Manejando con la licencia de Dios

Por Rafael Prieto Zartha

En agosto de este año expiran las últimas 19,732 licencias que fueron expedidas en Carolina del Norte con el respaldo del número de identificación tributaria (ITIN) o W-7, que permitió a 220,982 indocumentados conducir sin problemas por las autopistas del país desde 2002.
Es probable que este hecho genere un éxodo de los portadores de los permisos de manejar a los tres estados donde todavía otorgan licencias a indocumentados, Nuevo México, Washington y Utah o se trasladen a ciudades donde el transporte público facilita desarrollar las actividades de la vida cotidiana sin necesidad de desplazarse en un vehículo privado, como Nueva York, Chicago, San Francisco y Washington DC.
También es posible que los carentes de permiso de conducir se regresen a sus países de origen o simplemente se queden y conduzcan con el riesgo de ser arrestados y eventualmente deportados.
Conozco a una chica bella e inteligente, que se graduó de la secundaria hace cuatro años, pero que al ser indocumentada no pudo continuar sus estudios de educación superior. Sin embargo, actualmente administra exitosamente una oficina de una empresa comercial.
Esta muchacha participó en varios concursos de belleza locales y regularmente me la encuentro en las actividades públicas que se realizan a favor de una reforma migratoria integral y por la legalización de los estudiantes indocumentados.
Sabiendo que llegó de Centroamérica siendo adolescente y que no tiene estatus migratorio, le pregunté como hacía para manejar en Charlotte y me respondió mostrando picardía en los ojos negros y soltando con su dentadura blanca, una sonrisa nerviosa: “manejo con la licencia de Dios”.
Ella cuenta que nunca tuvo la oportunidad de tramitar su permiso de conducir y que esto ocurrió con muchos de sus amigos y conocidos.
La posibilidad de operar automóviles se ha convertido en un nudo gordiano para los indocumentados a los que se les fueron cerrando las puertas, estado por estado, para tener el privilegio de manejar.
La pesadilla se formalizó nacionalmente en mayo de 2005 con la aprobación de la ley federal Real ID, que se ideó contra el terrorismo, pero que en la práctica terminó afectando a los indocumentados.
La Real ID estableció requisitos de seguridad para la expedición de licencias de conducir e identificaciones por parte de los estados de la Unión Americana, lo cual era totalmente comprensible tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
No obstante, a esta ley, promovida por el representante James Sesenbrenner, que pasó en la Cámara con 368 votos a favor y 58 en contra, y que en el Senado tuvo una aprobación unánime, le agregaron medidas migratorias, que han dejando a los “ilegales” sin licencias.
Se suponía que todos los estados cumplieran con la Real ID en abril de 2008, pero el plazo se ha ido extendiendo hasta el actual 2011.
En Carolina del Norte el drama comenzó antes del Año Nuevo de 2005, cuando el Departamento de Transporte estatal anunció que cambiaba las reglas para emisión de las licencias, reduciendo los documentos requeridos para sacar el permiso. Y en julio de 2006 la Legislatura eliminó definitivamente el ITIN como respaldo para la expedición de la licencia.
En los tres estados donde los indocumentados todavía pueden sacar el permiso, se estudian medidas para abrogar la posibilidad de que obtengan el documento.
En Utah, 42,000 indocumentados conducen con licencias especiales que se empezaron a emitir hace seis años, pero en el Senado estatal cursa el proyecto SB 138, que propone abrogarles ese privilegio.
En el estado Washington, el Senado estatal controlado por los republicanos contempla el proyecto SB 5407 que impediría que los indocumentados obtengan la licencia.
Por fortuna en Nuevo México, donde se han expedido licencias a extranjeros desde 2003, los legisladores rechazaron una propuesta, apoyada por la gobernadora Susana Martínez, que le habría quitado la opción de tener permisos de manejar a quienes carecen de estatus migratorio. Así habrá 82,000 indocumentados menos que podrán presentar un documento en lugar de solo atenerse a “la licencia de Dios”.

