Cruella, los 7 enanitos y Peter Pan

Por Rafael Prieto Zartha

Cada vez que se lleva a cabo un nuevo debate entre los candidatos republicanos a la presidencia y se habla del tema migratorio, la congresista por Minnesota, Michell Bachmann, se asemeja más a Cruella de Vil: insensata, ignorante e insensible.

El 17 de octubre, durante el foro realizado en Las Vegas, en el que el presentador de CNN, Anderson Cooper fue el moderador, Bachmann dijo que los “ilegales” le costaban al país anualmente 113 billones (en inglés) de dólares y que de esa suma: 82 billones, la aforaban los gobiernos locales y estatales.

“Por cada hogar de un ciudadano americano, nos cuesta mil dólares al año. Están robando a los hogares estadounidenses que no pueden pagar eso”, aseveró Bachmann.

No sé de dónde sacó las cifras, la aspirante avalada por los amotinados del Té, pero a todas luces anda fuera de foco o tiene intenciones perversas.

Contrario a lo que afirma Bachmann, estudios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) indican que los indocumentados generan una actividad económica de 150 billones de dólares al año, y su presencia origina 8 millones de empleos en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado una y otra vez que 6 millones de individuos hacen sus impuestos anualmente con el Número de Identificación Tributaria, ITIN o W-7, que es el documento que usan los indocumentados para cumplir con sus obligaciones con el fisco.

Además, los indocumentados aportan anualmente 7 billones de dólares al Seguro Social y la cuenta llamada Earnings Suspense File Account, también del Seguro Social, que es a donde van parar las contribuciones de los indocumentados a los que les han hecho descuentos con números erróneos, había acumulado -hasta 2006- la bicoca de 745 billones de dólares.

En el debate realizado el pasado 22 de noviembre, en Washington DC, que condujo el periodista de CNN Wolf Blitzer, Bachmann, la aspirante del Partido del Té, acusó al expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrish, de promover una “amnistía” para los 11 millones de indocumentados, después de que el candidato sugirió aliviar la situación de algunos inmigrantes, legalizándolos pero sin ofrecerles un camino a la ciudadanía.

Gingrish, que de los siete aspirantes masculinos republicanos es al que han vendido de “Sabio” como el “Doc” de Blancanieves, dijo durante el foro: “No veo como, el partido que dice ser de la familia, va a adoptar una política de inmigración que destruye familias”.

El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney reaccionó a la propuesta de Gingrich como “Grumpy”, el “Gruñón”: “Solo atraerá más gente que venga aquí ilegalmente” y agregó que permitir que los estudiantes “ilegales” asistan a los colegios comunitarios y las universidades como si fueran residentes de los estados es uno de los “imanes para la inmigración ilegal”.

El actual gobernador de Texas, Rick Perry, que durante los debates ha hecho el papel de “Dopey” o “Tontín”, dijo que primero se debería “asegurar la frontera”. Y el empresario Herman Cain, que con sus actuaciones personales ha traído todos los desastres posibles a su campaña, como “Sneezy” o “Mocoso”, lanzó el estornudo más fuerte: “Para lidiar con los ‘ilegales’ que ya están aquí, se tiene dar el poder a los estados para hacer lo que el gobierno federal es incapaz de hacer”.

Anecdótica fue la presentación del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en el programa Enfoque de Telemundo, en el que el periodista, José Díaz-Balart, lo apretó con el dato que los 11 millones de indocumentados equivalen a la población entera de Cuba.

Rubio aparece ante los medios en español con su cara de “yo no fui” como si fuera Peter Pan cuando trata el tema de inmigración y con los medios en inglés se transforma en el Capitán Garfio. A Díaz-Balart le presentó todas las excusas para no ser concreto: No hay consenso nacional para una reforma migratoria y el Dream Act es una legislación muy amplia.

¡Qué diferencia con los demás legisladores cubanos que han pasado por el Capitolio! Ellos jamás se arrugaron. Siempre han respaldado a los inmigrantes.

El clamor de los indignados de Ocupar Wall Street

Por Rafael Prieto Zartha

Llegaron con los variopintos tonos que las hojas de los arboles adquieren en el otoño para convertirse en la conciencia del país.

