Bitácora

My status as a U.S. Hispanic

By Rafael Prieto Zartha

September 21, 2011

Years ago, while hanging out on the terrace of a Quito building, looking out at the perpetual snowcaps of the seven mountains where frozen water rests, the girl I was going out with at the time asked me why I answered that I was “of Colombian origin” when asked where I came from.

She, Ecuadorian and a patriot to the bone, chided me that the logical thing to do would be to respond simply with the nationality: Colombian.

I had to explain to her that my nationality would never leave me, that it was inscribed in my blood and my heart, that some of my ancestors had arrived in Nueva Granada practically with the conquistadors, that the others had been natives and that my last name un-capitalized is prieto, a synonym for black.

As far as why I used the words “of Colombian origin,” my argument was simple: I reminded her that as of that point I had lived in the United States for thirteen years, and that with time I had become more concerned with what was going on in the country I lived in than in the land of my birth.

This was the last straw. She called me a traitor to Latin America, a North American stooge and a man without national identity. What I told her next bothered her even more. I told her what I would end up being: a U.S. Hispanic.

I publicly confirmed that same self-description during an event, organized by Mexican cultural promoter Lucila Ruvalcaba, at the old Mint Museum in Charlotte, NC—the city where I live now. I have been living in the United States for 32 years and I decided to become a U.S. citizen.

I adore this country. I hate it when people speak badly of it due to preconceived prejudices—like I always say, the gates are very wide for those who don’t like it here and want to leave, and very narrow for those who want to come.

I rejoice in the Preamble to the Constitution, which talks about the pursuit of happiness; in the amendment to the Constitution guaranteeing freedom of expression; and in the poem engraved on the base of the Statue of Liberty, acknowledging that this is a nation of immigrants.

Here is where I found the true north of a just cause: the defense of honest undocumented immigrants who live defenseless in the shadows, for which I am constantly bombarded with hate mail online.

My friend Maria Peña, from the news agency EFE, defended me from some of these attacks a few days ago: “Immigrants like us who love our adopted country criticize and denounce injustice and inadequacy precisely because we are called to build a better country and—why not?—a better world.”

I have lived in Los Angeles, New York, Miami, Washington, and Charlotte—where I grew to understand the majority community, and those of Mexicans, Puerto Ricans and Cubans. And there is not a single Hispanic nationality with whom I haven’t worked or had contact with over the three decades I’ve lived in this land of liberty.

To the Hispanic women who were foolish enough to love and support me, I thank them their kisses.

Today I share the joy of celebrating Hispanic Heritage Month with 50 million U.S. Hispanic compatriots.

I wish for us to try to lay our ghosts to rest, to be more tolerant of each other, to repudiate Latinos who are ruffians, and that our “strength in numbers” refers not just to the size of our population, but to our political and economic power, our education, and our civic and social responsibility.

Rafael Prieto Zartha is the editorial director of Qué Pasa-Mi Gente newspaper, in Charlotte, N.C. He writes a weekly column that is distributed and published nationally on immigration and other relevant issues related to the Hispanic community.

A la espera del fallo de la Corte Suprema

Por Rafael Prieto Zartha

Se acabó mayo y quienes están interesados en el tema migratorio esperan con ansia cuál será el veredicto de la Corte Suprema de Justicia, en junio, acerca de la ley SB 1070 de Arizona, que permite los arrestos por sospechas de no tener papeles y criminaliza a los indocumentados.

¿Decidirá la Corte qué la legislación migratoria es una prerrogativa del gobierno federal? o determinará ¿qué los estados tienen la facultad de producir sus propias leyes inmigración?

Han pasado más de dos años, desde ese 23 de abril, cuando la gobernadora arizoniana Jan Brewer, después de firmar la ley, no supo responderle a los medios en español una pregunta simple: ¿cómo luce un indocumentado?

El argumento de los sectores proinmigrantes es que la ley promueve el perfil racial y los prejuicios contra los inmigrantes. Y en Arizona conocen de sobra lo que es discriminación por los abusos del alguacil Joe Arpaio, “el más duro del país”.

Pese a que la ley no entró en efecto en su totalidad porque los tribunales federales le pusieron un pusieron un pare antes de que entrara en vigencia, en julio de 2010, los ciudadanos de Arizona han experimentado las consecuencias de la intolerancia.

Medio año después de la proclamación de la ley, el estado había perdido más de 141 millones de dólares como resultado del repudio nacional a la normativa.

No obstante, el movimiento antiinmigrante se dedicó a promover la reproducción de la ley de Arizona en otros estados del país.

La promoción salió del grupo antiinmigrante Federación Americana para la Reforma de Inmigración (FAIR) y del escritorio del abogado Kris Kobach, actual secretario de estado de Kansas y asesor de inmigración del aspirante presidencial republicano Mitt Romney.

