El desastre de 2011
Por Rafael Prieto Zartha
Tal como se anticipaba, el torrente de propuestas legislativas contra los inmigrantes indocumentados se ha desgajado con un caudal formidable en los albores de este 2011.
No había concluido enero, apenas se acababan de inaugurar las sesiones en los senados y las cámaras de representantes de los estados del país, y ya las estadísticas de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) señalaban que se habían presentado más de 600 resoluciones y medidas antiinmigrantes.
En Carolina del Norte, el representante estatal republicano, George Cleveland, introdujo un proyecto de ley que vedaría el ingreso de estudiantes indocumentados a los colegios comunitarios y las universidades del estado.
En Arizona, el senador estatal republicano, Ron Gould, y su copartidario, el representante estatal, John Kavanagh, están impulsando legislación encaminada a negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
En Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Sur, Georgia, Kentucky, Misisipi y Tenesí, se introdujeron propuestas de ley similares a la SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.
Se prevé que en más de 14 estados se siga el ejemplo de Arizona con el tema de desconocerle la nacionalidad a los hijos de indocumentados y que las copias de la SB 1070 se extiendan para discusión en más de 18 legislaturas estatales.
El entusiasmo de los antiinmigrantes con la tendencia es tal que la organización Americanos por la Inmigración Legal, ALIPAC, con sede en Raleigh, Carolina del Norte, lanzó la campaña denominada Batalla de los Estados 2011, para cooperar con la aprobación de medidas que motiven al éxodo masivo de los indocumentados.
Los datos recopilados por ALIPAC indican que ya se han presentado medidas estatales en contra de los “ilegales” en: Arkansas, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Misisipi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tenesí, Texas, Virginia, Virginia Occidental, Washington, y Wyoming.
Durante 2010 se presentaron más de 1,400 proyectos de ley y resoluciones estatales en contra de los inmigrantes con el resultado de 208 leyes aprobadas y 138 resoluciones adoptadas. Diez propuestas adicionales fueron vetadas.
Para entender la extensión del ambiente antiinmigrante a lo largo y ancho del país se debe tener en cuenta que las medidas fueron aprobadas en 46 estados y el Distrito de Columbia.
En 2010, en 21 estados se adoptaron 26 medidas legislativas para impedir que los indocumentados pudieran obtener licencias de conducir u otro tipo de identificación. En 11 estados se pasaron 17 leyes para restringir el acceso de los inmigrantes a la educación superior u otros servicios educativos. En 20 estados se aprobaron 27 leyes para impedir que los indocumentados lograran empleo u otros beneficios relacionados con el trabajo.
Pero no sólo la hiel está saliendo de los organismos estatales, en el Capitolio, en Washington, los senadores republicanos Rand Paul, de Kentucky, y David Vitter, de Luisiana, presentaron una resolución que plantea cercenarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
También en el Capitolio, pero en la Cámara de Representantes, el congresista republicano de Texas, Lamar Smith, quien preside el Comité Judicial, propuso como solución al desempleo deportar a los indocumentados y lanzar una cacería implacable en los sitios donde trabajan los inmigrantes.
Smith espetó la perla un día después de que el presidente Barack Obama abogó por la legalización de los estudiantes indocumentados y solucionar el problema migratorio con una reforma integral, durante su discurso sobre el estado de la Unión.
Creo que está en manos del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, y del liderazgo tolerante republicano, bajarle el tono a la corriente antiinmigrante que está dominando a ese partido. Un político republicano como él tendría que convertirse en el abanderado de legalizar a los 11 millones de indocumentados.
Recientemente, durante un evento de la organización no partidista Coalición Latinoamericana de Charlotte, Jess George, su directora ejecutiva, hizo un vehemente llamado a la “sensatez” en el debate que vive el país sobre el tema migratorio. Sensatez es lo que falta en este trágico 2011.
Monday, January 31, 2011
Tuesday, January 25, 2011
La colombianización de Univisión
Por Rafael Prieto Zartha
Primero fue el nombramiento del “niño terrible” del periodismo colombiano Isaac Lee como presidente de noticias de Univisión en diciembre pasado, y ahora revienta la noticia de la designación de Daniel Coronell como director de noticias de la cadena de televisión en español de mayor audiencia en Estados Unidos.
