La exitosa contracorriente antiinmigrante
Por Rafael Prieto Zartha

En contracorriente con la tendencia antiinmigrante que ha predominado en el país en los últimos tiempos, los legisladores estatales de Maryland le dieron una lección a la nación entera al aprobar su versión del Acta de los Sueños, que permite que los estudiantes indocumentados ingresen a las instituciones de educación superior pagando la misma tarifa que los ciudadanos.
Con la promesa anticipada del gobernador Martin O’Malley de firmarla como ley, los representantes estatales a la Cámara votaron en Annapolis, la capital de ese estado, 74 a 66 a favor de la iniciativa y los senadores estatales 27 a 19.
De esta forma, Maryland se convirtió en el undécimo estado que, desde 2001, ofrece garantías económicas de educación a jóvenes indocumentados, que desean continuar con sus estudios universitarios.
Los que se quedaron con los crespos hechos, fueron los integrantes del grupo antiinmigrante Ayuden a Salvar a Maryland (HSM), que ya amenazó con retar la nueva legislación, mediante un referendo, en las elecciones de 2012.
“¿Cuánto tiempo creen que pasará antes de que el senador estatal Víctor Ramírez y la delegada estatal Anna Sol Gutiérrez vengan llorando… para exigir becas completas y ayuda financiera para los pobres estudiantes hispanos ilegales de Maryland”?, anotó desconsolada la organización antiinmigrante en su sitio de internet, mostrando su animosidad contra los legisladores estatales hispanos y la comunidad latina entera.
Otro que está desesperado con la aprobación del Acta de los Sueños, es el delegado estatal Patrick McDonough, quien quiere voltear la tortilla para impedir que los jóvenes soñadores tengan acceso a la universidad y está solicitando ayuda de fundaciones nacionales que le colaboren para lograrlo.
McDonough ha dicho que al pasar la legislación de los sueños: Maryland “se ha convertido en una Disneylandia para los inmigrantes ilegales”.
Para calificar para los beneficios de reducción de costo de la matrícula, los estudiantes indocumentados deberán probar que sus padres o representantes legales han pagado impuestos durante los últimos tres años, haber estudiado tres años de secundaria en Maryland y haberse graduado en ese estado.
La ley exige que los estudiantes completen dos años de estudios en un colegio comunitario, con una equivalencia de 60 créditos, antes de ingresar a carreras universitarias de cuatro años de duración.
También, deben inscribirse en el Servicio Selectivo de Estados Unidos y comprometerse a solicitar la residencia legal tan pronto como haya una oportunidad.
La aprobación de la SB 167, contó con el impulso de los activistas Gustavo Torres y Kim Propeack, de Casa de Maryland, una organización que ha luchado con denuedo en pro de una reforma migratoria integral a nivel federal y la legalización de los indocumentados.
Igualmente, en contracorriente con la tendencia antiinmigrante que ha imperado en los recientes tiempos revueltos, 22 senadores demócratas pidieron al presidente Barack Obama, que suspenda por vía administrativa las deportaciones de los estudiantes que podrían beneficiarse con el Acta de los Sueños en el ámbito federal.
Los senadores no solo están pidiendo un alivio migratorio a través de una acción diferida a las deportaciones de los jóvenes, sino que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) haga lo que nunca ha hecho, mantener un record de los casos de los soñadores.
“Nadie sabe cuántos individuos elegibles para el Acta de los Sueños están en proceso de deportación, cuántos han solicitado acción diferida, y cuántos han sido deportados”, dice la carta de los senadores.
Y en otra misiva, el senador Charles Schumer le pidió a Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que enfoque sus esfuerzos de la deportación de criminales en lugar de expulsar, entre otros, a estudiantes sobresalientes y padres de hijos ciudadanos.
Hasta ahora la administración de Obama ha sido retrechera y asustadiza a los pedidos de alivio.
El propio presidente dijo que no podía ordenar una moratoria a las expulsiones, el pasado 28 de marzo, durante un foro público sobre educación organizado por Univisión.
Pero para decirle que “sí se puede” está el congresista Luis Gutiérrez, quien realiza una gira por 20 ciudades para recordarle al “presidente de la promesa”, que “el cambio requiere coraje” y que las familias deben permanecer unidas.

