287g: La centrífuga de deportar indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Desde un principio estuve en contra del programa de deportaciones 287g porque anticipaba que se convertiría en una centrífuga para la deportación de los más inermes.

Lo consigné en una columna que publiqué a principios de 2006 en el semanario en inglés “Creative Loafing” de Charlotte, la ciudad donde radico.
En la pieza denominada “Libertad de información: ¿Quién es la gente que está siendo deportada?”, le reclamaba al alguacil local, Jim Penderdraph, los listados de las personas, que estaban siendo capturadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y que se alojaban en la cárcel central de Charlotte, que estaba bajo la jurisdicción del sheriff.
Mi pedido, que fue negado inicialmente y que después de la columna fue aceptado, se sustentaba en que deberíamos “tener una idea clara y trasparente del proceso de arresto, detención y remoción de extranjeros”.
La preocupación se ahondaba con el anuncio del sheriff, la congresista Sue Myrick y ejecutivos de ICE de darle a agentes locales facultades migratorias y estar “ad portas” de una deportación masiva.
“Sería terrible si los medios de comunicación en español locales y las organizaciones latinas de base no pudieran monitorear cómo y por qué son arrestados los inmigrantes indocumentados que terminan en las manos de ICE”, anotaba el suscrito.
“Revelar los nombres y cargos es la única manera de verificar que todas las agencias -- departamentos de policía, la Oficina del Sheriff e ICE -- juegan limpio en la implementación del programa piloto de Myrick para Carolina del Norte”, señalaba yo.
Antes del 287g, de acuerdo con los portavoces de ICE, de Charlotte eran deportados cada semana entre 8 y 10 indocumentados, pero las cifras dadas por el alguacil mostraban que el promedio de expulsados llegaba en febrero de ese año a 33 a la semana.
Durante 2005, un total de 8,413 hispanos habían sido víctimas de crímenes en Charlotte, pero 4,162 individuos de apellido hispano habían sido detenidos en Charlotte, lo cual daba una idea de la catástrofe que se avecinaba.
Lo que vino después de que en abril de 2006, al comenzar el procesamiento para deportación de los primeros detenidos, fue pavoroso.
El 287g ha generado la puesta en deportación de 11,480 inmigrantes desde Charlotte, de los cuales únicamente 235 han sido verdaderos criminales (aggravated felons).
A más de 7 mil individuos, incluyendo ciudadanos naturalizados, les han tomado las huellas dactilares y las fotografías.
Se estableció un doble estándar para tratar a los ciudadanos, violando claramente los derechos civiles y constitucionales de los estadounidenses nacidos fuera del territorio del país. Residentes legales, asilados, refugiados y amparados por el estatus de protección temporal (TPS) también resultaron afectados.
Una muestra de que el 287g si ha estado dirigido para sacar a latinos del país, son las cifras, que hablan por sí solas. De los 11,480 procesados para deportación, 11,061 han sido de países de habla hispana de los cuales 7,238 han sido mexicanos, 3,573 centroamericanos, 216 sudamericanos 31 caribeños y 3 españoles. No ha habido nacionalidad hispana que no haya sido afectada. De Brasil han sacado 71 y 348 de otros 55 países.
De los deportados, 9,677 fueron acusados de delitos menores y 3,440 de cometer infracciones de tráfico.
Pero Charlotte, es apenas un microcosmos de lo que ha ocurrido en las más de 60 jurisdicciones, donde ha operado el 297g.
Lo que es cierto, es que antes de que llegara a mi ciudad, solo funcionaba en cuatro lugares, y el exalguacil Pendergraph fue el encargado que hiciera metástasis en el país.
Jennifer Roberts, comisionada del condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, me dijo, después de que la enteré que el gobierno federal había decidido cortarle la financiación al 287g, y no aceptar nuevos contratos, que “el programa nunca ha sido el medio más adecuado para resolver el problema migratorio”.

