Somos mansos, pero no mensos

Por Rafael Prieto Zartha

Independientemente de los resultados de las elecciones de este martes 2 de noviembre, la vida para los 11 millones de indocumentados que están radicados en el país continuará marcada por incertidumbre y dolor.

Las autoridades de inmigración proseguirán su tarea de expulsar del país a casi medio millón de inmigrantes al año y los programas de deportaciones 287g y Comunidades Seguras seguirán en pie.

Los antiinmigrantes insistirán en que el cáncer que es la ley SB1070 de Arizona haga metástasis en otros estados y abogarán para que se abrogue la Enmienda 14 de la Constitución, con el objetivo de negarle la ciudadanía a los hijos de los indocumentados.

Habrá quienes se refieran a la necesidad de una reforma migratoria integral, ya bien porque lo creen honestamente, por demagogia o por congraciarse con la comunidad hispana.

La administración del presidente Barack Obama, con menos respaldo en el Capitolio, reiterará que favorece la reforma, pero que necesita votos republicanos.

Los republicanos contestarán con dos voces, unos dirán que Obama no ha hecho lo suficiente para lograr la reforma y los otros ratificarán: ¡Amnistía, nunca!

Este panorama gris sobre el tema migratorio fue el que se vislumbró durante una conferencia regional de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), que se realizó en Atlanta, antes de los comicios de medio término.

Durante una discusión titulada el Poder del Voto Latino, el representante estatal de Texas, Pete Gallego, soltó una frase palmaria sobre la respuesta que los hispanos deben dar a la indiferencia con la que están siendo tratados por los políticos: “somos mansos, pero no mensos”.

La verdad es que como la comunidad latina es mansa los políticos la tratan como mensa.

Por eso la reforma migratoria no se aprobó en 2007, por eso ya están a punto de pasar dos años de gobierno de Obama y el asunto quedó en nada.

Durante la misma sesión sobre el voto latino, Jerry González, secretario ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), anticipó que lo que se viene, sin haber reforma, es el desarrollo de un movimiento nacional de derechos civiles de los hispanos.

González pintó a la comunidad inmigrante como una población desvalida y a una comunidad hispana establecida que tiene que hacer valer sus derechos, como lo hicieron los afroamericanos en la década de los sesenta.

Ojalá ese movimiento se constituya y sin miedo cree una atmósfera propicia para resolver el problema migratorio y a la comunidad latina se le respete en todos los ámbitos.

Se trataría de trocar el dicho del representante Gallego y transformarlo en: “no somos mansos, ni mensos”.

Sobre el papel de los medios de comunicación, Juan Carlos López, corresponsal de CNN en Washington, invitó a los periodistas a no tragar entero respecto a las cifras que ofrecen los portavoces oficiales o cómo y quién elabora leyes como la de Arizona.

López cuestionó la forma como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentan las cifras de indocumentados a los que clasifican como criminales.

Igualmente, recordó que la SB 1070 de Arizona fue escrita fuera de ese estado por grupos que están en contra de los inmigrantes.

Mejor dicho, que los periodistas tampoco podemos ser “ni mansos, ni mensos”.

La terquedad

Por Rafael Prieto Zartha

Pese a los pavorosos resultados de abogar por una reforma migratoria integral, el congresista Luis Gutiérrez sigue insistiendo en ella.

Hace unas semanas estuve en Miami participando en un foro con él y con Gonzalo de la Melena, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, dónde volvió a insistir en el tema.

También semanas atrás lanzó desde Chicago su iniciativa de apoyar a los candidatos que disputarán escaños el próximo martes 2 de noviembre y que se han comprometido a arriesgar su carrera política dando su mano a esos “indeseables” en que los antiinmigrantes han convertido a los indocumentados.

Me sorprende que todavía haya políticos que se jueguen en pellejo por los más indefensos, esa comunidad inerme que debería contar sin restricciones con el respaldo de los latinos.

No obstante, los hispanos a la hora de votar tienen el tremendo defecto de no hacerlo en los números que corresponden porque el “quemimportismo” lo supera todo.

No nos digamos mentiras, los votantes latinos no votan en bloque como lo hacen los afroamericanos en pos de un objetivo.

