50 millones de hispanos ¿Pá qué?

Por Rafael Prieto Zartha

La Oficina del Censo acaba de revelar que somos más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, exactamente 50,477,594, y que nos hemos consolidado como la minoría más grande, con un porcentaje de 16.3, en contraste con los afroamericanos que constituyen 12.6 y los asiáticos que alcanzaron a ser 4.8 de la población total del país.
El haber aumentado 15 millones, entre 2000 y 2010, ha generado que se toquen las trompetas de júbilo y no dudo que se haya descorchado más de una botella de champaña para celebrar que la comunidad de los colores del pavorreal, con su sello variopinto, hayan obrado un hito en los cambios poblacionales de la nación más poderosa del planeta.
No obstante, yo me pregunto si realmente hay algo que celebrar, cuando a 11 millones de indocumentados, incluidos en los 50 millones, se les tiene en el borde del abismo de la deportación y a casi 5 millones de hijos de ellos se les quiere abrogar el derecho a la ciudadanía, pese a haber nacido en el territorio de esta nación.
Yo me pregunto si se puede festejar, este “logro”, cuando cada semana que pasa las legislaturas estatales se burlan de los números y proponen más medidas contra los individuos que les han ayudado a aumentar su presencia en el Capitolio, como es el caso de Carolina del Sur, donde de seis representantes a la Cámara se pasará a siete.
El blogero del sitio de internet del Washington Post, Chris Cillizza, señaló, después de la difusión de las cifras, que en siete estados donde el aspirante John McCain ganó las elecciones en su derrota de 2008, los hispanos crecieron más del cien por ciento durante la última década.
En Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Kentucky, Misispí y Tenesí, lugares en los que el fallido candidato republicano y su compañera de fórmula Sarah Palin vencieron, los proyectos antiinmigrantes han estado a la orden del día.
A la comunidad hispana no se le tiene el más mínimo respeto: funciona para que a sus integrantes se le den palmaditas en la espalda o sean objeto de promesas que no se cumplen.
Se les toma del pelo con la legalización de los estudiantes indocumentados, con arreglar la situación de los trabajadores del campo y obviamente con la manida reforma migratoria integral.
Un amigo dijo hace más de dos décadas que nuestro problema como hispanos o latinos era que: “no nos comportábamos como una comunidad, sino como una manada”.
Cada cabra tira para su propio monte. Se carece de cohesión para adelantar una agenda común que permita que los políticos no nos desprecien. Y los latinos en conjunto ofrecemos un panorama espeluznante.
Basta indagar las cifras de pobreza de los hispanos, de acuerdo con los estándares nacionales, para encontrar que estamos mal. La pobreza castiga a 25.3 por ciento de la población latina.
Ni hablar de la deserción escolar, porque es harina de su propio costal. En enero de 2007 publiqué una columna en Mi Gente, el semanario de Charlotte que hoy dirijo, denominada “La obsesión de la A+”, en la que comparaba el éxito de los estudiantes asiáticos con el fracaso de los alumnos hispanos. La realidad es que 41 por ciento de los latinos mayores de 20 años no se graduaron de la secundaria.
En materia de salud, 30.7 por ciento de la población hispana carece de seguro médico.
Un mismo cantar es la participación electoral, en la que la indiferencia de los que tienen el privilegio de la ciudadanía es fatal, especialmente en elecciones locales clave, en las que los hispanos podrían marcar una diferencia abismal.
Un ejemplo, de donde yo resido, fue la votación latina en el Condado de Mecklenburg, de Carolina del Norte, en las elecciones de noviembre pasado. De los 12,312 hispanos que aparecían registrados para votar, solo 2,440 fueron a las urnas.
Si no se aprovechan los resultados del Censo para que la comunidad hispana cambie la actitud de modorra, que la mantiene en la mediocridad, por una proactiva que difume las falencias, lo de los 50 millones será solo un número.

