Sentido común

Por Rafael Prieto Zartha

Ataviado con una camisa vistosa estampada con hojas de palmeras, el senador estatal de Arizona, Russell Pearce, ponente de la Ley SB 1070 de Arizona, dialogó con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, acerca de la normativa que tiene en vilo al país.
Pearce le dijo a la periodista que los agentes policiales tienen que ejercer el “sentido común” para detener a los “ilegales” bajo la legislación que él ideó.
Respecto a la premisa que deportar a los 11 millones de indocumentados no es realista, el ex policía y ex subordinado del alguacil Joe Arpaio, concluyó que muchos se irán.
El sentido común y las estadísticas señalan que Pearce tiene la razón y que la deportación masiva de quienes no cuentan con estatus migratorio sí se materializará, dada la avalancha de proyectos de ley contra los inmigrantes que cursan actualmente en estados, condados y municipalidades de Estados Unidos.
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), en el primer trimestre de este año, en 45 estados de la Unión se debatieron 1.180 iniciativas antiinmigrantes, con un saldo de 107 leyes aprobadas.
Desde hace un lustro, los proyectos de ley y las medidas sancionadas han estado cumpliendo con el cometido de crearle un ambiente pesado a la gente que se ha radicado de forma irregular en el país para que se aburra y se vaya, incluso con sus hijos nacidos aquí.
Entre 2006 y 2009 se firmaron 752 leyes estatales que han apuntado a que los indocumentados no puedan entre otras cosas, obtener licencias de conducir o acceder a los colegios comunitarios o a las universidades estatales.
Al mismo tiempo han surgido iniciativas locales dirigidas a impedir que se les alquile vivienda como las de Farmers Branch, Texas; Hazleton, Pensilvania; o Fremont, Nebraska.
Para completar el cuadro, programas de deportación del gobierno federal como Comunidades Seguras y 287g han contribuido al éxodo.
Durante el período fiscal de 2009, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 387.790 indocumentados y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló en febrero pasado que la población indocumentada se redujo en un millón de personas.
Las proyecciones para 2010 señalan que los deportados serán más de 400,000 y es de esperarse que la reducción de indocumentados supere con creces el millón, marcando la efectividad en materia de aplicación de la ley del gobierno del presidente Barack Obama.
Los resultados de la presión contra los indocumentados no son diferentes a los previstos por la Operación Endgame, gestada en 2003, durante la administración del presidente George Bush, que preveía la deportación total de los indocumentados en un lapso de una década.
Si la ley de Arizona hace metástasis en la veintena de estados donde legisladores antiinmigrantes han expresado interés de implantarla, el final del juego de ajedrez concluirá con el jaque mate a un sector de la población que ya aportó con su mano de obra al país.
Reitero que es imposible que Estados Unidos acoja a todos los pobres de la Tierra y que tiene sentido común que determine quién entra y quién se establece en su territorio.
Lo que no hace sentido común es que durante años se haya admitido de facto la inmigración indocumentada y que en un momento de vacas flacas se quiera expulsar a todos los que sudaron la gota gorda.
No hace sentido común que alguien termine en un proceso de deportación porque lo vean ingiriendo en un vehículo un jarrito de toronja, como lo cuenta en un artículo Paola Jaramillo, editora del semanario La Conexión de Raleigh, acerca de un mexicano que arrestaron el Día del Padre.

¡Qué desgracia!

Por Rafael Prieto Zartha

El correo electrónico que recibí contenía, en el renglón correspondiente a asunto, una frase escueta e impactante: ¡Qué desgracia!
La remitente era Josefina Villicaña, editora del galardonado semanario Ahora Sí, de Austin, Texas, quién me anexó un artículo de su periódico que narra el episodio vivido por una abuela mexicana, que según testigos, fue agredida y agraviada por un agente policial cuando fue a recoger a sus nietos a la escuela donde estudiaban.
“Es una tragedia enorme que seguro no será la única con tanto odio que estas leyes de inmigración están generando”, me comentó Josefina en las líneas de introducción al reportaje.
La nota menciona apartes de una demanda interpuesta contra el oficial, en la que se dice que la mujer, quien es primariamente hispanohablante, no entendió las indicaciones del agente que dirigía el tráfico y éste respondió sacándola del vehículo, para después golpearla con una macana y arrastrarla en el pavimento.
De acuerdo con el artículo de Ahora Sí, un maestro, testigo de los acontecimientos, contó “que vio a la mujer en sus rodillas y sangrando de los labios. En su declaración dijo que uno de sus pechos estaba expuesto y que ella lloraba”.
El mensaje de Josefina llegó antes de que ocurriera otra incidencia nefasta contra los inmigrantes hispanos: el sonado escándalo de la lista de Utah, que reveló nombres y direcciones de 1,300 supuestos indocumentados, con un llamado para que fueran deportados.
El incidente de la lista muestra los extremos a los que están llegando quienes detestan a los inmigrantes, que se atreven a saltarse las leyes que tanto proclaman respetar para causar daño a los hispanos.
Ojalá haya una sanción para los culpables, dado que el inventario de nombres fue producido sacando información de una base de datos del Departamento de Servicios Laborales, entidad que administra programas de beneficios públicos, a los que tienen derecho los infantes nacidos en este país.
¿Dónde queda la confianza de la gente en las entidades gubernamentales a las que suministran sus datos personales?
Hay quienes insisten en el concepto de los “bebés ancla” y no entienden que la Decimocuarta Enmienda a la Constitución prevalece y que es ilegal convertirse en “chivatos” que procuran la expulsión masiva de los inmigrantes latinos.
En Charlotte, Carolina del Norte, recientemente se presentó otro incidente denunciado a los medios de comunicación en español, que refleja como hay individuos que se apuntan de "motu proprio" a la misión de denunciar a los “ilegales”.
Una dependiente de un taller de cambio de aceite de automóviles decidió reportar a la policía local a una mujer que solicitaba los servicios de su establecimiento porque era indocumentada, porque no le presentó la licencia de conducir al solicitar el servicio.
La empleada del taller le exigió al oficial que atendió el caso que verificara el estatus migratorio de la usuaria del negocio y el agente le tuvo que explicar que una ley como la SB 1070 de Arizona no está en vigor en Carolina del Norte.
Definitivamente Josefina tiene razón: ¡Qué desgracia! Qué daño tan grave están generando las leyes antiinmigrantes.
Trágico que algunos que se creen patriotas ejecuten acciones en las que confunden la Patria con el odio.

