Una limpieza de corazón

Por Rafael Prieto Zartha

Por quinto año consecutivo centenares de hispanos de Charlotte, en Carolina del Norte, salieron a limpiar las calles de algunos de sus vecindarios más emblemáticos en un esfuerzo para mejorar la deteriorada imagen de una comunidad que ha sido objeto de repudio por parte de sectores antiinmigrantes que los abominan.

En la nueva frontera de la inmigración, que constituyen los estados donde se descubrió hace una década que había población latina a granel, los convidados de piedra han estado experimentando con fórmulas que hagan menos difícil su existencia y permitan difuminar los estereotipos que hacen complicada su aceptación.

Armados con guantes, palas recogedoras y bolsas de basura, los voluntarios se dedicaron a una tarea ingrata, que no ha estado libre de controversia, incluso dentro de la propia comunidad hispana.

Cuando el Ministerio de Jesús, la entidad promotora del evento, lanzó la idea hace un lustro, le llovieron críticas argumentando que era denigrante que los latinos vistieran los mismos chalecos anaranjados que los presos lucen cuando recolectan la basura de las bermas y los prados de las autopistas.

En medio de la oleada de dimes y diretes hubo quienes dijeron que se tenía que reconocer que algunos de los barrios hispanos lucían como muladares y precisamente los latinos eran responsables de la inmundicia por su falta de consciencia cívica.

Desnudadas en la discusión quedaron las falencias que se le atribuyen a los indocumentados y a los hispanos en general, como ser ruidosos, tener la falta de consideración con el entorno y ser irresponsables en el volante.

El canibalismo fratricida verbal que a veces surge entre los diferentes grupos y nacionalidades de habla hispana también salió a flote con sus deplorables aristas, pero la campaña de limpieza prevaleció superando todos los obstáculos.

Ese mismo canibalismo verbal es el que detecto en los comentarios que leo en los diferentes medios virtuales como reacción a lo que escribo en esta columna.

Por supuesto que me he encontrado con observaciones sensatas que contradicen lo que expongo, pero también he recibido insultos, me han puesto apodos, me han endilgado títulos que no merezco, un médico me dio lecciones de leyes y me han pedido que me regrese a México, sin tener el honor de poseer esa nacionalidad.

Frecuentemente me acusan de impulsar una política de fronteras abiertas y de promocionar una invasión de extranjeros a Estados Unidos.

Esas premisas previas son falsas, y no representan para nada lo que yo abogo. Estoy consciente que Estados Unidos no puede y no tiene porque recibir a todos los pobres del mundo en su territorio.

Lo que creo es que se debe legalizar a la gente que ya está aquí y que ya pagó con su trabajo el derecho de piso para que se les otorgue la residencia y eventualmente la ciudadanía, y organizar un sistema ordenado de inmigración que responda a las necesidades del mercado, de tal manera que se eviten tragedias como la horrible masacre de Tamaulipas.

Me opongo a que se persiga a los indocumentados como se les está persiguiendo, que les cierren todas las posibilidades de desarrollo como está ocurriendo, que se les trate injustamente y se les dé un rango inferior al de animales callejeros. Si por defenderlos me insultan, está bien.

Pero lo inadmisible es ese canibalismo verbal entre integrantes de las diferentes nacionalidades hispanas que se lanzan epítetos impublicables y sacan lo peor del chauvinismo y un nacionalismo procaz, que raya en la xenofobia.

A mi entender, cada grupo hispano que se ha establecido en Estados Unidos, lleva su propia angustia y tiene una justificación poderosa para su propia diáspora.

Las voces de la intolerancia deberían bajarle el tono a sus grotescos dardos verbales y ser más compresivas con la gente que con la comparte una misma raíz cultural.

La misma semana de la limpieza de Charlotte, el Center for American Progress, una entidad de análisis, con sede en Washington, dio a conocer un informe sobre las extraordinarias tasas de integración que los hispanos llegados a Estados Unidos ha registrado en las últimas dos décadas.

