Cruella, los 7 enanitos y Peter Pan

Por Rafael Prieto Zartha

Cada vez que se lleva a cabo un nuevo debate entre los candidatos republicanos a la presidencia y se habla del tema migratorio, la congresista por Minnesota, Michell Bachmann, se asemeja más a Cruella de Vil: insensata, ignorante e insensible.

El 17 de octubre, durante el foro realizado en Las Vegas, en el que el presentador de CNN, Anderson Cooper fue el moderador, Bachmann dijo que los “ilegales” le costaban al país anualmente 113 billones (en inglés) de dólares y que de esa suma: 82 billones, la aforaban los gobiernos locales y estatales.

“Por cada hogar de un ciudadano americano, nos cuesta mil dólares al año. Están robando a los hogares estadounidenses que no pueden pagar eso”, aseveró Bachmann.

No sé de dónde sacó las cifras, la aspirante avalada por los amotinados del Té, pero a todas luces anda fuera de foco o tiene intenciones perversas.

Contrario a lo que afirma Bachmann, estudios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) indican que los indocumentados generan una actividad económica de 150 billones de dólares al año, y su presencia origina 8 millones de empleos en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado una y otra vez que 6 millones de individuos hacen sus impuestos anualmente con el Número de Identificación Tributaria, ITIN o W-7, que es el documento que usan los indocumentados para cumplir con sus obligaciones con el fisco.

Además, los indocumentados aportan anualmente 7 billones de dólares al Seguro Social y la cuenta llamada Earnings Suspense File Account, también del Seguro Social, que es a donde van parar las contribuciones de los indocumentados a los que les han hecho descuentos con números erróneos, había acumulado -hasta 2006- la bicoca de 745 billones de dólares.

En el debate realizado el pasado 22 de noviembre, en Washington DC, que condujo el periodista de CNN Wolf Blitzer, Bachmann, la aspirante del Partido del Té, acusó al expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrish, de promover una “amnistía” para los 11 millones de indocumentados, después de que el candidato sugirió aliviar la situación de algunos inmigrantes, legalizándolos pero sin ofrecerles un camino a la ciudadanía.

Gingrish, que de los siete aspirantes masculinos republicanos es al que han vendido de “Sabio” como el “Doc” de Blancanieves, dijo durante el foro: “No veo como, el partido que dice ser de la familia, va a adoptar una política de inmigración que destruye familias”.

El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney reaccionó a la propuesta de Gingrich como “Grumpy”, el “Gruñón”: “Solo atraerá más gente que venga aquí ilegalmente” y agregó que permitir que los estudiantes “ilegales” asistan a los colegios comunitarios y las universidades como si fueran residentes de los estados es uno de los “imanes para la inmigración ilegal”.

El actual gobernador de Texas, Rick Perry, que durante los debates ha hecho el papel de “Dopey” o “Tontín”, dijo que primero se debería “asegurar la frontera”. Y el empresario Herman Cain, que con sus actuaciones personales ha traído todos los desastres posibles a su campaña, como “Sneezy” o “Mocoso”, lanzó el estornudo más fuerte: “Para lidiar con los ‘ilegales’ que ya están aquí, se tiene dar el poder a los estados para hacer lo que el gobierno federal es incapaz de hacer”.

Anecdótica fue la presentación del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en el programa Enfoque de Telemundo, en el que el periodista, José Díaz-Balart, lo apretó con el dato que los 11 millones de indocumentados equivalen a la población entera de Cuba.

Rubio aparece ante los medios en español con su cara de “yo no fui” como si fuera Peter Pan cuando trata el tema de inmigración y con los medios en inglés se transforma en el Capitán Garfio. A Díaz-Balart le presentó todas las excusas para no ser concreto: No hay consenso nacional para una reforma migratoria y el Dream Act es una legislación muy amplia.

¡Qué diferencia con los demás legisladores cubanos que han pasado por el Capitolio! Ellos jamás se arrugaron. Siempre han respaldado a los inmigrantes.

El clamor de los indignados de Ocupar Wall Street

Por Rafael Prieto Zartha

Llegaron con los variopintos tonos que las hojas de los arboles adquieren en el otoño para convertirse en la conciencia del país.

Son los indignados del movimiento Ocupar Wall Street, que desde el 17 de septiembre, el Día de la Constitución en Estados Unidos, se instalaron con sus carpas multicolores en el Parque Zuccotti de Manhattan, en pleno corazón del centro financiero de Nueva York, para protestar contra la avaricia de las corporaciones y contra la escandalosa concentración de la riqueza por parte del 1 por ciento de la población.

Su sorprendente acción, la del 99 por ciento que dicen representar, fue copiada en las principales ciudades de la nación y decenas de localidades, presentando imágenes que parecen sacadas de los nostálgicos tiempos de los años sesenta y setenta, cuando la juventud se levantó contra la guerra, armada con cabellos largos, prendas hippies, flores, guitarras y símbolos de paz.

