La lista de James

La perfidia contra los inmigrantes indocumentados no para y lo espantoso es que no hay quien le ponga freno a quienes los consideran un objetivo fácil en épocas previas a los comicios electorales novembrinos.

En el condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, la ciudad más populosa de Carolina del Norte, un funcionario público está pidiendo que el Departamento de Servicios Sociales local entregue al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la lista de padres indocumentados que han solicitado asistencia para sus hijos nacidos en Estados Unidos.

Se trata Bill James, integrante por el Partido Republicano de la poderosa Junta de Comisionados del Condado, quien en 2008 comparó a los indocumentados con “prostitutas y narcotraficantes”.

Esta vez, James propone mediante la influencia de su cargo hacer lo que hicieron ilegalmente en Utah un par de burócratas irresponsables: intentar lanzar a seres inermes al abismo de la deportación.

De acuerdo con James, el sistema computarizado utilizado por el Condado para detectar “ilegales” estableció que hay 5.635 inmigrantes sin papeles que reciben ayuda pública a través de sus hijos estadounidenses, a los que él califica de “niños ancla”.

Y lo peor es que sugiere que esos padres pueden ser un problema para la seguridad nacional.

“¿Cómo sabemos que no son terroristas vi­viendo del dinero de las ayudas federales del Departamento de Servicios Sociales?”, ha expresado James.

El comisionado pretende desconocer la Enmienda 14 de la Constitución que garantiza la ciudadanía a todo aquel que nace en territorio estadounidense y por ende su derecho a recibir los servicios que el gobierno provee y por los que pagamos con nuestros impuestos todos los contribuyentes.

Su queja amarga es que las leyes federales y estatales vedan la entrega de información acerca de esos progenitores a las autoridades migratorias.

No obstante, él insiste e introducirá su propuesta el próximo 5 de octubre en el pleno de la Junta condal.

James peca de omisión cuando no menciona por ningún lado que desde 1996 a los indocumentados se les prohíbe por ley federal recibir Welfare, estampillas de comida, Medicaid y la mayoría de los beneficios públicos.

Precisamente James revela en su esfuerzo para armar sus argumentos contra los inmigrantes sin estatus que a 139 solicitantes les fueron negados los servicios por ser inelegibles, porque no pasaron la prueba del detector de indocumentados del Condado de Mecklenburg.

El conservador Instituto Cato dio a conocer en agosto pasado un documento en el que claramente se demuestra que los indocumentados no vienen a Estados Unidos en busca de beneficios públicos sino de trabajo.

El reporte señaló que en el país sólo 6.2 por ciento de los extranjeros con estatus legal o que tienen hijos que califican solicitan cupones de alimento.

Pero ¿Qué busca James con este nuevo lance?

La respuesta es sencilla: crear un ambiente hostil contra los indocumentados y pescar en rio revuelto para consolidar la mayoría republicana en la Junta de Comisionados local, que hoy no controla su partido.

El asunto es que James, de facto será reelegido como comisionado por octava ocasión en las elecciones del 2 noviembre, porque el Partido Demócrata fue incapaz de ponerle un contendor.

Lo paradójico es que representa al distrito de Mecklenburg que concentra el mayor número de votantes hispanos, que con su apatía política habitual casi nunca hacen ninguna diferencia.

Entre tanto, los indocumentados de Charlotte siguen siendo deportados día a día por el programa 287g, al que los comisionados demócratas de la Junta Condal no se han atrevido ni a tocarle un pelo.

No se puede

Por Rafael Prieto Zartha

Ojalá Dios nos haga el milagro y el Dream Act se convierta en ley mediante la propuesta del senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, de incorporarla al proyecto del presupuesto de Defensa.

La legalización de los estudiantes indocumentados sería el logró de 2010 para una población inmigrante que vio como se desvanecieron las posibilidades de lograr una reforma migratoria integral, mientras que las deportaciones y los programas de expulsión del país, como Comunidades Seguras y 287g crecieron a pasos agigantados.

Mientras los políticos en Washington hacen cuentas de que es lo que les conviene hacer en noviembre para no perder sus puestos, la gente se está yendo de regreso a México y Centroamérica con sus hijos nacidos aquí porque las oportunidades de trabajo se han cerrado y las licencias de conducir han caducado.

Hay quienes han dejado sus propiedades y la vida entera que habían construido en suelo estadounidense.