“Nos falta mucho pelo pá moña” para tener la autoridad que deberíamos ejercer en el país con las cifras que hemos acumulado de electores, especialmente en unas elecciones de medio término.

Yo lo digo por la ciudad donde vivo, Charlotte, donde hay casi 13,000 votantes latinos, que podrían cambiar el curso de cualquier elección de medio término.

Pero ¿cuál es la actitud? Después de las elecciones de noviembre de 2006, que también fueron de mitaca, escribí una columna en el periódico local Mi Gente recriminando a los votantes hispanos. La titulé: “¿Por qué los hispanos somos pendejos?” y no me arrepiento. Es más, la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) le otorgó el Premio José Martí en Bronce.

Yo contaba que sólo 829 hispanos de los 4,785 registrados votaron en esa ocasión y admonisaba: “No hay excusas para los 3.956 hispanos que se quedaron muy apoltronados en sus casas viendo caer la lluvia en lugar de usar el privilegio de votar”

Y es que es que a veces parece vacío el lema de “su voto es su voz” con el que se llama a los latinos a actuar porque prefieren la mudez.

Entre tanto los guarismos de votantes hombres republicanos blancos marcaron un récord en los tres primeros días de elecciones anticipadas en Carolina del Norte.

En uno de los condados de mayor votación, el de Brunswick, las mujeres republicanas blancas encabezaban los votos.

Mi deseo es que los latinos despierten de su marasmo, imiten en las urnas a los que quieren la deportación masiva de los indocumentados, y expresen un mínimo de dignidad.

Yo que he estado encabritado con los demócratas por no haber hecho lo suficiente para lograr una reforma migratoria integral, abogo porque se vote por los candidatos de ese partido.

Un niño de 13 años me convenció, Anthony Campillo, quien durante una presentación ante la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg, le exigió al comisionado antiinmigrante Bill James que tuviera modales, lo mirara a la cara y dejara de jugar con la computadora.

Después de su intervención, los comisionados demócratas dieron una demostración real de solidaridad con la comunidad inmigrante, dando una reprimenda a James.

No le estoy firmando un cheque en blanco al Partido Demócrata, porque muchos de sus funcionarios de elección popular nos han decepcionado. Pero, sí preferiría que la catástrofe del 2 noviembre no tenga las proporciones que prevén los áulicos del Tea Party.

Yo prefiero la terquedad del congresista Luis Gutiérrez, que es la misma mía, continuar haciendo sonar los tambores a favor de una reforma migratoria integral que legalice a los indocumentados.

