El silencio de los indiferentes
Por Rafael Prieto Zartha
Estamos fregados. Mientras en el resto del país se alzan las voces para
desafiar y criticar el programa de deportaciones Comunidades Seguras, en
Carolina del Norte no hay quien se atreva a cuestionarlo.
Particularmente en Charlotte, el sheriff del Condado de Mecklenburg ha
decidido utilizarlo como un complemento de la otra cabeza del monstruo,
que es el 287g, mediante el cual ya se superó la cifra de diez mil
indocumentados deportados, desde su establecimiento en abril de 2006.
Ahora, el alguacil local también ha decidido que no publicará más en el
sitio de internet de la Cárcel Central de Charlotte las fotografías y
los datos de los detenidos que el Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE), aloje en ese centro de detención.
En la explicación que dio su portavoz se señala que los detenidos, al
ser procesados por ICE, no requieren pasar por el trámite de regular de
ingreso a la cárcel.
Es decir, como si entraran por una puerta trasera y su estadía la
pasaran de incognitos en el principal centro de reclusión de la ciudad
más populosa de Carolina del Norte.
Esto sin que las familias o los propios abogados puedan tener el acceso
a la información del paradero de sus parientes o clientes.
No obstante, el problema de fondo ha sido la livinidad conque se ha
tomado la implementación de los programas de deportación en Charlotte y
Carolina del Norte.
Desde Charlotte, en los tiempos del exsheriff, Jim Pendergraph, se lanzó
al estrellato, para todo el país, el programa de deportaciones 287g.
Después con el invento de Comunidades Seguras, Carolina del Norte fue
uno de los primeros estados de la nación en el que todos sus condados,
en este caso cien, se apuntaron para colaborar con el plan masivo de
expulsión de indocumentados.
El pasado miércoles 25 de mayo, varios alguaciles del país expresaron su
inconformidad con Comunidades Seguras, en un conferencia telefónica de alcance nacional.
El alguacil Patrick Pérez, del condado de Kane, en Illinois, dijo que
Comunidades Seguras era un fracaso.
Pérez contó que cuando empezó su la participación de su departamento en
el programa le explicaron que el propósito era explusar del país a los
criminales que se encuentran sin estatus migratorio.
Sin embargo, el sheriff dijo que ese no ha sido el caso y que a través
de Comunidades Seguras se ha estado deportando a individuos que han
cometido infraciones menores, como manejar un vehículo sin portar la
licencia de conducir.
El sheriff Ed Prieto, del condado de Yolo, en California, compartió la
opinión de Pérez, al señalar que gran parte de los deportados no han
cometido otro desacato a la ley que estar en situación irregular en
Estados Unidos.
Las propias estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
registran que 60 % de los deportados mediante Comunidades Seguras solo
cometieron infracciones menores.
Otros estudios, muestran que menos del 15 % de los expulsados han sido
delincuentes.
De acuerdo con datos recabados por la organización LEEI, que promueve el
concepto de una reforma migratoria entre los agentes de la ley, en
Virginia y California el 18 % de los deportados fueron criminales reales.
En California, el alguacil de San Francisco, Michael Hennessey, anunció
que desafiará a Comunidades Seguras, y que únicamente entregará a ICE a
los que han cometido delitos graves.
Y en el mismo estado, en Los Angeles, dos concejales han expresado que
desean que esa ciudad deje de participar en el programa.
El gobierno federal ha presentado a Comunidades Seguras como un proyecto
exitoso que ha sacado del país a más de 70,000 criminales, pero hay
quienes contradicen esa cifra.
Por el momento, en Carolina del Norte estamos esperando que alguien ose
poner en tela de juicio los programas de deportación.
Tuesday, May 31, 2011
Tuesday, May 24, 2011
Yo, el antiimperialista
Por Rafael Prieto Zartha
Con el tiempo uno desarrolla una coraza contra los insultos, las mentiras y las burlas, que algunos lectores lanzan como dardos en respuesta a lo que uno escribe.
Suelo leer los comentarios que hacen a esta columna con la mayor amplitud de pensamiento y trato de entender las razones para el vertimiento de esa amarga hiel en mi contra.