Son los indignados del movimiento Ocupar Wall Street, que desde el 17 de septiembre, el Día de la Constitución en Estados Unidos, se instalaron con sus carpas multicolores en el Parque Zuccotti de Manhattan, en pleno corazón del centro financiero de Nueva York, para protestar contra la avaricia de las corporaciones y contra la escandalosa concentración de la riqueza por parte del 1 por ciento de la población.

Su sorprendente acción, la del 99 por ciento que dicen representar, fue copiada en las principales ciudades de la nación y decenas de localidades, presentando imágenes que parecen sacadas de los nostálgicos tiempos de los años sesenta y setenta, cuando la juventud se levantó contra la guerra, armada con cabellos largos, prendas hippies, flores, guitarras y símbolos de paz.

Casi un mes después de la toma de Wall Street, el 15 de octubre, el clamor de los indignados tuvo eco en mil ciudades de 83 países del planeta, donde la gente salió a la calle a mostrando solidaridad con los manifestantes neoyorquinos y ratificando el increíble poder de convocatoria que hoy tienen las redes sociales.

Desde el que el fallecido presidente Ronald Reagan incorporó en los ochenta el concepto de que a los multimillonarios se les deben dar ventajas económicas para crear empleos, la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos ha ido creciendo.

Simultáneamente, las grandes empresas se fueron llevando, de forma paulatina, sus plantas y los empleos lejos, a tierras foráneas y ni siquiera a Latinoamérica, el cercano patio trasero.

La crisis económica que ha vivido el país en los últimos años, debido a las prolongadas guerras en el extranjero y al descalabro hipotecario, ha tenido un gran impacto en la gente, que vio como el gobierno dispuso miles de millones de dólares para rescatar a los bancos, mientras el dinero se difuminaba de los bolsillos de los más pobres.

Con una tasa de desempleo de alrededor del 9 por ciento, era de anticiparse que alguien protestara.

Dos meses después del inicio del movimiento Ocupar Wall Street, a los indignados se les está desalojando de los territorios que ocuparon pero su mensaje de desafío y descontento está vivo.

Vive porque en lo tangible impidieron que a los cuentahabientes de los grandes bancos se les cobrara una tarifa por tener tarjetas de debito.

Vive porque se debe respaldar a la actual administración en su iniciativa de generar empleos y reparar la infraestructura del país.

Vive porque no es posible que la nación más poderosa de la Tierra no le garantice a sus habitantes un servicio de salud universal, que sea asequible para todos.

Vive porque sería desastroso entregarle el país a los extremistas del Partido del Té, que con sus folclóricas pelucas y atuendos de la guerra de independencia, pretenden emular un falso patriotismo aderezado con intolerancia, incluso para los más inermes, para los inmigrantes indocumentados.

Es cierto que entre los indignados se han filtrado anarquistas que han protagonizado desmanes, pero aún así el movimiento de Ocupar Wall Street sigue siendo la conciencia que necesita el país.

Estados Unidos es un país maravilloso, que ofrece un nivel de vida mejor que el de la mayoría de los países del resto del mundo. Su sistema de gobierno y su sistema económico lo llevaron a ser una superpotencia.

Precisamente, por esa responsabilidad, los que mandan y poseen más deberían atender los pedidos del 99 por ciento.

Con la derrota de Pearce perdió la intolerancia

Por Rafael Prieto Zartha

La derrota del senador estatal de Arizona Russell Pearce en las elecciones especiales que se realizaron para revocar su mandato es una señal tangible de que a los antiinmigrantes se les debe combatir con el poder del voto y se les puede ganar.

“Aunque todavía no se ha dado a conocer los resultados oficiales de las cifras de participación latina, fue evidente que la votación de los electores hispanos fue definitiva para que Pearce perdiera”, me dijo Janet Rodríguez, la galardonada reportera de Telemundo en Arizona, que se ha ganado cinco Emmys siguiéndole los pasos al hoy defenestrado senador, al alguacil Joe Arpaio, a la ley estatal SB 1070 y a las vicisitudes de los inmigrantes indocumentados radicados en ese estado.

Como ejemplo para emular está la osadía de los integrantes de la organización Ciudadanos por Una Mejor Arizona, que recolectaron más de 10 mil firmas válidas para que las autoridades electorales convocaran la votación especial que puso en manos de los electores decidir la suerte de Pearce y su desafuero.

Lo que parecía una misión imposible concluyó en un acto inédito en los 99 años de existencia de Arizona como estado: la destitución por medio del sufragio popular del individuo que ostentaba el cargo de presidente del Senado Estatal, un funcionario que parecía invencible y cargado de soberbia.