El síndrome de los cerdos salvajes
Por Rafael Prieto Zartha

Los epítetos infames que han estado usando funcionarios públicos para referirse a los indocumentados y las soluciones que proponen para resolver el problema migratorio develan vasta irresponsabilidad y exigua consideración por el género humano.
Se espera que quienes han tenido la ventura de ser elegidos a cargos oficiales por medio del voto popular traten de forma sensata un asunto tan delicado como el destino de 11 millones de personas, que en últimas depende precisamente del vaivén de la política.
Lo positivo de los dislates de los políticos que han soltado la lengua para expresar atrocidades acerca de los inmigrantes es que han proyectado públicamente lo que piensan realmente, aunque después tengan la desfachatez de retractarse diciendo que estaban “bromeando”.
La periodista de la agencia EFE, María Peña, trajo a colación en su análisis semanal de inmigración el caso del representante estatal republicano de Kansas, Virgil Peck, quien comparó a los indocumentados con “cerdos salvajes”.
Para Peck la solución al problema de la “inmigración ilegal” es dispararle a los indocumentados desde helicópteros. Por lo menos eso fue lo que sugirió durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Kansas, cuando se analizaban medidas para reducir la población porcina en ese estado.
La organización proinmigrante Presente, que apoyó a los caminantes soñadores en su aventura de Miami a Washington y que abogó por la salida de Lou Dobbs de CNN, no tomó como broma lo expresado por Peck y ha lanzado una campaña para impulsar la renuncia del legislador.
En noviembre del año pasado, el representante republicano a la Cámara Estatal de Tenesí, Curry Todd, comparó a los padres indocumentados con “ratas”.
Durante una sesión de un comité fiscal en la que se discutían los costos de atención prenatal para los futuros ciudadanos estadounidenses, dijo que podían multiplicarse como roedores.
La primera reacción de Todd, ni siquiera fue disculparse. En una entrevista con la estación de televisión KSAZ de Phoenix, dijo: “Tal vez mis palabras fueron un poco fuertes. Probablemente he debido utilizar (el termino) ‘bebes ancla’”. Esto, como si “bebés ancla” no fuera también una forma despectiva para referirse a infantes que son constitucionalmente ciudadanos de este país.
En octubre de 2010, el representante republicano a la Cámara Estatal de Georgia, John Yates, propuso dar licencia para matar a los agentes fronterizos, y así parar la “invasión” de los indocumentados.
Yates, veterano de la Segunda Guerra Mundial, expresó que la “inmigración ilegal” debería ser manejada de la misma manera como se frenó a Hitler y la Alemania nazi.
Como parte de su iniciativa, sugirió lanzar panfletos en todo el territorio mexicano con la advertencia: “dispararemos a matar” a quienes crucen la frontera.
En el verano de 2006, el representante republicano a la Cámara por el estado de Iowa, Steve King, comparó a los indocumentados con “ganado”, durante una sesión en el Capitolio en Washington.
King, quien pertenece a la Comité Judicial de la Cámara y al Subcomité de Inmigración, propuso que instalara una cerca eléctrica en la frontera como la que se usa para controlar a los bovinos.
King llegó a comparar la “inmigración ilegal” con un “holocausto en cámara lenta”.
En Carolina del Norte, en la primavera de 2008, el comisionado republicano a la Junta del Condado de Mecklenburg, Bill James, comparó a los indocumentados con “prostitutas y vendedores de drogas”.
Referirse a seres humanos como animales: “cerdos salvajes”, “ratas” y “ganado”, en el marco de un debate que cada día se pone más álgido es grave. Sugerir que el problema migratorio se resuelva a tiros es aún más grave. Darle la connotación de holocausto a la presencia de los indocumentados que han venido a trabajar duro a este país es una ignominia.
En su campaña contra Peck, Presente está recordando, que desde 2003, los crímenes de odio contra los latinos se han incrementado 40 por ciento. Yo quisiera recordar, guardadas las proporciones, que la locura del Holocausto arrancó con la cinta antisemita “El eterno judío”, del director Fritz Hippler, en la que se comparaba visualmente a los judíos con ratas.

