Sospecha razonable

Por Rafael Prieto Zartha

Noventa minutos de duración, igual a un partido de fútbol, es el tiempo en que se extiende el video de instrucción sobre la ley SB 1070 que produjo la Junta de Estándares y Entrenamiento de Oficiales de Paz de Arizona (AZPOST) como muestra de buenas intenciones de que la controvertida normativa se aplicará con “integridad, competencia y profesionalismo”.
En estos días de inclemente verano cumplí con la tarea pendiente de observar el video detenidamente y sacar conclusiones.
Para comparar notas y entender mejor el tema, repasé el texto de la ley en español que preparó el semanario La Voz de Arizona y que está disponible en su sitio de internet www.lavozarizona.com.
La traducción de la legislación está complementada con un análisis de la normativa realizado en forma de preguntas y respuestas con el académico en leyes de la Universidad de Arizona Gabriel "Jack" Chin.
Respecto al video, que fue ordenado por la gobernadora Jan Brewer, es innegable que está muy bien producido y la fotografía es bonita.
El contenido del audiovisual está dividido en cinco secciones: introducción, perfil racial, la ley, estatutos y documentos federales, y conclusión.
La mayor parte del video está dedicado a las responsabilidades que los oficiales asumen bajo la nueva ley, los nuevos delitos creados por la normativa, el manejo que le dan los oficiales federales a las situaciones que confrontan y los documentos que tienen que examinar para determinar si alguien es “ilegal”.
Acerca de las contradicciones en que incurren los especialistas que intervienen en el audiovisual, el comediante John Stewart hizo una sátira punzante con una conclusión palmaria en su programa de humor “The Daily Show”.
Stewart presta atención especial a la presencia imponente de la abogada Beverly Ginn y del oficial de correccionales Jesús Rentería, quienes con sus apariciones dejan una marca imborrable en los televidentes.
En medio de los constantes pedidos a los oficiales para que eviten meter la pata, el video presenta los factores para dilucidar la “sospecha razonable” de que un individuo es indocumentado antes de su arresto. Ente las perlas se encuentran la vestimenta, la dificultad de hablar inglés y transportase en un vehículo repleto de compadres.
Brian Livingston de la Asociación de Policías de Arizona (APA) expresa en la conclusión del audiovisual que no pretende indicarle a los oficiales de Arizona qué hacer porque ellos han trabajado “exitosamente desde que el estado es estado”.
Yo difiero de la apreciación del oficial Livingston, dado que los hispanos si han experimentado cómo algunos profesionales de la ley de Arizona han aplicado localmente las leyes de inmigración con resultados que podrían calificarse de lastimosos.
Ahí están las 2,700 demandas que se presentaron entre 2004 y 2007 contra el alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, sin que el sheriff más duro del Oeste cambiara de actitud o las investigaciones federales le hicieran siquiera cosquillas.
Por las calles de Phoenix desfilaron para escarnio público los inmigrantes hispanos encadenados luciendo indumentaria rayada, violando los cánones de respeto a los derechos humanos.
A los indocumentados detenidos, que aloja en su cárcel de carpas, los humilla vistiéndolos con ropa interior rosada.
La comunidad inmigrante radicada en la capital de Arizona y sus alrededores han vivido sus redadas indiscriminadas y el terror que provoca la amenaza de ingresar a sus vecindarios.
Los hispanos ya conocen que es la 1070 y como se administra. Al fin y al cabo, el senador Russell Pearce, autor de la ley, fue subordinado de Arpaio.