Hasta el momento, el juicio de la historia señala que, quienes le prometieron a la comunidad hispana que habría una reforma migratoria integral, sencillamente: fracasaron. Que quienes durante años dijeron ser amigos de los latinos, los traicionaron.

El 15 de septiembre, en un emotivo discurso durante la celebración de la trigésima tercera gala anual de Comité Congresional Hispano (CHC), el presidente Barack Obama culpó los republicanos de bloquear la reforma migratoria y otras iniciativas a favor del pueblo estadounidense. “Su plataforma, aparentemente es: no se puede”, dijo el presidente.

Respecto a los cambios en las leyes migratorias, el mandatario expresó: “Cuando millones de inmigrantes permanecen en las sombras de nuestra sociedad, no sólo es un problema latino, es un problema de Estados Unidos. Tenemos que resolverlo”.

Infortunadamente, es el mismo cuento que echó, en enero de 2004, su antecesor, George W. Bush, diciendo que había que “sacar a millones de hombres y mujeres trabajadores de las sombras de la vida estadounidense”.

La pura verdad es que ni demócratas, ni republicanos, le han cumplido a los hispanos. La diferencia es que unos le tratan de dorar la píldora a la comunidad latina sin que nada se concrete, y los otros han abordado sin tapujos la política del no.

En estos tiempos de Mes de la Herencia Hispana y de bicentenarios hemos estado escuchando el mismo bla… bla… bla…, de los aportes de los latinos a este país, y los cocteles y ceremonias irán y vendrán sin que en el trasfondo realmente se ejecute una acción de respeto a una comunidad que le ha sido leal a los líderes latinos de ambos partidos.

Ahora el senador demócrata, Bob Menéndez, habla de presentar el proyecto de reforma migratoria en la Cámara Alta durante la sesión en curso. La pregunta es: ¿No será un poco tarde?

Mi impresión es que todos están tratando de salvar la cara para el 2 de noviembre, para ablandarle el corazón a los votantes hispanos, que no rezongan como los afroamericanos o los judíos, cuando consideran que se les están incumpliendo promesas o hay un desvío de la política que les conviene.

Ojalá me equivoque y celebremos la aprobación del proyecto Dream Act, y el senador Menéndez saque la reforma migratoria adelante. Habría un aliciente para votar.

Si pasa cualquiera de las medidas, me comprometo a hacer un acto de contrición por tener dudas, reconocer mi error y afirmar públicamente que en una tarde se septiembre de 2010 me dediqué a escribir una monserga sin sentido alguno.

¿Qué parte de inmoral no entienden?

Por Rafael Prieto Zartha

Nota: Los ataques de terroristas de 2001, constituyeron el punto de partida para una corriente de rechazo a los inmigrantes y los indocumentados. Al respecto, en 2006, escribí una columna que no ha perdido vigencia:

Los nombres de Antonio Javier Alvarez Barragán, Manuel Asitimbay o Margarito Casillas pueden no significar nada para los antiinmigrantes que aborrecen a los indocumentados y hablan de construir el muro en la frontera con México. Sin embargo, son muy importantes.

Alvarez Barragán vino a Estados Unidos de un pequeño pueblo llamado Santa Ana Ahuatempan, en el estado mexicano de Puebla, con su esposa Filiberta. Trabajaba como cocinero en el restaurante Windows on the World, en el último piso de una las torres gemelas, y murió cuando los edificios se derrumbaron el 11 de septiembre de 2001.

Los ataques terroristas también causaron la muerte del ecuatoriano Asitimbay, que dejó una viuda y cuatro huérfanos en Brooklyn. Casillas, un aseador de 54 años, originario de Guadalajara fue otro “ilegal” ultimado en ese día fatídico

La Asociación Tepeyac, una organización comunitaria, que tiene su sede en Manhattan, ha documentado un centenar de casos de inmigrantes indocumentados asesinados hace cuatro años por los seguidores fanáticos de Osama Bin Laden.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, cerca del diez por ciento de los muertos en la tragedia fueron hispanos. Mexicanos, colombianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, hondureños, venezolanos, salvadoreños, argentinos y españoles estuvieron entre los 3.000 asesinados.

Es por eso que es hipócrita e inmoral utilizar la tragedia del 11 de septiembre como pretexto para atacar los hispanos y promover la repatriación de la población indocumentada.