El ingreso de Lee a tan encumbrado cargo en Univisión sorprendió porque pese a su extraordinario éxito como editor, en su adultez temprana en la revista Semana, la principal de Colombia, durante los tiempos turbulentos de la presidencia de Ernesto Samper, su experiencia en televisión es escasa.
En esta nueva instancia no deja de asombrar la elección de Coronell, porque con todas las extraordinarias capacidades que ha tenido como director de su propio noticiero de televisión en Bogotá y como periodista de denuncia, apenas vivió dos años en California, en un exilio obligado.
Coronell es un profesional al que admiro por su verticalidad en denunciar el nepotismo, la corrupción y los abusos de poder del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el presidente más popular que ha tenido Colombia en su historia moderna.
Los documentos impresos y audiovisuales que anexa con enlaces precisos a su columna semanal en la edición digital de Semana hacen de él alguien a quien yo recomendaría imitar.
También para envidiar, en el buen sentido de la palabra, es que comparta la vida con una mujer preciosa e inteligente como María Cristina Uribe, “La Tata”, una de las presentadoras más relevantes de la televisión colombiana.
Pero una cosa será Daniell Coronell en Colombia y otra cosa es que lo responsabilicen del noticiero que marca la pauta para más de 30 millones de hispanohablantes de la Unión Americana.
Una cosa es el escándalo de la yidispolítica, los paramilitares, la narcoguerrilla, los negociados de los Nule y otra el difícil momento que atraviesa una considerable porción de la audiencia de Univisión.
De este país se están deportando 400 mil personas, en su mayoría hispanas, anualmente y la reducción total de población latina cada año está alcanzando el millón, gracias al ambiente antiinmigrante.
Se viene la catarata de proyectos de ley estatales imitando la ley de Arizona y de propuestas legislativas para quitarles la ciudadanía a los hijos de indocumentados, cuya cifra alcanza los cuatro millones.
Los resultados de las elecciones de noviembre dejaron claro que una reforma migratoria integral está lejana, que la legalización de los estudiantes sin papeles está distante, y que arreglar la situación de los campesinos sin estatus también es algo remoto.
Entre tanto, el gobierno aprieta con los sistemas de verificación de estatus en las empresas y con los programas de expulsión 287g y Comunidades Seguras.
Se dirá que inmigración no es el único tema que concierne a los hispanos, pero el destino de diez millones de individuos que comparten el mismo idioma si afecta a todos los latinos, independientemente de que sean ciudadanos naturalizados, residentes legales, o tengan el amparo de otro estatus migratorio.
Esa es la alfombra roja por la que tendrá que transitar Coronell y también su jefe.
No obstante, para fortuna de Coronell, podrá echar mano de la experiencia de los presentadores del informativo de Univisión, Jorge Ramos y María Elena Salinas.
Los dos conocen la comunidad hispana de Estados Unidos como su propia epidermis. Son tres décadas las que llevan informando sobre la vida, pasión, triunfos, fracasos, y muerte de los latinos de este país.
Sé que estoy hablando como un afincado que cuestiona las credenciales de un fuereño y sé que también me van a achacar el dicho que reza: “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”.
Por Rafael Prieto Zartha
Primero fue el nombramiento del “niño terrible” del periodismo colombiano Isaac Lee como presidente de noticias de Univisión en diciembre pasado, y ahora revienta la noticia de la designación de Daniel Coronell como director de noticias de la cadena de televisión en español de mayor audiencia en Estados Unidos.
El ingreso de Lee a tan encumbrado cargo en Univisión sorprendió porque pese a su extraordinario éxito como editor, en su adultez temprana en la revista Semana, la principal de Colombia, durante los tiempos turbulentos de la presidencia de Ernesto Samper, su experiencia en televisión es escasa.
En esta nueva instancia no deja de asombrar la elección de Coronell, porque con todas las extraordinarias capacidades que ha tenido como director de su propio noticiero de televisión en Bogotá y como periodista de denuncia, apenas vivió dos años en California, en un exilio obligado.
