gobierno.

La afirmación del sheriff es tan “”trucha”, tan inconsistente y tan malintencionada, como la calumnia.

La realidad es que en 2010 el Servicio Nacional del Clima (NWC) reportó solo 19 muertes en el país por culpa de los rayos.

Por eso es igualmente irresponsable, que el otro expositor del día, el sheriff, Terry Johnson, del condado de Alamance, se atreviera a afirmar que los indocumentados le cuestan al estado más de dos billones de dólares (en inglés) y que todos se tragaran la enchilada completa, sin deglutirla.

Las cifras de Johnson provienen de un informe de la Federación para la Reforma de Inmigración (FAIR), que fue iniciada por John Tanton, un oftalmólogo, quien fue denunciado por la organización de defensa de los derechos civiles, Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur (SPLC), revelando sus propias palabras, por tener conexiones con grupos racistas, e incluso neonazis.

FAIR ha funcionado con aportes del Fondo Pioner, una organización no lucrativa, que promueve la eugenesia, una filosofía que trata de respaldar científicamente la teoría de que la raza blanca es superior.

Pero algo así eso no es extraño, saliendo de Johnson, que ha dicho que los valores morales de los mexicanos son diferentes de los estadounidenses: “En México, no hay nada malo en tener relaciones sexuales con una niña de 12 o 13 años de edad”.

Johnson fue demandado en el verano pasado por el Departamento de Justicia alegando que sus empleados temen ser víctimas de represalias si hablan con investigadores federales acerca de la presunta política discriminatoria de su oficina.

El alguacil dijo, fresco como una lechuga, que no había actividades de perfil racial bajo su departamento o como resultado de la aplicación 287g pero 90%, de los casi 1,700 indocumentados que ha puesto en proceso de deportación desde su cárcel, son latinos.

Sorprendente la ignorancia acerca del tema migratorio de parte de los empleados que sirven apoyo a los legisladores.

No conocían el alcance de Comunidades Seguras y que en 2013 estará en todos los centros de detención y agencias policiales del país.

Tampoco estaban enterados que las leyes federales prohíben que los indocumentados reciban todo tipo de asistencia social o de salud, y que la única excepción se da en las salas de emergencia de los hospitales.

Durante algunos momentos la sesión pareció preparada por algunos de mis lectores, que solo tienen desprecio para los inmigrantes sin papeles.

“Estos delincuentes han utilizado el método de poner a parir a todas esas indias en territorio americano”, escribió uno que se identifica como Paco Jones, quien los califica de “morralla”.

Soni dijo: “se pasan a este país, para que el ‘chilpayate’ les nazca como ciudadano americano”, e insistió en que los indocumentados no pagan impuestos.

Yo por mi parte sostengo que es más fácil que nos parta un rayo, que los sheriffs antiinmigrantes y los nativistas digan la verdad.

2012: El año de los votantes hispanos

Por Rafael Prieto Zartha

No suelo crearme ilusiones respecto a nada y mucho menos invierto mi tiempo en pintar pajaritos en el aire en conexión al futuro.

Regularmente miro el porvenir con escepticismo, aunque debo confesar que algunas veces recreo en mi mente que mis equipos de fútbol favoritos resultan campeones: las selecciones de Estados Unidos y Colombia, Santa Fe y Chicó Boyacá.

La realidad que es cruel, como una escuálida pitonisa esquizofrénica, me aterriza cuando tengo esos desvaríos en cuestión de segundos.

No obstante, le voy a apostar a que 2012 va a ser el año de los votantes latinos.

Lo hago pese a los desengaños con que me acongojan los electores hispanos de la ciudad donde vivo: Charlotte, Carolina del Norte.

En las elecciones del martes 8 de noviembre, de 13 mil ciudadanos latinos habilitados para votar, escasamente 600 fueron a las urnas, o mejor dicho a las máquinas electrónicas en las que se pulsan digitalmente los votos.

Aún así, se me antoja que viviremos una primavera electoral hispana en el ámbito nacional, con unos resultados positivos en noviembre del año entrante.

Mi esperanza es que la presión antiinmigrante genere lo mismo que ocurrió en Arizona con el expresidente del Senado Estatal, Russell Pearce, al que los votantes latinos desbancaron de su cargo, como castigo a su sarta de leyes venales contra los indocumentados.

Los políticos republicanos con olfato ya entendieron la lección, y están comenzando a recular de su intransigencia en contra de los inmigrantes y ahora les ha dado por la “compasión”.

El primero en lanzarse al viraje fue el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien propuso legalizar, sin vía a la ciudadanía, a los indocumentados que tienen lazos tangibles en el país.

Gingrich se expuso a que sus contendores le dieran palo y contra lo previsto va de primero en las encuestas.

Por cierto, que un estudio del Centro Hispano Pew proyectó que dos terceras partes de los indocumentados radicados en Estados Unidos han vivido en territorio estadounidense durante más de una década y casi la mitad de estos tienen hijos menores de edad, la mayoría nacidos aquí y por ende ciudadanos americanos.