Casi un mes después de la toma de Wall Street, el 15 de octubre, el clamor de los indignados tuvo eco en mil ciudades de 83 países del planeta, donde la gente salió a la calle a mostrando solidaridad con los manifestantes neoyorquinos y ratificando el increíble poder de convocatoria que hoy tienen las redes sociales.

Desde el que el fallecido presidente Ronald Reagan incorporó en los ochenta el concepto de que a los multimillonarios se les deben dar ventajas económicas para crear empleos, la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos ha ido creciendo.

Simultáneamente, las grandes empresas se fueron llevando, de forma paulatina, sus plantas y los empleos lejos, a tierras foráneas y ni siquiera a Latinoamérica, el cercano patio trasero.

La crisis económica que ha vivido el país en los últimos años, debido a las prolongadas guerras en el extranjero y al descalabro hipotecario, ha tenido un gran impacto en la gente, que vio como el gobierno dispuso miles de millones de dólares para rescatar a los bancos, mientras el dinero se difuminaba de los bolsillos de los más pobres.

Con una tasa de desempleo de alrededor del 9 por ciento, era de anticiparse que alguien protestara.

Dos meses después del inicio del movimiento Ocupar Wall Street, a los indignados se les está desalojando de los territorios que ocuparon pero su mensaje de desafío y descontento está vivo.

Vive porque en lo tangible impidieron que a los cuentahabientes de los grandes bancos se les cobrara una tarifa por tener tarjetas de debito.

Vive porque se debe respaldar a la actual administración en su iniciativa de generar empleos y reparar la infraestructura del país.

Vive porque no es posible que la nación más poderosa de la Tierra no le garantice a sus habitantes un servicio de salud universal, que sea asequible para todos.

Vive porque sería desastroso entregarle el país a los extremistas del Partido del Té, que con sus folclóricas pelucas y atuendos de la guerra de independencia, pretenden emular un falso patriotismo aderezado con intolerancia, incluso para los más inermes, para los inmigrantes indocumentados.

Es cierto que entre los indignados se han filtrado anarquistas que han protagonizado desmanes, pero aún así el movimiento de Ocupar Wall Street sigue siendo la conciencia que necesita el país.

Estados Unidos es un país maravilloso, que ofrece un nivel de vida mejor que el de la mayoría de los países del resto del mundo. Su sistema de gobierno y su sistema económico lo llevaron a ser una superpotencia.

Precisamente, por esa responsabilidad, los que mandan y poseen más deberían atender los pedidos del 99 por ciento.

Con la derrota de Pearce perdió la intolerancia

Por Rafael Prieto Zartha

La derrota del senador estatal de Arizona Russell Pearce en las elecciones especiales que se realizaron para revocar su mandato es una señal tangible de que a los antiinmigrantes se les debe combatir con el poder del voto y se les puede ganar.

“Aunque todavía no se ha dado a conocer los resultados oficiales de las cifras de participación latina, fue evidente que la votación de los electores hispanos fue definitiva para que Pearce perdiera”, me dijo Janet Rodríguez, la galardonada reportera de Telemundo en Arizona, que se ha ganado cinco Emmys siguiéndole los pasos al hoy defenestrado senador, al alguacil Joe Arpaio, a la ley estatal SB 1070 y a las vicisitudes de los inmigrantes indocumentados radicados en ese estado.

Como ejemplo para emular está la osadía de los integrantes de la organización Ciudadanos por Una Mejor Arizona, que recolectaron más de 10 mil firmas válidas para que las autoridades electorales convocaran la votación especial que puso en manos de los electores decidir la suerte de Pearce y su desafuero.

Lo que parecía una misión imposible concluyó en un acto inédito en los 99 años de existencia de Arizona como estado: la destitución por medio del sufragio popular del individuo que ostentaba el cargo de presidente del Senado Estatal, un funcionario que parecía invencible y cargado de soberbia.

Pearce, quien fue el impulsor de todas las leyes antiinmigrantes en Arizona desde 2004, no se presentó para reconocer su fracaso electoral con la folclórica camisa de palmeras que usó para hablar con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, tras la aprobación de su obra maestra, la SB 1070, que convirtió en delito ser indocumentado en Arizona.

Esta vez, el senador estatal utilizó una indumentaria sencilla, la de una de sus camisetas de campaña para la admisión del descalabro electoral, acompañado por su compañero de perfidias contra los inmigrantes, el sheriff Arpaio, del Condado de Maricopa.

Pearce, que regularmente ha usado corbata para hablar con los medios en inglés, logró en 2004 la aprobación de la proposición 200, que exige que los funcionarios oficiales reporten a las autoridades a los indocumentados que intenten solicitar beneficios públicos.

En 2005 impulsó la “Ley anticoyote” contra el tráfico humano, que dio luz verde a las redadas indiscriminadas y a los abusos que se atribuyen al alguacil Arpaio.

En 2006 hizo que se decretara la ley 100 que niega la posibilidad de fianza a los indocumentados acusados de delitos.