400 mil deportados

Por Rafael Prieto Zartha

Con el desparpajo que la caracteriza, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dio a conocer el pasado 6 de octubre la cifra de deportaciones, correspondiente al año fiscal de 2010, que concluyó el pasado 30 de septiembre, sin que hubiera sorpresa en que constituyera un récord histórico.
El guarismo fue de 392,862, muy cercano al objetivo de 400,000 fijado en memorandos internos por funcionarios del Servicio de inmigración y Aduanas (ICE).
De esta forma, Napolitano confirmaba que se rompía la marca histórica impuesta por ella misma para el año fiscal de 2009, en el que 389,834 individuos fueron expulsados del país.
Lo segundo de lo que se ufanaba la funcionaria de la administración de Barack Obama, era el “supuesto” número oficial de indocumentados criminales sacados de Estados Unidos, que dijo habían sido 195,772.
Con la experiencia vivida en Charlotte, con el programa de deportaciones 287g, realmente tengo dudas acerca de la precisión de los datos de “criminales convictos” que le entregaron para que leyera la secretaria de Seguridad Nacional.
Con bombos y platillos en el otoño de 2006, el ex sheriff Jim Pendergraph del condado de Mecklenburg celebró la puesta en deportación de los primeros mil “criminales” detectados en la principal cárcel de Charlotte.
A la conmemoración fue invitada Julie Myers, jefa del ICE, del gobierno de George W. Bush.
No obstante las mismas cifras del sheriff reflejaban que sólo 31 de los deportados eran criminales reales o “aggravated felons”.
El resto de los expulsados eran individuos acusados de diferentes delitos e infracciones, pero que no habían sido juzgados o mucho menos habían cumplido penas en las prisiones del país después de ser sentenciados.
El término criminal se usó de una forma tan frívola que se le podría aplicar a cualquiera, incluyendo a los capturados por cometer infracciones de tráfico.
Me temo que con las cifras de Napolitano este pasando lo mismo.
Para causar impacto mediático, ICE suele sumar la cifra de individuos detenidos por delitos graves o “felonies”, que se clasifican como de primer nivel, con el número de los arrestados por delitos menos serios y delitos menores o “misdemeanors”, que se clasifican como de segundo nivel.
Esta vez fue así: Alrededor de 64,000, efectivamente correspondieron al nivel 1 y los otros 131,000 al nivel 2.
Cuestionable, que el montaje de los números siempre se haga de esa manera y que el público general se lleve la impresión de que cifras tan altas de indocumentados correspondan a criminales.
Lo otro cuestionable es que se atribuya al programa de Comunidades Seguras el tremendo éxito de la expulsión de los indocumentados criminales.
Comunidades Seguras, es un 287g perfeccionado en el que el gobierno federal está gastando miles de millones de dólares y se anticipa que para 2013 este operando en todos los centros de detención del país, más de 3,000.
El programa de Comunidades Seguras, que permite verificar el estatus migratorio de los que ingresan por cualquier motivo a las cárceles del país, comenzó a aplicarse en Texas en 2008 y hoy funciona en más de 600 lugares del país.
Conjuntamente con el 287g, Comunidades Seguras ha tenido consecuencias devastadoras para la población indocumentada radicada en Estados Unidos, que ha estado esperando sin éxito un alivio migratorio.
Millares de personas, a las que el rótulo de criminal no les cabe, han sido deportadas.
Los dos programas han sido motivo de estudios que desmadejan la cruel realidad de que se trata de sistemas de deportación masiva con múltiples falencias.
Una muestra de esos reportes han sido los realizados por la investigadora Michele Waslin, del Centro de Política de Inmigración (IPC).
Entre tanto los grandes medios, tragan entero y le hacen coro al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin cuestionar las cifras, ni tampoco los cargos, los procesos y las sentencias que se atribuyen a la mayoría de los expulsados.

La lista de James

La perfidia contra los inmigrantes indocumentados no para y lo espantoso es que no hay quien le ponga freno a quienes los consideran un objetivo fácil en épocas previas a los comicios electorales novembrinos.

En el condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, la ciudad más populosa de Carolina del Norte, un funcionario público está pidiendo que el Departamento de Servicios Sociales local entregue al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la lista de padres indocumentados que han solicitado asistencia para sus hijos nacidos en Estados Unidos.

Se trata Bill James, integrante por el Partido Republicano de la poderosa Junta de Comisionados del Condado, quien en 2008 comparó a los indocumentados con “prostitutas y narcotraficantes”.

Esta vez, James propone mediante la influencia de su cargo hacer lo que hicieron ilegalmente en Utah un par de burócratas irresponsables: intentar lanzar a seres inermes al abismo de la deportación.

De acuerdo con James, el sistema computarizado utilizado por el Condado para detectar “ilegales” estableció que hay 5.635 inmigrantes sin papeles que reciben ayuda pública a través de sus hijos estadounidenses, a los que él califica de “niños ancla”.

Y lo peor es que sugiere que esos padres pueden ser un problema para la seguridad nacional.

“¿Cómo sabemos que no son terroristas vi­viendo del dinero de las ayudas federales del Departamento de Servicios Sociales?”, ha expresado James.

El comisionado pretende desconocer la Enmienda 14 de la Constitución que garantiza la ciudadanía a todo aquel que nace en territorio estadounidense y por ende su derecho a recibir los servicios que el gobierno provee y por los que pagamos con nuestros impuestos todos los contribuyentes.

Su queja amarga es que las leyes federales y estatales vedan la entrega de información acerca de esos progenitores a las autoridades migratorias.

No obstante, él insiste e introducirá su propuesta el próximo 5 de octubre en el pleno de la Junta condal.

James peca de omisión cuando no menciona por ningún lado que desde 1996 a los indocumentados se les prohíbe por ley federal recibir Welfare, estampillas de comida, Medicaid y la mayoría de los beneficios públicos.

Precisamente James revela en su esfuerzo para armar sus argumentos contra los inmigrantes sin estatus que a 139 solicitantes les fueron negados los servicios por ser inelegibles, porque no pasaron la prueba del detector de indocumentados del Condado de Mecklenburg.