La suma del grupo de adultos sin papeles afincado en el país superaría el guarismo de seis millones de individuos.

Esa cifra, lo ocurrido en los comicios de Arizona y encuestas como la de Univisión y Latino Decisions, de principios de noviembre, han hecho que los viejos zorros del Partido Republicano recapaciten.

El sondeo de Univisión y Latino Decisions, efectuado en los 21 estados con mayor población hispana, mostró que 30% de los latinos que votan sienten que los republicanos son hostiles contra comunidad hispana.

La encuesta dijo que el presidente Barack Obama, pese a su promesa incumplida de reforma migratoria, superaría ampliamente a sus rivales del partido del elefante.

Por eso, el excandidato presidencial republicano John McCain experimentó el pasado domingo 4 de diciembre una súbita reconversión.

“Pienso que el Partido Republicano necesita discutir el asunto (de inmigración) en la forma más humana posible”, afirmó McCain en el programa “State of the Union” de CNN.

Quien no entiende todavía como están las cosas es el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney quien dijo durante foro de aspirantes convocado por el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que si el gobierno federal no actúa en materia migratoria, los estados deben llenar ese vacío, o sea apuntar a favor de una irresponsable colcha de retazos de leyes migratorias.

Pero para resolver todas las dudas están los 21 millones de votantes hispanos que están habilitados para votar en las elecciones de 2012. Tienen que hacerse sentir para que nos respeten Obama y quien quiera que resulte ser su oponente.

Cruella, los 7 enanitos y Peter Pan

Por Rafael Prieto Zartha

Cada vez que se lleva a cabo un nuevo debate entre los candidatos republicanos a la presidencia y se habla del tema migratorio, la congresista por Minnesota, Michell Bachmann, se asemeja más a Cruella de Vil: insensata, ignorante e insensible.

El 17 de octubre, durante el foro realizado en Las Vegas, en el que el presentador de CNN, Anderson Cooper fue el moderador, Bachmann dijo que los “ilegales” le costaban al país anualmente 113 billones (en inglés) de dólares y que de esa suma: 82 billones, la aforaban los gobiernos locales y estatales.

“Por cada hogar de un ciudadano americano, nos cuesta mil dólares al año. Están robando a los hogares estadounidenses que no pueden pagar eso”, aseveró Bachmann.

No sé de dónde sacó las cifras, la aspirante avalada por los amotinados del Té, pero a todas luces anda fuera de foco o tiene intenciones perversas.

Contrario a lo que afirma Bachmann, estudios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) indican que los indocumentados generan una actividad económica de 150 billones de dólares al año, y su presencia origina 8 millones de empleos en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado una y otra vez que 6 millones de individuos hacen sus impuestos anualmente con el Número de Identificación Tributaria, ITIN o W-7, que es el documento que usan los indocumentados para cumplir con sus obligaciones con el fisco.

Además, los indocumentados aportan anualmente 7 billones de dólares al Seguro Social y la cuenta llamada Earnings Suspense File Account, también del Seguro Social, que es a donde van parar las contribuciones de los indocumentados a los que les han hecho descuentos con números erróneos, había acumulado -hasta 2006- la bicoca de 745 billones de dólares.

En el debate realizado el pasado 22 de noviembre, en Washington DC, que condujo el periodista de CNN Wolf Blitzer, Bachmann, la aspirante del Partido del Té, acusó al expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrish, de promover una “amnistía” para los 11 millones de indocumentados, después de que el candidato sugirió aliviar la situación de algunos inmigrantes, legalizándolos pero sin ofrecerles un camino a la ciudadanía.

Gingrish, que de los siete aspirantes masculinos republicanos es al que han vendido de “Sabio” como el “Doc” de Blancanieves, dijo durante el foro: “No veo como, el partido que dice ser de la familia, va a adoptar una política de inmigración que destruye familias”.

El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney reaccionó a la propuesta de Gingrich como “Grumpy”, el “Gruñón”: “Solo atraerá más gente que venga aquí ilegalmente” y agregó que permitir que los estudiantes “ilegales” asistan a los colegios comunitarios y las universidades como si fueran residentes de los estados es uno de los “imanes para la inmigración ilegal”.

El actual gobernador de Texas, Rick Perry, que durante los debates ha hecho el papel de “Dopey” o “Tontín”, dijo que primero se debería “asegurar la frontera”. Y el empresario Herman Cain, que con sus actuaciones personales ha traído todos los desastres posibles a su campaña, como “Sneezy” o “Mocoso”, lanzó el estornudo más fuerte: “Para lidiar con los ‘ilegales’ que ya están aquí, se tiene dar el poder a los estados para hacer lo que el gobierno federal es incapaz de hacer”.

Anecdótica fue la presentación del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en el programa Enfoque de Telemundo, en el que el periodista, José Díaz-Balart, lo apretó con el dato que los 11 millones de indocumentados equivalen a la población entera de Cuba.

Rubio aparece ante los medios en español con su cara de “yo no fui” como si fuera Peter Pan cuando trata el tema de inmigración y con los medios en inglés se transforma en el Capitán Garfio. A Díaz-Balart le presentó todas las excusas para no ser concreto: No hay consenso nacional para una reforma migratoria y el Dream Act es una legislación muy amplia.