Rumbo al Norte

Por Rafael Prieto Zartha

La película El Norte, que se filmó hace casi 30 años, contiene una escena espelúznate. Es el paso de territorio mexicano a Estados Unidos de los hermanos guatemaltecos, Enrique y Rosa Xuncax, por una tubería de alcantarillado abandonada, que estaba infestada de ratas.

El filme, dirigido por el cineasta Gregory Nava, presenta las vicisitudes de los dos indígenas que huyen de la violencia fratricida que experimentó Centroamérica en la década de los ochentas, y las adversidades de su recorrido hacia tierra estadounidense.

El intento de robo por parte de un desalmado ladrón, que conocen en Tijuana, es el abrebocas para el desdichado final en el ansiado Norte.

Ya en Los Ángeles se descubre que Rosa contrajo tifo murino, una enfermedad generada por las pulgas de las ratas, que portan la bacteria “Rickettsia typhi”.

Moribunda, Rosa se queja de que no hay lugar para ellos en el mundo. Que no lo hay en su pueblo de montañas verdes donde los quieren matar, ni tampoco en México donde vio pobreza, y menos en el Norte donde no son aceptados.

“Tal vez sólo muertos encontraremos un lugarcito”, concluye Rosa, en un conmovedor diálogo con su hermano.

Siguiendo la línea de El Norte, en 2008 se estrenó la cinta Paraíso Travel, que presenta la historia de Reina y Marlon, una pareja joven de Medellín, Colombia, que tiene como objetivo llegar a Nueva York.

Los traficantes de indocumentados les organizan un itinerario con escalas de avión en Panamá y Guatemala, el paso de un río en la frontera entre Guatemala y México y un ingreso final a Estados Unidos embutidos en troncos de árboles huecos, que hacen parte de carga de camión.

Al tocar México, todavía empapados por el caudal de las aguas, los integrantes del grupo con el que viajan los enamorados son asaltados por bandidos, que violan a las mujeres, roban a los hombres y les disparan a quemarropa.

Sobre el mismo tema de la inmigración, el año pasado fue galardonada en varios festivales la película Sin Nombre, que muestra de forma descarnada la impune actividad de las maras en la ruta del Tren de la Muerte, que es usada principalmente por los centroamericanos en su difícil correría desde Chiapas hasta Tamaulipas.

Los migrantes retratados en la cinta son tres hondureños, la adolecente Sayra, su padre, y su tío, quienes tienen la meta de llegar a Nueva Jersey. Durante la travesía, el progenitor muere al caer de “La Bestia”, como también denominan al tren, y el tío es deportado de México a tierra catracha. Sayra es la única del trío que logra llegar a Estados Unidos, después de involucrarse con un pandillero que la salva de ser violada y que muere acribillado por la Mara Salvatrucha en la ribera del río Bravo.

Una parte del largometraje muestra que los “mareros” dan de merienda a sus perros la carne de las víctimas a las que asesinan.

En la brutal realidad, que supera a la ficción del cine, el martes 24 de agosto le dio la vuelta al mundo la noticia del asesinato de 72 migrantes indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centroamérica y Sudamérica, en un rancho de la localidad de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas, a escasas 90 millas de la frontera con Texas.

El único sobreviviente de la masacre, Luis Freddy Lala Pomavilla, originario del caserío indígena de Ger, de la provincia ecuatoriana de Cañar, logró avisar a las autoridades del hecho macabro atribuido al cartel de narcotráfico de Los Zetas, que había secuestrado a los migrantes y los mató a tiros.

Atroz, que no haya acciones concretas de nadie para frenar las muertes, mutilaciones, y vejaciones que han sido plasmadas en el séptimo arte y que desgraciadamente se hicieron tangibles en tierra tamaulipeca.

El destape de los agentes de ICE

Por Rafael Prieto Zartha

El destape de que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pretenden hacer lo que se les da la gana y no seguir las instrucciones del Ejecutivo lo hizo el diario conservador de la capital estadounidense, The Washington Times, el pasado 9 de agosto.

El periódico reveló el contenido de una resolución del sindicato de empleados de ICE, en la que se determina dar un voto unánime de desconfianza al director de la agencia, John Morton, y al encargado de detención y planeación, Phyllis Coven.