Admito que sugieran que me regrese a México, aunque no tenga el honor de ser oriundo de ese bello país.
Me complace que uno que otro se haya percatado que nací en Colombia, pese a que me pidan que me largue de Estados Unidos y me vaya para Bogotá a tratar los temas que agobian a la nación de la que salí hace más de 30 años y que amo con nostalgia.
No obstante, hay algo que me endilgan, que de veras me molesta, me incomoda y me encabrita.
No acepto que digan que odio a Estados Unidos, que soy antiamericano o antiimperialista, por condenar la conducta de funcionarios o instituciones de este país cuando cometen errores o promueven políticas injustas.
No admito que se me descalifique por abogar por la legalización de los 11 millones de indocumentados radicados en territorio estadounidense.
Adoro a Estados Unidos, aprendí a quererlo y admirarlo, hasta el punto de decidir naturalizarme, participar de su vida cívica y echar raíces aquí.
Detesto la crítica antiestadounidense ignorante y frívola que hacen los foráneos que disfrutan el privilegio de vivir en esta generosa tierra del primer mundo.
Siempre digo que las puertas de entrada a territorio estadounidense son muy angostas pero las de salida tienen la anchura del infinito.
Algo para tener en cuenta es que el Preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se firmó en Filadelfia en julio de 1776, habla de derechos inalienables: “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
Antes de despotricar sobre Estados Unidos se debe tener en cuenta que soldados de esta nación, incluyendo millares de hispanos, fueron a pelear a Europa contra el ascenso imparable del nazismo.
A los críticos más agrios habría que recordarles lo que ocurrió en los inicios del Siglo XX, cuando México vivía el desangre de la Revolución Mexicana (con un millón de muertos); Colombia la Guerra de los Mil Días (con cien mil víctimas); y los países centroamericanos experimentaban conflictos violentos.
Mientras al sur de río Bravo bullía la inestabilidad dejada por las centenares de guerras internas del Siglo XIX, en Estados Unidos se estaban desarrollando varias industrias básicas.
En este tiempo hubo el despegue de: la automotriz con Ford, la aviación con los hermanos Wright, la energía eléctrica con Edison y la telefonía con Bell.
Ahora, el que este país se haya convertido en la primera potencia del mundo y haya llevado los adelantos al resto del planeta, no quiere decir que todas las acciones de su gobierno hayan sido impolutas.
Y así como nos ponemos frente al espejo y vemos las arrugas y las imperfecciones de nuestro rostro, debemos reconocer que nuestros familiares más cercanos y nuestros gobernantes no han estado libres de equivocarse.
Esas imperfecciones también salen a relucir en los comentarios que dejan algunos respecto a lo que escribo en esta columna.
Aparece la insensibilidad con la gente que tuvo que exiliarse por culpa de una feroz dictadura.
Se refleja la intolerancia con millones de extraordinarios trabajadores que ingresaron a este país sin un control migratorio, después de desafiar la muerte en un tren y la inclemencia del calor del desierto.
Surge la arrogancia de algunos que han llegado a este país en avión, se han quedado sin estatus, con la visa vencida y se dan el lujo de despreciar a los que cruzaron por tierra.
Emerge el concepto de la legalidad a rajatabla, desconociendo que las leyes deben cambiarse si la realidad lo amerita, como ocurrió con la esclavitud o el veto al voto femenino.
Por fortuna estamos en Estados Unidos, donde la Primera Enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión, incluso la de los que sin mesura me califican de antiimperialista.
Por Rafael Prieto Zartha
Con el tiempo uno desarrolla una coraza contra los insultos, las mentiras y las burlas, que algunos lectores lanzan como dardos en respuesta a lo que uno escribe.
Suelo leer los comentarios que hacen a esta columna con la mayor amplitud de pensamiento y trato de entender las razones para el vertimiento de esa amarga hiel en mi contra.
Admito que sugieran que me regrese a México, aunque no tenga el honor de ser oriundo de ese bello país.