El conservador Instituto Cato dio a conocer en agosto pasado un documento en el que claramente se demuestra que los indocumentados no vienen a Estados Unidos en busca de beneficios públicos sino de trabajo.

El reporte señaló que en el país sólo 6.2 por ciento de los extranjeros con estatus legal o que tienen hijos que califican solicitan cupones de alimento.

Pero ¿Qué busca James con este nuevo lance?

La respuesta es sencilla: crear un ambiente hostil contra los indocumentados y pescar en rio revuelto para consolidar la mayoría republicana en la Junta de Comisionados local, que hoy no controla su partido.

El asunto es que James, de facto será reelegido como comisionado por octava ocasión en las elecciones del 2 noviembre, porque el Partido Demócrata fue incapaz de ponerle un contendor.

Lo paradójico es que representa al distrito de Mecklenburg que concentra el mayor número de votantes hispanos, que con su apatía política habitual casi nunca hacen ninguna diferencia.

Entre tanto, los indocumentados de Charlotte siguen siendo deportados día a día por el programa 287g, al que los comisionados demócratas de la Junta Condal no se han atrevido ni a tocarle un pelo.

No se puede

Por Rafael Prieto Zartha

Ojalá Dios nos haga el milagro y el Dream Act se convierta en ley mediante la propuesta del senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, de incorporarla al proyecto del presupuesto de Defensa.

La legalización de los estudiantes indocumentados sería el logró de 2010 para una población inmigrante que vio como se desvanecieron las posibilidades de lograr una reforma migratoria integral, mientras que las deportaciones y los programas de expulsión del país, como Comunidades Seguras y 287g crecieron a pasos agigantados.

Mientras los políticos en Washington hacen cuentas de que es lo que les conviene hacer en noviembre para no perder sus puestos, la gente se está yendo de regreso a México y Centroamérica con sus hijos nacidos aquí porque las oportunidades de trabajo se han cerrado y las licencias de conducir han caducado.

Hay quienes han dejado sus propiedades y la vida entera que habían construido en suelo estadounidense.

Hasta el momento, el juicio de la historia señala que, quienes le prometieron a la comunidad hispana que habría una reforma migratoria integral, sencillamente: fracasaron. Que quienes durante años dijeron ser amigos de los latinos, los traicionaron.

El 15 de septiembre, en un emotivo discurso durante la celebración de la trigésima tercera gala anual de Comité Congresional Hispano (CHC), el presidente Barack Obama culpó los republicanos de bloquear la reforma migratoria y otras iniciativas a favor del pueblo estadounidense. “Su plataforma, aparentemente es: no se puede”, dijo el presidente.

Respecto a los cambios en las leyes migratorias, el mandatario expresó: “Cuando millones de inmigrantes permanecen en las sombras de nuestra sociedad, no sólo es un problema latino, es un problema de Estados Unidos. Tenemos que resolverlo”.

Infortunadamente, es el mismo cuento que echó, en enero de 2004, su antecesor, George W. Bush, diciendo que había que “sacar a millones de hombres y mujeres trabajadores de las sombras de la vida estadounidense”.

La pura verdad es que ni demócratas, ni republicanos, le han cumplido a los hispanos. La diferencia es que unos le tratan de dorar la píldora a la comunidad latina sin que nada se concrete, y los otros han abordado sin tapujos la política del no.

En estos tiempos de Mes de la Herencia Hispana y de bicentenarios hemos estado escuchando el mismo bla… bla… bla…, de los aportes de los latinos a este país, y los cocteles y ceremonias irán y vendrán sin que en el trasfondo realmente se ejecute una acción de respeto a una comunidad que le ha sido leal a los líderes latinos de ambos partidos.

Ahora el senador demócrata, Bob Menéndez, habla de presentar el proyecto de reforma migratoria en la Cámara Alta durante la sesión en curso. La pregunta es: ¿No será un poco tarde?

Mi impresión es que todos están tratando de salvar la cara para el 2 de noviembre, para ablandarle el corazón a los votantes hispanos, que no rezongan como los afroamericanos o los judíos, cuando consideran que se les están incumpliendo promesas o hay un desvío de la política que les conviene.