Por lo menos eso fue lo que anunció Romney, en enero, en un comunicado en el que elogió a Kobach, así como dos de los engendros del abogado: la ley de Arizona y una de sus hermanas subsiguientes, la de Carolina del Sur.

Aunque en los días de euforia por la aprobación de la ley de Arizona, los antiinmigrantes proyectaban que una veintena de estados establecieran normativas similares, lo cierto es que solo una minoría han expedido leyes como la SB 1070.

Hasta ahora solo Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Indiana y Utah, mientras que 26 estados rechazaron en sus legislaturas iniciativas como la de Arizona, en 2010 y 2011.

Este año se han presentado propuestas como la de Arizona, en Tenesí, Misisipi, Misuri, Virginia Occidental y Kansas.

Sin embargo, la suerte de estos proyectos de ley depende de la decisión que tome el tribunal supremo respecto a la SB 1070.

Durante una audiencia desalentadora para la causa proinmigrante, el pasado 25 de abril, los jueces de la Corte Suprema se mostraron favorables a la ley de Arizona.

Incluso, la jueza hispana, Sonia Sotomayor, cuestionó los argumentos del abogado que retó la SB 1070.

Bajo ese tenor, en Alabama, el gobernador Robert Bentley firmó, el pasado 19 de mayo, una versión maquillada de la ley HB 56, que había proclamado en junio del año anterior.

El afán por cambiar la ley HB 56 se dio tras protestas de los rancheros del estado, que vieron como sus cosechas se pudrieron, ante la ausencia de la mano de obra inmigrante y la vergonzosa detención de dos ejecutivos extranjeros de la industria automotriz, uno  de Mercedes-Benz y otro de Honda, por carecer de licencias de conducir válidas de acuerdo con la legislación de Alabama.

También se tuvo en cuenta que entre los efectos económicos de la ley antiinmigrante estaban una pérdida en el producto interno bruto del estado de más de 10 mil millones de dólares, una merma de 140 mil empleos y 264 millones de dólares menos en ingresos por impuestos.

Pero tercamente, los legisladores y el gobernador de Alabama, emitieron la HB 658, que mantiene provisiones durísimas contra los inmigrantes. Dios quiera que la Corte Suprema decida lo contrario con la SB 1070.

No todos son Gabino

 

Por Rafael Prieto Zartha

 

Emocionante el grito que se escuchó en las inmediaciones de la Corte de Inmigración de Charlotte, Carolina del Norte, para respaldar al trabajador mexicano Gabino Sánchez, cuyo destino caminaba en el filo de la deportación.

“¡Todos somos Gabino!”: entonaron casi medio millar de personas que se congregaron, el martes 15 de mayo, para implorar que el hombre casado y padre de dos hijos estadounidenses se quedara en Estados Unidos, y el milagro se logró.
Pero, el milagro detrás de Gabino se llama Luis Gutiérrez, el congresista de Illinois, que  ha hecho del caso de Sánchez la muestra perfecta de las injusticias del desbarajustado actual sistema migratorio.
Gutiérrez se encontró con el caso de Gabino durante una escala que hizo en Charleston, Carolina del Sur, el 20 de noviembre del año pasado, en el marco una gira para expresar su oposición a las leyes estatales antiinmigrantes de Alabama y el estado surcarolino, que pretenden que se hagan arrestos indiscriminados por la sospecha de que individuos radicados en el país no posean papeles y criminalizar un estatus: el de indocumentado.
Sánchez, de 27 años, que había llegado a Estados Unidos hace más de una década, siendo todavía un adolescente, fue detenido por policía de la localidad de Ridgeland por una infracción de tráfico y no poseer licencia de conducir el 2 de noviembre de 2012.
No era la primera vez, que Gabino era blanco de los agentes locales, incluso la cuenta de lo que había pagado en multas de tráfico superaba los 3 mil dólares, pero fue la ocasión en que su condición migratoria irregular fue reportada a las autoridades de Inmigración.
Tras conocer la situación de Sánchez, el congresista Gutiérrez modificó su itinerario y regresó a Charleston el 30 de noviembre, para acompañar a Gabino a una presentación ante funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El trabajador de construcción y jardinero no fue deportado en primera instancia, pero su caso fue pasado a la Corte de Inmigración de Charlotte, donde ha tenido dos audiencias, en las que ha estado presente Gutiérrez.
La primera, el 13 de marzo y la más reciente, del 15 de este mes, en la que el juez a cargo de su expediente determinó suspender su expulsión del país hasta el 1 de febrero de 2013, cuando el mexicano tendrá otro día en corte.
El juez también autorizó que se le expida permiso de trabajo, y por consiguiente licencia de manejo, pero la espada de Damocles de la deportación todavía pende sobre la cabeza del mexicano.
Su abogado, Marty Rosenbluth, director ejecutivo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Durham, expresó su incomodidad de porque en el caso de Gabino, no se aplicó de una forma definitiva  la discrecionalidad administrativa promulgada por la administración del presidente Barack Obama, que protege a los inmigrantes que no son criminales.
Precisamente Gutiérrez se embarcó en la causa de Gabino para determinar que la política migratoria consagrada en el memorando del director de ICE, John Morton, de un alivio migratorio si se cumplía.
El legislador federal había advertido que si a Sánchez lo repatriaban, las buenas intenciones del actual gobierno de actuar sensatamente con las víctimas del actual sistema migratorio, quedarían en nada.
Respecto al resultado de la audiencia, Gutiérrez dijo: “es una victoria para Gabino, pero hay miles de personas que hoy no saldrán triunfantes de las cortes de inmigración”.
Y esa es la verdad, porque lo demuestran los 46 mil padres indocumentados de hijos ciudadanos, que fueron deportados el año pasado y los 5 mil niños ciudadanos que viven con sus progenitores en prisiones de ICE.
Lo prueban los resultados del análisis de los 300 mil casos por parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que ya examinó 180 mil, de los cuales escasamente 16 mil se salvarán de la deportación. Definitivamente no todos son Gabino.