Me complace que uno que otro se haya percatado que nací en Colombia, pese a que me pidan que me largue de Estados Unidos y me vaya para Bogotá a tratar los temas que agobian a la nación de la que salí hace más de 30 años y que amo con nostalgia.
No obstante, hay algo que me endilgan, que de veras me molesta, me incomoda y me encabrita.
No acepto que digan que odio a Estados Unidos, que soy antiamericano o antiimperialista, por condenar la conducta de funcionarios o instituciones de este país cuando cometen errores o promueven políticas injustas.
No admito que se me descalifique por abogar por la legalización de los 11 millones de indocumentados radicados en territorio estadounidense.
Adoro a Estados Unidos, aprendí a quererlo y admirarlo, hasta el punto de decidir naturalizarme, participar de su vida cívica y echar raíces aquí.
Detesto la crítica antiestadounidense ignorante y frívola que hacen los foráneos que disfrutan el privilegio de vivir en esta generosa tierra del primer mundo.
Siempre digo que las puertas de entrada a territorio estadounidense son muy angostas pero las de salida tienen la anchura del infinito.
Algo para tener en cuenta es que el Preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se firmó en Filadelfia en julio de 1776, habla de derechos inalienables: “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
Antes de despotricar sobre Estados Unidos se debe tener en cuenta que soldados de esta nación, incluyendo millares de hispanos, fueron a pelear a Europa contra el ascenso imparable del nazismo.
A los críticos más agrios habría que recordarles lo que ocurrió en los inicios del Siglo XX, cuando México vivía el desangre de la Revolución Mexicana (con un millón de muertos); Colombia la Guerra de los Mil Días (con cien mil víctimas); y los países centroamericanos experimentaban conflictos violentos.
Mientras al sur de río Bravo bullía la inestabilidad dejada por las centenares de guerras internas del Siglo XIX, en Estados Unidos se estaban desarrollando varias industrias básicas.
En este tiempo hubo el despegue de: la automotriz con Ford, la aviación con los hermanos Wright, la energía eléctrica con Edison y la telefonía con Bell.
Ahora, el que este país se haya convertido en la primera potencia del mundo y haya llevado los adelantos al resto del planeta, no quiere decir que todas las acciones de su gobierno hayan sido impolutas.
Y así como nos ponemos frente al espejo y vemos las arrugas y las imperfecciones de nuestro rostro, debemos reconocer que nuestros familiares más cercanos y nuestros gobernantes no han estado libres de equivocarse.
Esas imperfecciones también salen a relucir en los comentarios que dejan algunos respecto a lo que escribo en esta columna.
Aparece la insensibilidad con la gente que tuvo que exiliarse por culpa de una feroz dictadura.
Se refleja la intolerancia con millones de extraordinarios trabajadores que ingresaron a este país sin un control migratorio, después de desafiar la muerte en un tren y la inclemencia del calor del desierto.
Surge la arrogancia de algunos que han llegado a este país en avión, se han quedado sin estatus, con la visa vencida y se dan el lujo de despreciar a los que cruzaron por tierra.
Emerge el concepto de la legalidad a rajatabla, desconociendo que las leyes deben cambiarse si la realidad lo amerita, como ocurrió con la esclavitud o el veto al voto femenino.
Por fortuna estamos en Estados Unidos, donde la Primera Enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión, incluso la de los que sin mesura me califican de antiimperialista.
Wednesday, May 18, 2011
¿Masa para tamales o cocaína?
Por Rafael Prieto Zartha
Si no fuera porque lo ocurrido al mexicano Antonio Hernández Carranza pertenece a la cruda realidad, su caso causaría hilaridad, dado que parece extraído de la ficción de una tragedia griega de Aristófanes o de los cuentos de ribetes truculentos de Borges o García Márquez.
El pasado 1 de mayo, Hernández Carranza fue arrestado por alguaciles de condado de Buncombe, en Carolina del Norte, después de haber recorrido durante tres días más de 2,300 millas, tras haber salido de la localidad de Carson, en el Sur de California.
El hombre tenía el objetivo de visitar a su hermana a la que no veía desde hacía diez años, pero tomó la carretera equivocada y terminó perdido en las montañas de los Apalaches, en lugar de llegar a Johnson City, Tenesí, donde la mujer habita.