De acuerdo con el sindicato, que representa a 7,600 oficiales y empleados de la agencia federal encargada de las deportaciones, los dos funcionarios “han abandonado” la misión principal de ICE de aplicar las leyes de inmigración y proteger la seguridad pública.

La resolución, que se votó el 11 de junio, sostiene que los ejecutivos de ICE están dirigiendo su atención a hacer campaña a favor de políticas relacionadas con la “amnistía” y crear un sistema especial de detención para los extranjeros que excede el cuidado que se da a ciudadanos encarcelados.

“Es el deseo de nuestro sindicato dentro de ICE y de nuestros empleados de separarnos de las acciones del director Morton”, dice la resolución, agregando que se trata de un acto público.

Lo sorprendente es la respuesta de Morton, que no recriminó a los empleados, sino que justificó los logros de la agencia, con una declaración que confirma lo que ha sido la realidad de la política migratoria durante el gobierno de Barack Obama.

“No ha habido una administración en la historia de este país que haya sacado más gente de Estados Unidos”, dijo el director de ICE.

O sea que aquí, a juzgar por los resultados de ICE, parecería que se siguen las políticas que señalan los antiinmigrantes y el Tea Party y no las que prometió el hoy presidente Obama y que constaron en su agenda de gobierno, por las que 78 por ciento de los ciudadanos naturalizados hispanos votaron el 4 noviembre de 2008.

La molestia del sindicato de empleados de ICE con Morton, que se describe en nueve extensos párrafos firmados por el presidente de esa “unión”, Chris Crane, se desprenden de las directivas señaladas por la actual administración de enfocar los arrestos y las deportaciones en criminales reales con delitos graves, y de hacer la vida menos difícil a los padres y madres de familia que se encuentran en los centros de reclusión de ICE.

Así que, la atención de los agentes de ICE debería estar dirigida a obedecer las órdenes que manda el ejecutivo y a evitar que se repitan las acciones descritas en el diario The New York Times, a principios de este año, sobre los maltratos infligidos a los arrestados por ICE y las muertes de inmigrantes en sus cárceles.

Para ser agente de ICE se requiere ser ciudadano estadounidense, además de cumplir las estipulaciones para portar armas. El entrenamiento dura cinco meses y medio en un centro de entrenamiento localizado en Brunswick, Georgia. El salario inicial es de 30,000 dólares y se pueden alcanzar los 65,000 dólares. Nada mal para alguien, que no tiene que seguir una carrera universitaria de cinco años, o un grado técnico de dos.

En agosto de 1981, una administración con enjundia, la de Ronald Reagan, despidió de un plumazo a 11,345 integrantes del sindicato de controladores aéreos, dos días después de que se habían declarado en huelga.

No estoy sugiriendo que la administración de Obama haga lo mismo con los agentes de ICE, dada la resolución de rebeldía de su sindicato, pero lo mínimo que espero, como ciudadano, es que les exija que obedezcan sus directrices.