Coronell es un profesional al que admiro por su verticalidad en denunciar el nepotismo, la corrupción y los abusos de poder del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el presidente más popular que ha tenido Colombia en su historia moderna.
Los documentos impresos y audiovisuales que anexa con enlaces precisos a su columna semanal en la edición digital de Semana hacen de él alguien a quien yo recomendaría imitar.
También para envidiar, en el buen sentido de la palabra, es que comparta la vida con una mujer preciosa e inteligente como María Cristina Uribe, “La Tata”, una de las presentadoras más relevantes de la televisión colombiana.
Pero una cosa será Daniell Coronell en Colombia y otra cosa es que lo responsabilicen del noticiero que marca la pauta para más de 30 millones de hispanohablantes de la Unión Americana.
Una cosa es el escándalo de la yidispolítica, los paramilitares, la narcoguerrilla, los negociados de los Nule y otra el difícil momento que atraviesa una considerable porción de la audiencia de Univisión.
De este país se están deportando 400 mil personas, en su mayoría hispanas, anualmente y la reducción total de población latina cada año está alcanzando el millón, gracias al ambiente antiinmigrante.
Se viene la catarata de proyectos de ley estatales imitando la ley de Arizona y de propuestas legislativas para quitarles la ciudadanía a los hijos de indocumentados, cuya cifra alcanza los cuatro millones.
Los resultados de las elecciones de noviembre dejaron claro que una reforma migratoria integral está lejana, que la legalización de los estudiantes sin papeles está distante, y que arreglar la situación de los campesinos sin estatus también es algo remoto.
Entre tanto, el gobierno aprieta con los sistemas de verificación de estatus en las empresas y con los programas de expulsión 287g y Comunidades Seguras.
Se dirá que inmigración no es el único tema que concierne a los hispanos, pero el destino de diez millones de individuos que comparten el mismo idioma si afecta a todos los latinos, independientemente de que sean ciudadanos naturalizados, residentes legales, o tengan el amparo de otro estatus migratorio.
Esa es la alfombra roja por la que tendrá que transitar Coronell y también su jefe.
No obstante, para fortuna de Coronell, podrá echar mano de la experiencia de los presentadores del informativo de Univisión, Jorge Ramos y María Elena Salinas.
Los dos conocen la comunidad hispana de Estados Unidos como su propia epidermis. Son tres décadas las que llevan informando sobre la vida, pasión, triunfos, fracasos, y muerte de los latinos de este país.
Sé que estoy hablando como un afincado que cuestiona las credenciales de un fuereño y sé que también me van a achacar el dicho que reza: “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo”.
Tuesday, January 18, 2011
Un delincuente es un delincuente
Por Rafael Prieto Zartha
De la tragedia ocurrida en Tucson se puede concluir que hay algo de razón en las voces de las diferentes tendencias que se han alzado para analizar el hecho.
No obstante, nada puede disculpar la matanza, el tiroteo y la violación de un derecho básico como el de reunión, consagrado en la Carta de Derechos, anexada a la Constitución.
Quienes han emplazado la responsabilidad en Jared Lee Loughner, el hombre que le propinó un tiro en la cabeza a la congresista Gabrielle Giffords, sin duda tienen razón.
Aunque el juicio no ha ocurrido, los ojos de los testigos y las evidencias son contundentes.
El hombre, de acuerdo con los cargos, actuó como un criminal y no existe manera alguna de exculparlo: hubo media docena de muertos y 14 lesionados.
Un criminal es un criminal, un asesino es un asesino, un delincuente es un delincuente, un bandido es un bandido.
No puede haber medias tintas al describir a un facineroso que corta la vida de una niña de 9 años, cercena los últimos años plateados de tres jubilados mayores de 75 años, acaba con la existencia de un jurisconsulto mayor de 60 y el porvenir de un profesional en los 30.
Habrá quienes intenten justificarlo “porque de todo hay en la viña del Señor”.
Uno de mis lectores comentó en un sitio de internet: “ya lo están declarando enfermo mental, incompetente”.
Infortunadamente, en el mundo hay quienes tienen contemplaciones con los criminales, se solazan y se recrean con ellos.
