En pie de oración contra las leyes antiinmigrantes

Por Rafael Prieto Zartha

El tate quieto que le puso el juez federal de distrito, Richard Gergel, a la ley antiinmigrante SB 20 de Carolina del Sur era algo que se veía venir desde el lunes 19 de diciembre, cuando escuchó los argumentos de las partes en el recinto de su corte en Charleston.
Lo digo porque estuve un rato en la audiencia y vi a Gergel interrogando al abogado André Segura, del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Gergel anotó ese día, antes de anunciar su decisión de bloquear los aspectos más severos de la ley, las complicaciones que la normativa traería para el estado al dar facultad a los agentes de la ley locales y estatales de preguntar por el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados, al obligar a la gente a portar papeles para probar su estatus y al castigar quienes alberguen o le den un “aventón” a un peregrino en necesidad.
Cuando Gergel hizo públicamente la observación de que hasta un ciclista que va a una tienda podría resultar perjudicado, supe que los abogados de la gobernadora Nikki Haley no tenían chance.
La parada que le dio Gergel a la draconiana legislación, que habría entrado en vigor el 1 de enero de 2012, marcó la constante de 2011, que las cinco leyes estatales antiinmigrantes aprobadas durante el año fueron frenadas en las cortes.
Eso ocurrió también con las iniciativas aprobadas por las legislaturas y los gobernadores de Alabama, Georgia, Indiana y Utah.
Eso también pasó con la madre de todas las leyes, la SB 1070 de Arizona, que se sancionó en 2010 y que finalmente terminará siendo decidida en la Corte Suprema de Justicia.
Lo malo es el ambiente de terror que han creado estas normativas contra la población más inerme del país, que son los indocumentados.
Muchos han salido despavoridos de Arizona, Alabama y Georgia, asustados por los maltratos de que han sido víctimas, al no poder siquiera pagar sus cuentas de energía y otros servicios básicos.
Otros han experimentado los abusos rampantes de funcionarios oficiales, como del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, a quien en su custodia se le murió el veterano de guerra hispano, Marty Atencio.
Atencio fue objeto de descargas eléctricas y acciones de fuerza bruta que fueron grabadas en video.
Entre tanto, la economía de Arizona se fue al garete, los tomates de Alabama se han podrido y la recolección de otros cultivos de Georgia y Carolina del Sur, también han resultado afectados, ante la ausencia de la mano de obra indocumentada.
En Carolina del Sur, los abusos igualmente han estado a la orden del día. En la iglesia Metodista Unida Midland Park de North Charleston una mujer me contó las vicisitudes de un familiar inmediato, al que también le aplicaron descargas eléctricas en la localidad de Richland, tras un arresto que ella alega como claro ejemplo de perfil racial injusto.
Es por eso que luciendo cintas anaranjadas, la comunidad de fe y las organizaciones de derechos civiles se lanzaron a las calles y los templos de Carolina del Sur para rechazar con oraciones, la ley estatal antiinmigrante SB 20.
Bajo la preciosa cúpula del Capitolio Estatal en Columbia, donde ondean las banderas estadounidense y la azul con la media luna y la palma de Carolina del Sur, la gente se congregó para escuchar a religiosos que evocaron pasajes de La Biblia, para recordar que Jesús fue un migrante perseguido, que fue llevado a Egipto a escondidas por María y José como un refugiado.
Frente a la bandera confederada, que aún permanece en los predios de la legislatura estatal surcarolina, dirigentes afroamericanos hicieron un paralelo de su lucha contra la discriminación y por los derechos civiles en la década de los sesenta, con la situación que afrontan ahora los inmigrantes hispanos.
“Quizás todos venimos en diferentes embarcaciones, pero ahora todos estamos en el mismo barco”, decía una frase de Martin Luther King Jr, registrada en una pancarta, que los activistas portaron cuando marcharon por las céntricas calles de Columbia.