Pearce, quien fue el impulsor de todas las leyes antiinmigrantes en Arizona desde 2004, no se presentó para reconocer su fracaso electoral con la folclórica camisa de palmeras que usó para hablar con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, tras la aprobación de su obra maestra, la SB 1070, que convirtió en delito ser indocumentado en Arizona.

Esta vez, el senador estatal utilizó una indumentaria sencilla, la de una de sus camisetas de campaña para la admisión del descalabro electoral, acompañado por su compañero de perfidias contra los inmigrantes, el sheriff Arpaio, del Condado de Maricopa.

Pearce, que regularmente ha usado corbata para hablar con los medios en inglés, logró en 2004 la aprobación de la proposición 200, que exige que los funcionarios oficiales reporten a las autoridades a los indocumentados que intenten solicitar beneficios públicos.

En 2005 impulsó la “Ley anticoyote” contra el tráfico humano, que dio luz verde a las redadas indiscriminadas y a los abusos que se atribuyen al alguacil Arpaio.

En 2006 hizo que se decretara la ley 100 que niega la posibilidad de fianza a los indocumentados acusados de delitos.

También en 2006, hizo pasar la Proposición 102, que niega a los indocumentados el derecho a compensación cuando presentan demandas contra ciudadanos estadounidenses.

En 2007 hizo aprobar la ley de sanciones a los empleadores, que castiga a los que contraten indocumentados.

En 2008 logró que se instituyera la ley HB 2008, que sanciona a los empleados públicos que no denuncien a los indocumentados que se atrevan a pedir subsidios gubernamentales.
En el escritorio de Pearce estuvo la propuesta de abrogarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense y la de obligar a los directores de escuelas a reportar a los estudiantes indocumentados y sus padres como lo establece la feroz ley de Alabama.

Pero Pearce no ha estado solo en la elaboración de los proyectos de ley, para eso ha tenido la asesoría de abogados como Kris Kobach, ligado a la Federación Americana para la Reforma de la Inmigración (FAIR) y el Instituto para la Reforma a las Leyes de Inmigración (IRLI), dos prominentes organizaciones antiinmigrantes.

A mediados de la década pasada, Pearce se disculpó por haber redistribuido material editorial producido por la organización racista National Alliance y fue cuestionado por su apoyo político al dirigente supremacista ario J. T. Ready.

La derrota del ideador de la cárcel de carpas para albergar indocumentados en el desierto de Arizona envía un mensaje al resto del país: la intolerancia se puede vencer.

Somos 21 millones de votantes latinos.

Jaque mate a los indocumentados

Por Rafael Prieto Zartha

Cuando Anthony Tangemann, director de la Oficina de Detención y Remoción (DRO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenó la realización de la Operación Endgame (Final del Juego) en el verano de 2003, movió las piezas de ajedrez que tienen hoy a los 11 millones de indocumentados contra el filo de la deportación.

El proyecto, que contemplaba la expulsión del país de todos los indocumentados entre 2003 y 2012, no cumplirá la meta para la fecha fijada, pero si sentó las bases para confeccionar la pesadilla que viven los inmigrantes que carecen de papeles.

La Operación Endgame apuntaba, además de las actividades de arrestos, crear un ambiente de respaldo a las acciones de deportación por parte de los ciudadanos estadounidenses, tener nexos con organizaciones de base y entidades no lucrativas y mercadear las instancias de éxito del plan.

Además, para ejecutar el Final del Juego se proyectaba continuar la contratación de cárceles privadas para internar a los indocumentados, como ha ocurrido reiteradamente.

Partiendo del plan se dio la espiral de expulsiones que fue subiendo en cada año fiscal: 2003, 155,874; 2004, 173,777; 2005, 179,165; 2006, 206,177; 2007, 288,663; 2008, 349,041; 2009, 387,790; 2010, 392,862; y 2011, 396,906.

Desde 2003 hasta la terminación del año fiscal de 2011, en septiembre pasado, las autoridades de inmigración sacaron del país a más de dos millones y medio de indocumentados.

La deportación masiva ha sido respaldada por organizaciones de base y entidades no lucrativas antiinmigrantes, que se han dedicado a generar las leyes estatales y locales que se han venido copiando para hacerle la vida un yogur a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio, con medidas destinadas a arrestarlos por “sospechas”, impedirles trabajar, transportarse, ser transportados, alquilar o adquirir vivienda, estudiar en instituciones de educación superior, estigmatizar a niños y padres de familia, e incluso abrogar el derecho a la ciudadanía a los nacidos aquí, que sean hijos de indocumentados.