Independientemente del caso de Loughner, existen tendencias amorales que admiran y abrazan un mundo criminal, en el que los forajidos son los héroes y los individuos honestos son objeto de repudio por ser nerdos, débiles emocionales, o seres de cristal.
Pero, lo que me ha dejado verdaderamente patidifuso es la respuesta de la ex candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, al llamado a la cordura que hizo el alguacil del Condado de Pima, Clarence Dupnik, después del atentado.
Dupnik pidió que el país se hiciera un examen de conciencia y cuestionó el lenguaje virulento de los locutores de radio y televisión, que invita al odio y la intolerancia.
“Cuando han pasado pocas horas de una tragedia, los periodistas y comentaristas no deberían elaborar un libelo criminal que sólo sirve para incitar el mismo odio y la misma violencia que supuestamente condenan", dijo Palin, respecto a las recriminaciones que le hicieron los medios al tono de su verbo como figura nacional después de su derrota electoral en noviembre de 2008.
Pero quienes se llevan un premio que raya en la inmoralidad son los amotinados del té. Trás la masacre en Arizona, la vertiente del movimiento conocida como Tea Party Express, decidió recolectar dinero a través de la red virtual para supuestamente contrarrestar los llamados a bajarle el matiz al acalorado debate que ha vivido el país desde el verano de 2009.
Para defender su conducta de lucrarse con el evento luctuoso, ocurrido en el centro comercial La Toscana de Tucson, estos amotinados expresaron en un comunicado que la intención de quienes los estaban poniendo en tela de juicio era de “silenciarlos”.
Lo que sé es que para los amotinados del té originales que se levantaron en Boston para independizar a Estados Unidos y para los padres de la Patria sería vergonzoso que gente así pretendiera compararse con ellos.
Por Rafael Prieto Zartha
De la tragedia ocurrida en Tucson se puede concluir que hay algo de razón en las voces de las diferentes tendencias que se han alzado para analizar el hecho.
No obstante, nada puede disculpar la matanza, el tiroteo y la violación de un derecho básico como el de reunión, consagrado en la Carta de Derechos, anexada a la Constitución.
Quienes han emplazado la responsabilidad en Jared Lee Loughner, el hombre que le propinó un tiro en la cabeza a la congresista Gabrielle Giffords, sin duda tienen razón.
Aunque el juicio no ha ocurrido, los ojos de los testigos y las evidencias son contundentes.
El hombre, de acuerdo con los cargos, actuó como un criminal y no existe manera alguna de exculparlo: hubo media docena de muertos y 14 lesionados.
Un criminal es un criminal, un asesino es un asesino, un delincuente es un delincuente, un bandido es un bandido.
No puede haber medias tintas al describir a un facineroso que corta la vida de una niña de 9 años, cercena los últimos años plateados de tres jubilados mayores de 75 años, acaba con la existencia de un jurisconsulto mayor de 60 y el porvenir de un profesional en los 30.
Habrá quienes intenten justificarlo “porque de todo hay en la viña del Señor”.
Uno de mis lectores comentó en un sitio de internet: “ya lo están declarando enfermo mental, incompetente”.
Infortunadamente, en el mundo hay quienes tienen contemplaciones con los criminales, se solazan y se recrean con ellos.
Independientemente del caso de Loughner, existen tendencias amorales que admiran y abrazan un mundo criminal, en el que los forajidos son los héroes y los individuos honestos son objeto de repudio por ser nerdos, débiles emocionales, o seres de cristal.
Pero, lo que me ha dejado verdaderamente patidifuso es la respuesta de la ex candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, al llamado a la cordura que hizo el alguacil del Condado de Pima, Clarence Dupnik, después del atentado.
Dupnik pidió que el país se hiciera un examen de conciencia y cuestionó el lenguaje virulento de los locutores de radio y televisión, que invita al odio y la intolerancia.
“Cuando han pasado pocas horas de una tragedia, los periodistas y comentaristas no deberían elaborar un libelo criminal que sólo sirve para incitar el mismo odio y la misma violencia que supuestamente condenan", dijo Palin, respecto a las recriminaciones que le hicieron los medios al tono de su verbo como figura nacional después de su derrota electoral en noviembre de 2008.