¡Qué diferencia con los demás legisladores cubanos que han pasado por el Capitolio! Ellos jamás se arrugaron. Siempre han respaldado a los inmigrantes.

El clamor de los indignados de Ocupar Wall Street

Por Rafael Prieto Zartha

Llegaron con los variopintos tonos que las hojas de los arboles adquieren en el otoño para convertirse en la conciencia del país.

Son los indignados del movimiento Ocupar Wall Street, que desde el 17 de septiembre, el Día de la Constitución en Estados Unidos, se instalaron con sus carpas multicolores en el Parque Zuccotti de Manhattan, en pleno corazón del centro financiero de Nueva York, para protestar contra la avaricia de las corporaciones y contra la escandalosa concentración de la riqueza por parte del 1 por ciento de la población.

Su sorprendente acción, la del 99 por ciento que dicen representar, fue copiada en las principales ciudades de la nación y decenas de localidades, presentando imágenes que parecen sacadas de los nostálgicos tiempos de los años sesenta y setenta, cuando la juventud se levantó contra la guerra, armada con cabellos largos, prendas hippies, flores, guitarras y símbolos de paz.

Casi un mes después de la toma de Wall Street, el 15 de octubre, el clamor de los indignados tuvo eco en mil ciudades de 83 países del planeta, donde la gente salió a la calle a mostrando solidaridad con los manifestantes neoyorquinos y ratificando el increíble poder de convocatoria que hoy tienen las redes sociales.

Desde el que el fallecido presidente Ronald Reagan incorporó en los ochenta el concepto de que a los multimillonarios se les deben dar ventajas económicas para crear empleos, la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos ha ido creciendo.

Simultáneamente, las grandes empresas se fueron llevando, de forma paulatina, sus plantas y los empleos lejos, a tierras foráneas y ni siquiera a Latinoamérica, el cercano patio trasero.

La crisis económica que ha vivido el país en los últimos años, debido a las prolongadas guerras en el extranjero y al descalabro hipotecario, ha tenido un gran impacto en la gente, que vio como el gobierno dispuso miles de millones de dólares para rescatar a los bancos, mientras el dinero se difuminaba de los bolsillos de los más pobres.

Con una tasa de desempleo de alrededor del 9 por ciento, era de anticiparse que alguien protestara.

Dos meses después del inicio del movimiento Ocupar Wall Street, a los indignados se les está desalojando de los territorios que ocuparon pero su mensaje de desafío y descontento está vivo.

Vive porque en lo tangible impidieron que a los cuentahabientes de los grandes bancos se les cobrara una tarifa por tener tarjetas de debito.

Vive porque se debe respaldar a la actual administración en su iniciativa de generar empleos y reparar la infraestructura del país.

Vive porque no es posible que la nación más poderosa de la Tierra no le garantice a sus habitantes un servicio de salud universal, que sea asequible para todos.

Vive porque sería desastroso entregarle el país a los extremistas del Partido del Té, que con sus folclóricas pelucas y atuendos de la guerra de independencia, pretenden emular un falso patriotismo aderezado con intolerancia, incluso para los más inermes, para los inmigrantes indocumentados.

Es cierto que entre los indignados se han filtrado anarquistas que han protagonizado desmanes, pero aún así el movimiento de Ocupar Wall Street sigue siendo la conciencia que necesita el país.

Estados Unidos es un país maravilloso, que ofrece un nivel de vida mejor que el de la mayoría de los países del resto del mundo. Su sistema de gobierno y su sistema económico lo llevaron a ser una superpotencia.

Precisamente, por esa responsabilidad, los que mandan y poseen más deberían atender los pedidos del 99 por ciento.

Con la derrota de Pearce perdió la intolerancia

Por Rafael Prieto Zartha

La derrota del senador estatal de Arizona Russell Pearce en las elecciones especiales que se realizaron para revocar su mandato es una señal tangible de que a los antiinmigrantes se les debe combatir con el poder del voto y se les puede ganar.

“Aunque todavía no se ha dado a conocer los resultados oficiales de las cifras de participación latina, fue evidente que la votación de los electores hispanos fue definitiva para que Pearce perdiera”, me dijo Janet Rodríguez, la galardonada reportera de Telemundo en Arizona, que se ha ganado cinco Emmys siguiéndole los pasos al hoy defenestrado senador, al alguacil Joe Arpaio, a la ley estatal SB 1070 y a las vicisitudes de los inmigrantes indocumentados radicados en ese estado.

Como ejemplo para emular está la osadía de los integrantes de la organización Ciudadanos por Una Mejor Arizona, que recolectaron más de 10 mil firmas válidas para que las autoridades electorales convocaran la votación especial que puso en manos de los electores decidir la suerte de Pearce y su desafuero.

Lo que parecía una misión imposible concluyó en un acto inédito en los 99 años de existencia de Arizona como estado: la destitución por medio del sufragio popular del individuo que ostentaba el cargo de presidente del Senado Estatal, un funcionario que parecía invencible y cargado de soberbia.