Todos los secuestradores de los aviones ingresaron a Estados Unidos con visas y ninguno cruzó ilegalmente la llamada “frontera de queso suizo”, como le dice Keith Larson, el locutor de la estación local en inglés de Charlotte WBT 1110.

No obstante, los Minutemen, algunos activistas de los medios de comunicación y políticos como Vernon Robinson, ex concejal de Winston-Salem y aspirante republicano a la Cámara por el Distrito Congresional 13 de Carolina del Norte, continúan relacionando al terrorismo con el tema de inmigración. En nombre de la seguridad nacional y de principios legales, los restriccionistas pretenden deportar a 12 millones de inmigrantes indocumentados, además de sus tres millones de hijos nacidos en este país, que son ciudadanos estadounidenses.

“¿Que parte de ilegal, usted no entiende?” es el lema que repiten los que detestan a los indocumentados para justificar la expulsión masiva de inmigrantes.

El congresista Patrick McHenry escribió un artículo de opinión en el periódico “The Charlotte Observer” que tituló: “No amnistía para violadores de la ley”. El artículo rechaza una legislación migratoria integral y defiende la oprobiosa Acta Sensenbrenner, que convierte a los inmigrantes que trabajan duro en criminales.

McHenry se olvida que muchas leyes que se han aplicado en este país han sido simplemente injustas. En el pasado, a las mujeres no se les permitía votar y ser propietario de esclavos era legal. En lo más álgido del Movimiento de Derechos Civiles de la década de los sesenta, el líder Martin Luther King Jr., escribió esta frase memorable desde una celda en Alabama: “Nunca se olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania fue legal”. Ahora los intolerantes hablan del destino de millones de latinos como si esos seres humanos fueran ganado.

Desde comienzos de mayo, con el respaldo de la ley, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han efectuado allanamientos de varios hogares latinos de Charlotte. Extranjeros con órdenes de deportación por fallas en sus procesos de estatus de protección temporal (TPS) y asilo político han sido encarcelados. Empresarios y propietarios de casas sudamericanos y centroamericanos se encuentran en proceso de deportación. Familias enteras, madres y niños están llorando lágrimas de angustia.

Yo apoyo las medidas que sean necesarias para resguardar las fronteras, pero no vinculando a los indocumentados con terroristas. Las únicas armas que los Alvarez Barragán, Asitimbay y Casillas usaron antes de morir fueron sus ollas y escobas.

Una limpieza de corazón

Por Rafael Prieto Zartha

Por quinto año consecutivo centenares de hispanos de Charlotte, en Carolina del Norte, salieron a limpiar las calles de algunos de sus vecindarios más emblemáticos en un esfuerzo para mejorar la deteriorada imagen de una comunidad que ha sido objeto de repudio por parte de sectores antiinmigrantes que los abominan.

En la nueva frontera de la inmigración, que constituyen los estados donde se descubrió hace una década que había población latina a granel, los convidados de piedra han estado experimentando con fórmulas que hagan menos difícil su existencia y permitan difuminar los estereotipos que hacen complicada su aceptación.

Armados con guantes, palas recogedoras y bolsas de basura, los voluntarios se dedicaron a una tarea ingrata, que no ha estado libre de controversia, incluso dentro de la propia comunidad hispana.

Cuando el Ministerio de Jesús, la entidad promotora del evento, lanzó la idea hace un lustro, le llovieron críticas argumentando que era denigrante que los latinos vistieran los mismos chalecos anaranjados que los presos lucen cuando recolectan la basura de las bermas y los prados de las autopistas.

En medio de la oleada de dimes y diretes hubo quienes dijeron que se tenía que reconocer que algunos de los barrios hispanos lucían como muladares y precisamente los latinos eran responsables de la inmundicia por su falta de consciencia cívica.

Desnudadas en la discusión quedaron las falencias que se le atribuyen a los indocumentados y a los hispanos en general, como ser ruidosos, tener la falta de consideración con el entorno y ser irresponsables en el volante.

El canibalismo fratricida verbal que a veces surge entre los diferentes grupos y nacionalidades de habla hispana también salió a flote con sus deplorables aristas, pero la campaña de limpieza prevaleció superando todos los obstáculos.

Ese mismo canibalismo verbal es el que detecto en los comentarios que leo en los diferentes medios virtuales como reacción a lo que escribo en esta columna.