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La consigna es: "regrésense a su hediondo, sucio y moreno país”

Por Rafael Prieto Zartha

Las frases pintadas en las paredes despidieron desprecio, aversión y hostilidad: “los ilegales roban trabajos”, “inmigración ilegal = Holocausto, terrorismo para su subsistencia”, “se regresan a su hediondo, sucio, moreno país, ahorita”, “remueva (el grafiti) arriesgándose al peligro, nosotros los mataremos”.
Las pintas aparecieron en el último fin de semana de febrero pasado en un vecindario hispano en la ciudad de Greenville, una de las principales de Carolina del Sur, un estado donde se han aprobado medidas severas contra los inmigrantes sin papeles y en cuya Legislatura avanza el proyecto SB 20, que tiene como modelo la ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.
La preocupación por lo ocurrido se reflejó en los semanarios en español, que se publican en Greenville. El periódico Latino tituló en su portada “Sube clima de odio” y La Nación Hispana presentó el editorial: “Un estado más racista”, escrito por Jo Dell Pickens, quien fue integrante de la Comisión de Asuntos Minoritarios de Carolina del Sur.
El que se amenazara de muerte a quienes se atrevieran a borrar los letreros, se comparara la presencia de indocumentados con el genocidio judío, que se usara la palabra terrorismo, y que una de las pintas se haya hecho en uno de los muros de una iglesia cristiana devela como el debate migratorio se ha salido totalmente de contexto por parte de individuos y agrupaciones extremistas.
El pastor Alex Girón de la Iglesia Plenitud Cristiana contó a los medios de comunicación que es la cuarta ocasión en la que las paredes de su templo han sido objeto de vandalismo con frases ofensivas y que la primera vez fue en 2008. Esta vez la frase fue “váyanse al infierno”.
Pero el rechazo contra los indocumentados en Carolina del Sur no se ha dado solamente desde las sombras de la treintena de agrupaciones racistas, que según el Southern Poverty Law Center, existen en el estado.
Las acciones contra los inmigrantes sin papeles han sido efectuadas por entidades públicas que han oficializado su repudio.
En 2004, tres localidades de la costa surcarolina, Myrtle Beach, Hilton Head y el condado de Beaufort propusieron medidas para impedir que los indocumentados pudieran abrir negocios o industrias.
En 2006, se propuso en Hilton Head revocar las licencias de operación a las empresas que tuvieran trabajadores que carecieran de estatus migratorio.
El verano de 2008, en el Condado de Beaufort, en Carolina del Sur, las autoridades locales estrenaron un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con la Operación Oleada, que significó una temporada de pavor en la que fueron arrestados 300 indocumentados, que hacinaron la cárcel local.
Dado que en Charleston funciona la sede de la academia de entrenamiento de los agentes de ICE, de allí salen hacia los municipios y condados vecinos los experimentos de nuevos proyectos y operaciones migratorias contra los indocumentados.
Por ejemplo, Carolina del Sur fue uno de los primeros estados donde se aplicó el Programa de Criminales Extranjeros (CAP).
En junio de 2008, el ex gobernador Mark Sanford, famoso por sus intempestivos viajes secretos a Argentina, firmó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal de Carolina del Sur.
Esa ley convirtió a ese estado en el primero del país en prohibir explícitamente el ingreso de estudiantes indocumentados a instituciones de educación superior.
La legislación estableció como delito mayor transportar o dar albergue a los indocumentados.
Ordenó a la División de Orden Público (SLED) realizar un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que los agentes policiales implementen las leyes federales de inmigración.
Autorizó que la Comisión para Asuntos Minoritarios (CMA) opere un número de teléfono gratuito y un sitio de internet las 24 horas del día para denunciar a los que violan las leyes migratorias.
Prohibió las ciudades santuario y determinó que todas las empresas públicas y privadas utilicen el sistema E-Verify para evaluar el estatus migratorio de sus empleados.
Por eso no es extraño, que un informe del Centro Hispano Pew concluyera que población indocumentada de Carolina del Sur hubiera disminuido 21.4 por ciento, de 70,000 en 2007 a 55,000 en 2010.
No obstante, la sorpresa la van a dar los resultados del censo de 2010, que van a indicar que la población hispana en ese estado supera los 203,827 individuos.
De cualquier manera, es el colmo que además de todas las restricciones, se le añada un ambiente de terror a los casi cien mil hispanos que nacieron en el extranjero.