Pearce, quien fue el impulsor de todas las leyes antiinmigrantes en Arizona desde 2004, no se presentó para reconocer su fracaso electoral con la folclórica camisa de palmeras que usó para hablar con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, tras la aprobación de su obra maestra, la SB 1070, que convirtió en delito ser indocumentado en Arizona.

Esta vez, el senador estatal utilizó una indumentaria sencilla, la de una de sus camisetas de campaña para la admisión del descalabro electoral, acompañado por su compañero de perfidias contra los inmigrantes, el sheriff Arpaio, del Condado de Maricopa.

Pearce, que regularmente ha usado corbata para hablar con los medios en inglés, logró en 2004 la aprobación de la proposición 200, que exige que los funcionarios oficiales reporten a las autoridades a los indocumentados que intenten solicitar beneficios públicos.

En 2005 impulsó la “Ley anticoyote” contra el tráfico humano, que dio luz verde a las redadas indiscriminadas y a los abusos que se atribuyen al alguacil Arpaio.

En 2006 hizo que se decretara la ley 100 que niega la posibilidad de fianza a los indocumentados acusados de delitos.

También en 2006, hizo pasar la Proposición 102, que niega a los indocumentados el derecho a compensación cuando presentan demandas contra ciudadanos estadounidenses.

En 2007 hizo aprobar la ley de sanciones a los empleadores, que castiga a los que contraten indocumentados.

En 2008 logró que se instituyera la ley HB 2008, que sanciona a los empleados públicos que no denuncien a los indocumentados que se atrevan a pedir subsidios gubernamentales.
En el escritorio de Pearce estuvo la propuesta de abrogarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense y la de obligar a los directores de escuelas a reportar a los estudiantes indocumentados y sus padres como lo establece la feroz ley de Alabama.

Pero Pearce no ha estado solo en la elaboración de los proyectos de ley, para eso ha tenido la asesoría de abogados como Kris Kobach, ligado a la Federación Americana para la Reforma de la Inmigración (FAIR) y el Instituto para la Reforma a las Leyes de Inmigración (IRLI), dos prominentes organizaciones antiinmigrantes.

A mediados de la década pasada, Pearce se disculpó por haber redistribuido material editorial producido por la organización racista National Alliance y fue cuestionado por su apoyo político al dirigente supremacista ario J. T. Ready.

La derrota del ideador de la cárcel de carpas para albergar indocumentados en el desierto de Arizona envía un mensaje al resto del país: la intolerancia se puede vencer.

Somos 21 millones de votantes latinos.

Jaque mate a los indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Cuando Anthony Tangemann, director de la Oficina de Detención y Remoción (DRO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenó la realización de la Operación Endgame (Final del Juego) en el verano de 2003, movió las piezas de ajedrez que tienen hoy a los 11 millones de indocumentados contra el filo de la deportación.

El proyecto, que contemplaba la expulsión del país de todos los indocumentados entre 2003 y 2012, no cumplirá la meta para la fecha fijada, pero si sentó las bases para confeccionar la pesadilla que viven los inmigrantes que carecen de papeles.

La Operación Endgame apuntaba, además de las actividades de arrestos, crear un ambiente de respaldo a las acciones de deportación por parte de los ciudadanos estadounidenses, tener nexos con organizaciones de base y entidades no lucrativas y mercadear las instancias de éxito del plan.

Además, para ejecutar el Final del Juego se proyectaba continuar la contratación de cárceles privadas para internar a los indocumentados, como ha ocurrido reiteradamente.

Partiendo del plan se dio la espiral de expulsiones que fue subiendo en cada año fiscal: 2003, 155,874; 2004, 173,777; 2005, 179,165; 2006, 206,177; 2007, 288,663; 2008, 349,041; 2009, 387,790; 2010, 392,862; y 2011, 396,906.

Desde 2003 hasta la terminación del año fiscal de 2011, en septiembre pasado, las autoridades de inmigración sacaron del país a más de dos millones y medio de indocumentados.

La deportación masiva ha sido respaldada por organizaciones de base y entidades no lucrativas antiinmigrantes, que se han dedicado a generar las leyes estatales y locales que se han venido copiando para hacerle la vida un yogur a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio, con medidas destinadas a arrestarlos por “sospechas”, impedirles trabajar, transportarse, ser transportados, alquilar o adquirir vivienda, estudiar en instituciones de educación superior, estigmatizar a niños y padres de familia, e incluso abrogar el derecho a la ciudadanía a los nacidos aquí, que sean hijos de indocumentados.

El congresista Luis Gutiérrez se quejaba en el programa de televisión dominical Al Punto con Jorge Ramos de lo que vio durante una visita a Alabama, donde el imperio del terror generado por la ley estatal HB 56 le cercena la posibilidad a los inmigrantes hasta de tener servicio de energía, en el marco de una atmósfera que recuerda las abominables leyes Jim Crow, que discriminaban contra los afroamericanos, aún después de que se decretó la liberación de los esclavos, en la segunda mitad del siglo 19.