Como presente para el reencuentro traía masa para tamales, queso michoacano y camarones.
La reunión, ante el error de ruta, no se dio, y en cambio Hernández se encontró con los agentes del Sheriff, que vigilan en sus autos patrulleros los alrededores de la pintoresca y bohemia ciudad de Asheville.
Después de una abrupta detención, con perro sabueso incluído, el hombre fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas.
Las autoridades le impusieron una fianza de 300,000 dólares, y le ofrecieron la perspectiva de pasar 40 años en prisión.
Hernández pasó cuatro días encarcelado, pese a que las pruebas con el alcoholímetro determinaron que no había ingerido trago y los análisis hechos por especialistas estatales a la masa de tortilla que transportaba concluyeron que no era cocaína.
Ahora, la oficina del alguacil del condado de Buncombe se ha visto obligada a reconocer que los exámenes iniciales realizados por sus agentes a la masa estaban errados y la materia no contenía el alcaloide.
A Hernández, quien afirma que fue maltratado físicamente, cuya ropa dejada en el vehículo resultó estropeada por el contacto con la comida, y cuyo automóvil terminó con las llantas reventadas, le han ofrecido 400 dólares de compensación para reponerle el costo de los alimentos.
La pregunta para el sheriff de Buncombe, Van Duncan, es si esa cifra no es muy poca plata para resarcir a Hernández, quien resultó ser residente legal.
Líderes de la comunidad hispana de las montañas de Carolina del Norte, entre ellos los de la organización Nuestro Centro, han expresado que un ciudadano blanco no habría recibido el trato que se le dio a Hernández, y han instado al sheriff para que se disculpe.
El aguacil ha sido objeto de bromas y ha habido quienes han comparado la situación con capítulos de la serie de televisión legendaria del Show de Andy Griffith, en la que el sheriff del imaginario pueblo norcarolino de Mayberry era asistido por el agente Barney Fife, protagonizado por el actor cómico Don Knotts, que hacía el papel de tonto, y podría haber “confundido la masa para tamales con cocaína”
De acuerdo con lo indagado por los medios de comunicación de Asheville, Hernández llegó al país en la década de los ochenta, participó en la pizca de uvas y fresas, actualmente se dedica a la limpieza de alfombras, está casado y tiene dos hijos.
El periódico The Asheville Citizen informó que Hernández se legalizó mediante la amnistía firmada por el presidente Ronald Reagan en 1986.
La pregunta pertinente es: ¿Cómo le habría ido a Hernández si hubiera sido indocumentado?
Por Rafael Prieto Zartha
Si no fuera porque lo ocurrido al mexicano Antonio Hernández Carranza pertenece a la cruda realidad, su caso causaría hilaridad, dado que parece extraído de la ficción de una tragedia griega de Aristófanes o de los cuentos de ribetes truculentos de Borges o García Márquez.
El pasado 1 de mayo, Hernández Carranza fue arrestado por alguaciles de condado de Buncombe, en Carolina del Norte, después de haber recorrido durante tres días más de 2,300 millas, tras haber salido de la localidad de Carson, en el Sur de California.
El hombre tenía el objetivo de visitar a su hermana a la que no veía desde hacía diez años, pero tomó la carretera equivocada y terminó perdido en las montañas de los Apalaches, en lugar de llegar a Johnson City, Tenesí, donde la mujer habita.
Como presente para el reencuentro traía masa para tamales, queso michoacano y camarones.
La reunión, ante el error de ruta, no se dio, y en cambio Hernández se encontró con los agentes del Sheriff, que vigilan en sus autos patrulleros los alrededores de la pintoresca y bohemia ciudad de Asheville.
Después de una abrupta detención, con perro sabueso incluído, el hombre fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas.
Las autoridades le impusieron una fianza de 300,000 dólares, y le ofrecieron la perspectiva de pasar 40 años en prisión.
Hernández pasó cuatro días encarcelado, pese a que las pruebas con el alcoholímetro determinaron que no había ingerido trago y los análisis hechos por especialistas estatales a la masa de tortilla que transportaba concluyeron que no era cocaína.
