No hay disculpa que valga

Por Rafael Prieto Zartha

No existen palabras para expresar el dolor y la indignación por la trágica muerte de la religiosa Denise Mosier en un nuevo incidente del cual se responsabiliza a otro inmigrante indocumentado de convertir el automóvil que conducía en un arma letal mientras se hallaba en estado de embriaguez.
Innegable que el accidente, que se atribuye a Carlos A. Martinelly Montaño, de 23 años, corrobora el estereotipo de que los latinos manejan borrachos y reparten desgracias.
Otras dos monjas católicas resultaron lesionadas en el percance, ocurrido en uno de los focos de mayor tensión del debate migratorio en la nación: la localidad de Manassas, Condado de Prince William, en el histórico Estado de Virginia.
Allí, en 2007, en medio del fragor del fracasado debate de la reforma migratoria en el Senado federal, las autoridades condales aprobaron una seguidilla de medidas contra los indocumentados, incluyendo la verificación del estatus migratorio por parte de las agencias policiales locales.
La cercanía de Prince William a Washington DC, apenas 25 millas de distancia, hizo que la puja entre los antiinmigrantes, los afectados y los defensores de los derechos civiles tuviera una amplia cobertura en los medios de comunicación de la capital.
Ahora está ocurriendo lo mismo con el caso de Martinelly Montaño, quien el pasado 1 de agosto sumó tres arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol en los últimos cinco años.
No hay forma de eludir la responsabilidad que nos atañe a los hispanos como comunidad de aceptar sin ambages que la falta fue cometida por uno nuestros integrantes.
Las organizaciones nacionales latinas deberían ofrecer el pésame oficial, condenar lo ocurrido, y conminar a los inmigrantes de todo el país a que se comporten ejemplarmente.
No es nada fácil abogar por la legalización de los 12 millones de indocumentados cuando se repiten casos con resultados tan lamentables como el deceso de la hermana Denise.
Aprovechando la muerte de la monja, los antiinmigrantes se abalanzaron a utilizar el fatal incidente como combustible para echarle leña al fuego al debate migratorio, al no haberse efectuado la expulsión del país de Martinelly Montaño, quien se hallaba en proceso de deportación.
El diario The Washington Post reportó que Corey Stewart, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Prince William, llegó a decir que el Congreso, el presidente Barack Obama y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano "tenían las manos untadas con sangre".
Por su parte, las Hermanas Benedictinas expresaron en un comunicado que estaban "consternadas y embargadas de tristeza porque la tragedia se haya politizado y se haya convertido en un foro para la agenda de la inmigración ilegal".
Las monjas señalaron que en medio de su luto y tribulación por el estado de salud de sus hermanas lesionadas "desearían que la atención (de la tragedia) se reenfocara en las consecuencias de tomar y manejar, y en el mandamiento de Jesucristo de perdonar".
La reacción de las religiosas es una lección para cristianos como el representante a la Cámara, republicano por Iowa, Steven King, quien alguna vez afirmó que los indocumentados mataban a 12 estadounidenses cada día.
Y sobre todo para el "periodista", Joseph Farah, quien le tomó la palabra a King, y en un artículo agregó que el legislador decía que además 13 estadounidenses morían por culpa de los ilegales que conducían borrachos. Farah sacó de ahí una estadística fantasiosa de casi cinco mil víctimas fatales al año, que aparece en la red virtual repetida como verdad en centenares de entradas.
En 2008, un total de 13,946 personas fallecieron en el país a causa de los automovilistas ebrios, y las proyecciones inventadas por los antiinmigrantes jamás se acercan al número de muertos que le atribuyen a los inmigrantes.
No obstante, no hay excusa que valga, para que siquiera uno de los fallecidos sea ocasionado por un indocumentado beodo.