El congresista Luis Gutiérrez se quejaba en el programa de televisión dominical Al Punto con Jorge Ramos de lo que vio durante una visita a Alabama, donde el imperio del terror generado por la ley estatal HB 56 le cercena la posibilidad a los inmigrantes hasta de tener servicio de energía, en el marco de una atmósfera que recuerda las abominables leyes Jim Crow, que discriminaban contra los afroamericanos, aún después de que se decretó la liberación de los esclavos, en la segunda mitad del siglo 19.

Detrás de ese ambiente cruel contra los indocumentados latinos está lo planteado por la Operación Endgame, para que los extranjeros sin papeles que no sean ubicados, aprehendidos, procesados y deportados, se aburran y se vayan.

Por eso en Carolina del Norte, un grupo de representantes a la Cámara republicanos y demócratas han creado un comité sobre política de inmigración, del que no se anticipa que salga algo diferente a hiel en contra de los indocumentados.

Para mi sorpresa, en el otro lado del país, en California, un grupo de líderes hispanos está planteando una respuesta a contracorriente del espíritu antiinmigrante que padece el país. El Congreso Latino está proponiendo que se dé permiso de trabajo a los indocumentados de bien. La idea es recolectar 700 mil firmas, para poner la iniciativa a disposición de los votantes en las elecciones de 2012. Los impulsores de la propuesta creen contar con el 63% de los electores y la medida favorecería a dos millones y medio de extranjeros que carecen de papeles. Esta es una movida ingeniosa para ponerle freno al desastre iniciado por la Operación Endgame y no se dé el final del juego.

Perdidos en detención de este lado del muro

Por Rafael Prieto Zartha

Siempre que toco el tema del rumbo informativo que le están dando a
Univisión mis paisanos colombianos que dirigen la cadena de televisión y
sus componentes de radio e internet recibo andanadas de críticas.
Los reproches que más me inquietan son los de amigos y colegas cercanos
que me reclaman mi supuesta dureza con Isaac Lee y su equipo.
Algunos me han admonizado con el argumento de que soy injusto y que en
lugar de desaprobar su gestión, debería ofrecer alternativas de cobertura.
Creo que desde un principio, cuando escribí la columna “La
colombianización de Univisión" fui claro en recomendarle a Lee y Daniel
Coronell que en lugar de mirar hacia Latinoamérica orientaran sus lupas
y telescopios hacia los hispanos de Estados Unidos y que primordialmente
auscultaran el urgente tema migratorio.
Un ejemplo de lo que en mi opinión tendrían que hacer, en vez de buscar
esqueletos de la adolescencia del senador Marco Rubio, lo dio la cadena
PBS, el pasado 18 de octubre, en su programa Frontline, con el informe
denominado “Perdidos en detención”.
“Lost in detention” cuestiona las cifras de deportaciones de
“criminales” de la actual administración del presidente Barack Obama, la
forma como funciona el programa de expulsión de indocumentados
Comunidades Seguras y los abusos sexuales en las cárceles de
inmigrantes, algunas de las cuales son operadas por firmas privadas.
El documental, que se puede ver en el sitio de internet de PBS y fue
presentado por la galardonada periodista María Hinojosa, hace una
disección del actual desbarajustado sistema migratorio que separa
familias y le amarga la vida a millones de inmigrantes hispanos
radicados en el país
Los inmigrantes encadenados, la prisión imponente y el avión que parte
en el cielo cargado de “indeseables” son lamparazos para las entendederas.
El trabajo de “Perdidos en detención” fue lanzado junto con un
informe del Instituto Warren de la Escuela de Leyes de la Universidad de
California en Berkeley, que vuelve añicos la afirmación de los
funcionarios de Inmigración de que están deportando -en su mayoría- a
“lo peor de lo peor”.
Otra tarea que podría funcionar para los investigadores de Univisión
sería hacer un perfil del activista John Tanton y su influencia en el
movimiento antiinmigrante, dado que es el titiritero detrás de las
organizaciones que se oponen a la legalización de los indocumentados:
Federación Americana para la Reforma de Inmigración (FAIR), Centro de
Estudios de Inmigración (CIS) y NumbersUSA.
Igualmente sería interesante desenmarañar la madeja de como los
antiinmigrantes están produciendo las leyes estatales tipo Arizona como
enlatados para repartirlas en los 50 estados.
También está el caso del empresario Art Pope, que financió las campañas de
candidatos antiinmigrantes en las elecciones del año pasado, haciendo
que la Legislatura de Carolina del Norte pasara a manos republicanas,
después de haber estado en control de los demócratas durante más de un
siglo.
O está el desglose de las donaciones que las empresas privadas que
administran las cárceles de inmigración le han hecho a los políticos que
promueven el encarcelamiento de los indocumentados.
Esos son algunos de los tópicos que se podrían tratar de este lado del
muro que algunos de los candidatos republicanos apoyan que se construya
a todo lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Estoy seguro que si la obra se realiza los primeros beneficiados serán
los obreros hispanos, especialmente los mexicanos, que han estado
construyendo y reconstruyendo el país durante las últimas dos décadas.
Si esa es la solución para que dejen a los indocumentados tranquilos y
se realice una reforma migratoria amplia, bienvenida sea la propuesta de
la candidata del Partido del Té, Michele Bachmann, a quien Univisión
también podría dedicar una investigación.

