El saboteo contra la acción diferida

Por Rafael Prieto Zartha

En cualquier país del mundo despedirían a un funcionario que se manifiesta públicamente contra las ordenes del ejecutivo, especialmente si el empleado pertenece a de una agencia oficial en la que los burócratas portan armas.

 Sin embargo, en los Estados Unidos del siglo 21, empleados de las agencias de inmigración pueden decir lo que se les venga en gana, incluso promover que no se sigan directrices presidenciales, o de sus superiores, sin que les pase nada.

Eso es lo que ha estado sucediendo con Chris Crane, presidente del sindicato de empleados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), quien el pasado jueves 26 de julio se apareció en una conferencia de prensa para despotricar contra la acción diferida otorgada a estudiantes indocumentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que suspenderá la deportación de los soñadores en los próximos dos años.

En el encuentro con los medios, Crane dijo: “durante los últimos tres años y medio hemos estado tratando de trabajar con esta administración, desde el director (John) Morton hasta la secretaria (Janet) Napolitano, quienes no se han reunido con nosotros... hemos estado en la Casa Blanca y hemos tratado de hablar con esos tipos y básicamente ellos no quieren escuchar nuestras preocupaciones. No desean trabajar con nosotros para nada”.

Esa es la posición de Crane, que pretende que el gobierno siga su parecer y se desconozcan las indicaciones del ejecutivo.

¿Desde cuándo los pájaros le tiran a las escopetas?

¿Desde cuándo los superiores de Crane, el director de una agencia federal, la secretaria de un departamento nacional, y la Casa Blanca, tienen que rendirle cuentas sobre una  política ejecutiva a un agente de bajo rango?

Crane se presentó a la conferencia de prensa, que organizó el conocido senador  antiinmigrante Jeff Sessions, opositor intransigente al presidente Obama.

Sessions, quien acusó a la NAACP, la principal organización afroamericana del país de ser un grupo de inspiración comunista y ha bromeado con las razones para no pertenecer al Ku  Klux Klan,  calificó la media del gobierno como una “amnistía”.

En la presentación ante los medios, Crane se presentó junto con George McCubbin,  presidente del sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza (CPB), al que están afiliados 17 mil oficiales.

McCubbin dedicó su exposición a criticar a Napolitano y las cifras que usa el DHS para señalar que la frontera está más segura ahora.

Crane tiene un historial de rebeldía contra las directrices de la administración de Obama.

En 11 de junio de 2010, dio a conocer un voto unánime de desconfianza contra el director de ICE, John Morton, en representación de los 7,600 oficiales y empleados de ICE.

“Es el deseo de nuestro sindicato dentro de ICE y de nuestros empleados de separarnos de las acciones del director Morton”, consignó el documento.

Según Crane, Morton había “abandonado” la misión principal de ICE de aplicar las leyes de inmigración y proteger la seguridad pública.

El 26 de julio de 2011, Crane se presentó ante el Subcomité Judicial de Inmigración de la Cámara de Representantes, diciendo que agentes de ICE habían tomado vacaciones para realizar piquetes de protesta públicos en contra de las políticas ordenadas por sus jefes.

Lo voy a recordar por tercera ocasión: en agosto de 1981, un presidente con agallas,  Ronald Reagan despidió de un plumazo a 11,345 integrantes del sindicato de controladores aéreos, dos días después de que se declararon en huelga.

Lo que ha estado haciendo Crane son actos de insubordinación, que ameritarían una sanción ejemplar.

Pero,  de los funcionarios de ICE se puede esperar cualquier cosa. Hicieron del programa de discreción procesal un fracaso.

Ahora, todos tenemos que permanecer con los ojos abiertos para que no pase igual con la acción diferida.