Pero quienes se llevan un premio que raya en la inmoralidad son los amotinados del té. Trás la masacre en Arizona, la vertiente del movimiento conocida como Tea Party Express, decidió recolectar dinero a través de la red virtual para supuestamente contrarrestar los llamados a bajarle el matiz al acalorado debate que ha vivido el país desde el verano de 2009.
Para defender su conducta de lucrarse con el evento luctuoso, ocurrido en el centro comercial La Toscana de Tucson, estos amotinados expresaron en un comunicado que la intención de quienes los estaban poniendo en tela de juicio era de “silenciarlos”.
Lo que sé es que para los amotinados del té originales que se levantaron en Boston para independizar a Estados Unidos y para los padres de la Patria sería vergonzoso que gente así pretendiera compararse con ellos.
Monday, January 10, 2011
Los efectos de la intolerancia
Por Rafael Prieto Zartha
En la búsqueda de dilucidar la espantosa tragedia del intento de asesinato de la congresista Gabrielle Giffords y el tiroteo que dejó seis fatalidades en Arizona, le envié un mensaje vía Facebook a mi colega y viejo amigo Ernesto Portillo Jr., editor del semanario La Estrella de Tucson y periodista sempiterno del diario Arizona Daily Star.
Mientras leía la contestación de Ernesto, de hablar después, me estrellé en la red social con el inconmensurable impacto que había causado el atentado en el alma de los arizonianos y del país.
“Dios nos ayude”, era una comunicación para él y otro recado le agradecía el trabajo de informar sobre el hecho, por los artículos que había escrito y que ya estaban disponibles en el sitio de internet azstarnet.com. El comentario de “Neto” (sobre lo ocurrido) no pudo ser más diciente: “Que tristeza. No tengo palabras”.
Horas más tarde, el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik, hizo un categórico llamado a la cordura durante una conferencia de prensa.
“La ira, el odio, el fanatismo que está aconteciendo en el país está llegando a ser atroz”, dijo el sheriff, quien agregó que Arizona “se ha convertido en la Meca de los prejuicios y la intolerancia”.
Dupnik criticó el lenguaje incendiario de los locutores de radio y la televisión y sugirió que la nación se haga una profunda reflexión.
Indiscutible que la intolerancia de palabra caracterizó las discusiones sobre la reforma de salud, y de igual manera marcó el debate migratorio, del cual Arizona ha sido el principal campo de batalla.
La intolerancia de praxis se dio en el ardiente verano de 2009, con los empujones, manotones y escupitajos protagonizados por algunos asistentes a los cabildos abiertos convocados por los legisladores federales para dialogar sobre la propuesta sanitaria de la administración del presidente Obama.
La intolerancia se reflejó precisamente en Tucson en la oficina de la congresista Giffords, cuando fue vandalizada por su voto a favor de la reforma de salud en marzo de 2010.
No obstante, es paradójico que precisamente una política tolerante como la representante demócrata resultara víctima de una acción violenta durante un encuentro con sus constituyentes y mucho más después de ser ella quien leyó en la inauguración del 112 Congreso la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión, expresión, prensa y específicamente el derecho de los ciudadanos de reunirse pacíficamente.
Algo admirable de la democracia estadounidense es que en sus 234 años de historia no hayan ocurrido golpes de estado y que la Guerra Civil haya sido la única incidencia mayor en que las diferencias políticas fueron dirimidas a tiros.
Ojalá este abominable incidente en Tucson, en el que una veintena de personas recibieron impactos de bala, no modifique la usanza de los legisladores federales de reunirse con sus electores y representados.
La violencia en todas sus formas es inadmisible, incluso en situaciones domésticas. Jamás se puede justificar, por ejemplo, que un padre asesine a golpes a un vecino porque éste agredió a su hijo.
Se sabe que el acusado del atentado, Jared Lee Loughner, tenía antecedentes de tropezones con la justicia y que registró entre sus lecturas favoritas “Mi Lucha” de Adolfo Hitler, el líder del nazismo.