Una plegaria por Carolina del Sur

Por Rafael Prieto Zartha

Este sábado pasado caminé por Plaza Fiesta Carolinas, uno de los proyectos más bellos que se hayan concebido para presentar a la comunidad latina, hacer negocios y permitir que todos ganaran.

El centro comercial, que tiene calles con nombres de las naciones latinoamericanas, banderas con colores de los países hispanos, restaurantes donde se puede comer un cebiche ecuatoriano, un lomo saltado peruano, unos tacos al pastor mexicanos, queda en Fort Mill, Carolina del Sur, donde amenazan con implementar para el 1 de enero del próximo año la ley SB20, que es otra hija mal hecha de la SB1070 de Arizona.

Este fin de semana Plaza Fiesta era una verdadera fiesta. Los niños corrían por los pasillos, los televisores mostraban el gol del Chicharito en Inglaterra, y 300 obreros latinos visitaban una feria relacionada con la construcción.

Y me dio una tristeza horrible que una propuesta así de hermosa haya sido obstaculizada por el sentimiento antiinmigrante que aqueja a un sector de los políticos de ese estado, donde todavía flamea la bandera confederada en los predios de la Legislatura.

Carolina del Sur es un estado bello. Basta visitar Charleston y encontrarse con la historia o llegar a los cultivos de flores y duraznos que pululan, cerca de las autopistas.

Lo paradójico es que gracias a la gente que se quiere afectar con la SB20, el estado recibirá entre 500 millones y mil millones de dólares por haber logrado un representante a la Cámara adicional en Washington.

El paso de 95 mil hispanos en 2000 a 235 mil en 2010 significó la diferencia para que el estado, que tenía seis congresistas, ahora tenga siete, algo que no ocurría desde hacia ochenta años.

Afortunadamente la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) decidió retar a la SB20 en las cortes y esperamos que el resultado sea mejor que el de Alabama.

La SB20 permite que policía a averigüe el estatus de las personas que se tenga una “sospecha” de que sean indocumentadas y crea una Unidad de Combate a la Inmigración Ilegal como parte del Departamento de Seguridad Pública, que costará más de un millón de dólares.

Pero la SB20 fue solo la continuación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de Carolina del Sur, que se firmó en 2008.

Mediante esa normativa, Carolina del Sur fue el primer estado que vedó la entrada de estudiantes indocumentados a colegios comunitarios y universidades estatales.

La medida determinó que es un delito transportar o dar techo a indocumentados.

Además, mandó realizar acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que agentes locales procesen la deportación de indocumentados.

Esa ley eliminó la creación de las ciudades santuario, y estableció el E-Verify obligatorio para empresas públicas y privadas.

Ojalá la demanda de la ACLU prospere para que no se le pongan trabas al progreso y la diversidad.

Pero el meollo del asunto está en Washington, donde el gobierno federal, tiene que actuar para que el país no tenga una colcha de retazos de 50 normativas de inmigración diferentes.

Aunque es muy poco lo que se puede esperar de los políticos, incluso de aquellos que aspiran a la presidencia y que visitan a Carolina del Sur frecuentemente, como el afroamericano republicano Herman Cain, que en chiste o en serio recomendó electrificar la cerca de la frontera entre México y Estados Unidos para electrocutar a los que intenten pasar. Y la candidata Michele Bachmann que impulsa un doble muro.