No hay disculpa que valga

Por Rafael Prieto Zartha

No existen palabras para expresar el dolor y la indignación por la trágica muerte de la religiosa Denise Mosier en un nuevo incidente del cual se responsabiliza a otro inmigrante indocumentado de convertir el automóvil que conducía en un arma letal mientras se hallaba en estado de embriaguez.
Innegable que el accidente, que se atribuye a Carlos A. Martinelly Montaño, de 23 años, corrobora el estereotipo de que los latinos manejan borrachos y reparten desgracias.
Otras dos monjas católicas resultaron lesionadas en el percance, ocurrido en uno de los focos de mayor tensión del debate migratorio en la nación: la localidad de Manassas, Condado de Prince William, en el histórico Estado de Virginia.
Allí, en 2007, en medio del fragor del fracasado debate de la reforma migratoria en el Senado federal, las autoridades condales aprobaron una seguidilla de medidas contra los indocumentados, incluyendo la verificación del estatus migratorio por parte de las agencias policiales locales.
La cercanía de Prince William a Washington DC, apenas 25 millas de distancia, hizo que la puja entre los antiinmigrantes, los afectados y los defensores de los derechos civiles tuviera una amplia cobertura en los medios de comunicación de la capital.
Ahora está ocurriendo lo mismo con el caso de Martinelly Montaño, quien el pasado 1 de agosto sumó tres arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol en los últimos cinco años.
No hay forma de eludir la responsabilidad que nos atañe a los hispanos como comunidad de aceptar sin ambages que la falta fue cometida por uno nuestros integrantes.
Las organizaciones nacionales latinas deberían ofrecer el pésame oficial, condenar lo ocurrido, y conminar a los inmigrantes de todo el país a que se comporten ejemplarmente.
No es nada fácil abogar por la legalización de los 12 millones de indocumentados cuando se repiten casos con resultados tan lamentables como el deceso de la hermana Denise.
Aprovechando la muerte de la monja, los antiinmigrantes se abalanzaron a utilizar el fatal incidente como combustible para echarle leña al fuego al debate migratorio, al no haberse efectuado la expulsión del país de Martinelly Montaño, quien se hallaba en proceso de deportación.
El diario The Washington Post reportó que Corey Stewart, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Prince William, llegó a decir que el Congreso, el presidente Barack Obama y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano "tenían las manos untadas con sangre".
Por su parte, las Hermanas Benedictinas expresaron en un comunicado que estaban "consternadas y embargadas de tristeza porque la tragedia se haya politizado y se haya convertido en un foro para la agenda de la inmigración ilegal".
Las monjas señalaron que en medio de su luto y tribulación por el estado de salud de sus hermanas lesionadas "desearían que la atención (de la tragedia) se reenfocara en las consecuencias de tomar y manejar, y en el mandamiento de Jesucristo de perdonar".
La reacción de las religiosas es una lección para cristianos como el representante a la Cámara, republicano por Iowa, Steven King, quien alguna vez afirmó que los indocumentados mataban a 12 estadounidenses cada día.
Y sobre todo para el "periodista", Joseph Farah, quien le tomó la palabra a King, y en un artículo agregó que el legislador decía que además 13 estadounidenses morían por culpa de los ilegales que conducían borrachos. Farah sacó de ahí una estadística fantasiosa de casi cinco mil víctimas fatales al año, que aparece en la red virtual repetida como verdad en centenares de entradas.
En 2008, un total de 13,946 personas fallecieron en el país a causa de los automovilistas ebrios, y las proyecciones inventadas por los antiinmigrantes jamás se acercan al número de muertos que le atribuyen a los inmigrantes.
No obstante, no hay excusa que valga, para que siquiera uno de los fallecidos sea ocasionado por un indocumentado beodo.

De la demagogia a la realidad

Por Rafael Prieto Zartha

Eran las 6 y media de la tarde y el termómetro marcaba 97 grados Fahrenheit en el Parque Marshall del centro de Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, cuando se inició el pasado 29 de julio la presentación de la obra de teatro “AZ No Habla por Mí”, que se escenificó para condenar la entrada en vigor de la mutilada SB 1070 en Arizona.

Lo aciago de la ocasión fue que tan sólo un centenar de personas acudieron a ver la representación en un escenario que previamente había congregado a mil, siete mil y diez mil manifestantes en diferentes concentraciones a favor de la legalización de los inmigrantes indocumentados.

En el drama, una preocupada Estatua de la Libertad le reclamaba a unas reticentes autoridades de Arizona que no discriminaran a los inmigrantes latinos, mientras unos asustadizos gansos se lanzaban al agua para refrescarse en el lago incrustado en el parque.

“Creo que vinieron muy pocos porque están cansados de tanta palabrería y que no se concrete nada”, me dijo Carlos Crespo, un profesional ecuatoriano que siempre asiste a las marchas.

“La gente no es tonta y piensa que se está haciendo política con ellos y además hay temor por lo que está pasando en Arizona y el resto del país”, agregó.

Precisamente el presidente Barack Obama se pronunció contra la “demagogia” respecto al tema migratorio en una entrevista con Harry Smith, copresentador del programa matutino “Early Show” de la cadena CBS.

“No podemos permitir una colcha de retazos de 50 diferentes estados o ciudades o localidades en los que cualquiera que quiera hacerse nombre de repente diga: voy a ser antiinmigrante”, dijo el presidente, después de que la ley de Arizona comenzó a operar, con las restricciones que los funcionarios del Departamento de Justicia lograron que la jueza Susan Bolton impusiera.