Por supuesto que me he encontrado con observaciones sensatas que contradicen lo que expongo, pero también he recibido insultos, me han puesto apodos, me han endilgado títulos que no merezco, un médico me dio lecciones de leyes y me han pedido que me regrese a México, sin tener el honor de poseer esa nacionalidad.

Frecuentemente me acusan de impulsar una política de fronteras abiertas y de promocionar una invasión de extranjeros a Estados Unidos.

Esas premisas previas son falsas, y no representan para nada lo que yo abogo. Estoy consciente que Estados Unidos no puede y no tiene porque recibir a todos los pobres del mundo en su territorio.

Lo que creo es que se debe legalizar a la gente que ya está aquí y que ya pagó con su trabajo el derecho de piso para que se les otorgue la residencia y eventualmente la ciudadanía, y organizar un sistema ordenado de inmigración que responda a las necesidades del mercado, de tal manera que se eviten tragedias como la horrible masacre de Tamaulipas.

Me opongo a que se persiga a los indocumentados como se les está persiguiendo, que les cierren todas las posibilidades de desarrollo como está ocurriendo, que se les trate injustamente y se les dé un rango inferior al de animales callejeros. Si por defenderlos me insultan, está bien.

Pero lo inadmisible es ese canibalismo verbal entre integrantes de las diferentes nacionalidades hispanas que se lanzan epítetos impublicables y sacan lo peor del chauvinismo y un nacionalismo procaz, que raya en la xenofobia.

A mi entender, cada grupo hispano que se ha establecido en Estados Unidos, lleva su propia angustia y tiene una justificación poderosa para su propia diáspora.

Las voces de la intolerancia deberían bajarle el tono a sus grotescos dardos verbales y ser más compresivas con la gente que con la comparte una misma raíz cultural.

La misma semana de la limpieza de Charlotte, el Center for American Progress, una entidad de análisis, con sede en Washington, dio a conocer un informe sobre las extraordinarias tasas de integración que los hispanos llegados a Estados Unidos ha registrado en las últimas dos décadas.

Rumbo al Norte

Por Rafael Prieto Zartha

La película El Norte, que se filmó hace casi 30 años, contiene una escena espelúznate. Es el paso de territorio mexicano a Estados Unidos de los hermanos guatemaltecos, Enrique y Rosa Xuncax, por una tubería de alcantarillado abandonada, que estaba infestada de ratas.

El filme, dirigido por el cineasta Gregory Nava, presenta las vicisitudes de los dos indígenas que huyen de la violencia fratricida que experimentó Centroamérica en la década de los ochentas, y las adversidades de su recorrido hacia tierra estadounidense.

El intento de robo por parte de un desalmado ladrón, que conocen en Tijuana, es el abrebocas para el desdichado final en el ansiado Norte.

Ya en Los Ángeles se descubre que Rosa contrajo tifo murino, una enfermedad generada por las pulgas de las ratas, que portan la bacteria “Rickettsia typhi”.

Moribunda, Rosa se queja de que no hay lugar para ellos en el mundo. Que no lo hay en su pueblo de montañas verdes donde los quieren matar, ni tampoco en México donde vio pobreza, y menos en el Norte donde no son aceptados.

“Tal vez sólo muertos encontraremos un lugarcito”, concluye Rosa, en un conmovedor diálogo con su hermano.

Siguiendo la línea de El Norte, en 2008 se estrenó la cinta Paraíso Travel, que presenta la historia de Reina y Marlon, una pareja joven de Medellín, Colombia, que tiene como objetivo llegar a Nueva York.

Los traficantes de indocumentados les organizan un itinerario con escalas de avión en Panamá y Guatemala, el paso de un río en la frontera entre Guatemala y México y un ingreso final a Estados Unidos embutidos en troncos de árboles huecos, que hacen parte de carga de camión.

Al tocar México, todavía empapados por el caudal de las aguas, los integrantes del grupo con el que viajan los enamorados son asaltados por bandidos, que violan a las mujeres, roban a los hombres y les disparan a quemarropa.

Sobre el mismo tema de la inmigración, el año pasado fue galardonada en varios festivales la película Sin Nombre, que muestra de forma descarnada la impune actividad de las maras en la ruta del Tren de la Muerte, que es usada principalmente por los centroamericanos en su difícil correría desde Chiapas hasta Tamaulipas.