El dedo en la llaga
Por Rafael Prieto Zartha

Durante los últimos días, la pluma de Pilar Marrero, mi querida colega periodista de La Opinión de Los Ángeles, le ha puesto en varias ocasiones el dedo en la llaga a un tema ineludible: ¿cuál es el trato que la administración del ahora candidato presidente Barack Obama le ha dado a los inmigrantes?
Pilar, con el cristal de sus ojos claros, reportó que el liderazgo hispano proinmigrante se mostró desencantado con el mandatario durante una conferencia sobre el tema de la inmigración que se realizó en la Universidad del Sur de California (USC).
“Desilusionados con Obama”, fue el titular de la historia que citó a dirigentes prominentes de diferentes organizaciones nacionales que lanzaron ácidas críticas contra la Casa Blanca por el énfasis que le está dando el actual gobierno a las medidas policiales restrictivas y la poca enjundia que ha tenido para darle alivio a la pesadilla que experimentan los indocumentados honestos.
“No está esforzándose en ofrecer soluciones”, fue la expresión que reprodujo Pilar de parte de Thomas Sáenz, quien dirige el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF).
“Casi nos hubiera ido mejor con un republicano”, fue lo que recogió de Clarissa Martínez, del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).
Igualmente, Pilar reportó que en los últimos tres años han sido rechazadas 240 mil solicitudes de ciudadanía, lo cual indica que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) se han puesto más “piquis” y esto que supuestamente el organismo fue creado para ser la cara amable para los inmigrantes, tras la desaparición del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).
Así que los empleados del USCIS están más exquisitos que nunca para aprobar la naturalización de quienes la aspiran, en lugar de tener una mano ancha en estos tiempos revueltos.
De la promesa de reforma migratoria integral hecha por Obama siendo candidato en 2008, ni hablar, ni tampoco de sus lamentos de frustración por no haberse aprobado el Dream Act el año pasado.
Lo evidente es que su secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, se la pasa alardeando de los resultados que han dado la aplicación de medidas policiales y los programas de deportación Comunidades Seguras y 287g, que ya han sacado del país a más de un millón de indocumentados, desde el inicio del mandato de la O de la esperanza.
El cuento de la administración es que le está apuntando a la expulsión de indocumentados criminales, pero todas las estadísticas presentadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) indican que los deportados del nivel 1 que son los verdaderos criminales, son menos que los de los niveles 2 y 3, en los que está la gente que no ha realizado actividades delictivas.
No obstante, durante una presentación en el centro de estudios y pensamiento Nueva Red Democrática (NDN), Napolitano se atrevió a decir sobre todos los procesados por los programas de deportación: “para comenzar, ¿por qué les tomaron las huellas dactilares? Ahí hubo un crimen”.
Con toda razón la organización America’s Voice, expresó en un comentario sobre el asunto: “¿qué pasó con (el principio) de la inocencia hasta probar culpabilidad?”.
Pero no es solo eso, sino que ahora los agentes de ICE rodean escuelas y cazan padres indocumentados, mientras los representantes del DHS en los aeropuertos deportan infantes ciudadanos.
El año pasado los agentes de ICE se rebelaron abiertamente contra su jefe y no pasó nada.
El presidente sí tiene la autoridad administrativa para parar las deportaciones, para declarar un estatus de protección temporal a favor de los estudiantes indocumentados y para dar un tps a los nacionales de países que han experimentado tragedias naturales.
Lo que le falta al presidente Obama es simplemente voluntad y coraje.