La luz de Utah

Por Rafael Prieto Zartha

El titular del diario “The Salt Lake City Tribune” no pudo ser más diciente: “Utah quiere que el mundo sepa que no es Arizona”. El encabezado salió impreso tras la aprobación en las dos cámaras de la Legislatura Estatal de un paquete de leyes migratorias, que incluye un programa de trabajadores huéspedes y una medida que autoriza que la policía verifique el estatus migratorio de los detenidos por delitos graves y crímenes mayores.

La serie de normativas debe pasar ahora al escritorio del gobernador republicano, Gary Herbert, quien se anticipa las firme como leyes estatales.

El acuerdo de legislación bipartidista, adoptado el viernes 4 de marzo, marca una distancia con las leyes antiinmigrantes sancionadas en el estado vecino del sur, Arizona, y de donde se desató la tendencia de otros estados de copiar normativas como la SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, que firmó la gobernadora Jan Brewer, que el gobierno federal retó y que aún se disputa en las cortes.

Y no es casualidad que algunos estados estén reevaluando la adopción de leyes como la de Arizona. Según el Center for American Progress, una institución de pensamiento de Washington DC, las pérdidas que tendrá ese estado en cancelaciones de conferencias y encuentros debido a la ley SB 1070 ascenderán en los próximos tres años a 388 millones de dólares.

A principios de este año, alrededor de 20 estados estaban contemplando seguirle los pasos a Arizona, pero al inicio del primer trimestre de 2011, en al menos seis estados los proyectos de ley tipo SB 1070 ya han sido descartados.

En Colorado, el proyecto murió en un comité judicial de la Legislatura. En Nebraska, la propuesta se halla empantanada. En Florida, algunos legisladores republicanos han expresado preocupación por el impacto económico que tendría pasar una ley similar a la SB 1070. En Maine, los comerciantes se han organizado para contrarrestar la propuesta de ley parecida a la de Arizona. Y en California, el proyecto impulsado por el asambleísta, exintegrante de los Minute Man, Tim Donnelly, tiene pocas probabilidades de ser aprobado.

Incluso, en Arizona, también el viernes 4 de marzo, el paladín en contra de los indocumentados, Russell Pearce, autor de la SB 1070, suspendió temporalmente la discusión del paquete de medidas antiinmigrantes de 2011, que incluían la negación de la ciudadanía para los hijos de indocumentados, exigir que los hospitales verifiquen el estatus migratorio de los pacientes, y que los maestros y los trabajadores sociales reporten a los inmigrantes sin papeles a las autoridades federales.

Lo ocurrido en Utah presenta una nueva perspectiva respecto a la adopción de leyes estatales que tocan el asunto migratorio, ante la ausencia de una solución federal.

La ley de Utah considera dar a los inmigrantes indocumentados permiso para vivir y trabajar en el estado, pero la expedición de esos permisos está sujeta a que el gobierno federal de luz verde a dispensas, exenciones y autorizaciones.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah cobraría a quienes no tengan papeles 2,500 dólares por el permiso y 1,000 para quienes hayan permanecido en el país después de vencer su periodo de visa.

Se calcula que en Utah estén radicados 110,000 indocumentados y el beneficio lo recibirían quienes hayan estado viviendo en el estado antes del 10 de mayo de 2011.

En lo concerniente al programa de trabajadores huéspedes, se contempla establecer un acuerdo con el estado mexicano de Nuevo León para importar trabajadores que podrían permanecer en el país durante dos años.

El concepto del permiso fue impulsado por la senadora demócrata Luz Robles y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, prevalente en Utah, abogó por la aprobación de las medidas.

Sin embargo, los opositores al paquete migratorio, respaldado por la iglesia mormona, ponen en tela de juicio la constitucionalidad de las medidas.

Cabe anotar, que Utah es único estado que ha creado licencias especiales de conducir para los indocumentados y que durante los seis años de vigencia se han expedido 42,000 de estos permisos de manejar.

Entre tanto, en Georgia y Carolina del Norte avanzaron proyectos de ley punitivos similares a la SB 1070, que para nada contienen la luz de lo aprobado por la Legislatura Estatal de Utah.