Deportación masiva mediante el “desgaste”

Por Rafael Prieto Zartha

La premisa del sector antiinmigrante que predomina en algunos sectores del país es que fastidiando a los indocumentados, con medidas que les cercene el oxigeno para el diario vivir, eventualmente hará que preparen maletas y se vayan de regreso a sus lugares de origen con sus vidas hechas trizas y sus ilusiones muertas.
La organización en pro de una solución migratoria responsable, America’s Voice, con sede en Washington, dio a conocer un análisis denunciando el concepto del “desgaste” que enuncia fundamentalmente el objetivo de hacerle la vida de cuadritos a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio para que se larguen de Estados Unidos y atribuye el despropósito al Partido Republicano.
El informe se refiere a las acciones de los congresistas republicanos que lideran el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (de Texas), Elton Gallegly (de California) y Steve King (de Iowa), quienes abogan por una deportación masiva mediante el “desgaste”.
De acuerdo con el informe de America’s Voice, la doctrina del “desgaste” fue articulada por primera vez en 2005 en un documento preparado por el antiinmigrante Centro de Estudios de Inmigración (CIS), de Washington, que esencialmente plantea tomar medidas para que los indocumentados se “autodeporten”.
La entidad antiinmigrante NumbersUSA, que comparte el criterio, ha señalado que no es necesario que los contribuyentes vean como el gobierno se gasta el dinero en expulsar a los “ilegales”, sino sencillamente concluye que mediante el “desgaste”: “Ellos (los indocumentados) compraran sus pasajes de avión o autobús para su regreso a casa”.
La meta de los antiinmigrantes mediante el “desgaste” es que los 12 millones de indocumentados se vayan del país.
Dos años antes de que el Centro de Estudios de inmigración esbozara la teoría del “desgaste” funcionarios de la administración del presidente George W. Bush delinearon un concepto similar.
La Operación Endgame o Final del Juego, concebida por la Oficina de Detención y Remoción del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), planteaba la deportación de todos los indocumentados entre 2003 y 2012 mediante acciones policiales y actividades dirigidas a aburrir a los “ilegales”.
El nombre de Endgame o Final del Juego deriva del nombre de una fase del juego de ajedrez, que se da cuando se alistan las piezas para darle jaque mate al enemigo, solo que en este caso los contrincantes son los inermes indocumentados.
Entre las medidas de “desgaste” para promover la autodeportación de los indocumentados están la verificación de estatus migratorio a través de sistemas como E-Verify, la suspensión de expedición de licencias de conducir, la prohibición de que puedan alquilar viviendas y el cierre de los caminos para que tengan acceso a la educación superior.
La expresión más palmaria del concepto de “desgaste” fue el proyecto de ley HR 4437, que fue aprobado en la Cámara de Representantes a finales de 2005, y que proponía criminalizar a los indocumentados.
La llamada ley Sesenbrenner fue derrotada por las marchas multitudinarias de 2006, y en el Capitolio decidieron abrogar la propuesta, pero el concepto de “desgaste” ha terminado propagándose por todo el país en forma de leyes y proyectos legislativos estatales y locales.
Yo trabajé durante medio año para America’s Voice como asesor de medios en español, y conozco la encomiable tarea que desarrolla la organización, pero respecto al reporte del “desgaste” disiento en que la responsabilidad sea enteramente republicana.
En 2008, como director del semanario Mi Gente, de Carolina del Norte, recomendé en las páginas de opinión que los lectores ciudadanos votaran por la hoy senadora demócrata Kay Hagan y por el hoy representante demócrata a la Cámara, Larry Kissell, con la esperanza de que apoyaran un alivio migratorio para los indocumentados. La actuación de los dos en el Capitolio ha sido desastrosa en el tema de inmigración, solo han estado contribuyendo al “desgaste”.
Entre tanto, la Casa Blanca no se ha atrevido a emitir una orden administrativa que frene las deportaciones de indocumentados que no son criminales y se gasta 12,500 dólares por cada indocumentado que expulsa del país. El año pasado se gastó 5,000 millones de dólares.