La táctica antiinmigrante de atacar a “los traidores”
Por Rafael Prieto Zartha

Un ejemplo de la formidable presión que ejercen los antiinmigrantes en su afán de establecer leyes restrictivas, fue lo que ocurrió en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, en la última semana de marzo, durante un debate que concluyó con una votación que repudió la matrícula consular mexicana.
Aunque el proyecto contra los documentos de identificación, emitidos por gobiernos extranjeros para identificar a sus nacionales, todavía no es ley, la organización Americanos para la Inmigración Legal (ALIPAC), emitió un parte de victoria.
“La Cámara de Representantes de Carolina del Norte acaba de sentar un precedente nacional a nombre de los trabajadores, estudiantes, contribuyentes y votantes americanos que sufren los malignos efectos de la inmigración ilegal, al haber pasado el proyecto HB 33 que ahora esta rumbo al Senado”, anotó ALIPAC.
La organización se adjudica el resultado y la posible conversión en ley de la propuesta HB 33, que impediría que se realicen trámites en oficinas públicas del estado con la matrícula consular mexicana o documentos equivalentes de otros países.
El martes 29 de marzo, en una primera votación del proyecto, dos representantes republicanos se opusieron a la medida.
Inmediatamente ALIPAC lanzó un comunicado abogando para que los dos legisladores fueran defenestrados de sus cargos en las elecciones de 2012: “Dos republicanos traidores votaron con los demócratas en apoyo de ayudar a los ilegales extranjeros con las falsas matrículas e identificaciones”.
Uno de los señalados fue Daniel “Danny” McComas, quien nació en San Juan, Puerto Rico, y fue el primer hispano en ser elegido a la Legislatura de Carolina del Norte.
Incluso, McComas fue acusado por ALIPAC de pertenecer al grupo en “pro de la inmigración ilegal” Comité Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL).
Asustados por la presión de ALIPAC, McComas y su colega Jeff Barnhart cambiaron el voto al día siguiente.
El resultado final de la votación fue 66 a favor y 50 en contra. “Todos los demócratas, con excepción de uno, se pusieron del lado de los invasores ilegales”, anotó ALIPAC.
El representante estatal demócrata, Rick Glazier, calificó la acción de ALIPAC como salida de los “márgenes de la sociedad” y su mensaje como de “odio”.
Lo que pasó en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, es un espejo de lo que ocurre en la mayoría de las legislaturas estatales del país, donde los antiinmigrantes acobardan a los representantes y senadores.
En este caso los amenazaron de realizar campañas en conjunción con el Tea Party y otras organizaciones conservadoras.
Con tantos problemas por resolver en Carolina del Norte, como la disminución radical de fondos del estado, los políticos antiinmigrantes se toman el tiempo para pelear contra asuntos como la matrícula, que le ha sido útil a las agencias policiales para saber la identidad de muchas de las personas con las que entran en contacto.
La campaña contra la matrícula es realmente malévola y se dio desde que el documento comenzó a popularizarse en el país después de los ataques terroristas de 2001, dado el ambiente antiinmigrante que se generó.
Para 2003, ya en varias legislaturas estatales se había cuestionado su existencia, y en Colorado se aprobó por ley descalificarla.
En ese mismo año, el represente a la Cámara por Indiana, John Hostettler, logró a nivel federal, la aprobación de un proyecto que la anulaba, el cual por fortuna no tuvo eco en el Senado.
La matrícula consular mexicana se expidió por primera vez en 1871, y el concepto de identificaciones nacionales para extranjeros está aceptado por la Convención de Viena de 1963, un pacto internacional firmado por 160 países, entre estos Estados Unidos.
Durante los últimos ocho años los consulados mexicanos en Estados Unidos han expedido más de cinco millones de matrículas, incluyendo 183.323 tramitadas en Raleigh.
Pero, qué más da, para los antiinmigrantes es simplemente una farsa, usada por los ilegales, y van a lograr que se invalide en Carolina del Norte con tácticas marginales.