Ahora, la oficina del alguacil del condado de Buncombe se ha visto obligada a reconocer que los exámenes iniciales realizados por sus agentes a la masa estaban errados y la materia no contenía el alcaloide.
A Hernández, quien afirma que fue maltratado físicamente, cuya ropa dejada en el vehículo resultó estropeada por el contacto con la comida, y cuyo automóvil terminó con las llantas reventadas, le han ofrecido 400 dólares de compensación para reponerle el costo de los alimentos.
La pregunta para el sheriff de Buncombe, Van Duncan, es si esa cifra no es muy poca plata para resarcir a Hernández, quien resultó ser residente legal.
Líderes de la comunidad hispana de las montañas de Carolina del Norte, entre ellos los de la organización Nuestro Centro, han expresado que un ciudadano blanco no habría recibido el trato que se le dio a Hernández, y han instado al sheriff para que se disculpe.
El aguacil ha sido objeto de bromas y ha habido quienes han comparado la situación con capítulos de la serie de televisión legendaria del Show de Andy Griffith, en la que el sheriff del imaginario pueblo norcarolino de Mayberry era asistido por el agente Barney Fife, protagonizado por el actor cómico Don Knotts, que hacía el papel de tonto, y podría haber “confundido la masa para tamales con cocaína”
De acuerdo con lo indagado por los medios de comunicación de Asheville, Hernández llegó al país en la década de los ochenta, participó en la pizca de uvas y fresas, actualmente se dedica a la limpieza de alfombras, está casado y tiene dos hijos.
El periódico The Asheville Citizen informó que Hernández se legalizó mediante la amnistía firmada por el presidente Ronald Reagan en 1986.
La pregunta pertinente es: ¿Cómo le habría ido a Hernández si hubiera sido indocumentado?
Monday, May 9, 2011
¿De qué sirven 21 millones de votantes hispanos?
Por Rafael Prieto Zartha
En la mañana del pasado miércoles 27 de abril, la estudiante indocumentada, Consuelo Chávez Pérez, salió de su casa en su auto rumbo a la universidad para vivir la amarga experiencia de no llegar a su destino y encontrarse al borde de ser expulsada del país.
Durante el camino entre Charlotte y Wingate, en Carolina del Norte, tuvo un accidente automovilístico, al carecer de papeles y licencia de conducir se azoró, intentó huir de lugar de los hechos y fue arrestada por agentes de la patrulla de carreteras del estado.
En el condado de Union, donde fue detenida, funciona el programa de deportaciones Comunidades Seguras, mediante el cual fue procesada, entregada al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladada a una cárcel de Georgia.
Según la madre de la estudiante de 19 años, su hija no fue presentada en una corte, ni tampoco, que ella supiera, un juez dio un veredicto sobre los cargos estatales. “Simplemente se la llevaron”, dijo.
Los progenitores de Consuelo contactaron al periódico Mi Gente de Charlotte, para denunciar el hecho porque la chica ha estado activa en el grupo de soñadores que luchan por el Dream Act, y la muchacha había aparecido en varias ocasiones en la publicación, por ser una estudiante ejemplar, haber obtenido becas, y participar en el movimiento que aboga por cambios en el sistema migratorio.
En la casa de Consuelo tienen una foto enmarcada de uno de sus viajes Washington, en la que aparece en un grupo junto al senador republicano norcarolino, Richard Burr, al que los estudiantes han tratado de convencer inútilmente de que cambie su posición recalcitrante y vote por la legalización de los soñadores.
Pero a Burr, como a la senadora demócrata por Carolina del Norte, Kay Hagan, poco les importa la suerte de los soñadores y mucho menos sienten la presión del electorado hispano.
A 2,000 millas de distancia de Charlotte, en Tucson (Arizona), se vive otro drama para los hispanos.
Las autoridades estatales arizonianas han determinado borrar la historia de los mexicoamericanos por decreto y acabar con los estudios de la experiencia chicana.
Encabezadas por los intolerantes que impulsaron la normativa SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, aprobaron el año pasado otra ley, la HB 2281, destinada a prohibir los estudios étnicos en el estado.