Ojalá me equivoque y celebremos la aprobación del proyecto Dream Act, y el senador Menéndez saque la reforma migratoria adelante. Habría un aliciente para votar.

Si pasa cualquiera de las medidas, me comprometo a hacer un acto de contrición por tener dudas, reconocer mi error y afirmar públicamente que en una tarde se septiembre de 2010 me dediqué a escribir una monserga sin sentido alguno.

¿Qué parte de inmoral no entienden?

Por Rafael Prieto Zartha

Nota: Los ataques de terroristas de 2001, constituyeron el punto de partida para una corriente de rechazo a los inmigrantes y los indocumentados. Al respecto, en 2006, escribí una columna que no ha perdido vigencia:

Los nombres de Antonio Javier Alvarez Barragán, Manuel Asitimbay o Margarito Casillas pueden no significar nada para los antiinmigrantes que aborrecen a los indocumentados y hablan de construir el muro en la frontera con México. Sin embargo, son muy importantes.

Alvarez Barragán vino a Estados Unidos de un pequeño pueblo llamado Santa Ana Ahuatempan, en el estado mexicano de Puebla, con su esposa Filiberta. Trabajaba como cocinero en el restaurante Windows on the World, en el último piso de una las torres gemelas, y murió cuando los edificios se derrumbaron el 11 de septiembre de 2001.

Los ataques terroristas también causaron la muerte del ecuatoriano Asitimbay, que dejó una viuda y cuatro huérfanos en Brooklyn. Casillas, un aseador de 54 años, originario de Guadalajara fue otro “ilegal” ultimado en ese día fatídico

La Asociación Tepeyac, una organización comunitaria, que tiene su sede en Manhattan, ha documentado un centenar de casos de inmigrantes indocumentados asesinados hace cuatro años por los seguidores fanáticos de Osama Bin Laden.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, cerca del diez por ciento de los muertos en la tragedia fueron hispanos. Mexicanos, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, hondureños, venezolanos, salvadoreños, argentinos y españoles estuvieron entre los 3.000 asesinados.

Es por eso que es hipócrita e inmoral utilizar la tragedia del 11 de septiembre como pretexto para atacar los hispanos y promover la repatriación de la población indocumentada.

Todos los secuestradores de los aviones ingresaron a Estados Unidos con visas y ninguno cruzó ilegalmente la llamada “frontera de queso suizo”, como le dice Keith Larson, el locutor de la estación local en inglés de Charlotte WBT 1110.

No obstante, los Minutemen, algunos activistas de los medios de comunicación y políticos como Vernon Robinson, ex concejal de Winston-Salem y aspirante republicano a la Cámara por el Distrito Congresional 13 de Carolina del Norte, continúan relacionando al terrorismo con el tema de inmigración. En nombre de la seguridad nacional y de principios legales, los restriccionistas pretenden deportar a 12 millones de inmigrantes indocumentados, además de sus tres millones de hijos nacidos en este país, que son ciudadanos estadounidenses.

“¿Que parte de ilegal, usted no entiende?” es el lema que repiten los que detestan a los indocumentados para justificar la expulsión masiva de inmigrantes.

El congresista Patrick McHenry escribió un artículo de opinión en el periódico “The Charlotte Observer” que tituló: “No amnistía para violadores de la ley”. El artículo rechaza una legislación migratoria integral y defiende la oprobiosa Acta Sensenbrenner, que convierte a los inmigrantes que trabajan duro en criminales.

McHenry se olvida que muchas leyes que se han aplicado en este país han sido simplemente injustas. En el pasado, a las mujeres no se les permitía votar y ser propietario de esclavos era legal. En lo más álgido del Movimiento de Derechos Civiles de la década de los sesenta, el líder Martin Luther King Jr., escribió esta frase memorable desde una celda en Alabama: “Nunca se olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania fue legal”. Ahora los intolerantes hablan del destino de millones de latinos como si esos seres humanos fueran ganado.

Desde comienzos de mayo, con el respaldo de la ley, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han efectuado allanamientos de varios hogares latinos de Charlotte. Extranjeros con órdenes de deportación por fallas en sus procesos de estatus de protección temporal (TPS) y asilo político han sido encarcelados. Empresarios y propietarios de casas sudamericanos y centroamericanos se encuentran en proceso de deportación. Familias enteras, madres y niños están llorando lágrimas de angustia.