También en 2006, hizo pasar la Proposición 102, que niega a los indocumentados el derecho a compensación cuando presentan demandas contra ciudadanos estadounidenses.

En 2007 hizo aprobar la ley de sanciones a los empleadores, que castiga a los que contraten indocumentados.

En 2008 logró que se instituyera la ley HB 2008, que sanciona a los empleados públicos que no denuncien a los indocumentados que se atrevan a pedir subsidios gubernamentales.
En el escritorio de Pearce estuvo la propuesta de abrogarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense y la de obligar a los directores de escuelas a reportar a los estudiantes indocumentados y sus padres como lo establece la feroz ley de Alabama.

Pero Pearce no ha estado solo en la elaboración de los proyectos de ley, para eso ha tenido la asesoría de abogados como Kris Kobach, ligado a la Federación Americana para la Reforma de la Inmigración (FAIR) y el Instituto para la Reforma a las Leyes de Inmigración (IRLI), dos prominentes organizaciones antiinmigrantes.

A mediados de la década pasada, Pearce se disculpó por haber redistribuido material editorial producido por la organización racista National Alliance y fue cuestionado por su apoyo político al dirigente supremacista ario J. T. Ready.

La derrota del ideador de la cárcel de carpas para albergar indocumentados en el desierto de Arizona envía un mensaje al resto del país: la intolerancia se puede vencer.

Somos 21 millones de votantes latinos.

Jaque mate a los indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Cuando Anthony Tangemann, director de la Oficina de Detención y Remoción (DRO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenó la realización de la Operación Endgame (Final del Juego) en el verano de 2003, movió las piezas de ajedrez que tienen hoy a los 11 millones de indocumentados contra el filo de la deportación.

El proyecto, que contemplaba la expulsión del país de todos los indocumentados entre 2003 y 2012, no cumplirá la meta para la fecha fijada, pero si sentó las bases para confeccionar la pesadilla que viven los inmigrantes que carecen de papeles.

La Operación Endgame apuntaba, además de las actividades de arrestos, crear un ambiente de respaldo a las acciones de deportación por parte de los ciudadanos estadounidenses, tener nexos con organizaciones de base y entidades no lucrativas y mercadear las instancias de éxito del plan.

Además, para ejecutar el Final del Juego se proyectaba continuar la contratación de cárceles privadas para internar a los indocumentados, como ha ocurrido reiteradamente.

Partiendo del plan se dio la espiral de expulsiones que fue subiendo en cada año fiscal: 2003, 155,874; 2004, 173,777; 2005, 179,165; 2006, 206,177; 2007, 288,663; 2008, 349,041; 2009, 387,790; 2010, 392,862; y 2011, 396,906.

Desde 2003 hasta la terminación del año fiscal de 2011, en septiembre pasado, las autoridades de inmigración sacaron del país a más de dos millones y medio de indocumentados.

La deportación masiva ha sido respaldada por organizaciones de base y entidades no lucrativas antiinmigrantes, que se han dedicado a generar las leyes estatales y locales que se han venido copiando para hacerle la vida un yogur a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio, con medidas destinadas a arrestarlos por “sospechas”, impedirles trabajar, transportarse, ser transportados, alquilar o adquirir vivienda, estudiar en instituciones de educación superior, estigmatizar a niños y padres de familia, e incluso abrogar el derecho a la ciudadanía a los nacidos aquí, que sean hijos de indocumentados.

El congresista Luis Gutiérrez se quejaba en el programa de televisión dominical Al Punto con Jorge Ramos de lo que vio durante una visita a Alabama, donde el imperio del terror generado por la ley estatal HB 56 le cercena la posibilidad a los inmigrantes hasta de tener servicio de energía, en el marco de una atmósfera que recuerda las abominables leyes Jim Crow, que discriminaban contra los afroamericanos, aún después de que se decretó la liberación de los esclavos, en la segunda mitad del siglo 19.

Detrás de ese ambiente cruel contra los indocumentados latinos está lo planteado por la Operación Endgame, para que los extranjeros sin papeles que no sean ubicados, aprehendidos, procesados y deportados, se aburran y se vayan.

Por eso en Carolina del Norte, un grupo de representantes a la Cámara republicanos y demócratas han creado un comité sobre política de inmigración, del que no se anticipa que salga algo diferente a hiel en contra de los indocumentados.

Para mi sorpresa, en el otro lado del país, en California, un grupo de líderes hispanos está planteando una respuesta a contracorriente del espíritu antiinmigrante que padece el país. El Congreso Latino está proponiendo que se dé permiso de trabajo a los indocumentados de bien. La idea es recolectar 700 mil firmas, para poner la iniciativa a disposición de los votantes en las elecciones de 2012. Los impulsores de la propuesta creen contar con el 63% de los electores y la medida favorecería a dos millones y medio de extranjeros que carecen de papeles. Esta es una movida ingeniosa para ponerle freno al desastre iniciado por la Operación Endgame y no se dé el final del juego.