El debate de la venta de armas de fuego

Por Rafael Prieto Zartha

No creo que los padres de la patria tuvieran la intención de promulgar la Segunda Enmienda a la Constitución, con el propósito de que los habitantes del país pudieran adquirir, como si fuesen caramelos, los sofisticados rifles de asalto del Siglo 21 con los que se cometen espantosas masacres como la reciente de Aurora, en Colorado, en la que un nerdo mató a tiros a 12 personas y dejó heridas a 58.
La Segunda Enmienda fue propuesta en 1789 durante el Primer Congreso, reunido en Nueva York, y proclamada en el 15 de diciembre de 1791, en el Segundo Congreso, que tuvo como sede a Filadelfia, donde se aprobó la Carta de Derechos, que corresponde a las 10 primeras enmiendas a la Constitución.
Para ese tiempo, el país comenzaba a vivir la paz, después de haber experimentado una cruenta guerra de independencia, que duró ocho años, entre 1775 y 1783, en la que los revolucionarios de las primeras 13 colonias derrotaron al Imperio Británico.
El alzamiento contra los ingleses había sido protagonizado primordialmente por milicias de campesinos, que antes y después de las hostilidades, utilizaban sus armas de fuego para cazar animales para su sustento y defenderse de las bestias salvajes.
Las armas de fuego que se usaban en la época eran mosquetes que se alimentaban con cargas de pólvora, con las que solo se podía hacer un disparo a la vez.
Los soldados más avezados apenas lograban hacer tres disparos por minuto.
El concepto de que el pueblo tuviera armas de fuego tenía un razonamiento de parte de los padres de la patria: que en cualquier momento los ingleses podrían regresar a recuperar el territorio.
Y esa premonición se hizo realidad en 1812, en un conflicto que duró dos años, en el que los británicos redujeron a cenizas a Washington, la recién estrenada capital estadounidense.
Pero ningún padre de la patria vio funcionar un rifle de asalto como el AR 15, uno de los dos que portó James Holmes al teatro Century de Aurora, con capacidad de hacer 60 disparos por minuto, al adaptarle un magazín especial.
Para cazar un venado no se requiere un arma que lanza tal cantidad de proyectiles en tan corto lapso de tiempo.
De acuerdo con el diario Philadelphia Daily News, el país ha vivido desde 2007, por lo menos 20 matanzas significativas con armas de fuego.
Apenas el pasado 30 de junio, un individuo hizo disparos contra un café en el distrito universitario de Seattle, en el estado de Washington, asesinando a 5 personas.
El 8 de enero de 2011, en un centro comercial de Tucson, en Arizona, un hombre provocó la muerte de 6 personas y lesiones a 13, entre ellas a la excongresista Gabrielle Giffords.
En 16 de abril de 2007, un estudiante abrió fuego en la Universidad de Virginia Tech, en Blacksburg, matando a 32 personas e hiriendo a 17.
El 20 de abril de 1999, en Littleton, Colorado, dos alumnos de la Escuela Secundaria Columbine, asesinaron a 12 de sus compañeros y a un maestro, además de dejar decenas de lesionados.
La masacre cometida en el estreno de media noche de la trilogía de Batman, del director Christopher Nolan, es inexplicable.
La realizó James Holmes, un pichón de genio, que se parecía más a Sheldon, el inofensivo personaje de la serie de televisión The Big Bang Theory, que al multiasesino real.
Tras los sucesos de Aurora, una ciudad adherida a Denver, con alrededor de 100 mil hispanos, queda sobre el tapete el debate sobre la facilidad de adquisición de las armas de fuego.
Yo no digo que no sean necesarias, si uno tiene que proteger la vida ante la amenaza de un criminal bruto, pero las masacres ponen en tela de juicio su utilidad real.
Los legisladores tienen que empezar a perderle miedo a la Asociación Nacional del Rifle, y reglamentar el porte con sensatez.
Por fortuna, las leyes prohíben que los indocumentados adquieran y posean armas de fuego.

Los estadounidismos

Por Rafael Prieto Zartha

Recientemente, la Real Academia Española (RAE) anunció que había actualizado por quinta ocasión la versión de su diccionario por la red virtual,  iniciativa que lanzó en línea en 2001.

Lleno de entusiasmo busqué y rebusqué en la internet los vocablos que los regentes máximos del idioma español habían añadido al léxico. Encontré el glosario de términos, pero me causó profunda congoja no hallar uno que he perseguido durante varios años con ansiedad. Se trata de la palabra “estadounidismo”, que intenté poner sin éxito a consideración de los académicos por los conductos regulares a principios de la década pasada.

Por allá por 2003 o 2004 me tomé el trabajo de redactar un significado para el vocablo y ajustarme a la forma que la Academia usa para presentar las palabras en su principal diccionario.

Por supuesto, que incluí una justificación como lo precisaban las normas de la RAE, que indagué en esa época.

La presentación, que hice utilizando el correo electrónico, generó una pronta y firme respuesta de Madrid.

Lo que yo había sometido debía estar respaldado por eruditos de la lengua, que yo desistí de buscar, un poco abrumado porque consideré que mi gestión había sido un rotundo fracaso.

Tiempo después conocí al lingüista Alberto Gómez Font, quien durante décadas ha sido el especialista que ha guiado el estilo del español usado por la Agencia EFE.

Con la simpatía y vozarrón que lo caracteriza, Alberto soltó unas cuantas carcajadas, e hizo algunos comentarios de aprobación a mi pretensión de que la Academia, incluyera en el diccionario el término “estadounidismo”.

Alberto, quien actualmente coordina la Fundación del Español Urgente, Fundéu, y casi todos los años viene a Estados Unidos a dictar cátedra a los periodistas de los medios en español sobre el idioma, me dijo que trataría por su lado de hablar con los académicos para que admitieran la palabra.