Yo apoyo las medidas que sean necesarias para resguardar las fronteras, pero no vinculando a los indocumentados con terroristas. Las únicas armas que los Alvarez Barragán, Asitimbay y Casillas usaron antes de morir fueron sus ollas y escobas.

Una limpieza de corazón

Por Rafael Prieto Zartha

Por quinto año consecutivo centenares de hispanos de Charlotte, en Carolina del Norte, salieron a limpiar las calles de algunos de sus vecindarios más emblemáticos en un esfuerzo para mejorar la deteriorada imagen de una comunidad que ha sido objeto de repudio por parte de sectores antiinmigrantes que los abominan.

En la nueva frontera de la inmigración, que constituyen los estados donde se descubrió hace una década que había población latina a granel, los convidados de piedra han estado experimentando con fórmulas que hagan menos difícil su existencia y permitan difuminar los estereotipos que hacen complicada su aceptación.

Armados con guantes, palas recogedoras y bolsas de basura, los voluntarios se dedicaron a una tarea ingrata, que no ha estado libre de controversia, incluso dentro de la propia comunidad hispana.

Cuando el Ministerio de Jesús, la entidad promotora del evento, lanzó la idea hace un lustro, le llovieron críticas argumentando que era denigrante que los latinos vistieran los mismos chalecos anaranjados que los presos lucen cuando recolectan la basura de las bermas y los prados de las autopistas.

En medio de la oleada de dimes y diretes hubo quienes dijeron que se tenía que reconocer que algunos de los barrios hispanos lucían como muladares y precisamente los latinos eran responsables de la inmundicia por su falta de consciencia cívica.

Desnudadas en la discusión quedaron las falencias que se le atribuyen a los indocumentados y a los hispanos en general, como ser ruidosos, tener la falta de consideración con el entorno y ser irresponsables en el volante.

El canibalismo fratricida verbal que a veces surge entre los diferentes grupos y nacionalidades de habla hispana también salió a flote con sus deplorables aristas, pero la campaña de limpieza prevaleció superando todos los obstáculos.

Ese mismo canibalismo verbal es el que detecto en los comentarios que leo en los diferentes medios virtuales como reacción a lo que escribo en esta columna.

Por supuesto que me he encontrado con observaciones sensatas que contradicen lo que expongo, pero también he recibido insultos, me han puesto apodos, me han endilgado títulos que no merezco, un médico me dio lecciones de leyes y me han pedido que me regrese a México, sin tener el honor de poseer esa nacionalidad.

Frecuentemente me acusan de impulsar una política de fronteras abiertas y de promocionar una invasión de extranjeros a Estados Unidos.

Esas premisas previas son falsas, y no representan para nada lo que yo abogo. Estoy consciente que Estados Unidos no puede y no tiene porque recibir a todos los pobres del mundo en su territorio.

Lo que creo es que se debe legalizar a la gente que ya está aquí y que ya pagó con su trabajo el derecho de piso para que se les otorgue la residencia y eventualmente la ciudadanía, y organizar un sistema ordenado de inmigración que responda a las necesidades del mercado, de tal manera que se eviten tragedias como la horrible masacre de Tamaulipas.

Me opongo a que se persiga a los indocumentados como se les está persiguiendo, que les cierren todas las posibilidades de desarrollo como está ocurriendo, que se les trate injustamente y se les dé un rango inferior al de animales callejeros. Si por defenderlos me insultan, está bien.

Pero lo inadmisible es ese canibalismo verbal entre integrantes de las diferentes nacionalidades hispanas que se lanzan epítetos impublicables y sacan lo peor del chauvinismo y un nacionalismo procaz, que raya en la xenofobia.

A mi entender, cada grupo hispano que se ha establecido en Estados Unidos, lleva su propia angustia y tiene una justificación poderosa para su propia diáspora.

Las voces de la intolerancia deberían bajarle el tono a sus grotescos dardos verbales y ser más compresivas con la gente que con la comparte una misma raíz cultural.

La misma semana de la limpieza de Charlotte, el Center for American Progress, una entidad de análisis, con sede en Washington, dio a conocer un informe sobre las extraordinarias tasas de integración que los hispanos llegados a Estados Unidos ha registrado en las últimas dos décadas.