También se conoce por sus escritos en internet que se pronunció por desconocer el actual gobierno, y un reporte de la cadena de noticias FOX indicó que según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Loughner podría haber estado influenciado en sus ideas por la publicación American Renaissance, que produce un grupo calificado como supremacista, antiinmigrante y antisemítico por el Southern Poverty Law Center (SPLC).
El cuadro de sus víctimas fatales es sombrío: una menor de 9 años, nacida el 11 de septiembre de 2001; tres personas jubiladas, mayores de 75 años; el director de relaciones comunitarias de la oficina de Giffords, de 30 años; y el juez federal John Roll, de 63 años, que había emitido varios veredictos a favor de los inmigrantes.
Lo que nos queda es desarmar los espíritus y orar por la recuperación de Giffords, una congresista que ha abogado por tomar medidas fuertes contra la inmigración ilegal pero que se opuso a la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.
Por Rafael Prieto Zartha
En la búsqueda de dilucidar la espantosa tragedia del intento de asesinato de la congresista Gabrielle Giffords y el tiroteo que dejó seis fatalidades en Arizona, le envié un mensaje vía Facebook a mi colega y viejo amigo Ernesto Portillo Jr., editor del semanario La Estrella de Tucson y periodista sempiterno del diario Arizona Daily Star.
Mientras leía la contestación de Ernesto, de hablar después, me estrellé en la red social con el inconmensurable impacto que había causado el atentado en el alma de los arizonianos y del país.
“Dios nos ayude”, era una comunicación para él y otro recado le agradecía el trabajo de informar sobre el hecho, por los artículos que había escrito y que ya estaban disponibles en el sitio de internet azstarnet.com. El comentario de “Neto” (sobre lo ocurrido) no pudo ser más diciente: “Que tristeza. No tengo palabras”.
Horas más tarde, el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik, hizo un categórico llamado a la cordura durante una conferencia de prensa.
“La ira, el odio, el fanatismo que está aconteciendo en el país está llegando a ser atroz”, dijo el sheriff, quien agregó que Arizona “se ha convertido en la Meca de los prejuicios y la intolerancia”.
Dupnik criticó el lenguaje incendiario de los locutores de radio y la televisión y sugirió que la nación se haga una profunda reflexión.
Indiscutible que la intolerancia de palabra caracterizó las discusiones sobre la reforma de salud, y de igual manera marcó el debate migratorio, del cual Arizona ha sido el principal campo de batalla.
La intolerancia de praxis se dio en el ardiente verano de 2009, con los empujones, manotones y escupitajos protagonizados por algunos asistentes a los cabildos abiertos convocados por los legisladores federales para dialogar sobre la propuesta sanitaria de la administración del presidente Obama.
La intolerancia se reflejó precisamente en Tucson en la oficina de la congresista Giffords, cuando fue vandalizada por su voto a favor de la reforma de salud en marzo de 2010.
No obstante, es paradójico que precisamente una política tolerante como la representante demócrata resultara víctima de una acción violenta durante un encuentro con sus constituyentes y mucho más después de ser ella quien leyó en la inauguración del 112 Congreso la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión, expresión, prensa y específicamente el derecho de los ciudadanos de reunirse pacíficamente.
Algo admirable de la democracia estadounidense es que en sus 234 años de historia no hayan ocurrido golpes de estado y que la Guerra Civil haya sido la única incidencia mayor en que las diferencias políticas fueron dirimidas a tiros.
Ojalá este abominable incidente en Tucson, en el que una veintena de personas recibieron impactos de bala, no modifique la usanza de los legisladores federales de reunirse con sus electores y representados.
La violencia en todas sus formas es inadmisible, incluso en situaciones domésticas. Jamás se puede justificar, por ejemplo, que un padre asesine a golpes a un vecino porque éste agredió a su hijo.
Se sabe que el acusado del atentado, Jared Lee Loughner, tenía antecedentes de tropezones con la justicia y que registró entre sus lecturas favoritas “Mi Lucha” de Adolfo Hitler, el líder del nazismo.
También se conoce por sus escritos en internet que se pronunció por desconocer el actual gobierno, y un reporte de la cadena de noticias FOX indicó que según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Loughner podría haber estado influenciado en sus ideas por la publicación American Renaissance, que produce un grupo calificado como supremacista, antiinmigrante y antisemítico por el Southern Poverty Law Center (SPLC).