Actualmente, Arizona investiga al Distrito Escolar Unificado de Tucson por su programa de Estudios Mexicoamericanos y a los partidarios de las clases los están callando por la fuerza.
El pasado martes 3 de mayo, la educadora Guadalupe Castillo, de 69 años, fue sacada por un contingente policial de la sesión de la junta escolar de Tucson, por intentar leer la “Carta desde la cárcel de Birmingham”, que redactó Martin Luther King, durante su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.
Otros activistas fueron detenidos durante la acalorada reunión y Castillo declaró al periódico La Estrella de Tucson que “la falta de respeto por esta comunidad tiene que parar”.
Me temo que a la académica no le hagan caso, como tampoco le presten atención a la estudiante soñadora.
Lo que sucede es que a los políticos no les importa que haya 21 millones de votantes hispanos inscritos en el país y lo más grave es que esos 21 millones de votantes latinos no se han enterado que ejerciendo sus derechos pueden evitar las iniquidades.
Por Rafael Prieto Zartha
En la mañana del pasado miércoles 27 de abril, la estudiante indocumentada, Consuelo Chávez Pérez, salió de su casa en su auto rumbo a la universidad para vivir la amarga experiencia de no llegar a su destino y encontrarse al borde de ser expulsada del país.
Durante el camino entre Charlotte y Wingate, en Carolina del Norte, tuvo un accidente automovilístico, al carecer de papeles y licencia de conducir se azoró, intentó huir de lugar de los hechos y fue arrestada por agentes de la patrulla de carreteras del estado.
En el condado de Union, donde fue detenida, funciona el programa de deportaciones Comunidades Seguras, mediante el cual fue procesada, entregada al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladada a una cárcel de Georgia.
Según la madre de la estudiante de 19 años, su hija no fue presentada en una corte, ni tampoco, que ella supiera, un juez dio un veredicto sobre los cargos estatales. “Simplemente se la llevaron”, dijo.
Los progenitores de Consuelo contactaron al periódico Mi Gente de Charlotte, para denunciar el hecho porque la chica ha estado activa en el grupo de soñadores que luchan por el Dream Act, y la muchacha había aparecido en varias ocasiones en la publicación, por ser una estudiante ejemplar, haber obtenido becas, y participar en el movimiento que aboga por cambios en el sistema migratorio.
En la casa de Consuelo tienen una foto enmarcada de uno de sus viajes Washington, en la que aparece en un grupo junto al senador republicano norcarolino, Richard Burr, al que los estudiantes han tratado de convencer inútilmente de que cambie su posición recalcitrante y vote por la legalización de los soñadores.
Pero a Burr, como a la senadora demócrata por Carolina del Norte, Kay Hagan, poco les importa la suerte de los soñadores y mucho menos sienten la presión del electorado hispano.
A 2,000 millas de distancia de Charlotte, en Tucson (Arizona), se vive otro drama para los hispanos.
Las autoridades estatales arizonianas han determinado borrar la historia de los mexicoamericanos por decreto y acabar con los estudios de la experiencia chicana.
Encabezadas por los intolerantes que impulsaron la normativa SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, aprobaron el año pasado otra ley, la HB 2281, destinada a prohibir los estudios étnicos en el estado.
Actualmente, Arizona investiga al Distrito Escolar Unificado de Tucson por su programa de Estudios Mexicoamericanos y a los partidarios de las clases los están callando por la fuerza.
El pasado martes 3 de mayo, la educadora Guadalupe Castillo, de 69 años, fue sacada por un contingente policial de la sesión de la junta escolar de Tucson, por intentar leer la “Carta desde la cárcel de Birmingham”, que redactó Martin Luther King, durante su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.
Otros activistas fueron detenidos durante la acalorada reunión y Castillo declaró al periódico La Estrella de Tucson que “la falta de respeto por esta comunidad tiene que parar”.
Me temo que a la académica no le hagan caso, como tampoco le presten atención a la estudiante soñadora.