Una vida mejor: A better life

Por Rafael Prieto Zartha

Ojalá la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tenga a su buen juicio otorgar al actor Demián Bichir el Oscar como mejor actor, en la octogésima tercera entrega de la estatuilla dorada en Los Angeles, por su papel como protagonista de la película: “Una vida mejor”.
Bichir ya fue nominado en la misma categoría en los premios del Sindicato de Actores (SAG) y en los Independent Spirit Awards, sin que se cristalizaran los galardones para el artista mexicano.
“Una vida mejor” presenta la historia del jardinero indocumentado Carlos Galindo, quien resulta deportado de Estados Unidos, después de vivir en el país durante más de 15 años.
La estancia de Galindo en la Unión Americana se trunca al intentar arriesgarse a alcanzar una pequeña porción del sueño americano.
El hombre refleja la historia de los millones de trabajadores que no cuentan con un estatus migratorio y experimentan la amarga realidad de estar en desventaja frente a los obstáculos que les presenta el sistema.
La trama tiene a Galindo, como un padre cabeza de familia, a quien su esposa lo abandonó y cría a un adolescente, Luis, quien es asediado por la presión de su entorno de convertirse en pandillero.
Hay escenas que muestran el choque cultural del muchacho, que no entiende las raíces de su padre, su oficio, e incluso el idioma español.
Comprar la “troca” de su patrón, para mejorar la vida de su hijo, se transforma en una tragedia para Galindo, quien sueña con su negocio propio y especialmente una mejor escuela y un ambiente más sano para su primogénito de 14 años.
Tras recobrar, después de muchas peripecias, el vehículo que le había sido robado, Galindo es detenido por la policía angelina por no portar la licencia de conducción.
Como centenares de miles, el jardinero resulta afectado por el criterio de los programas de deportaciones 287g y Comunidades Seguras.
Infortunadamente, la actual administración, del presidente Barack Obama, clasificó desde 2009 las infracciones de tráfico, como actos criminales, por lo que a trabajadores honestos, que se pasaron un señal de pare o tenían la calcomanía expirada, los han sacado del país como criminales.
A Galindo lo internan en la cárcel con los asesinos, ladrones, violadores, pandilleros y delincuentes violentos. No obstante, su uniforme anaranjado, presenta en letras grandes las siglas del Servicio de Inmigración y Aduanas: ICE.
Al irse del país, el jardinero y su hijo dialogan brevemente en el centro de detención. El padre aparece, como ocurre diariamente con los indocumentados a punto de salida, con las cadenas y las esposas metálicas en las cuatro extremidades.
El llora avergonzado de que su hijo lo vea en esa situación.
El ocaso del largometraje tiene una fuerza brutal, se trata del jardinero intentando cruzar la frontera por el desierto. Sus palabras suenan como pedradas al acercarse al borde: “vamos a casa”.
Y es que para millones de los deportados este país, donde se han quebrado el lomo trabajando, es su hogar y el de sus hijos.
Es el de los centenares de inmigrantes, que fueron deportados, pese a que la Corte Suprema de Justicia había emitido el concepto de que no deberían salir del país.
Los diarios Los Ángeles Times y Wall Street Journal. han reportado sobre la denuncia de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes (IRC) de la Universidad de Nueva York (NYU), acerca de la situación de inmigrantes que ganaron en las cortes la apelación de sus casos, pero no podrán retornar a Estados Unidos.
Este también es el país de los veteranos nacidos fuera, que después de arriesgar sus vidas en las guerras bajo la bandera de las barras y las estrellas, han sido expulsados de territorio estadounidense.
Sospecho, que también lo sea de José, el exnovio del sheriff del Condado de Pinal, Paul Babeu, expuntal de la campaña del candidato antiinmigrante Mitt Romney en Arizona.

La matrícula consular mexicana no califica para sacar libros de la biblioteca

Por Rafael Prieto Zartha

A los niños ciudadanos, hijos de indocumentados, no solo les quieren despojar de la ciudadanía estadounidense, a la que tienen derecho por haber nacido en territorio de este país, o arrebatar les los mil dólares de crédito tributario, que les asigna la ley si sus padres presentan los impuestos con un número de identificación asignado por el Servicio de Rentas Internas (IRS).
Esas iniciativas malévolas, promovidas por los pesos pesados del movimiento antiinmigrante en Washington DC, no bastan.
También hay funcionarios de rangos inferiores, que aportan sus gotas de hiel para perjudicar a infantes indefensos.
La autora de un nuevo disparate es M.J. Wilkerson, directora del Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado de Alamance, ubicado en el estado donde vivo, Carolina del Norte.
La señora Wilkerson ha decidido excluir la matrícula consular mexicana como documento viable para obtener la credencial de las bibliotecas que administra, que es el aval para que los padres de familia saquen libros y materiales audiovisuales con los que sus retoños pueden ampliar sus conocimientos.
“No reconocemos la matrícula consular o las identificaciones internacionales como documento de identidad para obtener un carné de biblioteca”, consignó Wilkerson en un correo electrónico que le envió a la corresponsal de la agencia EFE en Carolina del Norte, quien la indagó sobre el tema.
La directora argumenta -para sustentar esa práctica- que la matrícula “no valida el estatus legal” de los solicitantes, con lo que asume funciones de juez de inmigración para suministrar un servicio para el que se debería tener un criterio de universalidad de acceso.
Para la señora del condado de Alamance la matrícula no es buena, así sea aceptada por Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), y por sistemas de bibliotecas de lugares mucho más cosmopolitas como el de Queens en Nueva York o el de Los Angeles en California.
Con su rechazo a las identificaciones de otros países diferentes a México, Wilkerson está vetando documentos que varias naciones impulsaron en la década pasada, como la matrícula consular argentina, la matrícula de ciudadano brasileño, la tarjeta de registro consular colombiana y la tarjeta de identificación consular guatemalteca.
La medida, que tomó Wilkerson, con el despegue de 2012, contrasta con las palabras con que se presenta este año la entidad que dirige en su sitio de internet: “El Sistema de Bibliotecas Públicas de Alamance provee un acceso gratuito y libre a conocimientos duraderos, recursos para el diario vivir y el placer de la lectura en un ambiente de bienvenida”.
Y agrega: “Nuestras colecciones, servicios y programas mejoran la calidad de la vida de individuos, familias y comunidades”.
Claro que en esa visión de la bibliotecaria mayor de Alamance, de servicio y bienvenida, no están incluidos los portadores de la matrícula consular mexicana o documentos similares de otros países, porque el acceso al saber requiere papeles que certifiquen un estatus migratorio.
Aunque parezca la movida baladí de una funcionaria local desorientada, lo ocurrido en Alamance encarna un sentimiento sórdido y mezquino contra un grupo nacional en particular.
Clarísimo que está dirigido contra los mexicanos y por añadidura contra los nacionales de otras patrias que han tenido que recurrir a identificaciones expedidas por sus consulados porque carecen de estatus migratorio en Estados Unidos.
Y los tipos no deben ser tan malos, porque quienes intentaban que se les expidiera del carné de la biblioteca, y se les negó, no tenían el propósito de cometer un ilícito, sino contribuir a la educación de sus hijos.
En su defensa, el Sistema de Bibliotecas del Condado de Alamance ha afirmado que no niega la expedición del carné a los menores de edad sino a los adultos, pero acaso: ¿un niño de 6 años está capacitado para tramitar el documento?