Nadie quiere más indocumentados en Estados Unidos, lo que se pide es que los que ya están aquí, han trabajado duro y se han comportado bien, se queden. Que sitios como Plaza Fiesta Carolinas prosperen y no sea la terquedad y el odio los factores que obstaculicen a una iniciativa tan linda.

El barrullo de Univisión y el senador Marco Rubio

Por Rafael Prieto Zartha

Tal vez yo fui el primero en expresar públicamente inquietud por los nombramientos de Isaac Lee y Daniel Coronell en la dirección del área de información de la cadena de televisión Univisión y los demás brazos en radio e internet del conglomerado de medios de comunicación.
Al ser yo de origen colombiano, recibí una lluvia de críticas, por diferentes vías, de parte de mis connacionales, con términos que variaron desde la observación fraternal hasta el grito lacerante de “apátrida”.
Mi preocupación con la designación nunca cuestionó los antecedentes periodísticos del par de lumbreras, sino la inexperiencia del uno en televisión y de ambos en la cobertura de la comunidad hispana de Estados Unidos.
Le reiteré a Lee las razones de mi recelo personalmente, delante de un grupo de colegas, durante un encuentro imprevisto durante la conferencia de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en junio pasado, en Orlando, Florida.
Lee desdeñó lo que le dije, expresando que él llevaba muchos años viviendo en Miami, a lo que le respondí que el Sur de la Florida no era exactamente el reflejo más exacto de los latinos radicados en el país.
Y es que Miami, aunque es el principal centro de información de habla hispana en Estados Unidos, si es diferente. Es como el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, que contrasta con la tensión a mil que se vive en el resto del país, donde la presión antiinmigrante ha sido agobiante en los últimos años, y que se siente lejana de Bayside, Coconut Grove y South Beach.
Ahora estalló el embrollo de dimes y diretes con el senador federal Marco Rubio, que evidencia que la propuesta de cobertura de Lee, se mantiene por inercia en Miami.
Además del escándalo del asunto de Rubio, los informes investigativos de Univisión han tenido como foco a Latinoamérica con tópicos pertinentes a Venezuela, Cuba y Bolivia.
Desempolvar el caso de narcotráfico del cuñado de Rubio, ocurrido hace un cuarto de siglo, cuando el “niño bonito” hispano del Partido Republicano era un adolescente, fue una pifia.
La telenovela posterior ha estado entre lo divertido y penoso:
Que según el equipo del senador, Lee propuso que la historia del cuñado de Rubio tuviera un tono más leve a cambio de una aparición del político en Al Punto.
Que de acuerdo con Lee, lo anterior no fue verdad.
Que los candidatos presidenciales republicanos anunciaron un boicot a un debate televisado previsto por Univisión porque se intentó “extorsionar” a Rubio.
Que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el boicot de los aspirantes republicanos.
Que Somos Republicanos de Arizona apoya a Univisión y condena a Rubio.
Que Rubio, quien fue comentarista político de Univisión, dijo que pensaba que la cadena era profesional.
Que los republicanos exigen disculpas y la cabeza de Lee.
Que lo que hay de por medio es un cobro de cuentas por la defenestración de cubanos que trabajaban para la cadena por parte del nuevo equipo de colombianos.
El tema ha sido tratado por periodistas tan serios como Manny García, ganador del Pulitzer, editor de El Nuevo Herald y presidente de la asociación de Periodistas y Editores de Investigación (IRE).
Lee se habría ahorrado todos los problemas solo exponiendo ante la teleaudiencia de Univisión que es lo que piensa Rubio en materia de inmigración.
La preocupación del senador por el dolor que la difusión de la historia de su cuñado le pudo causar a los suyos, es entendible.
Lo que no comprendo es su indolencia con los dos millones de inermes jóvenes indocumentados que podrían beneficiarse con el Dream Act, que él no apoya.
Lo que no puedo concebir es que descarte su respaldo a una reforma migratoria integral, que le aliviaría dolor a 11 millones de latinos, amenazados por la deportación.
La fibra de compasión con los inmigrantes, que tradicionalmente ha caracterizado a los legisladores federales de origen cubano que han llegado al Capitolio en Washington, es algo de lo que carece Rubio.