En junio de 2009 cometí la osadía de presentar una ponencia sobre el tema durante un taller de la Conferencia Nacional de la Asociación de Periodistas Hispanos (NAHJ), que se realizó en Puerto Rico.

En el panel, patrocinado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), participaban Laura Godfrey, del portal en español del gobierno de Estados Unidos; Emilio Sánchez, director de la Agencia EFE en Estados Unidos; Jorge Ramos, presentador de Telemundo en Nueva York (no el de Univision);  y Frank Gómez, exdiplomático y miembro correspondiente de la ANLE.

Mi intervención, titulada “Una exhortación a respetar el español usado en Estados Unidos y  los medios de comunicación en español hispanohablantes”, causó un terremoto porque disentí del purismo promovido por los otros panelistas, y ocasionó un respaldo sonoro de la mayoría de los asistentes a la sesión.

En mi exposición critiqué la postura de la academia norteamericana que tradicionalmente se había opuesto al uso de términos que los hispanos de los Estados Unidos usan y ya hacen parte del uso común en todo el país, incluyendo palabras, que han sido repudiadas por ser consideradas anglicismos, barbarismos, neologismos, cognados y falsos amigos.

En mi epilogo señalé que la Academia Norteamericana de la Lengua Española estaba en mora de hacer incluir en su diccionario la entrada “estadounidismo”.

La ANLE respondió a mi ponencia, publicándola en su revista oficial, Glosas, con el infortunio que uno de los censores de la institución la editó alterando su contenido.

No obstante, recibí una respuesta muy positiva de parte de la académica Leticia Molinero, quien se propone hacer un listado de estadounidismos y ha tenido la bondad de citarme en algunas de sus exposiciones y ensayos.

Consultando en línea el Diccionario de la Real Academia (DRAE) indagué el vocablo “estadounidismo”, con la buena nueva de que aparece como un término que será parte de la vigésima tercera edición impresa del diccionario.

La entrada dice: “estadounidismo. 1. m. Palabra o uso del español hablado los Estados Unidos de América”.

Drop the i-Word

Por Rafael Prieto Zartha

Los soñadores de la ciudad donde vivo se anotaron otro triunfo. Lograron que el semanario alternativo en inglés Creative Loafing, de Charlotte, Carolina del Norte, dejara oficialmente de utilizar el término “ilegal” para definir a los indocumentados.

El anuncio de la decisión del Creative, lo hizo la publicación copando totalmente la portada de su más reciente edición, que está ilustrada con las siluetas de los “dreamers” y las camisetas con el logo de la campaña “Drop the i-Word”.

El periódico dedicó el editorial y varias páginas interiores al tema con opiniones diversas sobre el uso de la palabra “ilegal” en el debate migratorio.

El grupo de jóvenes United 4 The Dream o Unidos por el Sueño, que cuenta con el respaldo de la Coalición Latinoamericana, la organización hispana más antigua de Charlotte, ha persuadido a personalidades y medios de comunicación de la ciudad que eliminen ese vocablo.

Entre los convencidos han estado: el comentarista de  radio de la estación WFAE, Mike Collins, el congresista Mel Watt, la comisionada del Condado de Mecklenburg y aspirante al Congreso, Jennifer Roberts, y los concejales de Charlotte LaWana Mayfield y John Autry.

Sin embargo, las protestas públicas para modificar el uso de “ilegal” por parte del diario en inglés más prominente de la zona The Charlotte Observer, y las estaciones de televisión del área todavía no han surtido efecto.

Los medios en español de Charlotte sin necesidad de códigos de estilo y sin excepción y de forma espontánea usan el término indocumentado para referirse a quienes carecen de un estatus migratorio autorizado en Estados Unidos.

Las luchas por el uso de palabras apropiadas para definir comunidades y nacionalidades no son nuevas.

México y los mexicanos decidieron que su país y su gentilicio se escribieran con x y no con j, como sería lo “lógico” por el efecto de sonido que daría esa mayúscula.

La comunidad afroamericana decidió llamarse así después de años de ser definida como “negra” o de “color”.

Lo que se denomina “political correctness” no es una actitud de censura para vocablos, sino un proceso evolutivo del idioma, en el que los actores de un debate presionan para definir una identidad.

La campaña “Drop the i-Word” es una iniciativa nacional del sitio de internet Colorlines y del centro de investigaciones Present.

Los promotores de la campaña esbozan  tres razones principales para que los medios de comunicación y las figuras políticas erradiquen la palabra ilegal: Porque es deshumanizante, racista y no es precisa.

Además, aseveran que el término promueve la discriminación y es el caballito de batalla de organizaciones antiinmigrantes como NumbersUSA y la Federación Americana por la Reforma Migratoria (FAIR), que se oponen a la legalización de los indocumentados. Esas dos organizaciones y el Centro de Estudios de Inmigración (CIS) han tenido el respaldo de John Tanton un oftalmólogo y activista antiinmigrante vinculado al eugenismo, un movimiento que promueve la teoría de que la raza blanca es superior.