En estos días, entre muchos, a quienes les cae el apotegma expresado por el presidente es a los senadores Chuck Grassley de Iowa, Thad Cochran de Misuri, Johnny Isakson de Georgia, Saxby Chambliss de Georgia, Jim Inhofe de Oklahoma, David Vitter de Luisiana, Orrin Hatch de Utah y Jim Bunning de Kentucky.

Los legisladores decidieron inventar que un memorando de análisis interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sobre posibles alivios para algunos sectores de la población inmigrante constituía una acción del ejecutivo para saltarse al Congreso y otorgar una amnistía.

Eso es demagogia irresponsable porque la realidad de lo que ha estado haciendo la actual administración en materia migratoria se refleja en las cifras de deportaciones que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) reveló la semana pasada, que indican que hasta el 22 de julio de este año había deportado a 292,663 indocumentados.

De esa cifra 142,526 supuestamente fueron criminales, entre los que cuenta a los detenidos de tercer nivel, que son los capturados por no portar una licencia de conducir, infracciones de tráfico y otras ofensas menores.

La tabla de ICE también registra a 150,137 deportados que clasifica como no criminales en 2010, y recuerda que los no criminales expulsados del país en 2009 fueron 253,491.

Con esos números, entre los que se hallan los deportados por los programas 287g y Comunidades Seguras, con la demagogia de la cual han sido víctimas, y con la ley de Arizona en marcha por el alguacil Joe Arpaio, no es extraño que los inmigrantes indocumentados se abstengan de asistir a eventos destinados a defenderlos.

Sentido común

Por Rafael Prieto Zartha

Ataviado con una camisa vistosa estampada con hojas de palmeras, el senador estatal de Arizona, Russell Pearce, ponente de la Ley SB 1070 de Arizona, dialogó con la presentadora de Univisión, María Elena Salinas, acerca de la normativa que tiene en vilo al país.
Pearce le dijo a la periodista que los agentes policiales tienen que ejercer el “sentido común” para detener a los “ilegales” bajo la legislación que él ideó.
Respecto a la premisa que deportar a los 11 millones de indocumentados no es realista, el ex policía y ex subordinado del alguacil Joe Arpaio, concluyó que muchos se irán.
El sentido común y las estadísticas señalan que Pearce tiene la razón y que la deportación masiva de quienes no cuentan con estatus migratorio sí se materializará, dada la avalancha de proyectos de ley contra los inmigrantes que cursan actualmente en estados, condados y municipalidades de Estados Unidos.
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), en el primer trimestre de este año, en 45 estados de la Unión se debatieron 1.180 iniciativas antiinmigrantes, con un saldo de 107 leyes aprobadas.
Desde hace un lustro, los proyectos de ley y las medidas sancionadas han estado cumpliendo con el cometido de crearle un ambiente pesado a la gente que se ha radicado de forma irregular en el país para que se aburra y se vaya, incluso con sus hijos nacidos aquí.
Entre 2006 y 2009 se firmaron 752 leyes estatales que han apuntado a que los indocumentados no puedan entre otras cosas, obtener licencias de conducir o acceder a los colegios comunitarios o a las universidades estatales.
Al mismo tiempo han surgido iniciativas locales dirigidas a impedir que se les alquile vivienda como las de Farmers Branch, Texas; Hazleton, Pensilvania; o Fremont, Nebraska.
Para completar el cuadro, programas de deportación del gobierno federal como Comunidades Seguras y 287g han contribuido al éxodo.
Durante el período fiscal de 2009, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 387.790 indocumentados y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló en febrero pasado que la población indocumentada se redujo en un millón de personas.
Las proyecciones para 2010 señalan que los deportados serán más de 400,000 y es de esperarse que la reducción de indocumentados supere con creces el millón, marcando la efectividad en materia de aplicación de la ley del gobierno del presidente Barack Obama.
Los resultados de la presión contra los indocumentados no son diferentes a los previstos por la Operación Endgame, gestada en 2003, durante la administración del presidente George Bush, que preveía la deportación total de los indocumentados en un lapso de una década.
Si la ley de Arizona hace metástasis en la veintena de estados donde legisladores antiinmigrantes han expresado interés de implantarla, el final del juego de ajedrez concluirá con el jaque mate a un sector de la población que ya aportó con su mano de obra al país.
Reitero que es imposible que Estados Unidos acoja a todos los pobres de la Tierra y que tiene sentido común que determine quién entra y quién se establece en su territorio.
Lo que no hace sentido común es que durante años se haya admitido de facto la inmigración indocumentada y que en un momento de vacas flacas se quiera expulsar a todos los que sudaron la gota gorda.
No hace sentido común que alguien termine en un proceso de deportación porque lo vean ingiriendo en un vehículo un jarrito de toronja, como lo cuenta en un artículo Paola Jaramillo, editora del semanario La Conexión de Raleigh, acerca de un mexicano que arrestaron el Día del Padre.