¿Son los mexicanos mejores trabajadores?

Por Rafael Prieto Zartha

En medio del alud de proyectos de ley antiinmigrantes que se ha precipitado por todo el país a veces surgen sorpresas insólitas. El asombro lo generó recientemente el senador estatal de Carolina del Sur, Robert Ford, durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara Alta surcarolina, en la que se discutía una propuesta análoga a la SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.

Ford, afroamericano, de filiación demócrata, se atrevió a sugerir que los mexicanos son mejores trabajadores que los negros y los blancos, tomando como ejemplo el personal que eventualmente será contratado para la construcción de una planta de la empresa Boeing, al norte de la ciudad de Charleston.

“Yo sé que ‘hermanos’, estoy hablando de los hombres negros, no van a hacer el trabajo sucio”, afirmó Ford, agregando que buscarán la manera de tomarse descansos.

Ford puntualizó que los ‘hermanos’ (afroamericanos) no se desempeñarán como los mexicanos y posteriormente dijo que los “’hermanos’ de ojos azules y piel pálida”, tampoco.

Durante su exposición Ford aseveró que el progreso del país se ha basado en los inmigrantes, narró su experiencia de compartir la vivienda con una familia de escasos recursos en territorio mexicano y contó como un grupo de jardineros arregló el césped, las plantas y el exterior de su casa eficientemente en media hora.

Las palabras de Ford causaron un alboroto nacional, pero no impidieron que el Comité Judicial del Senado Estatal de Carolina del Sur votara a favor de avanzar la discusión al pleno de esa Cámara del proyecto S 0020, que autorizaría a los agentes de la ley a detener y entregar a las autoridades de inmigración a los “sospechosos” de ser “ilegales”.

Los cinco miembros afroamericanos del Comité y un blanco votaron en contra, mientras que los votos a favor fueron 13.

Pese a que el ambiente antiinmigrante está tenaz en Carolina del Sur y que se están contemplando otros cuatro proyectos de ley contra los indocumentados, Ford no ha reculado en su posición y tampoco ha accedido a los múltiples requerimientos de ofrecer disculpas por lo que dijo.

Por el contrario en declaraciones a la televisión aseguró: “La base, en este momento, para la industria va a estar en los trabajadores mexicanos. Eso es un hecho. Ahora, ¿algunas personas se molestan por eso? Mejor deberían aprender historia de América… Yo salgo todos los días a ver los trabajadores. Todos los que hacen el trabajo sucio, todos los que hacen excavaciones, todos los que cementan, son trabajadores mexicanos”.

En junio del año pasado, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) lanzó la campaña nacional “Tomen Nuestros Trabajos”, que retaba a los ciudadanos estadounidenses a ocupar los puestos de agricultores. Tres meses después, solo siete ciudadanos habían tomado empleos en un sector de la economía en la que la mitad de los trabajadores, más de un millón, son indocumentados y la mayoría mexicanos.

Una muestra del tesón de la fuerza laboral mexicana se presenta en el documental “La cosecha de la vergüenza de California” ("California's Harvest of Shame"), producido en 2008, que muestra a campesinos mexicanos pizcando cebolla en la oscuridad de la noche, utilizando linternas adheridas a sus frentes con bandanas.

Esta evidencia contrasta con el estereotipo del mexicano tomando la siesta con un sombrero y un sarape colorido a la sombra de un nopal.

En una encuesta, no científica, realizada por el sitio de internet del diario “The Post and Courier” de Charleston, 74 por ciento de los internautas se pronunciaron en contra de que Ford ofrezca excusas por decir que los mexicanos son los mejores trabajadores.

