¿De qué sirven 21 millones de votantes hispanos?

Por Rafael Prieto Zartha

En la mañana del pasado miércoles 27 de abril, la estudiante indocumentada, Consuelo Chávez Pérez, salió de su casa en su auto rumbo a la universidad para vivir la amarga experiencia de no llegar a su destino y encontrarse al borde de ser expulsada del país.
Durante el camino entre Charlotte y Wingate, en Carolina del Norte, tuvo un accidente automovilístico, al carecer de papeles y licencia de conducir se azoró, intentó huir de lugar de los hechos y fue arrestada por agentes de la patrulla de carreteras del estado.
En el condado de Union, donde fue detenida, funciona el programa de deportaciones Comunidades Seguras, mediante el cual fue procesada, entregada al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladada a una cárcel de Georgia.
Según la madre de la estudiante de 19 años, su hija no fue presentada en una corte, ni tampoco, que ella supiera, un juez dio un veredicto sobre los cargos estatales. “Simplemente se la llevaron”, dijo.
Los progenitores de Consuelo contactaron al periódico Mi Gente de Charlotte, para denunciar el hecho porque la chica ha estado activa en el grupo de soñadores que luchan por el Dream Act, y la muchacha había aparecido en varias ocasiones en la publicación, por ser una estudiante ejemplar, haber obtenido becas, y participar en el movimiento que aboga por cambios en el sistema migratorio.
En la casa de Consuelo tienen una foto enmarcada de uno de sus viajes Washington, en la que aparece en un grupo junto al senador republicano norcarolino, Richard Burr, al que los estudiantes han tratado de convencer inútilmente de que cambie su posición recalcitrante y vote por la legalización de los soñadores.
Pero a Burr, como a la senadora demócrata por Carolina del Norte, Kay Hagan, poco les importa la suerte de los soñadores y mucho menos sienten la presión del electorado hispano.
A 2,000 millas de distancia de Charlotte, en Tucson (Arizona), se vive otro drama para los hispanos.
Las autoridades estatales arizonianas han determinado borrar la historia de los mexicoamericanos por decreto y acabar con los estudios de la experiencia chicana.
Encabezadas por los intolerantes que impulsaron la normativa SB 1070, que criminaliza a los indocumentados, aprobaron el año pasado otra ley, la HB 2281, destinada a prohibir los estudios étnicos en el estado.
Actualmente, Arizona investiga al Distrito Escolar Unificado de Tucson por su programa de Estudios Mexicoamericanos y a los partidarios de las clases los están callando por la fuerza.
El pasado martes 3 de mayo, la educadora Guadalupe Castillo, de 69 años, fue sacada por un contingente policial de la sesión de la junta escolar de Tucson, por intentar leer la “Carta desde la cárcel de Birmingham”, que redactó Martin Luther King, durante su lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.
Otros activistas fueron detenidos durante la acalorada reunión y Castillo declaró al periódico La Estrella de Tucson que “la falta de respeto por esta comunidad tiene que parar”.
Me temo que a la académica no le hagan caso, como tampoco le presten atención a la estudiante soñadora.
Lo que sucede es que a los políticos no les importa que haya 21 millones de votantes hispanos inscritos en el país y lo más grave es que esos 21 millones de votantes latinos no se han enterado que ejerciendo sus derechos pueden evitar las iniquidades.