¿Cómo robar a niños ciudadanos, hijos de indocumentados?

Por Rafael Prieto Zartha

Estuve leyendo los comentarios que hicieron a mi columna “Mitt Romney: ¡Ay, Chihuahua!”, acerca del padre nacido en México del candidato presidencial republicano y de su bisabuelo refugiado en el vecino país, que se publicaron en el portal de internet del diario El Nuevo Herald de Miami.
Entre los mensajes, la mayoría en mi contra, encontré una catilinaria de 431 palabras colocada por un usuario que se identificó como “comejenalpiano”, quien trataba de calmar la molestia de otro internauta por mi escrito.
Transcribo sus palabras: “Felicitaciones. Pero no se cabree mucho con esta rata infecta de Zartha, que es sólo un impenitente odiador de Estados Unidos y un agentón comunofascista, que vive aquí y se aprovecha de nuestra espléndida y a veces demasiado permisiva democracia”.
En el resto de la diatriba me llama otra vez rata y me acusa de ser parte de una conspiración en contra este país, al que amo y del que soy ciudadano naturalizado.
Pero, cinco minutos después de leer la monserga entera, recibí una llamada desde Lafayette, Luisiana. En la otra línea estaba el activista comunitario Fernando Pérez-Viart del Proyecto Hispano de Ayuda a la Comunidad, quien me dijo que había reproducido un escrito mío contra la ley HB56 de Alabama.
El activista, originario de Cuba, quería alertar a la comunidad de Luisiana sobre las desastrosas consecuencias que ha tenido la medida antiinmigrante en el estado hermano del sur y para que nada parecido haga metástasis en su área.
Después de colgar con Pérez-Viart, tenía otra comunicación en el celular. Clarissa Martínez, la directora de Inmigración y Campañas Nacionales del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), estaba respondiendo a un pedido de declaración sobre el último invento de los intolerantes de Washington contra los indocumentados y sus hijos ciudadanos.
Se trata de la Ley H.R. 1956: Acta de Reforma de Verificación de Elegibilidad para Reembolso del Crédito Tributario por los Niños. La normativa fue introducida el año pasado por el congresista republicano por Texas, Samuel Johnson, junto con 37 copatrocinadores, y fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de diciembre pasado.
Básicamente lo que prende la normativa, que actualmente se encuentra en las negociaciones de un comité de conciliación de la Cámara de Representantes y el Senado, es negarle los reembolsos a que tienen derecho los indocumentados por sus hijos ciudadanos, si pagan sus impuestos con el número de identificación tributaria, ITIN o W-7.
La devolución, que fue un derecho adquirido desde 1998, con el propósito de impedir que los niños nacidos en Estados Unidos entren en el renglón de pobreza, sería abrogada por la propuesta del texano.
Más de 4 millones de niños ciudadanos resultarían afectados por la medida, pese a que sus padres estén cumpliendo sus obligaciones fiscales con el Tío Sam.
Contrario a las mentiras de los antiinmigrantes que dicen que los indocumentados no pagan impuestos, el año pasado los trabajadores irregulares aportaron 9 billones de dólares (en inglés) para sostener el seguro social y el medicare. Y se calcula que en los últimos diez años han aportado 90 mil billones de dólares.
Lo irónico de la normativa es que está siendo negociada por 20 legisladores, de ambos partidos, para subvencionar una porción de la extensión del recorte de impuestos salariales, iniciativa que entregaría 1,426 dólares en los bolsillos de 121 millones de hogares estadounidenses, incluyendo los de los desempleados. Es decir, que se trata de quitarle el pan de la boca a los niños ciudadanos, hijos de indocumentados, para dárselo a otros.
Si por defender los derechos de menores de edad nacidos aquí, me llegan a calificar de rata infecta y conspirador, no me importa. Sé exactamente que no estoy actuando como roedor, sino todo lo contrario.
PD: Siempre he dicho que no estoy a favor de una política de fronteras abiertas, pero creo que se debe legalizar a los indocumentados afincados aquí que no son bandidos o delincuentes.