En octubre del año pasado la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) emitió una resolución para que los periodistas y medios de comunicación se abstengan de usar el vocablo ilegal.

Hace años la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) había pedido que no se estigmatice a los indocumentados con esa palabra despectiva, añadiendo el ingrediente de que es “gramaticalmente incorrecta”. En 1994, hace 18 años la NAHJ la Asociación de Periodistas Negros (BJA), la Asociación de Periodistas Asiático Americanos (AAJA) y la Asociación de Periodistas Nativos Americanos (NAJA), firmaron una  resolución conjunta contra el uso de “ilegal” e “ilegal alien”: “Esos términos son considerados peyorativos no sólo por aquellos a los que se les aplica sino por mucha gente del mismo origen étnico y nacional que está legalmente en Estados Unidos”.

Una reforma de salud sin indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

El verano de 2009 fue tan ardiente como el que estamos viviendo este año. El calor era agobiante, la humedad inaguantable y la sensación que el asfalto de las calles estaba a punto de derretirse víctima de los incandescentes rayos del sol, era evidente.

Lo que también estuvo candente, hace  tres años, fue el movimiento de los amotinados del Partido del Te contra el presidente Barack Obama y su proyecto de reforma de salud.

A lo largo y ancho del país se efectuaron cabildos abiertos, convocados por legisladores federales en escuelas, oficinas y centros comunitarios.

Las escenas que mostró reiteradamente la televisión parecían sacadas de una película en la que bandos irreconciliables actuaban de forma iracunda.

En las transmisiones se observaban insultos, empujones, escupitajos y verdaderas muestras de desprecio contra el presidente, con carteles en los que lo caricaturizaban como un zombi o con el bigote de Hitler, para asemejarlo con los nazis.

Yo asistí a un encuentro público, en una escuela cerca de donde vivo, en Cornelius, Carolina del Norte, enmarcado en ambiente de moderación, pero donde era inevitable encontrarse con el resentimiento en contra del presidente.

Las cadenas de correos electrónicos de la época contra Obama contenían epítetos impublicables y alusiones racistas al color de su tez.

Los textos recreaban teorías de conspiración, como que el mandatario no había nacido en Estados Unidos y que su fe era la de un musulmán radical antiamericano.

La bandera de los descontentos era la reforma de salud y entre sus sujetos de vilipendio estaban los detestados “ilegales”.

Aunque, desde el principio los autores del proyecto de reforma de salud excluyeron a los indocumentados como posibles beneficiarios de tener seguro sanitario, los opositores al llamado Obamacare, han intentado lanzar el infundio de que la normativa les daría cobertura.

Un acto de irrespeto con el presidente se escenificó en el Capitolio el 9 de septiembre de 2009, cuando el congresista de Carolina del Sur, Joe Wilson, le gritó en medio de un discurso sobre la reforma sanitaria: “¡Usted miente!”. El ultraje se dio segundos después de que Obama había dicho que era falso que el proyecto de reforma incluyera a los indocumentados.

En marzo de 2010, después de que las dos cámaras votaron a favor, el presidente firmó la ley y tras un largo litigio en los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, determinó que la reforma de salud era enteramente válida, el pasado jueves 28 de junio.

No bastó la presión de los amotinados del té, que ya tenían una fiesta preparada para celebrar el hundimiento de la reforma, ni la oposición de 26 de los 50 estados de la Unión a la cobertura obligatoria de salud.

La decisión de la Corte es sin duda una victoria para Obama, que logró algo que había sido intentado sin resultados por los presidentes demócratas Lyndon B. Johnson y Bill Clinton.

La Casa Blanca proyecta que 32 millones de personas que actualmente, carecen de seguro de salud, lo tendrán, incluyendo 9 millones de latinos. Y por fin en Estados Unidos se tendrá algo que se acerca a la cobertura universal de salud, existente en la mayoría de los países desarrollados del mundo.

Sin embargo, los más inermes, los indocumentados no podrán acceder a la cobertura de salud ni pagando. Así lo estableció la ley: los trabajadores con estatus migratorio irregular, alrededor de 7 millones, no podrán comprar los seguros de salud ofrecidos por el mercado de pólizas contemplado en la reforma.

El Instituto Política Migratoria (MPI) había señalado en un estudio que la tercera parte de los indocumentados contaban con seguro médico mediante sus empleadores, la mayoría pequeñas empresas.

Esta protección sanitaria se ha venido difuminando y un seguro de salud real para los actuales indocumentados solo será realidad si dejan de serlo, es decir con una reforma migratoria que los legalice.