Publicado el martes 24 de abril, 2011

El Día del Juicio de la discreción ejecutiva

Por Rafael Prieto Zartha

El congresista Luis Gutiérrez volvió al Sur del país para apersonarse de la situación de Gabino Sánchez, el indocumentado mexicano al que salvó de la deportación en un tribunal de Charleston, Carolina del Sur, y al que acompañó a su primera presentación ante a la Corte de Inmigración de Charlotte, Carolina del Norte.
Aquí, en la ciudad donde yo vivo, a donde fue transferido su caso, un juez y los funcionarios judiciales de ICE, determinarán el próximo 15 de mayo, cuál será el destino del albañil, que llegó a Estados Unidos siendo un adolescente.
Por eso, Gutiérrez vino a Charlotte, para preparar el terreno de lo que según, el propio legislador federal, será un martes histórico
Ese día se sabrá si el memorando de John Morton, jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que plantea priorizar las expulsiones de los indocumentados criminales en lugar de enfocarse en personas inofensivas como Gabino, tiene algún peso.
Eso fue lo que le dijo Gutiérrez a los medios de comunicación en español, teniendo a su lado a Gabino, a Laura, la esposa del inmigrante y al hijo mayor de los dos, Roger, que bordea los 7 años.
El representante a la Cámara por Illinois fue extremadamente claro: lo que está en juego es ver si la acción más osada que ha tomado la administración Obama para aliviar la separación de familias, que es la discreción administrativa, se cumple.
Cuando se dio conocer el memorando de Morton, en junio de 2011, fue percibido como la primera acción tangible del gobierno del actual presidente, de quemarse las barbas, por los hispanos en el asunto migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los funcionarios de la agencia dedicada a la expulsión de inmigrantes sin estatus, estaban marcando un rumbo diferente, al de las deportaciones insensibles e incondicionales que alcanzaron números sin precedentes.
Hubo quienes agudamente interpretaron las nuevas directrices, como una jugada electoral del presidente para congraciarse con los votantes latinos, tras su fracaso en impulsar y aprobar la reforma migratoria y tampoco lograr pasar el Dream Act, como el estertor final de su mayoría demócrata, en ambas cámaras.
Pero el mensaje de la administración de Obama fue aún más contundente, cuando ratificó que la nueva política era una orden para todos los funcionarios de ICE y que incluso se revisarían 300 mil casos pendientes en la cortes, para evidenciar que su prioridad era la de sacar a los inmigrantes criminales del país y no a los buenos.
Desafortunadamente, la distancia entre las buenas intenciones de algunos funcionarios del gobierno actual se estrella contra la cruda y dura realidad.
Conversando informalmente con gente allegada a la corte de inmigración de Charlotte, fue claro que no se les había informado del memorando de Morton.
En el caso de Gabino la solución debería ser simple: que los fiscales adscritos a ICE retiraran el caso contra el indocumentado que terminó enredado en este lío por carecer de licencia de conducir y manejar sin el documento.
¿Posible? No lo sé. El problema es que el caso de Gabino subió a un tribunal de inmigración y los jueces son autónomos y no tienen porque seguir una directriz del ejecutivo.
Los que saben me han dicho que el caso de Gabino ha debido quedarse en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que si deben seguir las directrices del presidente, de Janet Napolitano, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de Morton.
Ahora, el reto de los oficiales de ICE es desempantanar casos como el de Gabino para que la credibilidad del presidente entre los latinos no termine mancillada, "en la punta del cerro".
Gutierrez ha pedido que la comunidad charlotense se presente en masa en las afueras de la corte, el día de la audiencia de Gabino.
Amanecerá y veremos, si Edward, el chiquitín de los Sánchez, de un añito, puede ser criado en este país -donde nació- por sus padres.