Tal vez los internautas le dieron la razón

El desafío de la reina Carlota

Por Rafael Prieto Zartha

Cuando los asistentes a la Convención Demócrata lleguen a Charlotte en septiembre de 2012 se encontrarán con una ciudad hermosa, que observada desde lo alto de cualquiera de sus edificios se ve como un extenso bosque encantado.
Bautizada como Charlotte, en 1762, como homenaje a la reina Carlota, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, la hoy próspera metrópoli ha sido testiga perenne de la historia de Estados Unidos.
Por el camino indígena, que la cruzaba antes del arribo de los europeos, pasaron los conquistadores españoles, rumbo a la actual localidad de Morganton, donde la expedición comandada por el capitán Juan Pardo estableció el Fuerte San Juan en 1567, cuarenta años antes de que los ingleses fundaran la colonia de Jamestown (Virginia).
Durante la Guerra de Independencia, los británicos le dieron a Charlotte el apodo de “Nido de Avispones”, por la resistencia bélica que sus pobladores exhibieron en contra de las tropas del imperio inglés.
En la Guerra Civil fue escenario de enfrentamientos entre los rebeldes confederados y las fuerzas oficialistas de la Unión.
Hoy su área metropolitana cuenta con dos y medio millones de habitantes y su centro está adornado por hermosos rascacielos, centros culturales, museos, el estadio del equipo de fútbol americano de las Panteras y la Arena de baloncesto de los Bobcats, donde se realizará la convención.
Para enfatizar está que la pujanza que la ciudad denota se debe a la mano de obra hispana indocumentada, que ha participado en todas las construcciones que se han erigido en Charlotte en las últimas décadas.
Ya en 1986, un despacho de la AP, registraba el disgusto de funcionarios del difunto Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) porque los “ilegales” estaban abandonando los campos agrícolas de las Carolinas para convertirse en obreros de construcción.
Además de los edificios del centro y los escenarios deportivos, incluyendo el inmueble del Salón de la Fama de NASCAR, los latinos sin papeles se han roto el lomo en el alzamiento de cada escuela, hospital, iglesia, tribunal, urbanización que se haya levantado recientemente en Charlotte.
La cárcel central, a donde van a dar los indocumentados que resultan detenidos para deportación por cometer infracciones de tráfico o no portar licencia de conducir, fue edificada con el aporte de albañiles hispanos.
“Nuestros antepasados construyeron las pirámides aztecas, ahora construimos las pirámides de Charlotte”, me dijo con sorna un obrero mexicano de piel cobriza durante una de las manifestaciones realizadas en Charlotte en pro de la reforma migratoria.
Y esa contribución ha tenido un costo de dolor. Las estadísticas del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte señalan que desde 2002 un total de 135 hispanos murieron en accidentes de trabajo en el estado, con la mayoría de las fatalidades en sitios de construcción, y con un número significativo de los incidentes en Charlotte.
Lo paradójico es que desde 2006 se desató una guerra contra esa gente que desgastó sus órganos vitales en erigir las maravillas que verán y disfrutarán los convencionistas.
Desde la primavera de ese año hasta hoy, alrededor de diez mil indocumentados, que habían estado radicados en la ciudad, fueron puestos en proceso de deportación por medio del programa 287g que da facultades a agentes locales de actuar como oficiales de inmigración.
Pero no solo eso, el alguacil local también tiene a su merced la posibilidad de utilizar Comunidades Seguras, el otro programa de expulsión de indocumentados.
Esto pese a que un reporte del Instituto de Política de Inmigración (MPI), con sede en Washington DC, concluyó lo que se sabe y no se quiere admitir: que el objetivo de expulsar criminales del 287g no se está cumpliendo.
Como tampoco está cumpliendo la misma meta Comunidades Seguras, según un informe del Centro de Periodismo Investigativo de la Florida (FCIR).
Lo que están haciendo los dos programas en todo el país es deportar a gente trabajadora como la que transformó a Charlotte.