Detrás de ese ambiente cruel contra los indocumentados latinos está lo planteado por la Operación Endgame, para que los extranjeros sin papeles que no sean ubicados, aprehendidos, procesados y deportados, se aburran y se vayan.

Por eso en Carolina del Norte, un grupo de representantes a la Cámara republicanos y demócratas han creado un comité sobre política de inmigración, del que no se anticipa que salga algo diferente a hiel en contra de los indocumentados.

Para mi sorpresa, en el otro lado del país, en California, un grupo de líderes hispanos está planteando una respuesta a contracorriente del espíritu antiinmigrante que padece el país. El Congreso Latino está proponiendo que se dé permiso de trabajo a los indocumentados de bien. La idea es recolectar 700 mil firmas, para poner la iniciativa a disposición de los votantes en las elecciones de 2012. Los impulsores de la propuesta creen contar con el 63% de los electores y la medida favorecería a dos millones y medio de extranjeros que carecen de papeles. Esta es una movida ingeniosa para ponerle freno al desastre iniciado por la Operación Endgame y no se dé el final del juego.

Perdidos en detención de este lado del muro

Por Rafael Prieto Zartha

Siempre que toco el tema del rumbo informativo que le están dando a
Univisión mis paisanos colombianos que dirigen la cadena de televisión y
sus componentes de radio e internet recibo andanadas de críticas.
Los reproches que más me inquietan son los de amigos y colegas cercanos
que me reclaman mi supuesta dureza con Isaac Lee y su equipo.
Algunos me han admonizado con el argumento de que soy injusto y que en
lugar de desaprobar su gestión, debería ofrecer alternativas de cobertura.
Creo que desde un principio, cuando escribí la columna “La
colombianización de Univisión" fui claro en recomendarle a Lee y Daniel
Coronell que en lugar de mirar hacia Latinoamérica orientaran sus lupas
y telescopios hacia los hispanos de Estados Unidos y que primordialmente
auscultaran el urgente tema migratorio.
Un ejemplo de lo que en mi opinión tendrían que hacer, en vez de buscar
esqueletos de la adolescencia del senador Marco Rubio, lo dio la cadena
PBS, el pasado 18 de octubre, en su programa Frontline, con el informe
denominado “Perdidos en detención”.
“Lost in detention” cuestiona las cifras de deportaciones de
“criminales” de la actual administración del presidente Barack Obama, la
forma como funciona el programa de expulsión de indocumentados
Comunidades Seguras y los abusos sexuales en las cárceles de
inmigrantes, algunas de las cuales son operadas por firmas privadas.
El documental, que se puede ver en el sitio de internet de PBS y fue
presentado por la galardonada periodista María Hinojosa, hace una
disección del actual desbarajustado sistema migratorio que separa
familias y le amarga la vida a millones de inmigrantes hispanos
radicados en el país
Los inmigrantes encadenados, la prisión imponente y el avión que parte
en el cielo cargado de “indeseables” son lamparazos para las entendederas.
El trabajo de “Perdidos en detención” fue lanzado junto con un
informe del Instituto Warren de la Escuela de Leyes de la Universidad de
California en Berkeley, que vuelve añicos la afirmación de los
funcionarios de Inmigración de que están deportando -en su mayoría- a
“lo peor de lo peor”.
Otra tarea que podría funcionar para los investigadores de Univisión
sería hacer un perfil del activista John Tanton y su influencia en el
movimiento antiinmigrante, dado que es el titiritero detrás de las
organizaciones que se oponen a la legalización de los indocumentados:
Federación Americana para la Reforma de Inmigración (FAIR), Centro de
Estudios de Inmigración (CIS) y NumbersUSA.
Igualmente sería interesante desenmarañar la madeja de como los
antiinmigrantes están produciendo las leyes estatales tipo Arizona como
enlatados para repartirlas en los 50 estados.
También está el caso del empresario Art Pope, que financió las campañas de
candidatos antiinmigrantes en las elecciones del año pasado, haciendo
que la Legislatura de Carolina del Norte pasara a manos republicanas,
después de haber estado en control de los demócratas durante más de un
siglo.
O está el desglose de las donaciones que las empresas privadas que
administran las cárceles de inmigración le han hecho a los políticos que
promueven el encarcelamiento de los indocumentados.
Esos son algunos de los tópicos que se podrían tratar de este lado del
muro que algunos de los candidatos republicanos apoyan que se construya
a todo lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Estoy seguro que si la obra se realiza los primeros beneficiados serán
los obreros hispanos, especialmente los mexicanos, que han estado
construyendo y reconstruyendo el país durante las últimas dos décadas.
Si esa es la solución para que dejen a los indocumentados tranquilos y
se realice una reforma migratoria amplia, bienvenida sea la propuesta de
la candidata del Partido del Té, Michele Bachmann, a quien Univisión
también podría dedicar una investigación.

Una plegaria por Carolina del Sur

Por Rafael Prieto Zartha

Este sábado pasado caminé por Plaza Fiesta Carolinas, uno de los proyectos más bellos que se hayan concebido para presentar a la comunidad latina, hacer negocios y permitir que todos ganaran.