Sospecha razonable

Por Rafael Prieto Zartha

Noventa minutos de duración, igual a un partido de fútbol, es el tiempo en que se extiende el video de instrucción sobre la ley SB 1070 que produjo la Junta de Estándares y Entrenamiento de Oficiales de Paz de Arizona (AZPOST) como muestra de buenas intenciones de que la controvertida normativa se aplicará con “integridad, competencia y profesionalismo”.
En estos días de inclemente verano cumplí con la tarea pendiente de observar el video detenidamente y sacar conclusiones.
Para comparar notas y entender mejor el tema, repasé el texto de la ley en español que preparó el semanario La Voz de Arizona y que está disponible en su sitio de internet www.lavozarizona.com.
La traducción de la legislación está complementada con un análisis de la normativa realizado en forma de preguntas y respuestas con el académico en leyes de la Universidad de Arizona Gabriel "Jack" Chin.
Respecto al video, que fue ordenado por la gobernadora Jan Brewer, es innegable que está muy bien producido y la fotografía es bonita.
El contenido del audiovisual está dividido en cinco secciones: introducción, perfil racial, la ley, estatutos y documentos federales, y conclusión.
La mayor parte del video está dedicado a las responsabilidades que los oficiales asumen bajo la nueva ley, los nuevos delitos creados por la normativa, el manejo que le dan los oficiales federales a las situaciones que confrontan y los documentos que tienen que examinar para determinar si alguien es “ilegal”.
Acerca de las contradicciones en que incurren los especialistas que intervienen en el audiovisual, el comediante John Stewart hizo una sátira punzante con una conclusión palmaria en su programa de humor “The Daily Show”.
Stewart presta atención especial a la presencia imponente de la abogada Beverly Ginn y del oficial de correccionales Jesús Rentería, quienes con sus apariciones dejan una marca imborrable en los televidentes.
En medio de los constantes pedidos a los oficiales para que eviten meter la pata, el video presenta los factores para dilucidar la “sospecha razonable” de que un individuo es indocumentado antes de su arresto. Ente las perlas se encuentran la vestimenta, la dificultad de hablar inglés y transportase en un vehículo repleto de compadres.
Brian Livingston de la Asociación de Policías de Arizona (APA) expresa en la conclusión del audiovisual que no pretende indicarle a los oficiales de Arizona qué hacer porque ellos han trabajado “exitosamente desde que el estado es estado”.
Yo difiero de la apreciación del oficial Livingston, dado que los hispanos si han experimentado cómo algunos profesionales de la ley de Arizona han aplicado localmente las leyes de inmigración con resultados que podrían calificarse de lastimosos.
Ahí están las 2,700 demandas que se presentaron entre 2004 y 2007 contra el alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, sin que el sheriff más duro del Oeste cambiara de actitud o las investigaciones federales le hicieran siquiera cosquillas.
Por las calles de Phoenix desfilaron para escarnio público los inmigrantes hispanos encadenados luciendo indumentaria rayada, violando los cánones de respeto a los derechos humanos.
A los indocumentados detenidos, que aloja en su cárcel de carpas, los humilla vistiéndolos con ropa interior rosada.
La comunidad inmigrante radicada en la capital de Arizona y sus alrededores han vivido sus redadas indiscriminadas y el terror que provoca la amenaza de ingresar a sus vecindarios.
Los hispanos ya conocen que es la 1070 y como se administra. Al fin y al cabo, el senador Russell Pearce, autor de la ley, fue subordinado de Arpaio.