¡Qué desgracia!

Por Rafael Prieto Zartha

El correo electrónico que recibí contenía, en el renglón correspondiente a asunto, una frase escueta e impactante: ¡Qué desgracia!
La remitente era Josefina Villicaña, editora del galardonado semanario Ahora Sí, de Austin, Texas, quién me anexó un artículo de su periódico que narra el episodio vivido por una abuela mexicana, que según testigos, fue agredida y agraviada por un agente policial cuando fue a recoger a sus nietos a la escuela donde estudiaban.
“Es una tragedia enorme que seguro no será la única con tanto odio que estas leyes de inmigración están generando”, me comentó Josefina en las líneas de introducción al reportaje.
La nota menciona apartes de una demanda interpuesta contra el oficial, en la que se dice que la mujer, quien es primariamente hispanohablante, no entendió las indicaciones del agente que dirigía el tráfico y éste respondió sacándola del vehículo, para después golpearla con una macana y arrastrarla en el pavimento.
De acuerdo con el artículo de Ahora Sí, un maestro, testigo de los acontecimientos, contó “que vio a la mujer en sus rodillas y sangrando de los labios. En su declaración dijo que uno de sus pechos estaba expuesto y que ella lloraba”.
El mensaje de Josefina llegó antes de que ocurriera otra incidencia nefasta contra los inmigrantes hispanos: el sonado escándalo de la lista de Utah, que reveló nombres y direcciones de 1,300 supuestos indocumentados, con un llamado para que fueran deportados.
El incidente de la lista muestra los extremos a los que están llegando quienes detestan a los inmigrantes, que se atreven a saltarse las leyes que tanto proclaman respetar para causar daño a los hispanos.
Ojalá haya una sanción para los culpables, dado que el inventario de nombres fue producido sacando información de una base de datos del Departamento de Servicios Laborales, entidad que administra programas de beneficios públicos, a los que tienen derecho los infantes nacidos en este país.
¿Dónde queda la confianza de la gente en las entidades gubernamentales a las que suministran sus datos personales?
Hay quienes insisten en el concepto de los “bebés ancla” y no entienden que la Decimocuarta Enmienda a la Constitución prevalece y que es ilegal convertirse en “chivatos” que procuran la expulsión masiva de los inmigrantes latinos.
En Charlotte, Carolina del Norte, recientemente se presentó otro incidente denunciado a los medios de comunicación en español, que refleja como hay individuos que se apuntan de "motu proprio" a la misión de denunciar a los “ilegales”.
Una dependiente de un taller de cambio de aceite de automóviles decidió reportar a la policía local a una mujer que solicitaba los servicios de su establecimiento porque era indocumentada, porque no le presentó la licencia de conducir al solicitar el servicio.
La empleada del taller le exigió al oficial que atendió el caso que verificara el estatus migratorio de la usuaria del negocio y el agente le tuvo que explicar que una ley como la SB 1070 de Arizona no está en vigor en Carolina del Norte.
Definitivamente Josefina tiene razón: ¡Qué desgracia! Qué daño tan grave están generando las leyes antiinmigrantes.
Trágico que algunos que se creen patriotas ejecuten acciones en las que confunden la Patria con el odio.