Los migrantes retratados en la cinta son tres hondureños, la adolecente Sayra, su padre, y su tío, quienes tienen la meta de llegar a Nueva Jersey. Durante la travesía, el progenitor muere al caer de “La Bestia”, como también denominan al tren, y el tío es deportado de México a tierra catracha. Sayra es la única del trío que logra llegar a Estados Unidos, después de involucrarse con un pandillero que la salva de ser violada y que muere acribillado por la Mara Salvatrucha en la ribera del río Bravo.

Una parte del largometraje muestra que los “mareros” dan de merienda a sus perros la carne de las víctimas a las que asesinan.

En la brutal realidad, que supera a la ficción del cine, el martes 24 de agosto le dio la vuelta al mundo la noticia del asesinato de 72 migrantes indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centroamérica y Sudamérica, en un rancho de la localidad de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas, a escasas 90 millas de la frontera con Texas.

El único sobreviviente de la masacre, Luis Freddy Lala Pomavilla, originario del caserío indígena de Ger, de la provincia ecuatoriana de Cañar, logró avisar a las autoridades del hecho macabro atribuido al cartel de narcotráfico de Los Zetas, que había secuestrado a los migrantes y los mató a tiros.

Atroz, que no haya acciones concretas de nadie para frenar las muertes, mutilaciones, y vejaciones que han sido plasmadas en el séptimo arte y que desgraciadamente se hicieron tangibles en tierra tamaulipeca.

El destape de los agentes de ICE

Por Rafael Prieto Zartha

El destape de que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pretenden hacer lo que se les da la gana y no seguir las instrucciones del Ejecutivo lo hizo el diario conservador de la capital estadounidense, The Washington Times, el pasado 9 de agosto.

El periódico reveló el contenido de una resolución del sindicato de empleados de ICE, en la que se determina dar un voto unánime de desconfianza al director de la agencia, John Morton, y al encargado de detención y planeación, Phyllis Coven.

De acuerdo con el sindicato, que representa a 7,600 oficiales y empleados de la agencia federal encargada de las deportaciones, los dos funcionarios “han abandonado” la misión principal de ICE de aplicar las leyes de inmigración y proteger la seguridad pública.

La resolución, que se votó el 11 de junio, sostiene que los ejecutivos de ICE están dirigiendo su atención a hacer campaña a favor de políticas relacionadas con la “amnistía” y crear un sistema especial de detención para los extranjeros que excede el cuidado que se da a ciudadanos encarcelados.

“Es el deseo de nuestro sindicato dentro de ICE y de nuestros empleados de separarnos de las acciones del director Morton”, dice la resolución, agregando que se trata de un acto público.

Lo sorprendente es la respuesta de Morton, que no recriminó a los empleados, sino que justificó los logros de la agencia, con una declaración que confirma lo que ha sido la realidad de la política migratoria durante el gobierno de Barack Obama.

“No ha habido una administración en la historia de este país que haya sacado más gente de Estados Unidos”, dijo el director de ICE.

O sea que aquí, a juzgar por los resultados de ICE, parecería que se siguen las políticas que señalan los antiinmigrantes y el Tea Party y no las que prometió el hoy presidente Obama y que constaron en su agenda de gobierno, por las que 78 por ciento de los ciudadanos naturalizados hispanos votaron el 4 noviembre de 2008.

La molestia del sindicato de empleados de ICE con Morton, que se describe en nueve extensos párrafos firmados por el presidente de esa “unión”, Chris Crane, se desprenden de las directivas señaladas por la actual administración de enfocar los arrestos y las deportaciones en criminales reales con delitos graves, y de hacer la vida menos difícil a los padres y madres de familia que se encuentran en los centros de reclusión de ICE.

Así que, la atención de los agentes de ICE debería estar dirigida a obedecer las órdenes que manda el ejecutivo y a evitar que se repitan las acciones descritas en el diario The New York Times, a principios de este año, sobre los maltratos infligidos a los arrestados por ICE y las muertes de inmigrantes en sus cárceles.

Para ser agente de ICE se requiere ser ciudadano estadounidense, además de cumplir las estipulaciones para portar armas. El entrenamiento dura cinco meses y medio en un centro de entrenamiento localizado en Brunswick, Georgia. El salario inicial es de 30,000 dólares y se pueden alcanzar los 65,000 dólares. Nada mal para alguien, que no tiene que seguir una carrera universitaria de cinco años, o un grado técnico de dos.