El cuadro de sus víctimas fatales es sombrío: una menor de 9 años, nacida el 11 de septiembre de 2001; tres personas jubiladas, mayores de 75 años; el director de relaciones comunitarias de la oficina de Giffords, de 30 años; y el juez federal John Roll, de 63 años, que había emitido varios veredictos a favor de los inmigrantes.
Lo que nos queda es desarmar los espíritus y orar por la recuperación de Giffords, una congresista que ha abogado por tomar medidas fuertes contra la inmigración ilegal pero que se opuso a la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.
Tuesday, January 4, 2011
Los propósitos de Año Nuevo
Por Rafael Prieto Zartha
Mientras la mayoría de los habitantes del país están contando calorías para bajar de peso como objetivo en 2011 o evaluando métodos para dejar el cigarrillo en este nuevo año o haciendo cuentas para bajar los gastos y de ser posible ahorrar, los antiinmigrantes inician este ciclo de 365 días con la meta de aprobar leyes estatales que conduzcan eventualmente a negarle la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
Para la primera semana de enero programaron el anuncio de la legislación en el Club de Prensa de Washington DC, con la presencia del senador republicano estatal por Arizona, Russell Pearce, principal promotor de la ley SB 1070, que criminaliza a los indocumentados y de su copartidario, John Kavanagh, representante a la Cámara estatal arizoniana.
El modelo de la llamada ley de los “bebés ancla” previsto para ser develado en la capital contó con la asesoría del abogado y secretario de Estado electo de Kansas, Kris Kobach, quien ha estado ligado a la Federación Americana para la Reforma de la Inmigración (FAIR) y el Instituto para la Reforma a las Leyes de Inmigración (IRLI), dos prominentes organizaciones antiinmigrantes.
A Kobach se le considera como el arquitecto de la SB 1070 y el cerebro litigante tras las propuestas de prohibir alquilar vivienda a los indocumentados en localidades de Pensilvania, Texas y Nebraska e impedir que estudiantes sin papeles pagaran matrícula como residentes en instituciones de educación superior de Kansas y California.
Se anticipa que durante 2011 legisladores de al menos 13 estados, además de Arizona, presenten proyectos de ley proponiendo no reconocer los derechos absolutos constitucionales a la prole de progenitores indocumentados. Las iniciativas serían introducidas en Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan, Misisipí. Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Utah.
La embestida de los antiinmigrantes busca abrir varias batallas legales que encuentren algún vericueto para que la Corte Suprema de Justicia trate el tema y le dé una interpretación diferente a la Enmienda 14 de la Constitución, y determine que los hijos de los indocumentados están fuera de la jurisdicción del país y por lo tanto no tienen porque recibir el beneficio automático de la ciudadanía.
La enmienda 14, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanas del país.
De esta forma, Estados Unidos adoptó hace más de 140 años la doctrina del “jus soli”, o el derecho al suelo, a la tierra que otorga la ciudadanía a todos los individuos que nacen en el territorio de un país, independientemente de la nacionalidad de sus padres, y que se aplica en 90 por ciento de los países del mundo.
El ex representante republicano a la Cámara y actual gobernador electo de Georgia, Nathan Deal, presentó en tres ocasiones, 2005, 2007 y 2009, proyectos de ley destinados a eliminar la ciudadanía de los hijos de indocumentados, en contra del criterio de “jus soli”.
El proyecto de Deal establecía que solo los hijos de por lo menos un progenitor ciudadano o residente legal podrían adquirir la ciudadanía al nacer en territorio estadounidense.
Durante la campaña electoral del año pasado el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham se pronunció a favor de cambiar el criterio de la Enmienda 14, y un selecto grupo de sus copartidarios se manifestaron prestos a sostener audiencias al respecto.
Lo único es que para modificar o suprimir una enmienda de la Constitución se requieren las dos terceras partes de los votos del Senado y la Cámara de Representantes y la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas estatales.
Esto es mucho más difícil que el propósito de año nuevo de los despechados de librarse de un maldeamores.
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