Arpaio: el alguacil más duro del Lejano Oeste

Por Rafael Prieto Zartha

En el caso eventual de que el alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, el más duro del Lejano Oeste, termine sentenciado a prisión por la investigación que se le sigue por abuso de poder, la cual tiene consecuencias penales, yo tengo varias sugerencias para el juez.
Mi deseo es que le imponga los mismos castigos de ignominia con que ha infligido a los inmigrantes indocumentados.
El sheriff merece consumir varias tazas de su propio caldo y recibir dosis de su propia medicina.
Al juez le pido que lo sentencie a cumplir parte del tiempo de condena en la cárcel de carpas, que ha regentado, en el inclemente clima del desierto de Arizona.
Le solicito que lo obligue a lucir los trajes de preso que impuso en su centro de detención, con las rayas negras que lucen Pete y los Chicos Malos, en las historietas infantiles de Disney.
Le pido que lo force a ponerse la ropa interior de color rosado, que han utilizado los reos indocumentados en el infame sitio de reclusión, un lugar que en las fotografías y videos se asemeja a un campo de concentración.
Lo insto a que le ponga las esposas rosadas y que vestido con uniforme de recluso sea paseado encadenado por las calles de los barrios hispanos de Phoenix, como él lo ha hecho con los detenidos indocumentados, con el fin de humillarlos.
Lo exhorto a que imponga que su dieta diaria sea la comida insípida, carente de sal y condimentos, que le ha recetado a los confinados en su tan cacareada cárcel.
Le solicito que no se le permita ver televisión o películas como pasa con los internos de su campamento
Le imploro que le dé funciones de enterrador de la comarca e inhume a los fallecidos, como lo han hecho los inmigrantes que han caído en sus garras.
Al juez le pido que otra parte de la pena la escarmiente en una de las prisiones privadas federales para indocumentados, donde el gobierno federal desea que no rija una nueva normativa -que entrará en vigor en 2012- para proteger a los presos de las violaciones sexuales.
La cadena de radio, NPR, denunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha pedido que se excluya a los centros de detención de inmigrantes, de la medida que imperará en las demás penitenciarias, pese a que en los últimos cinco años se han presentado alrededor de 200 denuncias de abusos sexuales contra los indocumentados retenidos en las cárceles de Inmigración.
A Arpaio no le caería mal una temporada allí, teniendo en cuenta que su oficina no investigó más de 430 denuncias de delitos de tipo sexual, entre 2005 y 2007, situación por la que ofreció disculpas recientemente.
Al sheriff le cayó la roya después de la derrota de su compañero de aventuras antiinmigrantes Russell Pearce, el defenestrado expresidente del Senado Estatal de Arizona, cuyo mandato fue revocado en las elecciones del 8 de noviembre.
El 5 de diciembre se destapó la olla de su desidia con los casos de abuso sexual.
Y el 16 de diciembre, el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer un reporte de 22 páginas en las que se le acusa de discriminar sistemáticamente contra los hispanos, y practicar consuetudinariamente perfil racial contra los conductores latinos.
Thomas Pérez, fiscal asistente de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, señaló que la investigación duró más de tres años, con la participación de más de 400 personas.
A la Oficina de Arpaio se le retiró del programa de deportaciones 287g y se le restringió de Comunidades Seguras, confirmando que los dos programas federales abren las puertas para abusos infames contra los indocumentados.
Casi octogenario, con 18 años de ser el alguacil de Maricopa, Arpaio está en la mira del grupo Ciudadanos por una Mejor Arizona, que quieren como a Pearce, sacarlo de puesto mediante el voto popular. Y también le viene pierna arriba la investigación criminal por abuso de poder.
¿Será el adiós para el alguacil más duro del Lejano Oeste?

Que le caigan rayos los alguaciles mentirosos

Por Rafael Prieto Zartha

Yo no podía creer lo que estaba escuchando durante la primera reunión del Comité de Inmigración de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, que se realizó el pasado 7 de diciembre en el Edificio de la Legislatura en Raleigh, capital de ese estado.

“Usted tiene mayores posibilidades de que lo parta un rayo que ser deportado, siendo un inmigrante ilegal en este estado y en este país”, dijo el alguacil del condado de Rockingham, Sam Page, para defender el programa de deportaciones Comunidades Seguras, que ha sido cuestionado nacionalmente por no cumplir el propósito de expulsar criminales, sino humildes trabajadores que han dejado en este país la fuerza de sus músculos y el aliento de sus pulmones.

Siguiendo su analogía, durante la administración del presidente Barak Obama, los rayos habrían matado a más de un millón en este país, que ha sido el guarismo de indocumentados expulsados de Estados Unidos en los casi tres años de su gobierno.

La afirmación del sheriff es tan “”trucha”, tan inconsistente y tan malintencionada, como la calumnia.

La realidad es que en 2010 el Servicio Nacional del Clima (NWC) reportó solo 19 muertes en el país por culpa de los rayos.

Por eso es igualmente irresponsable, que el otro expositor del día, el sheriff, Terry Johnson, del condado de Alamance, se atreviera a afirmar que los indocumentados le cuestan al estado más de dos billones de dólares (en inglés) y que todos se tragaran la enchilada completa, sin deglutirla.

Las cifras de Johnson provienen de un informe de la Federación para la Reforma de Inmigración (FAIR), que fue iniciada por John Tanton, un oftalmólogo, quien fue denunciado por la organización de defensa de los derechos civiles, Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur (SPLC), revelando sus propias palabras, por tener conexiones con grupos racistas, e incluso neonazis.

FAIR ha funcionado con aportes del Fondo Pioner, una organización no lucrativa, que promueve la eugenesia, una filosofía que trata de respaldar científicamente la teoría de que la raza blanca es superior.

Pero algo así eso no es extraño, saliendo de Johnson, que ha dicho que los valores morales de los mexicanos son diferentes de los estadounidenses: “En México, no hay nada malo en tener relaciones sexuales con una niña de 12 o 13 años de edad”.

Johnson fue demandado en el verano pasado por el Departamento de Justicia alegando que sus empleados temen ser víctimas de represalias si hablan con investigadores federales acerca de la presunta política discriminatoria de su oficina.

