La muerte del Comité Selecto en Inmigración

 

Por Rafael Prieto Zartha

 

En Carolina del Norte se disolvió el pasado jueves 6 de diciembre el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Papel del Estado en la Política de Inmigración.

En la sesión más breve, de las cinco que sostuvo en el año que operó, simplemente se leyó una cuartilla y un cuarto de sus conclusiones y recomendaciones, que reflejan que el problema migratorio debe ser abordado con más sensatez, que con el hígado recalcitrante de los antiinmigrantes.

También mostró que la realidad del nuevo panorama político, tras las elecciones de noviembre pasado, hace obrar milagros.

Terminó la sesión y el representante Frank Iler, quien presidió el Comité, y que en octubre de 2011 había prometido medidas radicales contra los “ilegales”, se sentó a escuchar la propuesta del grupo Jesus Ministry de Charlotte, para explorar la posibilidad de otorgar licencias de manejo a los indocumentados.

Parecía el mundo al revés, como si en un año se le hubiera dado vuelta a la tortilla.

Con paciencia, Iler oyó los argumentos de la dirigente Maudia Meléndez, sobre la necesidad de dar permisos de conducir a quienes no tienen papeles, de los beneficios económicos para el estado: más de cien millones de dólares; y de las restricciones para que gente de otros estados no se aprovechen de la situación, por ejemplo presentar la declaración de tributación de impuestos en Carolina del Norte y las planillas federales.

Además, el requisito de que los aplicantes pasen una prueba de antecedentes criminales con el FBI.

Lo cierto es que en diciembre de 2011, cuando se efectuó la primera sesión del finado comité, un encuentro como el de Iler con Jesus Ministry y sus pastores evangélicos era impensable.

Iler se había pronunciado como el paladín de “no darle la bienvenida a los ilegales a Carolina del Norte”.

El representante había sido copatrocinador de los proyectos de ley para prohibir que los estudiantes indocumentados pudieran ingresar a los colegios comunitarios y las universidades del estado, y eliminar la matrícula consular mexicana como una de las identificaciones aceptadas en Carolina del Norte.

El legislador había señalado que el comité debía buscar la forma de aplicar leyes que ya se habían propuesto en otros estados del país contra los “ilegales”.

Lo que se preveía era la implantación de un monstruo de ley en Carolina del Norte, tipo Arizona, con los agregados de las leyes de Alabama, Georgia y Carolina del Sur.

Comenzaron las sesiones del comité, el 7 de diciembre del año pasado, con la intervención de los alguaciles más duros de Carolina del Norte, en el edificio de la Legislatura en Raleigh: Terry Johnson, del condado de Alamance y Sam Page, del condado de Rockingham.

Page pronunció la frase famosa: “Usted tiene mayores posibilidades de que lo parta un rayo que ser deportado, siendo un inmigrante ilegal en este estado y en este país”.

A esta perla, dicha cuando del país habían expulsado un millón de indocumentados desde 2008, se agregaron cifras cocinadas por las organizaciones antiinmigrantes para mostrar a los indocumentados como una carga.

Pero vinieron las sesiones de enero, febrero y marzo, y las cargas se ajustaron, cuando los legisladores de Carolina del Norte aprendieron que los indocumentados tienen prohibido solicitar todo tipo de ayuda federal, por ley. Funcionarios estatales y dirigentes de organizaciones se encargaron de iluminar con evidencias a los representantes.

Incluso vino la osadía de los soñadores de hacerse arrestar en una de las reuniones y transmitir en vivo, por internet, la detención.

Finalmente no hubo ley monstruo para Carolina del Norte y los legisladores recomendaron fundamentalmente que el gobierno federal debe encargarse de resolver el problema migratorio. Un triunfo para los inmigrantes.