La reforma migratoria implica
responsabilidades
Por Rafael Prieto Zartha
No obstante, el panorama se pinta
auspicioso para la reforma migratoria integral: los demócratas quedaron con
mayoría en el Senado y a escasos votos para negociar con el sector de los
republicanos de pensamiento amplio, la aprobación de la ley de legalización de
los indocumentados.
Es factible conseguir los 60 sufragantes
para evitar que el proyecto de ley sea saboteado, ahora que los senadores
republicanos John McCain, Lindsey Graham, Orrin Hatch, Jeff Flake y por
supuesto Marco Rubio estarían eventualmente en la jugada.
En la Cámara de Representantes la
situación se presenta más de cuesta arriba, pero lograr una votación
mayoritaria por la reforma no es imposible.
Hay casi 30 congresistas latinos en la
Cámara Baja y al ala intolerante del partido del elefante se le está
atribuyendo la derrota del pasado 6 de noviembre.
Los recalcitrantes identificados con el
Partido del Té ya no están retozando como hace dos años, porque el gigante
dormido del voto hispano despertó y fue determinante en la elección del
presidente y de legisladores federales.
Antes de las pasadas elecciones, el
número de integrantes del Caucus de Inmigración, donde se reúnen los
antiinmigrantes, no llegaban a 100, y en los comicios algunos resultaron
defenestrados o se retiraron.
El guarismo mágico de los 218 votos
debería ser alcanzable.
El presidente Barack Obama, debería
alinear a rajatabla a todos los legisladores demócratas, de ambas cámaras, para
que sufraguen a favor de la reforma y su promesa a la comunidad latina no se
convierta nuevamente en un merengue a la puerta de una escuela.
La bancada republicana proreforma
migratoria integral tendría que conseguir el mayor número de votos de sus
copartidarios, para que el crédito de la aprobación de la ley tenga claramente
el sello de algo definitorio en lo que intervino el partido, y lograr ampliar
su base de electores hispanos conservadores.
El
proyecto de ley tendría que someterse cuanto antes y debe sacarse
adelante, ojalá para en verano del
próximo año.
Eso sí, que no vaya a pasar como con la
amnistía firmada por Ronald Reagan en 1986, con el respaldo de una Cámara de
Representantes de mayoría demócrata, a en la que todas las partes incumplieron.
El gobierno, los políticos, los patronos
y los propios indocumentados fueron
cómplices del fracaso de la reforma de los ochenta.
Todos se hicieron de la vista gorda, para
no aplicar las sanciones contempladas en la ley.
Los rancheros pusieron el grito en el
cielo cuando los agentes del difunto Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) iniciaron las redadas en los campos.
Los políticos abogaron para que sus
constituyentes ricos no perdieran las cosechas y dejaran tranquilos a los
pizcadores indocumentados. El fenómeno se repitió a lo largo y ancho del país
hasta llegar a la situación que tenemos hoy.
En esta ocasión todos tenemos que cumplir
y vamos a tragar tragos amargos, si queremos que los 11 millones de
indocumentados sean legalizados.
La frontera tendrá que ser sellada, habrá
probablemente más agentes, más guardias nacionales (los seis mil de la época de
Bush), más aviones “fantasmas” no tripulados y un muro más alto y más largo.
En adelante, los trabajadores tendrán que
llegar con visa e inspeccionados en un punto fronterizo o un aeropuerto. Su
número tendrá que ser determinado por una junta que analizará el mercado
laboral.
Los países exportadores de indocumentados
tendrán que evitar el éxodo a cambio de la legalización de sus nacionales. La
verificación de documentos para empleo será más estricta y los patrones sujetos
a sanciones más severas.
La reforma migratoria implicará
responsabilidades.