En agosto de 1981, una administración con enjundia, la de Ronald Reagan, despidió de un plumazo a 11,345 integrantes del sindicato de controladores aéreos, dos días después de que se habían declarado en huelga.

No estoy sugiriendo que la administración de Obama haga lo mismo con los agentes de ICE, dada la resolución de rebeldía de su sindicato, pero lo mínimo que espero, como ciudadano, es que les exija que obedezcan sus directrices.

No hay disculpa que valga

Por Rafael Prieto Zartha

No existen palabras para expresar el dolor y la indignación por la trágica muerte de la religiosa Denise Mosier en un nuevo incidente del cual se responsabiliza a otro inmigrante indocumentado de convertir el automóvil que conducía en un arma letal mientras se hallaba en estado de embriaguez.
Innegable que el accidente, que se atribuye a Carlos A. Martinelly Montaño, de 23 años, corrobora el estereotipo de que los latinos manejan borrachos y reparten desgracias.
Otras dos monjas católicas resultaron lesionadas en el percance, ocurrido en uno de los focos de mayor tensión del debate migratorio en la nación: la localidad de Manassas, Condado de Prince William, en el histórico Estado de Virginia.
Allí, en 2007, en medio del fragor del fracasado debate de la reforma migratoria en el Senado federal, las autoridades condales aprobaron una seguidilla de medidas contra los indocumentados, incluyendo la verificación del estatus migratorio por parte de las agencias policiales locales.
La cercanía de Prince William a Washington DC, apenas 25 millas de distancia, hizo que la puja entre los antiinmigrantes, los afectados y los defensores de los derechos civiles tuviera una amplia cobertura en los medios de comunicación de la capital.
Ahora está ocurriendo lo mismo con el caso de Martinelly Montaño, quien el pasado 1 de agosto sumó tres arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol en los últimos cinco años.
No hay forma de eludir la responsabilidad que nos atañe a los hispanos como comunidad de aceptar sin ambages que la falta fue cometida por uno nuestros integrantes.
Las organizaciones nacionales latinas deberían ofrecer el pésame oficial, condenar lo ocurrido, y conminar a los inmigrantes de todo el país a que se comporten ejemplarmente.
No es nada fácil abogar por la legalización de los 12 millones de indocumentados cuando se repiten casos con resultados tan lamentables como el deceso de la hermana Denise.
Aprovechando la muerte de la monja, los antiinmigrantes se abalanzaron a utilizar el fatal incidente como combustible para echarle leña al fuego al debate migratorio, al no haberse efectuado la expulsión del país de Martinelly Montaño, quien se hallaba en proceso de deportación.
El diario The Washington Post reportó que Corey Stewart, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Prince William, llegó a decir que el Congreso, el presidente Barack Obama y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano "tenían las manos untadas con sangre".
Por su parte, las Hermanas Benedictinas expresaron en un comunicado que estaban "consternadas y embargadas de tristeza porque la tragedia se haya politizado y se haya convertido en un foro para la agenda de la inmigración ilegal".
Las monjas señalaron que en medio de su luto y tribulación por el estado de salud de sus hermanas lesionadas "desearían que la atención (de la tragedia) se reenfocara en las consecuencias de tomar y manejar, y en el mandamiento de Jesucristo de perdonar".
La reacción de las religiosas es una lección para cristianos como el representante a la Cámara, republicano por Iowa, Steven King, quien alguna vez afirmó que los indocumentados mataban a 12 estadounidenses cada día.
Y sobre todo para el "periodista", Joseph Farah, quien le tomó la palabra a King, y en un artículo agregó que el legislador decía que además 13 estadounidenses morían por culpa de los ilegales que conducían borrachos. Farah sacó de ahí una estadística fantasiosa de casi cinco mil víctimas fatales al año, que aparece en la red virtual repetida como verdad en centenares de entradas.
En 2008, un total de 13,946 personas fallecieron en el país a causa de los automovilistas ebrios, y las proyecciones inventadas por los antiinmigrantes jamás se acercan al número de muertos que le atribuyen a los inmigrantes.
No obstante, no hay excusa que valga, para que siquiera uno de los fallecidos sea ocasionado por un indocumentado beodo.