El centro comercial, que tiene calles con nombres de las naciones latinoamericanas, banderas con colores de los países hispanos, restaurantes donde se puede comer un cebiche ecuatoriano, un lomo saltado peruano, unos tacos al pastor mexicanos, queda en Fort Mill, Carolina del Sur, donde amenazan con implementar para el 1 de enero del próximo año la ley SB20, que es otra hija mal hecha de la SB1070 de Arizona.

Este fin de semana Plaza Fiesta era una verdadera fiesta. Los niños corrían por los pasillos, los televisores mostraban el gol del Chicharito en Inglaterra, y 300 obreros latinos visitaban una feria relacionada con la construcción.

Y me dio una tristeza horrible que una propuesta así de hermosa haya sido obstaculizada por el sentimiento antiinmigrante que aqueja a un sector de los políticos de ese estado, donde todavía flamea la bandera confederada en los predios de la Legislatura.

Carolina del Sur es un estado bello. Basta visitar Charleston y encontrarse con la historia o llegar a los cultivos de flores y duraznos que pululan, cerca de las autopistas.

Lo paradójico es que gracias a la gente que se quiere afectar con la SB20, el estado recibirá entre 500 millones y mil millones de dólares por haber logrado un representante a la Cámara adicional en Washington.

El paso de 95 mil hispanos en 2000 a 235 mil en 2010 significó la diferencia para que el estado, que tenía seis congresistas, ahora tenga siete, algo que no ocurría desde hacia ochenta años.

Afortunadamente la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) decidió retar a la SB20 en las cortes y esperamos que el resultado sea mejor que el de Alabama.

La SB20 permite que policía a averigüe el estatus de las personas que se tenga una “sospecha” de que sean indocumentadas y crea una Unidad de Combate a la Inmigración Ilegal como parte del Departamento de Seguridad Pública, que costará más de un millón de dólares.

Pero la SB20 fue solo la continuación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de Carolina del Sur, que se firmó en 2008.

Mediante esa normativa, Carolina del Sur fue el primer estado que vedó la entrada de estudiantes indocumentados a colegios comunitarios y universidades estatales.

La medida determinó que es un delito transportar o dar techo a indocumentados.

Además, mandó realizar acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que agentes locales procesen la deportación de indocumentados.

Esa ley eliminó la creación de las ciudades santuario, y estableció el E-Verify obligatorio para empresas públicas y privadas.

Ojalá la demanda de la ACLU prospere para que no se le pongan trabas al progreso y la diversidad.

Pero el meollo del asunto está en Washington, donde el gobierno federal, tiene que actuar para que el país no tenga una colcha de retazos de 50 normativas de inmigración diferentes.

Aunque es muy poco lo que se puede esperar de los políticos, incluso de aquellos que aspiran a la presidencia y que visitan a Carolina del Sur frecuentemente, como el afroamericano republicano Herman Cain, que en chiste o en serio recomendó electrificar la cerca de la frontera entre México y Estados Unidos para electrocutar a los que intenten pasar. Y la candidata Michele Bachmann que impulsa un doble muro.

Nadie quiere más indocumentados en Estados Unidos, lo que se pide es que los que ya están aquí, han trabajado duro y se han comportado bien, se queden. Que sitios como Plaza Fiesta Carolinas prosperen y no sea la terquedad y el odio los factores que obstaculicen a una iniciativa tan linda.