El alguacil dijo, fresco como una lechuga, que no había actividades de perfil racial bajo su departamento o como resultado de la aplicación 287g pero 90%, de los casi 1,700 indocumentados que ha puesto en proceso de deportación desde su cárcel, son latinos.

Sorprendente la ignorancia acerca del tema migratorio de parte de los empleados que sirven apoyo a los legisladores.

No conocían el alcance de Comunidades Seguras y que en 2013 estará en todos los centros de detención y agencias policiales del país.

Tampoco estaban enterados que las leyes federales prohíben que los indocumentados reciban todo tipo de asistencia social o de salud, y que la única excepción se da en las salas de emergencia de los hospitales.

Durante algunos momentos la sesión pareció preparada por algunos de mis lectores, que solo tienen desprecio para los inmigrantes sin papeles.

“Estos delincuentes han utilizado el método de poner a parir a todas esas indias en territorio americano”, escribió uno que se identifica como Paco Jones, quien los califica de “morralla”.

Soni dijo: “se pasan a este país, para que el ‘chilpayate’ les nazca como ciudadano americano”, e insistió en que los indocumentados no pagan impuestos.

Yo por mi parte sostengo que es más fácil que nos parta un rayo, que los sheriffs antiinmigrantes y los nativistas digan la verdad.

2012: El año de los votantes hispanos

Por Rafael Prieto Zartha

No suelo crearme ilusiones respecto a nada y mucho menos invierto mi tiempo en pintar pajaritos en el aire en conexión al futuro.

Regularmente miro el porvenir con escepticismo, aunque debo confesar que algunas veces recreo en mi mente que mis equipos de fútbol favoritos resultan campeones: las selecciones de Estados Unidos y Colombia, Santa Fe y Chicó Boyacá.

La realidad que es cruel, como una escuálida pitonisa esquizofrénica, me aterriza cuando tengo esos desvaríos en cuestión de segundos.

No obstante, le voy a apostar a que 2012 va a ser el año de los votantes latinos.

Lo hago pese a los desengaños con que me acongojan los electores hispanos de la ciudad donde vivo: Charlotte, Carolina del Norte.

En las elecciones del martes 8 de noviembre, de 13 mil ciudadanos latinos habilitados para votar, escasamente 600 fueron a las urnas, o mejor dicho a las máquinas electrónicas en las que se pulsan digitalmente los votos.

Aún así, se me antoja que viviremos una primavera electoral hispana en el ámbito nacional, con unos resultados positivos en noviembre del año entrante.

Mi esperanza es que la presión antiinmigrante genere lo mismo que ocurrió en Arizona con el expresidente del Senado Estatal, Russell Pearce, al que los votantes latinos desbancaron de su cargo, como castigo a su sarta de leyes venales contra los indocumentados.

Los políticos republicanos con olfato ya entendieron la lección, y están comenzando a recular de su intransigencia en contra de los inmigrantes y ahora les ha dado por la “compasión”.

El primero en lanzarse al viraje fue el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien propuso legalizar, sin vía a la ciudadanía, a los indocumentados que tienen lazos tangibles en el país.

Gingrich se expuso a que sus contendores le dieran palo y contra lo previsto va de primero en las encuestas.

Por cierto, que un estudio del Centro Hispano Pew proyectó que dos terceras partes de los indocumentados radicados en Estados Unidos han vivido en territorio estadounidense durante más de una década y casi la mitad de estos tienen hijos menores de edad, la mayoría nacidos aquí y por ende ciudadanos americanos.

La suma del grupo de adultos sin papeles afincado en el país superaría el guarismo de seis millones de individuos.

Esa cifra, lo ocurrido en los comicios de Arizona y encuestas como la de Univisión y Latino Decisions, de principios de noviembre, han hecho que los viejos zorros del Partido Republicano recapaciten.

El sondeo de Univisión y Latino Decisions, efectuado en los 21 estados con mayor población hispana, mostró que 30% de los latinos que votan sienten que los republicanos son hostiles contra comunidad hispana.

La encuesta dijo que el presidente Barack Obama, pese a su promesa incumplida de reforma migratoria, superaría ampliamente a sus rivales del partido del elefante.

Por eso, el excandidato presidencial republicano John McCain experimentó el pasado domingo 4 de diciembre una súbita reconversión.

“Pienso que el Partido Republicano necesita discutir el asunto (de inmigración) en la forma más humana posible”, afirmó McCain en el programa “State of the Union” de CNN.

Quien no entiende todavía como están las cosas es el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney quien dijo durante foro de aspirantes convocado por el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que si el gobierno federal no actúa en materia migratoria, los estados deben llenar ese vacío, o sea apuntar a favor de una irresponsable colcha de retazos de leyes migratorias.

Pero para resolver todas las dudas están los 21 millones de votantes hispanos que están habilitados para votar en las elecciones de 2012. Tienen que hacerse sentir para que nos respeten Obama y quien quiera que resulte ser su oponente.