Lo que sucede es que a los políticos no les importa que haya 21 millones de votantes hispanos inscritos en el país y lo más grave es que esos 21 millones de votantes latinos no se han enterado que ejerciendo sus derechos pueden evitar las iniquidades.
Monday, May 2, 2011
Osama, Obama y los inmigrantes indocumentados
Por Rafael Prieto Zartha
Desde la mañana del 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió radicalmente. Las imágenes de la tragedia del ataque suicida a las torres gemelas en Nueva York con aeronaves comerciales secuestradas, repletas de pasajeros, y el posterior desplome de los edificios, fueron transmitidas a todos los puntos del planeta.
Igual vimos como un avión se estrellaba contra el Pentágono en Washington y las cámaras registraron los restos pulverizados de otro avión que cayó en un campo de Pensilvania, después de que los pasajeros se amotinaran e impidieran que siguiera su curso de terror.
Ese martes era uno de mis días libres en Univisión Online, pero de todas maneras me fui a la oficina donde bullía la adrenalina.
De ese día, lo que más me impactó fue ver como la gente se lanzaba al vacío desde los rascacielos consumidos por el fuego y recordé los centenares de veces, que a finales de los ochenta, hice transbordo en la estación subterránea del World Trade Center para tomar el tren Path rumbo a Nueva Jersey, donde vivía un amor.
Lo que nunca imaginé es que las acciones de terror, planeadas por Osama Bin Laden, terminaran perjudicando a los indocumentados radicados en Estados Unidos y dieran al traste con el arreglo migratorio que los presidentes George W. Bush y Vicente Fox estaban contemplando.
Menos de una semana antes de los ataques, los mandatarios de Estados Unidos y México intercambiaron impresiones sobre el tema y por su experiencia como gobernador de Texas la agenda internacional de Bush estaba orientada hacia el vecino del sur.
Pero el terrorista más buscado del mundo, abatido el pasado 1 de mayo por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán, lo había modificado todo.
Después del 11 de septiembre se desató en el país un ambiente antiinmigrante, que convirtió a los indocumentados en los chivos expiatorios de todos los problemas, dándole vuelo a la teoría de la invasión, que ha sido hábilmente aprovechada por los restriccionistas.
Es difícil hacerle entender a los antiinmigrantes que en ese martes fatal hubo latinos y un porcentaje de indocumentados que fallecieron víctimas de la acción suicida de los miembros de Al Qaeda.
Estadísticas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York concluyeron que cerca del diez por ciento de los 3,000 asesinados por los seguidores fanáticos de Bin Laden fueron hispanos, entre estos: mexicanos, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, hondureños, venezolanos, salvadoreños, argentinos y españoles.
La Asociación Tepeyac, organización comunitaria, con sede en Manhattan, documentó un centenar de casos de indocumentados muertos, entre los que se contaban cocineros, aseadores y proveedores de otros servicios.
Es casi imposible hacerle entender a los intolerantes, que los autores suicidas de la tragedia del 11 de septiembre ingresaron al país con visas legales estampadas en las misiones estadounidenses en el extranjero, y que entre sus víctimas están miles de latinos que participaron en las labores de limpieza de la Zona Cero, que han experimentado el dolor de que sus vías respiratorias se pudran como consecuencia del contacto con elementos tóxicos.
A la Asociación Tepeyac acudieron más de 2,000 afectados, de los cuales 70 por ciento eran indocumentados.
Por eso es inmoral que en Carolina del Norte, el exconcejal de Winston-Salem, Vernon Robinson, hubiera impulsado hace unos años una protesta contra los “ilegales” al frente al consulado mexicano en Raleigh, precisamente en un 11 de septiembre. O que la exsenadora estatal Fern Shubert hubiera adornado su fallida campaña para la gobernación en 2004, con imágenes del ataque a las torres gemelas para relacionarlo con el otorgamiento de licencias de conducir a los indocumentados.
Ahora que el presidente Barack Obama se ha reafirmado en su puesto, desvirtuando las teorías de conspiración sobre su lugar de nacimiento, y se ha apuntado el logro de eliminar a Bin Laden, sería tiempo para que le hiciera justicia a los indocumentados que se han sacrificado por este país.