El barrullo de Univisión y el senador Marco Rubio

Por Rafael Prieto Zartha

Tal vez yo fui el primero en expresar públicamente inquietud por los nombramientos de Isaac Lee y Daniel Coronell en la dirección del área de información de la cadena de televisión Univisión y los demás brazos en radio e internet del conglomerado de medios de comunicación.
Al ser yo de origen colombiano, recibí una lluvia de críticas, por diferentes vías, de parte de mis connacionales, con términos que variaron desde la observación fraternal hasta el grito lacerante de “apátrida”.
Mi preocupación con la designación nunca cuestionó los antecedentes periodísticos del par de lumbreras, sino la inexperiencia del uno en televisión y de ambos en la cobertura de la comunidad hispana de Estados Unidos.
Le reiteré a Lee las razones de mi recelo personalmente, delante de un grupo de colegas, durante un encuentro imprevisto durante la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en junio pasado, en Orlando, Florida.
Lee desdeñó lo que le dije, expresando que él llevaba muchos años viviendo en Miami, a lo que le respondí que el Sur de la Florida no era exactamente el reflejo más exacto de los latinos radicados en el país.
Y es que Miami, aunque es el principal centro de información de habla hispana en Estados Unidos, si es diferente. Es como el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, que contrasta con la tensión a mil que se vive en el resto del país, donde la presión antiinmigrante ha sido agobiante en los últimos años, y que se siente lejana de Bayside, Coconut Grove y South Beach.
Ahora estalló el embrollo de dimes y diretes con el senador federal Marco Rubio, que evidencia que la propuesta de cobertura de Lee, se mantiene por inercia en Miami.
Además del escándalo del asunto de Rubio, los informes investigativos de Univisión han tenido como foco a Latinoamérica con tópicos pertinentes a Venezuela, Cuba y Bolivia.
Desempolvar el caso de narcotráfico del cuñado de Rubio, ocurrido hace un cuarto de siglo, cuando el “niño bonito” hispano del Partido Republicano era un adolescente, fue una pifia.
La telenovela posterior ha estado entre lo divertido y penoso:
Que según el equipo del senador, Lee propuso que la historia del cuñado de Rubio tuviera un tono más leve a cambio de una aparición del político en Al Punto.
Que de acuerdo con Lee, lo anterior no fue verdad.
Que los candidatos presidenciales republicanos anunciaron un boicot a un debate televisado previsto por Univisión porque se intentó “extorsionar” a Rubio.
Que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el boicot de los aspirantes republicanos.
Que Somos Republicanos de Arizona apoya a Univisión y condena a Rubio.
Que Rubio, quien fue comentarista político de Univisión, dijo que pensaba que la cadena era profesional.
Que los republicanos exigen disculpas y la cabeza de Lee.
Que lo que hay de por medio es un cobro de cuentas por la defenestración de cubanos que trabajaban para la cadena por parte del nuevo equipo de colombianos.
El tema ha sido tratado por periodistas tan serios como Manny García, ganador del Pulitzer, editor de El Nuevo Herald y presidente de la asociación de Periodistas y Editores de Investigación (IRE).
Lee se habría ahorrado todos los problemas solo exponiendo ante la teleaudiencia de Univisión que es lo que piensa Rubio en materia de inmigración.
La preocupación del senador por el dolor que la difusión de la historia de su cuñado le pudo causar a los suyos, es entendible.
Lo que no comprendo es su indolencia con los dos millones de inermes jóvenes indocumentados que podrían beneficiarse con el Dream Act, que él no apoya.
Lo que no puedo concebir es que descarte su respaldo a una reforma migratoria integral, que le aliviaría dolor a 11 millones de latinos, amenazados por la deportación.
La fibra de compasión con los inmigrantes, que tradicionalmente ha caracterizado a los legisladores federales de origen cubano que han llegado al Capitolio en Washington, es algo de lo que carece Rubio.

Alabama 2011: ¿Dónde está la sensatez?

Por Rafael Prieto Zartha

Las escenas imborrables de los perros con los colmillos afilados y los hocicos babeantes lanzándose feroces contra jovencitos de raza negra y policías con cascos repartiendo bastonazos, están registradas en las películas en blanco y negro, de lo ocurrido en el Parque Ingram de Birmingham, Alabama, en abril de 1963.

Tres días antes del suceso, el apóstol de los derechos civiles de los afroamericanos, Martin Luther King, había llegado a esa ciudad, a la que había calificado como “la más segregada del país”, y donde fue arrestado y en encarcelado para que en horas iluminadas escribiera su inolvidable “Carta desde una celda de Birmingham”.

King entendió que la única forma de cambiar la situación de los suyos, a los cuales se les discriminaba en todas las formas, era realizar actos de desobediencia civil.

El día de los perros, se efectuaba la segunda marcha pacífica de los niños, seres inermes a los que las autoridades trataron como criminales.

Ahora, 48 años después, allá mismo, en Alabama, la jueza federal, Sharon Lovelace Blackburn, entregó “de facto” una patente de corso, para que a los niños indocumentados hispanos de Alabama, en últimas, se les persiga como criminales, aún a los nacidos en territorio estadounidense, que son ciudadanos de este país.

“Todas las escuelas públicas primarias y secundarias en este estado, en el momento de la inscripción en la guardería o en cualquier grado en la escuela, deberá determinar si el estudiante inscrito en una escuela pública nació fuera de la jurisdicción de Estados Unidos o es hijo de un extranjero que está legalmente en Estados Unidos y califica para la asignación a una clase de Inglés como Segunda Lengua o de otro programa remedial”, dice la ley estatal antiinmigrante HB56, en el texto que aprobó la jueza para aplicar en el ardiente estado del Sur.

Al texto de la HB 56 solo le falta reglamentar que le quiten el oxígeno a los indocumentados

“Ganó la intolerancia. Los xenófobos republicanos, los miembros del Tea Party, los racistas, los miembros del Ku Klux Klan, los segregacionistas (esos que izan aún la bandera de los confederados y creyentes de la esclavitud) han de estar brincando de gusto ante la impertinente, inhumana e injusta decisión”, señaló en su editorial, Ignacio Guajardo, director general de Alabama Paisano, el periódico en español más importante de ese estado, con sede en Birmingham.

En su sentido escrito, Guajardo, pregunta: “¿Cómo imaginar al tal gobernador (Robert) Bentley como diácono de su iglesia Bautista, pregonando las bondades del cristianismo? y de seguir la palabra de Jesucristo que dijo claramente amarás y respetarás a tu prójimo como a ti mismo, sin condiciones de quién es, de dónde viene o qué hace. ¿Tendrá la vergüenza, Bentley, de pararse ante su comunidad religiosa este domingo y presumir que ha lastimado a más de 200,000 de sus hermanos en Cristo?”

