Terry el
terrible y el programa 287g
Por Rafael Prieto Zartha
El primer paso tangible que
dieron las autoridades federales, fue rescindirle el acuerdo que autorizaba a
sus agentes a actuar como oficiales de inmigración y suspenderle el acceso a la
base de datos, que identifica a quienes se encuentran sin estatus migratorio en el país.
Lo otro fue presentarle un
memorial con los agravios que ha infligido a los hispanos, documento que fue el resultado de una
investigación que duró dos años sobre las prácticas del sheriff, quien ha
pretendido con convertirse en el Joe Arpaio del Sureste de Estados Unidos.
El estudio de la División de
Derechos Civiles del Departamento de Justicia concluyó que Johnson violó los
derechos constitucionales de hispanos, realizó detenciones sin órdenes
judiciales, obstruyó una investigación judicial, falsificó expedientes, y
practicó la discriminación racial contra los latinos.
El informe contiene la
afirmación de que Johnson dio la siguiente orden a sus oficiales: “Si paran a
un mexicano, no le escriban una citación, arréstenlo”.
Johnson se ha defendido
diciendo que se trata de una guerra de la Administración del presidente Barack
Obama contra autoridades locales.
El alguacil ha afirmado que
todas son patrañas en su contra y sus abogados han declarado que rechazan un
acuerdo negociado con el gobierno federal para que modifique su comportamiento
y no llevarlo a los tribunales.
Pero Johnson es un viejo
zorro, que desde que 2002 cuando se hizo cargo de la Oficina del Sheriff de
Alamance no ha desperdiciado oportunidad para hacerle la vida imposible a los
inmigrantes latinos.
En 2004, Johnson anunció
una conspiración de los “ilegales” para votar fraudulentamente en las
elecciones de noviembre de ese año y amenazó con buscarlos casa por casa.
Según Johnson, en una
elección previa un candidato a la legislatura estatal había perdido los
comicios por culpa de los “ilegales”. “Le garantizo que había más de 71
‘ilegales’ registrados”, aseveró el aguacil, que finalmente desistió de sus
planes de realizar la redada masiva contra los causantes potenciales de un
proceso electoral espurio. No obstante, la alaraca del sheriff provocó una ola
de pánico entre la población indocumentada de Alamance y los condados aledaños.
Después de que Johnson
dialogó con Jim Pendergraph, el exalguacil del condado de Mecklenburg, donde se
localiza Charlotte, sobre el programa 287g, e hizo el acuerdo con el gobierno
federal en 2007, afirmó: “Es lo más grande que he hecho como sheriff”.
Y los resultados fueron
evidentes: en diciembre de 2011, Johnson se presentó ante el Comité de
Inmigración de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, para
proclamar orgulloso que mediante el 297g había deportado a 1,800 “ilegales”.
Yo lo vi cuando dijo que
“tenía que lidiar con criminales que eran ‘ilegales’ foráneos” y que los
indocumentados le costaban al estado dos billones de dólares anuales, basando sus
datos en estadísticas de la organización
antiinmigrante Federación para la Reforma de Inmigración (FAIR).
Durante su desempeño como
alguacil Johnson se ha referido a los latinos como “cometacos” y ha cuestionado
los valores morales de los mexicanos: “En México, no hay nada malo en tener
relaciones sexuales con una niña de 12 o 13 años de edad”.
Detrás de la expulsión de
los inermes indocumentados del condado de Alamance, estuvo la maquinaria
formidable del 287g, que desde los nueve condados de Carolina del Norte, donde
se ha aplicado, ha generado la deportación de 30 mil extranjeros.
El costo de haber operado
el 297g en Alamance podría haber llegado, durante los 7 años de funcionamiento,
a más de 28 millones de dólares y en Mecklenburg, en 8 años, a más 40: un
dinero pesimamente invertido contra una población desamparada.
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