Por el momento, para empezar a cumplir sus promesas, podría usar su poder de discreción para parar las deportaciones.
Por Rafael Prieto Zartha
Desde la mañana del 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió radicalmente. Las imágenes de la tragedia del ataque suicida a las torres gemelas en Nueva York con aeronaves comerciales secuestradas, repletas de pasajeros, y el posterior desplome de los edificios, fueron transmitidas a todos los puntos del planeta.
Igual vimos como un avión se estrellaba contra el Pentágono en Washington y las cámaras registraron los restos pulverizados de otro avión que cayó en un campo de Pensilvania, después de que los pasajeros se amotinaran e impidieran que siguiera su curso de terror.
Ese martes era uno de mis días libres en Univisión Online, pero de todas maneras me fui a la oficina donde bullía la adrenalina.
De ese día, lo que más me impactó fue ver como la gente se lanzaba al vacío desde los rascacielos consumidos por el fuego y recordé los centenares de veces, que a finales de los ochenta, hice transbordo en la estación subterránea del World Trade Center para tomar el tren Path rumbo a Nueva Jersey, donde vivía un amor.
Lo que nunca imaginé es que las acciones de terror, planeadas por Osama Bin Laden, terminaran perjudicando a los indocumentados radicados en Estados Unidos y dieran al traste con el arreglo migratorio que los presidentes George W. Bush y Vicente Fox estaban contemplando.
Menos de una semana antes de los ataques, los mandatarios de Estados Unidos y México intercambiaron impresiones sobre el tema y por su experiencia como gobernador de Texas la agenda internacional de Bush estaba orientada hacia el vecino del sur.
Pero el terrorista más buscado del mundo, abatido el pasado 1 de mayo por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán, lo había modificado todo.
Después del 11 de septiembre se desató en el país un ambiente antiinmigrante, que convirtió a los indocumentados en los chivos expiatorios de todos los problemas, dándole vuelo a la teoría de la invasión, que ha sido hábilmente aprovechada por los restriccionistas.
Es difícil hacerle entender a los antiinmigrantes que en ese martes fatal hubo latinos y un porcentaje de indocumentados que fallecieron víctimas de la acción suicida de los miembros de Al Qaeda.
Estadísticas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York concluyeron que cerca del diez por ciento de los 3,000 asesinados por los seguidores fanáticos de Bin Laden fueron hispanos, entre estos: mexicanos, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, hondureños, venezolanos, salvadoreños, argentinos y españoles.
La Asociación Tepeyac, organización comunitaria, con sede en Manhattan, documentó un centenar de casos de indocumentados muertos, entre los que se contaban cocineros, aseadores y proveedores de otros servicios.
Es casi imposible hacerle entender a los intolerantes, que los autores suicidas de la tragedia del 11 de septiembre ingresaron al país con visas legales estampadas en las misiones estadounidenses en el extranjero, y que entre sus víctimas están miles de latinos que participaron en las labores de limpieza de la Zona Cero, que han experimentado el dolor de que sus vías respiratorias se pudran como consecuencia del contacto con elementos tóxicos.
A la Asociación Tepeyac acudieron más de 2,000 afectados, de los cuales 70 por ciento eran indocumentados.
Por eso es inmoral que en Carolina del Norte, el exconcejal de Winston-Salem, Vernon Robinson, hubiera impulsado hace unos años una protesta contra los “ilegales” al frente al consulado mexicano en Raleigh, precisamente en un 11 de septiembre. O que la exsenadora estatal Fern Shubert hubiera adornado su fallida campaña para la gobernación en 2004, con imágenes del ataque a las torres gemelas para relacionarlo con el otorgamiento de licencias de conducir a los indocumentados.
Ahora que el presidente Barack Obama se ha reafirmado en su puesto, desvirtuando las teorías de conspiración sobre su lugar de nacimiento, y se ha apuntado el logro de eliminar a Bin Laden, sería tiempo para que le hiciera justicia a los indocumentados que se han sacrificado por este país.
Por el momento, para empezar a cumplir sus promesas, podría usar su poder de discreción para parar las deportaciones.
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