Y agregó: “¿En dónde está la sensatez, en dónde la civilidad? Los seres humanos no pueden ser tratados como cosas, en donde un día los consideran indispensables para las faenas y al otro día los consideran indeseables”.

Es que Alabama fue el segundo estado del país de mayor crecimiento de población hispana del país en la última década, con un salto del 145%.

La comunidad hispana entera debe reaccionar por el veredicto en Alabama, que de ratificarse será un parte aguas que definirá el futuro de la situación de los latinos: Todos resultarán afectados, ciudadanos, residentes e individuos con otro estatus migratorio.

Estoy seguro que los “soñadores” y los activistas anglos con compasión estarán al frente contrarrestando la marejada antiinmigrante.

Más me preocupa la indiferencia de los 21 millones de votantes hispanos.

Como dijo el reverendo King en los sesenta: “Tendremos que arrepentirnos en esta generación no simplemente por las palabras odiosas y las acciones de las personas malas, sino también por el silencio espantoso de la gente buena”.

Algo huele mal en el estado de Tenesí

Por Rafael Prieto Zartha

Gracias a como las autoridades locales aplican las leyes de inmigración, el 5 de julio de 2008, la indocumentada mexicana Juana Villegas pasó por la humillante experiencia de dar a luz a su hijo Gael, esposada a una cama en un hospital de Nashville en Tenesí.

Villegas había sido detenida por una infracción de tráfico, en el suburbio de Berry Hill y fue procesada por la Oficina del Sheriff del condado de Davidson, mediante el programa de deportaciones 287g.

Dos años después, las autoridades se enfrentan al rasero de la justicia, tras el veredicto de un juez federal que determinó que los alguaciles violaron los derechos civiles de la madre y un jurado le otorgó 200 mil dólares de compensación por daños y perjuicios.

Sin embargo, el sheriff del Condado de Davidson, Daren Hall, ha decidido apelar los fallos de las cortes federales e insiste que sus agentes hicieron lo correcto con Villegas.

“Francamente, yo no creo que ella fue tratada inapropiadamente o inconstitucionalmente”, ha dicho Hall, sobre la crueldad.

No me imagino la ira que habría tenido el aguacil si la mujer a la que hubiesen encadenado de las extremidades superiores e inferiores, durante los dolores del parto, se hubiera tratado de su propia madre.

Pero, así son de “sensatos” algunos funcionarios locales a los que el gobierno federal les está permitiendo que actúen como oficiales de inmigración.

No solo la cordura le falla en Tenesí al alguacil, Hall, sino el mal también aqueja a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que están procediendo como vaqueros desbocados del viejo oeste en ese estado.

El lunes 12 de septiembre la organización Latinos Unidos de Shelbyville, de una localidad al sur de Nashville, llevó a cabo una audiencia pública sobre perfil racial con la presencia de funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante la vista se presentó el estudio “La Constitución Olvidada”, preparado por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tenesí (TIRRC), que documentó el tratamiento especial que reciben los inmigrantes hispanos del Condado de Bedford, para acelerar la deportación de los que son indocumentados.

El informe constata que casi 40% de los detenidos por licencias de conducir en Shelbyville fueron hispanos, pese a que los latinos constituyen 20% de los habitantes de esa localidad. Además, señala que 4 policías realizaron el 62% de los arrestos de hispanos por infracciones de tráfico.

Cinco días después de la audiencia, el sábado 17, agentes armados de ICE recorrieron las áreas comerciales y los vecindarios latinos de Shelbyville, atemorizando a la población y llevando a efecto cuatro capturas de indocumentados.

Yo pasé el fin de semana previo a la audiencia de Shelbyville en Nashville y recorrí los barrios hispanos de esa metrópoli y de sus localidades aledañas.

Fui objeto de la generosa hospitalidad de los hispanos de esa ciudad, en la que vibra la música y es común ver a los transeúntes guitarra en mano, en busca de la gloria.

El viernes y sábado, la calle Broadway fue un hervidero de agitación, donde un Elvis de carne y hueso pidió que le pagáramos por tomarle la foto y cerca de allí una reencarnación de Michael Jackson danzó deslizando los pies como si caminara en la superficie lunar.

En esa zona, aliñada con el ritmo cadencioso y romántico de la música country, estuvimos en un restaurante en el que los meseros hacen bromas a los comensales.

A nuestro acompañante, de evidentes rasgos latinos, le escribieron en un sombrero de papel la leyenda insultante: “si lo encuentran, devuélvanlo a la frontera”

Antes de dejar Tenesí, de regreso a Carolina del Norte, tuve que hacer una “parada técnica” en la localidad de Monterey, que se promueve como el lugar “donde las cumbres de las montañas besan el cielo”.

Al salir del mingitorio, adherida a la ventana del expendio de hamburguesas, vi una calcomanía que decía: “Este empleador participa en (el programa de) E-Verify”.